Martha Dolores Muñoz Ortega

Expediente 978/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
978/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Martha Dolores Muñoz Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que transcurrió el plazo establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la quejosa haya interpuesto recurso de inconformidad en contra del acuerdo de veintisiete de febrero de este año, en el que se declaró sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo, en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora, atendiendo que este expediente se encuentra integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese este asunto como concluído, previa verificación de la correcta integración de las constancias que conforman electrónica con la totalidad de las constancias que lo integran, considerando como tales las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio de amparo. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado acuerdo, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio, se negó y se concedió el amparo y protección de la justicia Federal, pues carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del acuerdo general antes citado, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se hace referencia en el artículo 18 del referido acuerdo. Cuadernos incidentales. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el acuerdo mencionado, por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del aludido acuerdo, una vez que haya trascurrido el plazo de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, dado que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del acuerdo general en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se otorgó la medida cautelar solicitada, en consecuencia, procédase a su cumplimiento. En ese orden de ideas, conforme lo ordenado en el artículo 35, párrafos primero y segundo, del mencionado acuerdo, háganse las anotaciones en la carátula del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a la quejosa en auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "[.] La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Resulta aplicable, el criterio contenido en la Jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, aprobada en sesión privada del 19 de octubre de 2016, que a la letra señala: REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Sin que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, se haga extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento; toda vez que dichas disposiciones reglamentarias desarrollan supuestos normativos diversos del procedimiento de fiscalización al que se considera violatorio del derecho fundamental de audiencia de la parte quejosa." En ese orden de ideas, el efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora bien, para acreditar el acatamiento de la sentencia la citada autoridad responsable manifestó mediante oficio registrado con folio 2779 que no realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a la quejosa y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Sin que la quejosa realizara señalamiento alguno al respecto. Por tanto, la suscrita estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a la quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese, por lista a la quejosa conforme a lo ordenado en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

  3. Principal

    Ciudad de México, quince de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio registrado con folio 2759, remitido en representación del jefe del Servicio de Administración Tributaria, por el cual en desahogo al requerimiento formulado en acuerdo de siete de febrero de dos mil veintitrés, informa respecto del cumplimiento al fallo protector, atento a ello, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta, dese vista a la quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, en el entendido de que, una vez transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin él, este órgano jurisdiccional realizará el estudio correspondiente y se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Asimismo, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio registrado con folio 2779, por ser de similar contenido al acordado en el párrafo que antecede. Notifíquese, por lista a la quejosa acorde con lo ordenado en acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

  4. Principal

    Ciudad de México, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, remítase copia simple de la ejecutoria solicitada que refiere, para su conocimiento y efectos legales conducentes. De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen por designados como delegados a las personas que refiere y por señalado como domicilio físico para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

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