Martha Elena Fuentes Guillén

Expediente 287/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
287/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
14/08/2018

Partes del expediente

  • Martha Elena Fuentes Guillén

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 287/2018-I-D, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de treinta de julio de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase recibido el escrito signado por ...autorizada de la parte quejosa y, atento a su contenido, expídase a su costa las copias certificadas que solicita en su escrito de cuenta, en la inteligencia que los autos quedan a su disposición para su fotocopiado, previa razón que se deje en autos. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de julio de dos mil dieciocho. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTE Y REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida por ***************** contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí, y otra autoridad, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 287/2018-I-D. DESECHAMIENTO A efecto de acordar lo que en derecho corresponda, se procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda relativa, de la que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu de la Ley de Amparo, en los que se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ( ..)." En el caso, la quejosa reclama la resolución interlocutoria de diez de julio de dos mil dieciocho, emitida dentro del expediente 05/2018, seguido ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Tamazunchale, San Luis Potosí, determinación que aduce declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintinueve de mayo del año en curso, en el que señala que no se acordó de conformidad su solicitud de regularizar el procedimiento, al estimar la promovente que era ilegal el emplazamiento de los demandados al juicio de origen. Bien, conforme con lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para determinar la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, es menester que las violaciones que se impugnen afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para que un acto pueda ser considerado como de imposible reparación sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, al lesionar bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De ahí que, la resolución que reclama la promovente, en la que aduce que el Juez que señala como responsable declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído que no acordó de conformidad regularizar el procedimiento, al estimar que el emplazamiento de la parte demandada no se realizó conforme a derecho, no constituye un acto de imposible reparación y, por ende, no es reclamable en vía de amparo indirecto, toda vez que dicha actuación no produce a las partes dentro del procedimiento, de manera inmediata, afectación a algún derecho sustantivo tutelado tanto en la Ley Suprema, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como pudieran ser la libertad, la vida, la integridad física, sus posesiones o derechos, sino que, el acto aquí reclamado, únicamente define cuestiones de carácter procesal, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad. En esa tesitura, es inconcuso que la presente instancia constitucional resulta improcedente, al no revestir los actos reclamados la naturaleza de irreparables, por lo que se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a la licenciada María Isabel Castellanos Cruz. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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