Martha Delina Ruíz Gómez

Expediente 436/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 18 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
436/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • Martha Delina Ruíz Gómez
  • Martha Delina Ruíz Gómez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Cuenta. En la misma fecha, la Secretaria da cuenta al Juez, con la certificación que antecede, y con el estado procesal que guardan los autos. Conste. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a catorce de marzo de dos mil veintidós.Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, y el estado actual que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. Antecedentes. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: "Del i. Gobernador Constitucional del Estado; ii. Secretario General de Gobierno; iii. Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado; iv. Consejero Jurídico del Gobernador; y, v. Director del Periódico Oficial del Estado, a) la aprobación, promulgación, refrendo y publicación del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, específicamente, la inconstitucionalidad del artículo 84, fracción VII del Reglamento de la Ley que establece las Bases de Operación de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Del vi. Del Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; vii. Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico, en su carácter de Vocalía Técnica del Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y, viii. Notificador Habilitado de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Vocalía Técnica de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; b) la dilación en notificar el inicio del procedimiento administrativo adversarial para resolver su situación jurídica y de labores y proporcionar un ingreso mínimo vital durante el tiempo que dure el procedimiento administrativo adversarial; c) la negativa a ordenar la notificación del inicio del procedimiento administrativo adversarial; y, d) la falta de notificación del procedimiento administrativo adversarial al quejoso corriendo traslado de cada una de las copias de dicho procedimiento. Del ix. Encargado del Área de Investigación Interna en su carácter de Órgano Prosecutor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, e) el exceso de tiempo para sustanciar el archivo de investigación y así no obstaculizar el procedimiento administrativo adversarial. De la x. Coordinador de Administración de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, viii. Dirección de la Policía de Fuerza Ciudadana; xi. Delegación Administrativa de la Policía de Fuerza Ciudadana; xii. Jefe del Área de Recursos Humanos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; xiii. Tesorero de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado; d) la falta de competencia para gestionar mediante escrito debidamente fundado y motivado la preventiva de pago de sus sueldos y ordenar faltando al trabajo. De xiv. la Dirección de la Policía de Fuerza Ciudadana, con sede en esta ciudad, e), la negativa a brindar a la parte quejosa las facilidades necesarias para la rehabilitación y/o gestione su incapacidad permanente y/o trámite su pensión por riesgo de trabajo y por el contrario ordenar el dar faltando a la quejosa. Del xv. Coordinador General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Estado, con sede en esta ciudad, f) el no autorizar el pago de un ingreso mínimo vital y/o salario tabulador más bajo a los policías que se encuentran en un procedimiento administrativo como el quejoso." En sentencia de diez de noviembre de dos mil veinte (fojas 114-127), se resolvió: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 436/2020, promovido por Martha Delina Ruiz Gómez, respecto de los actos reclamados a las autoridades que quedaron precisadas en los considerandos tercero, quinto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Se niega la protección constitucional a Martha Delina Ruiz Gómez, respecto al acto atribuido a la autoridad que quedó identificada en el considerando séptimo de esta sentencia, por las razones expuestas en este. TERCERO. Se concede la protección de la Justicia Federal a Martha Delina Ruiz Gómez, respecto del acto reclamado a las autoridades xi. Encargada de la Delegación Administrativa de la Dirección de la Policía Fuerza Ciudadana, y el x. Coordinador de Administración de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, y por extensión xiii. Al Tesorero de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, indicadas en el considerando octavo, por los motivos y efectos indicados." Inconforme la autoridad responsable Coordinador de Administración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por ejecutoria de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en el amparo en revisión 84/2021, donde determinó confirmar la sentencia recurrida. Medularmente, los efectos de la concesión otorgada a la parte quejosa, fueron para que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: ". se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la xi. Encargada de la Delegación Administrativa de la Dirección de la Policía Fuerza Ciudadana, y el x. Coordinador de Administración de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, haga lo siguiente: a) Por escrito, y siguiendo los lineamientos de esta sentencia, en el término de tres días al en que esta resolución quede firme, funden y motiven debidamente sobre las facultades que cuentan, para ordenar xiii. al Tesorero de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado (foja 73 del juicio de amparo), efectuar la preventiva de pago de salarios de la quejosa, o, en su caso, cuál fue el órgano administrativo que ordenó la preventiva de pago, así como el procedimiento disciplinario seguido contra de la impetrante de amparo; ello, partiendo de la premisa que de acuerdo al artículo 84, fracción VII, del Reglamento de la Ley que establece las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la retención de los salarios del quejoso solo procede cuando es solicitado por órgano administrativo competente, en razón al procedimiento disciplinario instruido en contra de algún integrante de dicha Secretaría; y proceda a notificar a aquél tal determinación. (.) Concesión que se hace extensiva xiii. al Tesorero de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado (foja 73 del juicio de amparo), con sede en esta ciudad, cuyo acto no se combate por vicios propios." Informe de cumplimiento. Atento a lo anterior, las autoridades responsables Encargada de la Delegación Administrativa de la Policía Fuerza Ciudadana y Coordinador de Administración, ambos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Tesorero de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficios SSPC/PFC/DA/0040/2022, SSPC/PFC/DA/0048/2022, SSPC/CA/0625/2022 