Martha Elena Luna Casas
Expediente 1142/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1142/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/10/2023
Partes del expediente
- Martha Elena Luna Casas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México, por el que acusa recibo de los autos originales del presente juicio de amparo, e informa que se avocó al conocimiento del mismo, quedando registrado con el número 975/2023 de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Luego, en atención a lo que solicita la autoridad promovente, infórmesele que en el cuaderno de antecedentes en que se actúa, no existen oficios ni promociones pendientes por remitirse; en el entendido que las que se reciban con posterioridad le serán remitidas para su conocimiento y efectos legales conducentes. Por otra parte, remítansele las constancias de notificación originales efectuadas a las partes en el sumario en que se actúa, en relación con el auto que declaró la competencia del referido Juzgado auxiliar para avocarse al juicio de amparo. Asimismo, dado el avocamiento de la autoridad promovente al conocimiento del juicio de amparo indicado, ARCHÍVESE el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 19 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de seis meses de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos; consecuentemente, este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes, el ocurso de cuenta que suscribe Rafael Lomeli Chávez, en su carácter de autorizado del quejoso EDUARDO ADALBERTO MURO MARTÍNEZ; luego, en atención a su contenido, téngase al promovente haciendo del conocimiento que acudió ante el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estados de Nayarit, con sede en esta Ciudad a presentar la documentación que le fue requerida mediante oficio DGJ/DJC2/670/2023 de diecisiete de mayo del año en curso por la citada autoridad, lo cual acredita con el acuse de recibo que adjunta. Sin que sea el caso de requerir a la autoridad exactora sobre el particular, toda vez que por auto de once de julio del año en curso se le tuvo informando respecto las gestiones internas que realiza con la finalidad de realizar la transferencia bancaria a la parte quejosa, y en esa misma fecha se le requirió en los términos y razonamientos jurídicos precisados; solicitud que le fue notificada el doce del mes y año en curso, según se advierte del acuse de recibo que obra en autos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que en auto de tres de julio del año en curso, este órgano jurisdiccional se reservó de reanudar el procedimiento en el presente juicio, hasta en tanto, se tuviera conocimiento de la persona que fungiría como albacea o representante legal de la sucesión a bienes de la Cujus Luz Altagracia Ibarra Torres, y como dicha circunstancia ya aconteció, se reanuda el procedimiento del juicio de amparo en que se actúa, para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, agréguense a sus autos el escrito de cuenta signado por Jordan Vladimir Tello Ibarra en su carácter de albacea definitivo de la Sucesión a bienes de la Cujus Luz Altagracia Ibarra Torres parte quejosa en el presente sumario, con el cual cumple con los proveídos de once de agosto de dos mil veintidós, tres y siete de julio, ambos de dos mil veintitrés, por lo que se le tiene ampliando su demanda respecto de los nuevos actos reclamados a las autoridades siguientes: 1.- Gobernador Constitucional, 2.- Secretario General de Gobierno, 3.- Secretario de Desarrollo Sustentable, 4.- Titular del Registro Público de la Propiedad del Comercio, 5.- Titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, 6.- Licenciado José Gabriel Camarena Morales representante del Gobierno del Estado en la Ciudad de México y 7.- Directora General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, consistentes en: "QUINTO. Reclamo de las autoridades siguientes: Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Secretario General de Gobierno del Estado de Nayarit y Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit, señalados con los incisos 1), 2) y 3) dentro del escrito inicial de demanda, respectivamente, el dictado del DECRETO POR EL QUE SE EXPROPIA POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA LOS LOCALES DEL BIEN INMUEBLE DENOMINADO "MERCADO MODULAR MOLOLOA" UBICADO EN LA CONFLUENCIA DE LAS AVENIDAS VICTORIA Y MÉXICO EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, publicado el 22 de julio de 2022 en el Periodo Oficial del Estado de Nayarit." "SEXTO. Reclamo de las autoridades responsables siguientes: Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit, Titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit, Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Nayarit y Licenciado José Gabriel Camarena Morales, quien ocupa el cargo de Representante del Gobierno de Nayarit en la Ciudad de México dentro del Despacho del Ejecutivo del Estado de Nayarit, señaladas con los incisos 3) y 5) dentro del escrito inicial de demanda y 6) y 7) dentro del presente escrito aclaratorio de la ampliación de la demanda, respectivamente, la ejecución DECRETO POR EL QUE SE EXPROPIA POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA LOS LOCALES DEL BIEN INMUEBLE DENOMINADO "MERCADO MODULAR MOLOLOA" UBICADO EN LA CONFLUENCIA DE LAS AVENIDAS VICTORIA Y MÉXICO EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, publicado el 22 de julio de 2022 en el Periodo Oficial del Estado de Nayarit, es decir la desposesión o desocupación, privación de la propiedad, cambio de propietario