Martha Elena Beltrán Caldera
Expediente 2933/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2933/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/11/2021
Partes del expediente
- Martha Elena Beltrán Caldera
- Pleno de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el seis de septiembre del año actual, la autoridad responsable informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de siete de septiembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la legislación en comento, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, mediante resolución de treinta y uno de julio de dos mil veinte, en el cuaderno auxiliar 279/2020, del índice del Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Mazatlán, Sinaloa, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: "Consecuentemente, al resultar la determinación combatida violatoria de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, en sus vertientes de exhaustividad y congruencia, y ante la comprobada violación constitucional aducida, lo procedente es conceder a la parte quejosa, el amparo y la protección de la Justicia Federal, cuyo efecto inmediato y directo es la insubsistencia jurídica de la resolución de treinta de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 313 a 340 del tomo de pruebas), emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa CD-PAR-23/2017, índice de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, únicamente por lo que hace a la quejosa Martha Elena Beltrán Caldera, debiendo el Pleno de dicha comisión, emitir otra, en la que, atendiendo las consideraciones del presente fallo, de manera fundada y motivada, indique si en el caso concreto, se actualiza o no la prescripción de la acción disciplinaria o los antecedentes de sanción a favor de la impetrante, tomando en cuenta lo establecido por el artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, y sólo en el supuesto de considerar infundada dicha excepción, deberá posicionarse sobre todos y cada uno de los argumentos defensivos propuestos en el informe de hechos de la amparista (fojas 210 a 214 del tomo de pruebas), lo anterior, sin más limitante a su plena libertad de jurisdicción, que la de fundar y motivar debidamente sus determinaciones.". Determinación que causó ejecutoria el siete de abril de dos mil veintiuno. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable denominada Pleno de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Dejar insubsistente la resolución de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa CD-PAR-23/2017, de su índice; B) Dictar otra determinación cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación, con plenitud de jurisdicción, atendiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de que se trata. La autoridad responsable informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, para lo cual adjuntó copia certificada de la resolución dictada el uno de septiembre de dos mil veintiuno, en la que, en su resultando quinto, dejó insubsistente la diversa resolución de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en el procedimiento de responsabilidad administrativa CD-PAR-23/2017 y conforme a los lineamientos de amparo, dictó una nueva resolución, en la que subsanó los vicios formales indicados, para lo cual declaró improcedente la prescripción opuesta por la aquí quejosa Martha Elena Beltrán Caldera, analizando todos los argumentos defensivos de la amparista, consistentes en: a) que el procedimiento administrativo de responsabilidad se encontraba prescrito; b) que no existió inactividad procesal en la causa, puesto que en la época en que se le encomendó el expediente, existía una sobresaturación de asuntos en los juzgados penales de esta ciudad; c) que no existió negligencia de su parte, en virtud que la dilación procesal también se debió al ejercicio de defensa; d) que la queja quedó sin materia en virtud que ya se había emitido sentencia definitiva en el procedimiento penal de trato; y, e) alegó violación al debido proceso durante la instrucción del procedimiento de la Comisión de Derechos Humanos, en virtud que no se le respetó su garantía de audiencia, invocando también, la prescripción de dicho procedimiento. Al respecto, la autoridad responsable determinó que la prescripción resultaba improcedente, pues la misma empezó a computarse a partir del seis de octubre de dos mil diecisiete, fecha en la cual la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, dio vista de la recomendación 28/2017 derivada del expediente DH/093/2017, de la que hubo una dilación en el proceso del expediente penal 115/2006, tramitado en el entonces Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, siendo radicado el procedimiento hasta el cinco de febrero de dos mil diecinueve, tiempo en el que transcurrió un año tres meses, por lo que no habían transcurrido los tres años que alude el numeral 123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, por haber sido considerada la falta administrativa como grave; de igual manera, señaló que la servidora pública denunciada, adscrita a dicho juzgado, omitió dar el impulso procesal al expediente penal en comento, el cual se encontraba en trámite, dentro de la secretaría en la cual ella era la encargada, y era quien debía revisar e impulsar su trámite, por lo que existe una negligencia en el actuar de la servidora pública, al no haber dado impulso al expediente penal 115/2006, tal y como lo dispone el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Nayarit; además, refiere que la aquí quejosa no ofreció medio de prueba con el cual acreditara que los juzgados penales de esta entidad contaran con una sobresaturación de asuntos que le impidiera llevar a cabo la encomienda procesal. Asimismo, determinó su falta administrativa, para lo cual le impuso como sanción una amonestación pública, en base en los artículos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Sin que en el presente caso sea coherente analizar si tal determinación estuvo bien o mal dictada, pues la protección constitucional se constriñe a reparar la violación formal destacada. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente sumario constitucional se concedió el amparo y protección federal, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a), fracción I, del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar se concedió; así, el duplicado respectivo, es destruible, por lo que, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Por último, toda vez que resulta innecesaria su retención, devuélvanse las constancias que en su oportunidad remitió la autoridad responsable. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EPIC, NAYARIT, SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Consejero Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexos, a través del cual informa la manera en que dio cumplimiento al fallo protector, como lo acredita con la documental que adjunta. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, a efecto de que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este juzgado federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector; sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Consejero Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexos, a través del cual informa la manera en que dio cumplimiento al fallo protector, como lo acredita con la documental que adjunta. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, a efecto de que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este juzgado federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector; sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Pleno de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, ha sido omisa en informar el acatamiento dado al fallo protector, aún y cuando se le ha requerido para ello. Por tanto, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a dicha autoridad, para que dentro del término de CINCO DÍAS, se sirva dar cumplimiento a la sentencia de amparo; en la inteligencia de que dicho lapso comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que reciba el oficio de notificación correspondiente. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa a cada una de ellas equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido, de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo", mismo que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, acorde con los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. De igual manera, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. NOTIFÍQUESE.
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