Martha Eduwiges Mandujano Osuna
Expediente 833/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 44 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 833/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 44
- Última actuación
- 19/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Martha Eduwiges Mandujano Osuna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 44.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. I. Consulta del expediente electrónico. Se tiene por recibido el escrito signado por Vinicio Nordahl Mandujano, en su carácter de autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza para consultar al usuario "vnordahlm0301", del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. En consecuencia, se comisiona a la secretaria actuante, realice la autorización respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del usuario mencionado. Notifíquese.
- Principal
En veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, el suscrito Francisco Javier Frías Luna, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, da cuenta al Juez, con los autos; asimismo, hace constar y certifica: Que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa en proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en virtud de que el mismo se notificó el veintinueve del mes y año en cita. Conste.Mazatlán, Sinaloa, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Estado procesal de autos Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, sin que hubiera realizado manifestación alguna respecto a la vista que se le otorgó en proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para los efectos del artículo 201, fracciones I y II de la Ley de Amparo. Se declara consentida la determinación del fallo. En consecuencia, se tiene a la parte quejosa por conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables. Se ordena archivo material. Como fue ordenado en auto de veintiocho de enero del año en curso, y con apoyo en el artículo 214 de la citada Ley, interpretado a contrario sensu, una vez que se encuentre debidamente integrado, se ordena remitir físicamente el presente juicio de amparo, al archivo definitivo de este Juzgado, para su debido resguardo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. I. Solicita copias. Se tiene por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, de conformidad con el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a su costa las copias que solicita, previa toma de razón que se deje en autos. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Estado procesal de autos. Vistos los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, para que desahogara la vista sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo que afirmó dar la autoridad responsable. En consecuencia, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en las documentales existentes en el presente sumario. Efectos del fallo protector. En sentencia de nueve de julio de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, la cual causó ejecutoria el veinticuatro de septiembre siguiente, para los efectos siguientes: 1. No le sean aplicados los artículos 86, numeral 1, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, referente a los años dos mil quince y dos mil dieciséis, en lo presente ni en lo futuro hasta en tanto no sean reformados; y, 2. Por vía de consecuencia, dicha concesión se hace extensiva al acto concreto de aplicación que se reclama, consistente en los pagos generados por concepto del impuesto por el uso, concesión de casillas y pisos en los mercados municipales, correspondiente al ejercicio dos mil quince y dieciséis, que consta en los recibos de pago: a) 224609 de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, por la cantidad de 12,998.12 (doce mil novecientos noventa y ocho pesos 12/100 moneda nacional), y, b) 224610 de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, por la cantidad de 10,183.72 (diez mil ciento ochenta y tres pesos 72/100 moneda nacional), ambos por concepto de pago de los derechos por el uso, concesión de casillas y pisos en los mercados municipales; para el efecto de que sea devuelta a la quejosa la cantidad que indebidamente pagó por la aplicación del artículo declarado inconstitucional; sin que ello implique que la antes aludida deje de pagar el impuesto en trato, correspondiente a dos mil quince y dos mil dieciséis, sino por el contrario, atendiendo a que la violación constitucional se genera en virtud de la falta de certeza en cuanto a que no guardan relación entre la cuota que se cobra con el grado de aprovechamiento de los bienes del dominio público con el servicio prestado, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se le aplique la tasa mínima que contempla el artículo 86, numeral 1, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, para así calcular el monto relativo al impuesto por el uso, concesión de casillas y pisos en los mercados municipales, para los ejercicios respectivos. De ese modo, al ser la autoridad fiscal recaudadora a la que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Director de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, a fin de que reintegre a la peticionaria de amparo la cantidad excedente al cálculo precisado en el párrafo anterior, que enteró por concepto de impuesto por el uso, concesión de casillas y pisos en los mercados municipales, para los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis, como consta en los Recibo de Pago antes precisados. Sostiene lo anterior, la tesis jurisprudencial siguiente: LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCION CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACION DE LAS MISMAS. De conformidad con lo ordenado por el artículo 80 de la Ley de Amparo y lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 195, que lleva por rubro: "LEYES AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; de esta forma, cuando se estima por el juzgador de amparo que una norma general viola la Constitución, el efecto de su sentencia debe ser que dicha disposición nunca se le aplicará al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle a la quejosa las cantidades que, como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al quejoso. III. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a las cuales se le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2, se advierte que realizó lo siguiente: En resolución de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, dejó sin efectos los recibos de pago 224609 y 224610, asimismo el trece de noviembre del presente año, allegó a este órgano jurisdiccional el cálculo emitido por la Dirección de Ingresos de esta ciudad, donde estableció que la cantidad a devolver a la quejosa en cumplimiento a la ejecutoria de amparo sería de 5,519.47 (cinco mil quinientos diecinueve pesos 47/100). Posteriormente, mediante proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, se estableció que la cantidad a devolver a la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en la sentencia emitida el nueve de julio de dos mil dieciocho, lo es 10,383.60 (diez mil trescientos ochenta y tres pesos 60/100), ello al considerar la tasa mínima prevista por el artículo 86 de la Ley de Hacienda Municipal, el número de metros cuadrados y el salario mínimo vigente en los periodos de pago, el cual conforme al portal de internet de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en el año dos mil quince, era de 68.28 (sesenta y ocho pesos 28/100), mientras que para el año de 2016 fue de 73.04 (setenta y tres pesos 04/100). Además de que las cantidades establecidas por la responsable respecto los conceptos de Pro-Alfabetización, Pro-Centro de Salud, Pro Mejoras Materiales, Pro-Comisión de Prom y Desc. Turistico, Pro-Turismo, se encuentran íntimamente vinculados con los preceptos declarados inconstitucionales, ya que la base sobre la que se aplica dicha tasa, lo constituye el pago por derecho del uso, concesión de casillas y pisos en los mercados municipales; por tanto, también deberá devolverse a la peticionaria de amparo, las cantidades pagadas por tales conceptos, pues al haberse declarado inconstitucional el artículo 86, fracción I, de la ley en comentario, no existe base sobre la cual pueda aplicarse la tasa correspondiente al pago por los conceptos de apoyo que nos ocupan. En atención a lo anterior, mediante comunicado de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por conducto de su delegado, allegó a este órgano jurisdiccional acuses de recibo de los cheques 0060590 y 0060623 a nombre de la parte quejosa, por la cantidad de 5,519.47 (cinco mil quinientos diecinueve pesos 47/100 moneda nacional) y 4,723.17 (cuatro mil setecientos veintitrés pesos 17/100 moneda nacional), respectivamente, los cuales fueron recibidos por el autorizado de la quejosa Carlos Miguel Álvarez Herrera. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. De la anterior relación, se aprecia que la citada autoridad, atendió a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí, que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento. Lo anterior, sin que obste que la cantidad devuelta por la autoridad responsable a la parte quejosa (10,242.64 (diez mil doscientos cuarenta y dos pesos 64/100 moneda nacional)), resulte menor a lo establecido en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, esto es, 10,383.60 (diez mil trescientos ochenta y tres pesos 60/100), es decir existe una diferencia de 140.96 pesos (ciento cuarenta pesos 96/100 moneda nacional), sin embargo, la cantidad devuelta por la responsable es mayor a lo solicitado por la parte quejosa mediante escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, esto es, 10,196.84 (diez mil ciento noventa y seis pesos 84/100 moneda nacional). En tal sentido, la discrepancia entre la cantidad devuelta por la autoridad responsable y lo precisado por este órgano jurisdiccional en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, no trastoca los derechos de la parte quejosa, ello, en la medida de que como se estableció, al realizar ésta su cálculo, solicitó menor cantidad a la que le fue devuelta por la responsable. Es decir, el déficit de los ciento cuarenta pesos con noventa y seis centavos, no es relevante como para no tener por cumplido el fallo protector, toda vez que la cantidad remunerada, es superior al propio cálculo hecho por la parte quejosa, por lo que al ser omisa en realizar manifestación alguna, respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, pese a la oportunidad procesal que se le dio para ello, en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, corrobora que en efecto quedó conforme al recibir una cantidad superior a la calculada por ella, esto, con independencia de los ciento cuarenta pesos con noventa y seis centavos, que existen de diferencia entre lo establecido por este órgano jurisdiccional y el cálculo realizado por la responsable, pues es la autoridad quien técnicamente tiene a su alcance las herramientas y elementos para realizar el cálculo de manera apropiada. Por tanto, se advierte que al haberse realizado la devolución a la quejosa de la cantidad señalada en primer término, la autoridad cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente. Orden de depuración o destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos XX y XXI, en el que se establecen los lineamientos para depuración y destrucción de los juicios de amparo se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, bajo los lineamientos precisados en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en cita, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Por otro lado, toda vez que existen documentos originales de la parte quejosa, en acatamiento al artículo Vigésimo, párrafo último, del Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recoger los documentos que exhibió en este expediente, apercibida que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Vista a las partes. Dese vista a las partes por el término de quince días, para los efectos que establece el artículo 201, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; en el entendido que una vez que transcurra el mismo, sin manifestación alguna, ésta determinación se tendrá por consentida y con base en el dispositivo 214 de la ley de la materia, se remitirá materialmente este juicio al archivo definitivo como asunto concluido. Notifíquese en términos de ley.
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