Martha Elena Nahuat Sulu

Expediente 2832/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 35 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2832/2022
Año
2022
Actuaciones
35
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Martha Elena Nahuat Sulu

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo número 2832/2022-IV-A, promovido por********************; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el doce de diciembre siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama a la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y actuaria adscrita a dicho Juzgado. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento de prevención que le fue realizada en auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo en proveído de veintidós de diciembre siguiente, por lo que se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se emplazó a los terceros interesados; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, una vez teniendo a la vista los informes justificados y la demanda de amparo, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar: - La falta de emplazamiento al juicio extraordinario hipotecario ********************; y en consecuencia: - La orden de desalojo dictada en el propio juicio. - El acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós; y, - La omisión de publicar este último auto en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las responsables Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y actuario adscrito a dicho Juzgado, pues a pesar de que al rendir sus respectivos informes justificados [promociones 846 y 188] negaron los actos reclamados, con posterioridad realizaron manifestaciones de las cuales se evidencia su certeza, por lo que se tienen por ciertos, para todos los efectos legales. Apoya la anterior determinación, por similitud jurídica substancial, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible con número de registro IUS 211,004, consultable en la página 391, del Tomo XIV, correspondiente a Julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Lo anterior con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis jurisprudencial número J/5, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Marzo de 1991, página 95, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, se encuentra acreditado el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61 fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. Previo al análisis correspondiente, es necesario reseñar los antecedentes del acto reclamado, conforme a las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte lo siguiente: 1.- ********************y********************, a través de sus apoderados legales, promovieron juicio ordinario civil contradictorio de prescripción positiva, en contra de ******************** (esposo de la quejosa) respecto del predio ubicado en el número ********************, identificado como "********************" (foja 1 del Anexo) 2.- En auto de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, radicó el asunto con el número ******************** de su índice, admitió a trámite la demanda en la vía y forma propuestas, y ordenó emplazar al demandado en el domicilio proporcionado (foja 36 del Anexo). 3.- La actuaria adscrita al Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, el cuatro de enero de dos mil dieciocho se apersonó en el domicilio del accionado ********************, ubicado en el ********************, y al no encontrarlo dejó citatorio para el cinco de enero de dos mil dieciocho (foja 45 del Anexo), el cual dejó con su esposa ******************** 4.- Posteriormente, al acudir de nueva cuenta la actuaria al domicilio del demandado, no lo encontró, y procedió a dejarle cédula de notificación relativa al emplazamiento al juicio de origen, siendo atendida otra vez por ********************esposa del buscado, corriéndole traslado con copia de la demanda inicial y documentos anexos. 5.- Luego, en acuerdo de veintidós de enero de dos mil dieciocho, se tuvo al demandado ********************, contestando en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, oponiendo reconvención, misma que la Juez responsable admitió en parte y desechó por unas autoridades (foja 65 del Anexo). 6.- El treinta de marzo de dos mil veintiuno, la juez de origen dictó sentencia (foja 94 del Anexo) en la que declaró procedente la acción, señaló que no fue procedente la reconvención planteada por la parte demandada y absolvió a los actores; por lo que condenó a ********************, a entregar a ********************y********************, totalmente desocupado el predio "********************"; asimismo, lo condenó al pago de los frutos civiles desde el cinco de enero de dos mil dieciocho hasta el día que haga entrega del inmueble, así como al pago de los gastos y costas del juicio (foja 94 del Anexo). 7.- Una vez que causó ejecutoria la sentencia, se ordenó el cumplimiento de la misma, mediante autos de diecisiete de enero (foja 155 del Anexo) y veintiocho de noviembre de dos mil veintidós (foja 162 del Anexo), se requirió a la parte demandada la entrega material del inmueble relacionado con el asunto, siendo que en el último de los citados proveídos se le otorgó el plazo de veinte días para ello. Ahora bien, se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Los numerales en comento, son del contenido literal siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los artículos anteriores, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro de quince días, contados éstos, a partir del día siguiente que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclame, al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; y que se exceptúan de la regla anterior, según el numeral 17, los casos siguientes: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Partiendo de las anteriores premisas, se desprende que un acto se entiende como consentido tácitamente, cuando siendo susceptible de ser recurrido por la vía del amparo no se