y SH/TU/0218/2022, remitieron las constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional (fojas 300-304, 311-319), documentales a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o, párrafo segundo, en razón de que fue expedida por autoridad responsable en ejercicio de su función. Análisis de constancias. De las constancias remitidas, se advierte que el Coordinador de Administración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Encargada de la Delegación Administrativa de la Dirección de la Policía Fuerza Ciudadana, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós (fojas 299, 303 y 304), fundamenta y motiva la preventiva de pago de salarios de la quejosa, la que se ordenó con motivo al procedimiento disciplinario instruido en su contra, girándose oficio al Área de Recursos Humanos para que notificara al Tesorero de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, la retención de remuneraciones respectivas, determinación que fue notificada el veintiocho de enero del presente año (foja 312). Asimismo, obra la constancia firmado por el Coordinador de Administración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien emitió el oficio SSPC/CA/RH/539/2022, a través del cual comunica al Tesorero de la Secretaría de Hacienda, proceda a la retención de remuneraciones de la quejosa, con motivo del procedimiento disciplinario instruido en su contra (foja 318). Decisión. En consecuencia, entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por tanto, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Depuración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. Vista. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que en su caso, hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Transferencia. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el presente expediente, conservándose la demanda, las resoluciones recurridas, y el presente acuerdo; así como, los demás documentos que se consideren pertinentes, respecto a este último, haciéndose constar la justificación de su conservación, en términos del penúltimo párrafo del citado artículo 18 del acuerdo plenario. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 del Acuerdo en comento. Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas; a catorce de marzo de dos mil veintidós.Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que fueron negadas y concedidas las medidas cautelares solicitadas. Orden de archivo. Atento a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, pues se negó y concedió la suspensión definitiva, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Transferencia y depuración. Por otra parte, una vez cumplido el término de tres años, que dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, el presente proveído que ordena su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que se considere. Asimismo, terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Por otro lado, se estima que no tiene relevancia documental para su conservación; ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. Por último, en términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a ocho de febrero de dos mil veintidós. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por el Tesorero de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa respecto al requerimiento efectuado mediante ocurso 125 de veintisiete de enero del año en curso. Acuerdo. Al respecto, este órgano jurisdiccional tiene por atendido el requerimiento efectuado en el auto de mérito. Estado Procesal. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en proveídos de veintisiete de enero y dos de febrero del actual, se reservó proveer respecto a los oficios remitidos por la Encargada de la Delegación Administrativa de la Policía Fuerza Ciudadana y Coordinador de Administración, ambos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, residentes en esta ciudad, con los que informaron el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, hasta en tanto la diversa autoridad responsable Tesorero de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, informara respecto del mismo, lo que ya aconteció. Vista de cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, y córrase traslado con copia simple de los oficios registrados con los folios 1112, 1114, 1355 y 1364, y sus anexos, así como del diverso de cuenta con registro 1536, para que en el plazo de tres días, contado a partir del que quede legalmente notificada, manifieste lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento de la sentencia constitucional dictada en este asunto. Instrucción. Con la indicación para el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, que al momento de realizar la diligencia de notificación respectiva, deberá de hacer constar la entrega de las documentales referidas en el párrafo que antecede. Apercibimiento. Por otra parte, se apercibe a la parte quejosa que, de no desahogar la vista otorgada en el plazo concedido, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento con base en los elementos que obren en el expediente y datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO 436/2020, POR ASÍ HABERLO SOLICITADO EN SU ESCRITO RECIBIDO EL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VENTE Y ASÍ HABERSE ACODADO EL VEINTIOCHO DE ESE MISMO MES Y ANUALIDAD; EN CONSECUENCIA SE NOTIFICA EL PRESENTE AUTO QUE ANTECEDE Y CON LOS OFICIOS REGISTRADOS CON LOS FOLIOS 1112, 1114, 1355 Y 1364, Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO DEL DIVERSO ESCRITO CON REGISTRO 1536 SIGNADO POR EL TESORERO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD; CON LOS QUE SE LE CORRE TRASLADO, HACIÉNDOSELE DE SU CONOCIMIENTO QUE MEDIANTE SU AUTORIZADO EN EL SISTEMA IMPLEMENTADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PODRÁ DESCARGAR DIRECTAMENTE DESDE EL PORTAL RESPECTIVO LAS REFERIDAS CONSTANCIAS, LAS CUALES TIENEN VALIDEZ OFICIAL, PUES CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CORRESPONDIENTES, COMO LO ESTABLECE EL ACUERDO 12/2020, EMITIDO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EN SU ARTÍCULO 3, FRACCIÓN VII.

  4. Principal

    Promoción. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta, signados por la Encargada de la Delegación Administrativa de la Policía Fuerza Ciudadana y Coordinador de Administración, ambos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, por medio del cual informan el cumplimiento dado a la sentencia constitucional. Acuerdo. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este Juzgado se reserva acordar lo que en derecho corresponda, hasta en tanto la diversa autoridad responsable Tesorero de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, con residencia en esta ciudad, informe respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo.

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