Martha Elena Aguilar Heredia
Expediente 2028/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2028/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Martha Elena Aguilar Heredia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a uno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos; de los que se advierte que mediante proveído de veinte de mayo del año en curso, se dio vista a las partes con el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Numero Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada de la resolución de veintiocho de enero de dos mil veinte, en el expediente laboral 91/2029. Tal acuerdo se notificó a la quejosa Martha Elena Aguilar Heredia por conducto de su autorizada Diana Laura Kuri Rivera el veinticinco de mayo del presente año, sin que hubiese desahogado la vista concedida. Consecuentemente, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo a las constancias de autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Este juzgado de Distrito, por sentencia de trece de noviembre de dos mil diecinueve, concedió la protección constitucional a la parte quejosa, en la que medularmente estableció: ".se concede el amparo y protección de la justicia federal a Martha Elena Aguilar Heredia, para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, proceda a dictar de inmediato la resolución de personalidad relativa al expediente laboral número 91/2019, lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional.". La sentencia de referencia causó ejecutoria el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, de la documental remitida por la autoridad responsable se desprende que el veintiocho de enero de dos mil veinte, dictó resolución de personalidad dentro de los autos del expediente número 91/2029. Por consiguiente, el que suscribe considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de garantías. Asimismo, se determina que no existió exceso o defecto en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues por lo que hace a lo primero, la responsable no se extralimitó en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, sino que dictó la resolución incidental de personalidad correspondiente al expediente de origen, cuya omisión se le reclamó en esta vía, tal como se le indicó en el fallo protector dictado por este Juzgado; tampoco se aprecia defecto, porque la responsable cumplió cabalmente con lo ordenado en la ejecutoria, esto es, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Lo anterior se ilustra con la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, Octava Época, Materia Común, página 217, que dice: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA. El defecto de ejecución consiste en dejar de hacer algo de lo que la resolución de cuya ejecución se trate, disponga que se lleve al cabo o se realice, y no en efectuar una ejecución que por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo "defecto", no está empleado en este segundo sentido por la Ley de Amparo, sino en el primero, ya que dicho ordenamiento, al hablar de exceso o defecto en la ejecución, emplea el segundo de esos términos, en contraposición al primero, queriendo significar con el vocablo "exceso" sobrepasar lo que mande la sentencia de amparo, extralimitar su ejecución y con el vocablo "defecto", realizar una ejecución incompleta, que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Nueva Ley de la materia, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO, como totalmente concluido; sin perjuicio de que las partes estén en condiciones de interponer el recurso procedente, si así conviene a sus intereses. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional, de conformidad en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, hágase lo conducente. Finalmente, como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO: Se tiene por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. SEGUNDO: Se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; por lista a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria Encargada del Despacho por ausencia del titular, en términos del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistida por la licenciada Sandra Luz González García, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Numero Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio, anexa copia certificada de la resolución de veintiocho de enero de dos mil veinte, en el expediente laboral 91/2029. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y su anexo; dese vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo, resolverá sobre el cumplimiento del fallo proteccionista, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese; y personalmente a las partes, corriéndoles traslado con copia del oficio que se provee y anexos. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vistos los autos, se advierte que la autoridad responsable no ha informado las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: ".se concede el amparo y protección de la justicia federal a Martha Elena Aguilar Heredia, para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, proceda a dictar de inmediato la resolución de personalidad relativa al expediente laboral número 91/2019, lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores. Ilustrativo a lo anterior, resulta la tesis 2a./J. 36/2011 (10a.), Décima Época, publicada en la página 3515, Tomo IV, del mes de enero de 2012, de la Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con la licenciada Sandra Luz González García, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: ".se concede el amparo y protección de la justicia federal a Martha Elena Aguilar Heredia, para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, proceda a dictar de inmediato la resolución de personalidad relativa al expediente laboral número 91/2019, lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria;
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