en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como la demolición del local comercial número 189-Em modulo F, del Mercado Modular ubicado en la confluencia de Avenidas Victoria esquina con México, en Tepic, Nayarit, como consta en la escritura pública número 2,190 (Dos mil ciento noventa), volumen Vigésimo Noveno, de fecha de 10 diez de marzo de 1998 mil novecientos noventa y ocho, pasada ante la fe de la notario público número 05 de la Primera Demarcación Territorial de Nayarit, licenciada Livier Villalobos Valencia, con clave catastral 1-59-1-67-190." "SÉPTIMO. Reclamo de las autoridades responsables siguientes: Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Secretario de Gobierno del Estado de Nayarit y Licenciado José Gabriel Camarena Morales, quien ocupa el cargo de Representante del Gobierno de Nayarit en la Ciudad de México dentro del Despacho del Ejecutivo del Estado de Nayarit, señaladas con los incisos 1) y 2) dentro del escrito inicial de demanda, y 7) dentro del presente escrito aclaratorio de la ampliación de demanda respectivamente, la orden de desalojo, desocupación desposesión o lanzamiento forzoso, así como de demolición del local comercial número 189- E, modulo F, del Mercado Modular Mololoa ubicado en la confluencia de las Avenidas Victoria esquina con México, en Tepic, Nayarit." "OCTAVO: Reclamo de las autoridades responsables siguientes: Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit, Titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit, Titular dela Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Nayarit, señaladas con los incisos 3) y 5) dentro del escrito inicial de demanda, y 6) dentro del presente escrito aclaratorio de la ampliación de demanda respectivamente, la ejecución de las ordenes de desalojo, desocupación desposesión o lanzamiento forzoso, así como de demolición del local comercial número 189-E, modulo F, del Mercado Modular Mololoa ubicado en la confluencia de las Avenidas Victoria esquina con México, en Tepic, Nayarit." "NOVENO. Reclamo de las autoridades responsables siguientes: Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Secretario General de Gobierno del Estado de Nayarit, Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit, Titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit, señaladas con los incisos 1), 2), 3) y 5) dentro del escrito inicial de demanda, y 8) dentro del presente escrito aclaratorio de la ampliación de demanda, la indebida valuación y falta de pago de indemnización del local comercial número 189-Em modulo F, del Mercado Modular ubicado en la confluencia de Avenidas Victoria esquina con México, en Tepic, Nayarit, como consta en la escritura pública número 2,190 (Dos mil ciento noventa), volumen Vigésimo Noveno, de fecha de 10 diez de marzo de 1998 mil novecientos noventa y ocho, pasada ante la fe de la notario público número 05 de la Primera Demarcación Territorial de Nayarit, licenciada Livier Villalobos Valencia, con clave catastral 1-59- 1-67-190." "DÉCIMO. Reclamo de las autoridades responsables siguientes: Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Secretario General de Gobierno del Estado de Nayarit y Licenciado José Gabriel Camarena Morales, quien ocupa el cargo de Representante del Gobierno de Nayarit en la Ciudad de México dentro del Despacho del Ejecutivo del Estado de Nayarit, señaladas con los incisos 1) y 2) dentro del escrito inicial de demanda, así como de la identificada como 7) dentro del presente escrito aclaratorio de demanda la intimidación, publicidad engañosa, falta del derecho a la verdad la emisión de discursos discriminatorios y de odio en contra de la quejosa y locatarios del Mercado Modular Mololoa ubicado en la confluencia de las Avenidas Victoria esquina con México, en Tepic, Nayarit." "DÉCIMO PRIMERO. Reclamo de las autoridades responsables siguientes: Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit y Secretario General de Gobierno del Estado de Nayarit, señaladas con los incisos 1) y 2) dentro del escrito inicial de demanda la inconstitucionalidad del artículo decimo del DECRETO POR EL QUE SE EXPROPIA POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA LOS LOCALES DEL BIEN INMUEBLE DENOMINADO "MERCADO MODULAR MOLOLOA" UBICADO EN LA CONFLUENCIA DE LAS AVENIDAS VICTORIA Y MÉXICO EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT." -Actos precisados en el escrito de seis de julio de dos mil veintitrés- ".se aclara que se reclama de la autoridad responsable señalada como Directora General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, únicamente el siguiente acto reclamado:. "NOVENO. (.) ".la indebida valuación y falta de pago de indemnización del local comercial número 189-E, modulo F, del Mercado Modular Mololoa ubicado en la confluencia de las Avenidas Victoria esquina con México, en Tepic, Nayarit." -Este último acto precisado en escrito de cuenta Ahora, respecto del acto atribuido a esta última autoridad -Directora General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio-, resulta necesario transcribir el artículo 62 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.". De la interpretación literal del anterior dispositivo se advierte que este obliga al juez constitucional al análisis oficioso de la improcedencia del juicio de amparo. Por su parte, el artículo 113 del ordenamiento en cita dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El anterior precepto, vinculado con el 62 transcrito con anterioridad, permite colegir que, una vez presentada una demanda de amparo, el juzgador la analizará y, por ser una cuestión de orden