impugna dentro del término señalado por la ley. Sin que alguna de las cuatro excepciones antes mencionadas aplique en el presente caso, ya que el acto reclamado destacado, del cual hace la quejosa derivar otros, consiste en la falta de emplazamiento al juicio ******************** del registro del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, correspondiente al juicio ordinario civil contradictorio de prescripción positiva, entablado por ********************y********************, a través de sus apoderados legales, en contra de ******************** (esposo de la amparista) respecto del predio identificado como "********************", ubicado en la localidad de ********************Por lo que es claro que no se reclama una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; ni se impugna una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; ni se trata de actos originados en el ámbito agrario a que alude la excepción citada; y tampoco se trata alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia VI.2º. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 291, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada en el disco óptico IUS 2001, con el número 204,707, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable, las cuales ya fue realizada la relatoría correspondiente, en lo que interesa, se observa que la aquí quejosa se enteró de la existencia del juicio ********************, del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, al momento en que fue emplazado su esposo ********************. En efecto, de autos se obtiene que la actuaria adscrita al juzgado natural, el cuatro de enero de dos mil dieciocho se apersonó en el domicilio del accionado ********************, ubicado en el ********************, y al no encontrarlo dejó citatorio para el cinco de enero de dos mil dieciocho, el cual dejó con su esposa ********************(foja 45 del Anexo). En la razón correspondiente al citatorio (foja 46 del Anexo), la fedataria comisionada para la diligencia, en la parte que interesa, señaló estar debidamente cerciorada que en el lugar donde se constituyó: "[.] tiene su domicilio el ciudadano ******************** y además, porque así me lo asegura una persona que se encuentra en el interior del este predio en el que dice habitar, y bajo protesta de decir verdad, me asegura llamarse ********************y ser esposa de la persona buscada, y a efecto de identificarse me exhibe su credencial para votar con número de folio ********************, con su correspondiente fotografía cuyos rasgos fisionómicos coinciden con los de mi informante, ante quien me identifico como actuaria judicial con mi gafete oficial. [.]". Posteriormente, se advierte que al acudir de nueva cuenta la actuaria al domicilio del demandado el cinco de enero de dos mil dieciocho, con motivo de la cita que le dejó un día antes, fue otra vez atendida por la aquí quejosa ********************según se desprende de la constancia correspondiente (foja 47 del Anexo): "[.] una persona que se encuentra en el interior del este predio en el que dice habitar, y bajo protesta de decir verdad, me asegura llamarse ********************y ser esposa de la persona buscada, y a efecto de identificarse me exhibe su credencial para votar con número de folio ********************, con su correspondiente fotografía cuyos rasgos fisionómicos coinciden con los de mi informante, ante quien me identifico como actuaria judicial con mi gafete oficial y quien de nuevo me informa que en este momento no se encuentra presente la referida parte demandada, no obstante el citatorio que previamente se le dejó, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo veintiséis reformado del Código de Procedimientos Civiles del Estado en vigor, procedo a hacerle al ciudadano ******************** las notificaciones, traslado emplazamiento y prevención ordenadas en los autos de fechas once de diciembre, cinco de septiembre y trece de septiembre, todos del año dos mil diecisiete, por medio de cédula que junto con las copias simples de la demanda exhibidas, cotejadas y selladas, entrego a mi informante, quien las recibe, haciéndole saber la obligación legal que tiene de hacer llegar dicha documentación en forma oportuna a su destinatario y me manifiesta mi informante que no firma la presente, por no querer hacerlo. Doy fe." Así, de las actuaciones del sumario de origen, se abstrae que la citada justiciable, contrario a lo señalado en la demanda de amparo, tuvo conocimiento del juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, al momento en que por su conducto, fue emplazado su esposo ********************, pues personalmente atendió la diligencia de emplazamiento, tanto al recibir el citatorio y cédula correspondientes, en la cual se le entregaron copias autorizadas de la demanda y documentos relacionados con las misma; diligencia en la cual la justiciable corroboró el domicilio del demandado y se identificó plenamente con su credencial para votar con fotografía, con número de folio ********************. En efecto, si se toma en consideración que el cinco de enero de dos mil dieciocho la amparista atendió la diligencia de emplazamiento que se le realizó a su cónyuge, y se le entregaron directamente copias de la demanda relativa, de los autos de prevención y admisión de la misma, así como recibió la cédula de notificación correspondiente; es claro que en esa data tuvo conocimiento real y completo del juicio ordinario civil ******************** (hasta donde ese momento se encontraba en trámite), y por ende, desde esa fecha pudo haber acudido al mismo a deducir sus derechos, o bien, acudir a esta instancia constitucional a reclamar su no llamamiento al juicio, como persona extraña al juicio de origen. En consecuencia, partiendo de la data mencionada, resulta indudable que el término de quince días a que se refiere el transcrito numeral 17 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso en relación con la demanda que dio origen a este juicio de