Martha Delfina Flores Hernández
Expediente 359/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 359/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Martha Delfina Flores Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
En veintinueve de junio de dos mil dieciséis, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la quejosa del catorce al veintisiete de junio del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa el treinta de mayo de la presente anualidad. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra de la sentencia emitida por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa el treinta de mayo del año en curso, en la se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Lo anterior, hágase del conocimiento al Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, para los efectos legales que haya lugar. Por último, devuélvase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la copia certificada del expediente laboral 115/V/2015, que remitió en apoyo a su informe justificado y que obran por separado. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Alan.
- Principal
En nueve de junio de dos mil dieciséis, la Secretaria del Juzgado, licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Juez con la razón actuarial que antecede.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la razón de cuenta asentada por el Actuario Judicial adscrito, de la que se advierte que no le fue posible notificar a la tercero interesada Viñedos el Alpino Productores de Uvas y Hortalizas, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, Francisco Mendoza Garcini y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo, la resolución de treinta de mayo de dos mil dieciséis, así como el auto de seis del mes y año en cita, toda vez que en el presente expediente no obra domicilio para oír y recibir notificaciones; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en auto de dos de marzo del año en curso, y se ordena practicar la notificación del auto de mérito por medio de lista, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales para la citada tercero interesada, en términos del artículo 29, en relación con el diverso numeral 27, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Alan.
- Principal
En seis de junio de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Juez con un oficio registrado con el número 10724 y anexos que se adjuntan.-CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por el que remite el juicio de amparo 359/2016-4, el cual quedó registrado en el citado órgano jurisdiccional como cuaderno de antecedentes 262/2016; en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada el treinta de mayo del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; así como un disco en el que se contiene dicho fallo y un legajo de pruebas. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia certificada de la indicada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio en que se actúa. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este Órgano Jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Alan.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, TANTO EL AUTO DICTADO EN FECHA SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LA SENTENCIA EMITIDA EL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En seis de junio de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Juez con un oficio registrado con el número 10724 y anexos que se adjuntan.-CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por el que remite el juicio de amparo 359/2016-4, el cual quedó registrado en el citado órgano jurisdiccional como cuaderno de antecedentes 262/2016; en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada el treinta de mayo del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; así como un disco en el que se contiene dicho fallo y un legajo de pruebas. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia certificada de la indicada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio en que se actúa. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este Órgano Jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Alan." SENTENCIA DE 30 DE MAYO DE 2016. VISTOS los autos relativos al juicio de amparo 359/2016, promovido por Martha Delfina Flores Hernández contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el uno de marzo de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Martha Delfina Flores Hernández solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos reclamados que más adelante se puntualizarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La Juez Primera de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, mediante proveído de dos de marzo de dos mil dieciséis lo radicó bajo el expediente 359/2016 de su índice; admitió la demanda; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación; tuvo como terceros interesados a Viñedos El Alpino Productores de Uvas y Hortalizas, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, a Francisco Mendoza Garcini y/o a quien resultara responsable de la fuente de trabajo ubicada en camino a Piedra Gorda kilómetro cinco en Ojocaliente, Zacatecas; ordenó su emplazamiento y señaló día y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el tres de mayo de dos mil dieciséis. TERCERO. Designación de los órganos a apoyar en el dictado de sentencias. Mediante oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la aludida Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con domicilio en Zacatecas. CUARTO. Envío de expediente. El Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en cumplimiento a esa comunicación remitió el juicio de amparo 359/2016 de su estadística a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, la cual a su vez lo turnó a este órgano jurisdiccional. QUINTO. Radicación en el Juzgado de Distrito auxiliar. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis se avocó al conocimiento del indicado juicio de amparo, lo registró en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el asunto 262/2016 y procedió al análisis del expediente para dictar la sentencia correspondiente; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto quinto, apartado 5, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito y, además, en términos del oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que esa Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclaman actos de autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial del Juzgado Federal auxiliado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda en relación con los informes justificados, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se concluye que los actos impugnados son los siguientes: De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas se reclama: La omisión de dar seguimiento al trámite del exhorto 83 de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el que se solicitó que se emplazara al juicio laboral 115/V/2015 a Viñedos El Alpino Productores de Uvas y Hortalizas, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, y a Francisco Mendoza Garcini, en su carácter de parte demandada en esa controversia. Del Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas -en su denominación correcta-, y de la Ministra Ejecutora adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas -en su denominación correcta-, se impugna: La omisión de diligenciar el exhorto descrito con antelación. TERCERO. Certeza de los actos impugnados. Son ciertos los actos combatidos que se atribuyen a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas; al Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, y a la Ministra Ejecutora adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, porque esa situación se advierte de las copias certificadas de las actuaciones del juicio laboral 115/V/2015 del índice del indicado Tribunal del trabajo y de las constancias del cuadernillo de exhorto 42/2016 de la estadística del órgano jurisdiccional mencionado en segundo orden que forman parte de este sumario, a las cuales se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su numeral 2. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 226, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, Materia Común, página ciento cincuenta y tres, que señala: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. En efecto, en ese contradictorio y en el referido cuadernillo no existe alguna constancia de la que se desprenda que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo ya había sido diligenciado el exhorto 83 de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el que se solicitó que se emplazara a juicio a Viñedos El Alpino Productores de Uvas y Hortalizas, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, y a Francisco Mendoza Garcini, tampoco obra algún oficio o comunicado emitido por la Junta mediante el cual haya recordado a las diversas responsables la ejecución de la diligencia de emplazamiento solicitada en dicho exhorto, en términos de lo estatuido por el arábigo 759 de la Ley Federal del Trabajo, ni las citadas autoridades ofrecieron medio de convicción alguno para acreditar esos aspectos, lo que conduce a tener por demostrada la certeza de los actos combatidos. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Enseguida se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia 158, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Quinta Época, Materia Común, página doscientos sesenta y dos, que indica: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie se advierte que respecto de la omisión que se adjudica a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, dado que no constituye un acto de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." El tramo normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario señalar que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción constitucional intentada. Por otro lado, el numeral inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de ese precepto estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, la Superioridad puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, página treinta y nueve, de contenido: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Asimismo, se invoca en respaldo de las consideraciones vertidas la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, página quince, que señala: CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de ser sustantivos, expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. y ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Tribunal Pleno y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, de acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal de este País concluyó que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva -en los que la afectación no es actual, sino que epende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva-. En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable puede acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte la sentencia definitiva en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. Desde esa perspectiva es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse una sentencia favorable, los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por la Carta Magna o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, de tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos, el particular debe esperar hasta el dictado del fallo definitivo para poder combatir las violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento mediante la vía directa. Con base en lo anterior, debe establecerse que la omisión de dar seguimiento al trámite del exhorto 83 de veintisiete de enero de dos mil dieciséis que se atribuye a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas no constituye un acto de imposible reparación en la medida en que no produce una afectación material a derechos sustantivos, aun cuando la quejosa alega una transgresión en su perjuicio del derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional previsto por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En efecto, la omisión reclamada es un acto intraprocesal que no causa una afectación de imposible reparación, dado que la abstención de la Junta responsable de realizar las actuaciones necesarias para lograr la diligenciación del aludido exhorto eventualmente entrañaría una transgresión a derechos adjetivos que tendría efectos formales o intraprocesales, los que se podrían actualizar hasta el dictado del laudo correspondiente y en ese momento se podrá apreciar si la violación alegada trascendió y afectó a la inconforme. Es así, porque cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue una violación al numeral 17 del Pacto Federal -como sucede en la especie-, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetiva, ya que no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en el que se encuentra el gobernado, sino que se da dentro de él. Desde esa perspectiva, tratándose de procedimientos jurisdiccionales el derecho de acción como facultad de provocar la actividad estatal presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resolverá sobre la pretensión que fue sometida a su conocimiento, por lo que deberá sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deberán obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Luego, si la omisión reclamada