público, verificará -de oficio- si se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; caso en el cual la desechará de plano. Normativo que resulta aplicable a la ampliación de demanda de amparo, en tanto que ésta constituye una especie de aquel género. Ahora bien, el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 Constitucionales relacionado con la ampliación del amparo, dispone: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda.". Conforme al citado numeral, la ampliación de demanda se puede presentar por tres circunstancias específicas: que el quejoso tenga conocimiento de nuevos actos, autoridades o advierta más violaciones a sus derechos fundamentales, diferentes a las planteadas inicialmente. Y bajo esas hipótesis, el numeral 111 de referencia prevé los momentos procesales para la presentación de la ampliación de demanda, que se fundamentan básicamente en el contexto del conocimiento de tales situaciones por parte del quejoso. Así, se puede dar una variada gama de situaciones de hecho que obligarán al juzgador a verificar si ese conocimiento tuvo lugar en uno u otro momento, tales como: 1.- Si se pretenden ampliar conceptos de violación por el acto reclamado primigenio, la ampliación debe presentarse dentro del propio plazo original para impugnar dicho acto. 2.- Si se pretende ampliar el amparo por actos nuevos, autoridades responsables distintas y violaciones nuevas por virtud de aquellos -vinculados necesariamente con el acto original-, el conocimiento puede partir de dos hipótesis: a) Si el conocimiento del acto o autoridad fue por virtud de la vista otorgada con el informe o informes justificados rendidos durante la tramitación del amparo, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos establecidos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. b) Si el conocimiento fue por virtud de que el acto fue notificado a la parte quejosa, conforme a la ley aplicable para su notificación, o porque afirmó su conocimiento o se ostentó sabedora del mismo - hipótesis del artículo 182 de la Ley de Amparo-, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos del artículo 17 del ordenamiento de la materia, contados a partir del siguiente a aquél en que tuvo ese conocimiento. Sin embargo, debe recordarse que esa ampliación se encuentra restringida a que en el juicio constitucional no se hubiese celebrado la audiencia constitucional. Como se ve, las hipótesis acabadas de reseñar, permiten advertir como clara improcedencia de la ampliación de una demanda de amparo, la extemporaneidad en su presentación; no obstante, al margen de esa causa de improcedencia, los actos nuevos que pudieran pretender impugnarse por esa vía, igualmente se encuentran sujetos a las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, salvo las hipótesis de excepción que la ley y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecen. Sobre las premisas anteriores, este juzgador estima que del escrito de ampliación de demanda de amparo -seis de julio de dos mil veintitrés-, se advierte de manera patente e indudable que la indicada ampliación resulta ser NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. En efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 111, fracción II, contrario sensu, del propio ordenamiento, como enseguida se explica: El ordinal 61, fracción XIV, señalado, dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." Por su parte los diversos numerales 17 y 18 del ordenamiento en cita establecen: "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como ya se vio, la ampliación de demanda, conforme el numeral 111, fracción II, de la Ley de Amparo, deberá presentarse dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 del propio ordenamiento, los que deberán computarse, en la hipótesis -ya explicada- de que el nuevo acto haya sido del conocimiento del quejoso vía alguna de las hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo y no por virtud de la vista otorgada por el juez de amparo con los informes justificados de la autoridades responsable, a partir del día siguiente a aquél en que fue notificado, tuvo conocimiento o se ostentó sabedor de él. En este tenor, del análisis integral del escrito de seis de julio de dos mil veintitrés, en el cual la parte quejosa realizó diversas aclaraciones respecto del auto de once de agosto de dos mil veintidós, sin embargo, también incluye a la Directora General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, como una nueva autoridad, no obstante, no precisó claramente que acto le reclamaba, por lo se le realizó el requerimiento correspondiente y en el escrito de cuenta precisó lo siguiente: ".se aclara que se reclama de la autoridad responsable señalada como Directora General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, únicamente el siguiente acto reclamado:. "NOVENO. (.) ".la indebida valuación y falta de pago de indemnización del local comercial número 189-E, modulo F, del Mercado Modular Mololoa ubicado en la confluencia de las Avenidas Victoria esquina con México, en Tepic, Nayarit." Ahora, en el escrito aludido, seis de julio de dos mil veintitrés, en específico, en el punto número V precisó lo siguiente: ".se tuvo conocimiento de la participación de la autoridad responsable en la Dirección General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, mediante la rendición de los informes justificados de las diversas autoridades responsables." Luego, los informes justificados de las autoridades responsables se recibieron y notificaron en las fechas que a continuación se indican: Autoridades responsables Fecha