Martha Elena Perez Castillo
Expediente 945/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 10 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 945/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 10/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Martha Elena Perez Castillo
Actuaciones
- Principal
MESA IV.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA MARTHA ELENA PÉREZ CASTILLO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE:-- Vista la demanda de amparo formulada por Martha Elena Pérez Castillo, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Gerencia Divisional de Distribución Golfo Centro de la Comisión Federal de Electricidad y subordinados; fórmese el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese en el libro de gobierno, con el número de juicio 945/2019-IV-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, visto el escrito de demanda, a efecto de proveer lo conducente, se hace necesario traer a contexto lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la promovente en el escrito de demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aún en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Así las cosas, de la lectura del acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación vertidos en la demanda, se advierte que la parte promovente del amparo reclama: ? La falta u omisión de la instalación de medidor, derivado del servicio de energía eléctrica que tiene contratado la aquí quejosa con la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, este juzgado de distrito advierte que en el caso concreto, se evidencia un motivo de improcedencia del juicio de amparo que acarrea su desechamiento. En efecto, se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II y 107, fracción II, todos de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados en esta instancia constitucional, no se tratan de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. A fin de corroborar lo anterior, es menester tener en cuenta el contenido de los ordinales previamente citados, los cuales, en lo conducente prevén: "ARTÍCULO 107. "El amparo indirecto procede: [.] II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; [.]." Asimismo, es pertinente precisar el contenido del artículo 5° de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 5. "Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]." De los preceptos antes transcritos se advierte que la finalidad del juicio de amparo es restituir a los gobernados en el goce de las garantías individuales vulneradas por un acto de autoridad, la que con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado en forma unilateral y obligatoria. En ese sentido, es necesario precisar que el máximo tribunal ha concebido como autoridad responsable para los efectos de la procedencia de este juicio, al ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; de ahí que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De donde se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Precisado lo anterior, cabe afirmar que en la especie, los mencionados actos reclamados consistentes en la falta u omisión de la instalación de un medidor, endilgados a la Comisión Federal de Electricidad a través de su Gerencia Divisional, se realizaron con motivo del servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado en el domicilio de la aquí quejosa. En efecto, dichos actos reclamados no tienen su origen en una relación de supra a subordinación, sino más bien, en una relación de coordinación, donde ambos actúan como particulares, en un plano igualitario; el organismo público descentralizado denominado Comisión Federal de Electricidad, como prestador del servicio de energía eléctrica y la citada quejosa, como usuaria, que deriva del contrato de suministro de electricidad celebrado entre ellos; por tanto, no puede considerarse autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 30/2018 (10a.), visible en la página 532, abril de 2018, libro 53, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA." Sin embargo, dicha transgresión se da dentro de la relación contractual que existe entre la quejosa y la Comisión Federal de Electricidad a través de sus subadministradores, por lo que la posición de la promovente frente a las responsables no es la de un gobernado, pues estos actúan en un mismo plano. A mayor abundamiento, cabe resaltar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido mediante jurisprudencia, que la interpretación teleológica del régimen jurídico que rige la actividad consistente en el suministro de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste en un sistema de libre competencia. Por ello, no puede considerarse que dicha empresa productiva del Estado ejerce esa actividad en un plano de supra a subordinación, sino que, como se adelantó, los actos que realice con motivo de dicho servicio, incluida la omisión de instalar un medidor en el domicilio de la quejosa, por parte de la responsable, forman parte de una relación comercial entre particulares que surgió con motivo del contrato de adhesión suscrito por el particular y la Comisión Federal de Electricidad. Al respecto, la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que de la interpretación de los artículos 1049 , y 75, fracciones V y XXV , del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales. En ese sentido, se insiste, del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que el acto que la quejosa reclama a la responsable conduce a sostener que se trata de un acto derivado del contrato de suministro de energía eléctrica, proporcionado por Comisión Federal de Electricidad a la ahora quejosa, que es de naturaleza comercial. En el contexto anterior, la controversia suscitada entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generadas en el marco del contrato de tal suministro o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales. Con base en lo anterior, es permisible concluir que el acto reclamado en esta vía, no constituye, un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello, en virtud que orbita sobre cuestiones inherentes a un contrato de energía eléctrica y que debe decidirse en la vía ordinaria mercantil, por lo que las partes actúan en una relación de coordinación. Por ende, resulta patente que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso ordinal 5° y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, y lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Martha Elena Pérez Castillo, por propio derecho, contra actos de la Gerencia Divisional de Distribución Golfo Centro de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Tampico, Tamaulipas. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes ocho de febrero de dos mil diecinueve, con número de registro 2019230, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como autorizada de la parte quejosa en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Dulce María Torres Ramírez, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Y como sus autorizados en términos restringidos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal antes citado, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Fredy Antonio Torres Mar, por no contar con cédula profesional registrada en dicho sistema y al resto de las personas que señala en su demanda de amparo por así haberlo solicitado expresamente. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por la Secretaria Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. DIGITALIZACIÓN Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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