Martha Dilia Ordoñez Amador

Expediente 79/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
79/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • Martha Dilia Ordoñez Amador

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que el fallo amparador HA CAUSADO EJECUTORIA. Requiérase al Juez Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y Actuario Notificador, para que en el término de tres días, den cumplimiento a la sentencia de amparo. Bajo apercibimiento...

  2. Principal

    AVISO.- Por este conducto y en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso C, de la Ley de Amparo, se notifica a la parte TERCEROS INTERESADOS GRUPO ARSA PLASTIC, S.A. DE C.V., MELQUIADES RAFAEL ARAISA SANCHEZ y LUZ BERTHA SANTANAN MIRAMONTES, lo ordenado en sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintidós que en síntesis señala: Zapopan, Jalisco, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, Banco Regional, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Banregio Grupo Financiero, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló alegato ministerial; se reconoció con el carácter de tercero interesado a M. Holland Latinoamérica, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, Grupo Ars Plastic, sociedad anónima de capital variable, Melquiades Rafael Araiza Sánchez y a Luz Bertha Santana Miramontes, a quienes se emplazó en su momento; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que inició a las catorce horas con un minuto del treinta de agosto de dos mil veintiuno y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De un análisis realizado al escrito de demanda, en armonía con el resto de la información del expediente, se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que los actos reclamados se hacen consistir en lo siguiente: Al Juez Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y al Actuario Notificador adscrito: El emplazamiento o la primera notificación que le que le fue practicada al quejoso en los autos del juicio mercantil 3700/2019. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juzgado Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y al Actuario Notificador adscrito, pues así lo manifestaron al rendir el informe justificado. Además, cabe señalar que de las documentales que en copia certificada fueron remitidas en apoyo al informe justificado, consistentes en copias certificadas de las actuaciones que integran el procedimiento natural, se aprecia la constancia de notificación reclamada. CUARTO. Causas de improcedencia. Examinado el expediente que se tiene a la vista, no se advierte la aparición de alguna causa de improcedencia que pueda estudiarse de oficio o que las partes hayan hecho valer, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; por tanto, no se procede a analizar la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias remitidas por las autoridades responsables, se destaca por su importancia lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, la sociedad tercera interesada M. Holland Latinoamerica, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su representante legal Fabián Veloz Torres, presentó demanda de tercería excluyente de dominio en contra de la sociedad legal quejosa Banco Regional, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Banregio Grupo Financiero, así como de los diversos terceros interesados. 2. De dicha solicitud correspondió conocer al Juez Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, el que la admitió mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, bajo el número de expediente 3700/2019, ordenando correr traslado mediante notificación personal con copias de los documentos exhibidos a los demandados para que dentro del término de tres días se manifestaran en torno a la tercería planteada. 3. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de radicación, el once de diciembre de dos mil diecinueve, la Actuaria Notificadora adscrita al Juzgado Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, practicó a la sociedad quejosa Banco Regional, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Banregio Grupo Financiero, la notificación ordenada en el auto de radicación. 4. El juicio fue seguido por sus etapas legales conducentes y el siete de octubre de dos mil veinte, se emitió la sentencia definitiva, en la que se declaró a la pare actora M. Holland Latinoamerica, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, como propietaria del bien inmueble materia de la tercería excluyente de dominio, ordenado por ese hecho que se levante el embargo que fue practicado en los autos del juicio ejecutivo mercantil 2713/2019 y condenando a la aquí quejosa al pago de gastos y costas generados por la tramitación del procedimiento. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Se procede a realizar el estudio de los conceptos de violación, sin que exista necesidad de su transcripción en virtud de que la Ley de Amparo no lo exige, y conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Es substancialmente fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado el primer concepto de violación que hace valer la parte quejosa en su escrito de demanda, en el que refiere que en el acta de emplazamiento el notificador que llevó a cabo dicha actuación no asentó que las copias con las que corrió traslado al demandado, se encontraban debidamente selladas y cotejadas. Al respecto, cabe señalar que el emplazamiento o primera citación a juicio, tiene la finalidad primordial de que la parte demandada tenga pleno conocimiento de la demanda que se endereza en su contra, para que esté en posibilidades de oponer sus defensas y excepciones que tuviera en contra de las prestaciones que se demandan por su contraparte; asimismo, esté en aptitud de probar sus defensas a través de los medios de convicción que la propia ley le conceda. Para proteger estos aspectos, se advierte que se deben observar las formalidades a que se refieren los artículos transcritos, cuya inobservancia puede traer