del auto en el que se tuvo por recepcionado el informe justificado Fecha en la que se notificó por lista a la parte quejosa Jefe del Departamento de control de Registros Público de la Propiedad y del Comercio en el estado de Nayarit veintiséis de julio de dos mil veintidós. veintisiete de julio de dos mil veintidós. Gobernador Constitucional del estado de Nayarit quince de agosto de dos mil veintidós dieciséis de agosto de dos mil veintidós Secretario General de Gobierno quince de agosto de dos mil veintidós dieciséis de agosto de dos mil veintidós Directora del Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Nayarit. quince de agosto de dos mil veintidós dieciséis de agosto de dos mil veintidós Director General Jurídico y Unidad de Transparencia en representación del Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit diecisiete de agosto de dos mil veintidós. dieciocho de agosto de dos mil veintidós. En ese sentido, es evidente que la parte quejosa, tuvo conocimiento del acto que le atribuye a la autoridad aludida, cuando menos desde el veintidós de agosto de dos mil veintidós -día siguiente hábil al que surtió efectos la notificación del auto de diecisiete de agosto del mismo año-. En esos términos, a tal confesión expresa se le reconoce valor de prueba plena, de conformidad en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que disponen: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295, Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Consecuentemente, es clara la improcedencia de la ampliación de demanda que pretende la parte quejosa, tomando en consideración que no la presentó dentro del plazo genérico de quince días establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo, mismo al que remite el diverso 111, fracción II, del propio ordenamiento legal, en el supuesto de la especie, esto es, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado que, como refirió el promovente, fue a través de los informes justificados, en ese sentido, la fecha que se deberá de tomar en consideración para efectos del cómputo de los quince días, es a partir del veintidós de agosto de dos mil veintidós -día siguiente hábil al que surtió efectos la notificación del auto de diecisiete de agosto del mismo año-. Es por ello que si la parte quejosa presentó su ampliación de demanda constitucional en relación a la nueva autoridad señalada como responsable Directora General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el seis de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal; es indudable que ha transcurrido en exceso el plazo de quince días concedido para controvertir por esta vía los actos reclamados. En ese sentido, es indefectible que tal ampliación resulta extemporánea, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 111, fracción II, contrario sensu. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada en el cuerpo de este proveído, procede DESECHAR DE PLANO la ampliación de demanda de amparo promovida por Jordan Vladimir Tello Ibarra en su carácter de albacea definitivo de la Sucesión a bienes de la Cujus Luz Altagracia Ibarra Torres parte quejosa en el presente sumario, por su manifiesta e indudable improcedencia únicamente respecto del acto atribuido a la Directora General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Apoya lo expuesto, en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163231, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 2870, del tenor siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE DESECHARLA ÚNICAMENTE CUANDO LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INVOCADA POR EL JUEZ DE DISTRITO SEA MANIFIESTA E INDUDABLE. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los supuestos generales para la interposición de la ampliación de la demanda de amparo indirecto -cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en éste se fundamente o motive el acto reclamado o cuando aquél tenga conocimiento por cualquier medio de actos de autoridad vinculados con los reclamados-, limitando su procedencia a que sea presentada dentro de los plazos contemplados en los artículos 21, 22 y 218 de la ley de la materia, a partir del conocimiento de tales actos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. En esos términos, si la ampliación de la demanda encuadra en cualquiera de las indicadas hipótesis, al igual que el escrito inicial, únicamente procede desecharla cuando la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba que pudiera ofrecerse en el transcurso del procedimiento pueda desvirtuarse.". Por otro lado, con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda en los autos del juicio de amparo 1194/2022, respecto de los actos reclamados a las autoridades 1.- Gobernador Constitucional, 2.- Secretario General de Gobierno, 3.- Secretario de Desarrollo Sustentable, 4.- Titular del Registro Público de la Propiedad del Comercio, 5.- Titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y 6.