amparo 2832/2022, la cual fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el nueve de diciembre de dos mil veintidós, según se desprende de la boleta de registro correspondiente. Ciertamente, se concluye que la presentación de la demanda de amparo resulta extemporánea al haber fenecido con exceso el plazo que la ley le concedía a la quejosa para tal efecto, y como consecuencia de ello, los actos reclamados se encuentran tácitamente consentidos para los efectos del juicio constitucional, lo que genera se actualice la causa de improcedencia antes invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, tesis de jurisprudencia visible con el número 556, en la página 370, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917-1995, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquel en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." Y la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 71, Volúmenes 193-198, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con Registro 232213, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan 'que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día', como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Sobre la base de las anteriores consideraciones, es que se encuentra acreditado el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61 fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Por lo tanto, al quedar de manifiesto que se actualiza en la especie la anunciada causa de improcedencia en estudio, en razón de la extemporaneidad en la presentación de la demanda constitucional, lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Cabe precisar, que el sobreseimiento aquí decretado se hace extensivo respecto a los diversos actos que señala la quejosa como reclamados, consistentes en la orden de desalojo dictada en el propio juicio, el acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, y la omisión de publicar este último auto en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Lo anterior, ya que todo ello está relacionado con la falta de emplazamiento impugnada; pues al sobreseerse por este último acto, como ha quedado señalado en párrafos precedentes, también debe fallarse en el mismo sentido respecto de las consecuencias del mismo. Sustenta la anterior, la tesis de jurisprudencia número 231, consultable a foja 156, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Finalmente, se precisa que atendiendo al sentido de esta resolución, es innecesario el análisis de los conceptos de violación, lo cual impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado, de conformidad con la jurisprudencia J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia V.2o., Visible en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". QUINTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por******************** , en contra de los actos que reclama de la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y actuaria adscrita a dicho Juzgado, por los motivos y razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos los autos y lo de cuenta, agréguese el escrito signado por Luis Antonio Salazar Díaz, apoderado legal de los terceros interesados Carlos Raúl Sánchez Castro, Álvaro de Jesús Zavala Alonzo, Ramiro Joaquín Fernández López y Mauricio Chami Lizárraga, por medio del cual se apersona al presente juicio en representación de los citados terceros interesados, señala domicilio y persona autorizada para oír y recibir notificaciones, solicita la autorización para el uso de medios electrónicos, formula alegatos y ofrece pruebas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se tiene por reconocida la representación del promovente como apoderado legal de los terceros interesados citados, con la copia certificada del poder general contenido en el testimonio notarial número cuatro mil novecientos sesenta y seis, de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, pasado ante la fe del Notario Público Número Cincuenta y Dos, que al efecto exhibe. En tal virtud, se tienen por apersonados al presente juicio a los terceros interesados, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan, y por autorizada para tales efectos, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que se indica. Por otra parte, se tiene por proporcionado el correo electrónico y número telefónico, a efecto de establecer comunicaciones no procesales, de resultar necesario, por esa vía. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen como alegatos las manifestaciones que formula la parte tercero interesada, sin perjuicio de hacer relación de éstos en la audiencia constitucional. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas, las documentales a que exhibe para acreditar su personalidad y las diversas a que hace referencia relativas al expediente 789/2017 que obran en autos; así como las que adjunta en nueve fojas en copias autorizadas y dos en copia simple, del expediente ********************. Además, se tiene como prueba de su parte, la presuncional legal y humana. Medios de convicción que se tienen por desahogados por su propia y especial naturaleza, los cuales se reservan para ser tomados en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Finalmente, en cuanto a la solicitud que realiza el promovente, a fin de que se libre oficio al Juez Cuarto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, a efecto de requerir copia certificada del expediente ********************, relativo al juicio ordinario civil de nulidad; no ha lugar a acceder, pues si bien el numeral 121 de la Ley de Amparo permite al órgano jurisdiccional requerir pruebas de oficio previa solicitud de parte, lo cierto es, que lo condiciona a que se accederá siempre que la parte interesada acredite haber hecho previamente la petición de tales documentales ante la autoridad respectiva, y la solicitud que haga a este Juzgado de Distrito para que las requiera ante la negativa, la realice cinco días hábiles antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar dentro del cómputo el día en que se presente su solicitud ni el señalado para la propia audiencia. Y, en el caso, la parte promovente no exhibió la constancia con la que acredite haber hecho la solicitud de copias del citado expediente ******************** ante la autoridad respectiva, ni manifiesta tener impedimento alguno para hacerlo. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; seis de noviembre de dos mil veintitrés.********************Visto el estado procesal de los autos, se advierte que este Juzgado de Distrito se reservó a proveer en relación con el emplazamiento de la parte tercero interesada, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable, lo que ya ocurrió. ********************En consecuencia, derivado de las constancias que fueron remitidas por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en la ciudad, al rendir su informe de ley, relativas al expediente 789/2017, en términos del indicado numeral 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se tiene como parte tercero interesada en este juicio a Carlos Raúl Sánchez Castro, Álvaro de Jesús Zavala Alonso, Ramiro Joaquín Fernández López, Mauricio Chami Lizárraga y César Augusto May Chi.********************Siendo que los cuatro primeros nombrados, pueden ser emplazados en el predio marcado con el número quinientos ochenta y nueve letra "C" (589 C), de la calle Cuarenta y Seis letra "B" (46 B), por Ciento tres (103) y Ciento tres "A" (103 A), de la colonia Santa Rosa, de esta ciudad, y el último, en el predio sin número de la calle Veintidós (22), entre Quince (15) y Diecisiete (17), de Tixcuytún, Municipio de Mérida, Yucatán. ********************En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la citada ley de la materia, por conducto de uno de los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado, se ordena llevar a cabo el emplazamiento de los citados terceros interesados al presente juicio en los domicilios señalados, con entrega de copia simple de los escritos de demanda y desahogo de la prevención, así como de los autos de prevención y admisión, y del presente proveído, haciéndoles saber que pueden apersonarse a este juicio, si así conviniere a sus intereses; asimismo, se ordena darles vista con el contenido de los informes justificados que obran en autos.********************En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración.********************Por otra parte, tomando en consideración que en el domicilio proporcionado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones sito en la localidad de Tixcuytún, Yucatán, resultó inexacto, pues de acuerdo con la razón actuarial del fedatario adscrito al Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, no fue localizada en dicha localidad; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágansele a la parte quejosa todas las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto no proporcione un domicilio cierto y actual ubicado en esta ciudad. ********************Notifíquese; personalmente a los terceros interesados y cúmplase.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCEROS INTERESADOS POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO Y LOS DIVERSOS AUTOS DE 13 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2022 Mérida, Yucatán; seis de noviembre de dos mil veintitrés.********************Visto el estado procesal de los autos, se advierte que este Juzgado de Distrito se reservó a proveer en relación con el emplazamiento de la parte tercero interesada, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable, lo que ya ocurrió. ********************En consecuencia, derivado de las constancias que fueron remitidas por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en la ciudad, al rendir su informe de ley, relativas al expediente 789/2017, en términos del indicado numeral 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se tiene como parte tercero interesada en este juicio a Carlos Raúl Sánchez Castro, Álvaro de Jesús Zavala Alonso, Ramiro Joaquín Fernández López, Mauricio Chami Lizárraga y César Augusto May Chi.********************Siendo que los cuatro primeros nombrados, pueden ser emplazados en el predio marcado con el número quinientos ochenta y nueve letra "C" (589 C), de la calle Cuarenta y Seis letra "B" (46 B), por Ciento tres (103) y Ciento tres "A" (103 A), de la colonia Santa Rosa, de esta ciudad, y el último, en el predio sin número de la calle Veintidós (22), entre Quince (15) y Diecisiete (17), de Tixcuytún, Municipio de Mérida, Yucatán. ********************En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la citada ley de la materia, por conducto de uno de los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado, se ordena llevar a cabo el emplazamiento de los citados terceros interesados al presente juicio en los domicilios señalados, con entrega de copia simple de los escritos de demanda y desahogo de la prevención, así como de los autos de prevención y admisión, y del presente proveído, haciéndoles saber que pueden apersonarse a este juicio, si así conviniere a sus intereses; asimismo, se ordena darles vista con el contenido de los informes justificados que obran en autos.********************En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración.********************Por otra parte, tomando en consideración que en el domicilio proporcionado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones sito en la localidad de Tixcuytún, Yucatán, resultó inexacto, pues de acuerdo con la razón actuarial del fedatario adscrito al Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, no fue localizada en dicha localidad; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágansele a la parte quejosa todas las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto no proporcione un domicilio cierto y actual ubicado en esta ciudad. ********************Notifíquese; personalmente a los terceros interesados y cúmplase.

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