como consecuencia la nulidad del emplazamiento. Por estas razones, debe estimarse que el emplazamiento es una cuestión de orden público y por tanto los jueces están obligados a investigar de oficio, si se efectuó o no, y si se llevó a cabo cómo fue que se observaron las leyes de la materia. En ese sentido, vista el acta de notificación reclamada, se advierte que la actuaria notificadora adscrita al juzgado del conocimiento omitió asentar si las copias de traslado de la demanda que le fueron entregadas a la sociedad demandada, aquí quejosa, a través de su representante legal, fueron debidamente selladas y cotejadas. Al efecto, conviene precisar que el párrafo último del artículo 1068 bis del Código de Comercio, establece: "Artículo 1068 Bis. El emplazamiento se entenderá con el interesado, su representante, mandatario o procurador, entregando cédula en la que se hará constar la fecha y la hora en que se entregue; la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, en su caso la denominación o razón social, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera entendido la actuación. [.]. Además de la cédula, se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada más, en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda." De la literalidad del precepto legal en cita se tiene, en lo que interesa, que al practicarse el emplazamiento a juicio se deberá entregar al demandado, entre otros, copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada. Por su parte, en la diligencia de notificación practicada el once de diciembre de dos mil diecinueve, se advierte en lo que interesa, o siguiente: "(.) por lo que entiendo la presente diligencia en forma PERSONAL, a quién le hago saber el motivo de mi presencia y bien enterado(a) que es de la misma procedo a correrle traslado por su conducto, con las copias simples de ley de la demanda, documentos fundatorios, así como copia íntegra del auto que se cumplimenta haciéndole entrega de la cédula de notificación correspondiente, lo cual recibe de propia mano, haciéndole saber que tiene un término de 03 TRES DÍAS para que comparezca a manifestar lo que a su derecho corresponda. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1362, 1363, 1367, 1368, 1370, 1373 y demás relativos del Código de Comercio. (.)" De lo antes transcrito se tiene, que en la práctica de la diligencia reclamada, se omitió dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo último del artículo 1068 bis del Código de Comercio, esto es, hacer constar la entrega de copias de la demanda inicial debidamente cotejadas y selladas, pues por el contrario, la diligenciaria responsable señaló de manera categórica que hacía entrega de copias simples de la demanda, documentos fundatorios, así como copia íntegra del auto que se cumplimentó y de la cédula de notificación correspondiente. Lo cual cobra relevancia, acorde a lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que se cita posteriormente, al tener presente que todos los requisitos y formalidades establecidos en la legislación para su realización deben acatarse en su literalidad, porque son de aplicación estricta, a fin de cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia conforme a las leyes del procedimiento y de acuerdo con el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. De ahí que, enfatiza la Primera Sala, la omisión del actuario de certificar la entrega de copias de traslado de la demanda debidamente selladas y cotejadas con su original ocasiona la ilegalidad del emplazamiento, porque la entrega de copias carentes de estos requisitos, no cumple a cabalidad la formalidad establecida para el emplazamiento, al no permitir que se conozcan con fidelidad los términos, las pretensiones y los hechos en que se basa la demanda. La jurisprudencia en mención es la identificada con el número 1a./J. 22/2018 (10a.), en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia(s): Civil, Página: 834, Registro: 2017535, que establece: "EMPLAZAMIENTO. LA OMISIÓN DEL ACTUARIO DE CERTIFICAR LA ENTREGA DE LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS CON SU ORIGINAL, OCASIONA LA ILEGALIDAD DE DICHA DILIGENCIA. El emplazamiento es el acto procedimental por el cual las autoridades jurisdiccionales cumplen en un proceso o, en un procedimiento seguido en forma de juicio, con los derechos de audiencia y al debido proceso reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que todos los requisitos y formalidades establecidos en la legislación para su realización deben acatarse en su literalidad, porque son de aplicación estricta, a fin de cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia conforme a las leyes del procedimiento, de acuerdo con el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Es así que, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento entregar copias simples del traslado de la demanda debidamente selladas y cotejadas con su original, ello constituye una formalidad esencial para la validez, por lo que el actuario judicial debe certificar que así se ha realizado, a fin de no violar los derechos de audiencia y de defensa, de legalidad y de certeza jurídica, así como a recibir impartición de justicia en los términos y plazos que fijan las leyes. En consecuencia, la omisión del actuario de certificar la entrega de copias de traslado de la demanda debidamente selladas y cotejadas con su original ocasiona la ilegalidad del emplazamiento, porque la entrega de copias simples carentes de estos requisitos, no cumple a cabalidad la formalidad establecida para el emplazamiento, al no permitir que se conozcan con fidelidad los términos, las pretensiones y los hechos en que se basa la demanda." Así, de acuerdo a lo expuesto en el criterio jurisprudencial invocado, se tiene que la diligencia de emplazamiento a juicio se torna ilegal al no cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, lo que da nacimiento a la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave en el juicio, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales, como es la imposibilidad del demandado para comparecer al juicio de origen, ofrecer pruebas, contradecir las de la parte actora, oponer excepciones y defensas, y ser notificado oportuna y legalmente de la sentencia definitiva. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis relativa, estimó que si el actuario omite certificar que se entregaron copias de traslado de la demanda debidamente selladas y cotejadas con el escrito original de la demanda, ocasiona la ilegalidad del emplazamiento, dado que la entrega de copias simples de la demanda carentes de cotejo y de sello, no cumplen a cabalidad con la formalidad establecida por el legislador para la validez del emplazamiento, aunado que se afecta al justiciable al no permitir al demandado conocer con fidelidad los términos, pretensiones y hechos en que se basa la demanda en su contra, afectando el derecho de audiencia y defensa, el de legalidad y certeza jurídica, así como el derecho a recibir impartición de justicia en los términos y plazos que fijan las leyes, por lo que determinó que debía de prevalecer con el carácter de jurisprudencia la citada con anterioridad. Máxime que de las constancias del juicio de origen remitidas por las autoridades responsables y valoradas en párrafos que anteceden, no se advierte de manera alguna que el quejoso hubiera tenido conocimiento del procedimiento de origen instruido en su contra, lo que le permitiera ser oído y vencido. Con lo anterior, se tiene que se violaron los derechos fundamentales del quejoso contenidos en los artículo 14 y 16 constitucionales, de ahí que deba concederse el amparo y protección de la justicia federal, a fin de que sea restituido en el ejercicio de sus derechos fundamentales violentados. Por otra parte, es menester aclarar que aun cuando la diligencia de notificación reclamada se fundó en lo dispuesto por los artículos 1362, 1363, 1367, 1368, 1370 y 1373 del Código de Comercio, que prevén el trámite de las tercerías acorde a dicha legislación, y en particular el numeral 1368 de aludido ordenamiento legal establece que las tercerías se substanciarán oyendo al demandante y al demandado en traslado por tres días a cada uno, se estima que la notificación reclamada se trata de un emplazamiento, pues consiste en la primera citación a un juicio, pues aun cuando la demanda en el procedimiento de origen consiste en una tercería excluyente de dominio, esta tiene la naturaleza de un juicio, pues resuelve cuestiones de carácter sustantivo (la propiedad del bien inmueble), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente les da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Esto es, la acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios, lo cual hace colegir que la primera citación constituye un emplazamiento. Robustece lo anterior según los motivos que lo informan, el criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro: 176797, la cual establece: "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo." En virtud de lo hasta aquí expuesto, resulta innecesario el estudio del resto de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, en razón de que como se ha visto, la actuación reclamada resulta ilegal por vicios de forma que provocan la reposición del procedimiento. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 107, sustentada por la otrora Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, visible en la página 85 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." En tales condiciones, al demostrarse la ilegalidad del emplazamiento reclamado, lo procedente es conceder la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los efectos que enseguida se precisan. SÉPTIMO. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en los artículos 77 y 192 de la ley de la materia, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa; lo anterior para que, dentro del plazo de tres días contados a partir de que cause ejecutoria esta resolución, las autoridades responsables Juez Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y al Actuario Notificador, dentro del ámbito de sus atribuciones, efectúen lo siguiente: Deje insubsistente el emplazamiento practicado a Banco Regional, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Banregio Grupo Financiero, así como todo lo actuado a partir de dicha diligencia en el juicio mercantil 3700/2019 de su índice, para así restituir a la quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados. Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 287, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 2015693, de contenido: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Sin que esté por demás precisar que la reposición del procedimiento de origen que se debe efectuar en cumplimiento a esta ejecutoria, no tiene por efectos la insubsistencia del emplazamiento practicado a los diversos demandados; ello con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 72/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 933, Libro I, Octubre de 2011, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado.". Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Banco Regional, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Banregio Grupo Financiero, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos y razones expuestos en el considerando sexto, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    No obra agregado en el expediente electrónico que deriva del presente asunto, la constancia de notificación relativa al oficio 274, remitida al Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por el que se habilito el expediente electrónico y se informó el estado procesal del presente juicio. Túrnese los autos al actuario... Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, comunica lo acordado en proveído de once de enero de dos mil veintitrés, dentro del amparo directo 896/2022, atento a lo que solicita, a través del oficio 274...

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