- Licenciado José Gabriel Camarena Morales representante del Gobierno del Estado en la ciudad de México. Dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le compete. Pídase a las autoridades responsables de referencia su informe justificado en relación a la ampliación de la demanda de amparo, que deberán rendir dentro del término de QUINCE DÍAS y acompañar las constancias a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, las cuales deben remitirse debidamente legibles y completas; al efecto, de conformidad con el citado artículo, se hace saber y se exhorta a las autoridades responsables para que de ser posible, remitan tales constancias en forma digital y a través de medios magnéticos, indicándole que si la exhibición fuera en formato electrónico o digital, esas constancias deberán estar debidamente autenticadas por la autoridad responsable, con lo cual es suficiente para tener por cumplida la carga procesal que le impone el artículo 117 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.P.33 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2381, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ÉSTE PUEDEN REMITIRSE EN MEDIOS MAGNÉTICOS, LOS CUALES TENDRÁN VALOR PROBATORIO, SIEMPRE QUE ESTÉN CERTIFICADOS EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.4 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, visible en la página 2036, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO." Apercibidas que de no rendir sus informes en su oportunidad se les aplicará multa de cien Unidades de Medida y Actualización, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización al hacerse efectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de la Materia. Luego, dado que en párrafos anteriores se reanudó el procedimiento del juicio de amparo en que se actúa, se fijan las DOCE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las nuevas autoridades, que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado u ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida de Actualización, como lo dispone el artículo 251 de la Ley de la Materia. Por otra parte, se tiene por autorizado en términos de la primera parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Emmanuel Medina González. En atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza su firma electrónica con nombre de usuario "Emmego900706", para la consulta del expediente en esa vía. Luego, tomando en consideración que en auto de tres de julio del año en curso este órgano jurisdiccional se reservó de proveer respecto de las pruebas periciales consistentes en: 1.-valuación de inmuebles, 2.- materia topografía y la 3.- prueba de inspección judicial promovidas por Víctor Manuel Lozoya Morales en su carácter de autorizado legal la parte quejosa, hasta en tanto, se diera cumplimiento a la prevención de la ampliación de la demanda promovida en el presente juicio y como lo anterior ya aconteció, se provee respecto a dichos medios de convicción, lo siguiente: Con fundamento en el artículo 119 se admite la prueba de inspección judicial que ofrece la parte quejosa, por lo que se comisiona a uno de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal a efecto de que se constituya en el Mercado Modular Mololoa, ubicado en la esquina de las Avenidas México y Victoria de esta Ciudad, y proceda a dar fe de los puntos señalados por la parte quejosa en su escrito recibido en este Juzgado el diecinueve de agosto de dos mil veintidós mediante el cual ofrece la citada probanza, debiendo apreciar a través de sus sentidos los puntos sobre los cuales versará dicha probanza, sin anteponer subjetividades, ni que impliquen conocimientos técnicos o científicos, levantando acta circunstanciada de la diligencia encomendada; y para tal efecto se señalan las DIECISIETE HORAS DEL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que se lleve a cabo el desahogo de la citada probanza. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas PERICIALES EN MATERIA DE TOPOGRAFIA y en VALUACIÓN DE INMUEBLES ofrecidas por la parte quejosa. A fin de que este Juzgado esté en condiciones de designar peritos oficiales, gírese atento oficio con auto inserto de este proveído, al Delegado de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad, a efecto de que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede debidamente notificado de este proveído, proporcione los nombres de dos peritos, uno en materia de Topografía y el diverso en Materia de Valuación de Inmuebles, o bien, informe el impedimento que tenga para ello, apercibiéndose a dicha autoridad para el caso de no cumplir con lo anterior, con hacer uso en su contra de los medios de apremio previstos en la ley. Asimismo, requiérase a la parte quejosa y a las demás partes, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que queden legalmente notificadas del presente proveído, proporcionen el nombre de dos personas aptas para fungir como peritos en materia de Topografía y en Materia de Valuación de Inmuebles, de su parte, apercibidos que de no hacerlo, se les tendrá por perdido su interés para designar perito, asimismo remítaseles copia del cuestionario sobre el que versarán las citadas probanzas. Provéase lo conducente respecto de la suspensión del acto reclamado a las autoridades responsables por las que se amplió la demanda de amparo, en los cuadernos incidentales que derivan del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas, en representación de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, y anexos que acompaña, a través de los cuales informa los trámites que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la sentencia definitiva emitida en el presente sumario. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, informe con constancias debidamente certificadas sobre el cumplimiento que dé a la sentencia dictada en este juicio. Apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el precepto legal invocado, en relación con el diverso arábigo 258 de la Ley de Amparo en vigor, se harán acreedoras a una multa por la cantidad de cien Unidades de Medida y Actualización, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.
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