no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la promovente tutelado por la Constitución General de la República o por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte es indudable que no se actualiza el supuesto previsto por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que pueda ser considerada como un acto que produce efectos de imposible reparación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación el seis de mayo de dos mil dieciséis, Décima Época, Materias Constitucional y Común, que reza: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Las consideraciones expuestas evidencian que en el caso se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, lo que conduce a sobreseer en este juicio de protección de derechos fundamentales respecto del acto omisivo que se atribuye a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, conforme a lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la ley de la materia. Por otro lado, se advierte que en relación con los actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, y a la Ministra Ejecutora adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, consistentes en la omisión de diligenciar el exhorto 83 de veintisiete de enero de dos mil dieciséis se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado sus efectos. Para demostrar esa afirmación es necesario tener presente el contenido de la disposición legal invocada, la cual prescribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causa de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene en el arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio que dispone: SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, página treinta y ocho, de contenido siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Del criterio jurisprudencial transcrito se obtiene que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. Por tanto, acorde con la teleología que se deriva del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Ahora, la parte quejosa reclama del Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, y de la Ministra Ejecutora adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, la omisión de diligenciar el exhorto 83 de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el que se solicitó que se emplazara al juicio laboral 115/V/2015 a Viñedos El Alpino Productores de Uvas y Hortalizas, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, y a Francisco Mendoza Garcini, en su carácter de parte demandada en esa controversia, por lo que su pretensión en este juicio constitucional es obtener un fallo protector mediante el cual se vincule a esas autoridades a respetar el contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho fundamental de todo gobernado a que se le administre justicia dentro de los plazos y los términos previstos legalmente y, en consecuencia, a que dichos entes públicos emplacen a juicio a los aludidos demandados, en los términos que estatuye la Ley Federal del Trabajo y una vez que haya sido diligenciado el referido exhorto lo devuelvan a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Por otro lado, es necesario destacar que de los autos del juicio laboral 115/V/2015 se advierte que la Presidenta Auxiliar del Tribunal del trabajo responsable previo a que emitiera el exhorto 83 de veintisiete de enero de dos mil dieciséis había girado los diversos 204, 398, 582, 842 y 1117 de cuatro de marzo, veinticuatro de marzo, doce de junio, dos de septiembre y cinco de noviembre, respectivamente, todos de dos mil quince (fojas 6, 8, 10, 13, 25, 39, 51, 53, 56 y 64 del cuaderno de pruebas), en los que solicitó al Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, que emplazara a juicio a Viñedos El Alpino Productores de Uvas y Hortalizas, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, a Francisco Mendoza Garcini y/o a quien resultara responsable de la fuente de trabajo ubicada en camino a Piedra Gorda kilómetro cinco en Ojocaliente, Zacatecas. Asimismo, de ese contradictorio se desprende que los cinco exhortos referidos en último orden fueron devueltos a la Junta responsable y sólo tres de ellos se diligenciaron -el segundo, tercero y quinto-; por otro lado, la indicada autoridad laboral en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones celebrada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis (foja 61 del cuaderno de pruebas) estableció que únicamente estaba emplazada la fuente de trabajo ubicada en camino a Piedra Gorda kilómetro cinco en Ojocaliente, Zacatecas, y que los diversos demandados no habían sido llamados a esa controversia conforme a derecho, porque así lo advertía de las constancias del cuadernillo 367/2015 formado con motivo del exhorto 1117 de cinco de noviembre de dos mil quince (fojas 63 a 83 ídem). Por ello, el referido Tribunal del trabajo ordenó que nuevamente se girara exhorto al Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, para que este último comisionara al Actuario de su adscripción a fin de que emplazara a juicio a Viñedos El Alpino Productores de Uvas y Hortalizas, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, y a Francisco Mendoza Garcini, por lo que la Presidenta Auxiliar de la Junta responsable giró al indicado órgano jurisdiccional el exhorto 83 de veintisiete de enero de dos mil dieciséis (foja 84 del cuaderno de pruebas). Por otra parte, es necesario señalar que de los autos del cuadernillo de exhorto 42/2016 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas se desprende que el referido exhorto ya fue diligenciado y, además, se devolvió a la autoridad laboral exhortante. En efecto, en el indicado cuadernillo obran las constancias de las diligencias de emplazamiento al juicio laboral 115/V/2015, que la fedataria pública responsable adscrita al mencionado órgano jurisdiccional practicó a Viñedos El Alpino Productores de Uvas y Hortalizas, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, y a Francisco Mendoza Garcini el cuatro de marzo de dos mil dieciséis (fojas 20 a 32 del expediente en que se actúa); asimismo, se encuentra glosado el oficio 698 de catorce de marzo siguiente, suscrito por el Juez responsable mediante el cual devolvió el exhorto diligenciado (foja 33 ídem). Lo anterior evidencia que el exhorto 83 de veintisiete de enero de dos mil dieciséis ya fue diligenciado, dado que se emplazó a juicio a los aludidos demandados y ese medio de comunicación procesal fue devuelto al órgano jurisdiccional que substancia la controversia de origen, por lo que ante esa situación es inconcuso que se patentiza la causal de inejercicio de la acción de amparo invocada, ya que con la realización de los actos descritos fue cumplida la solicitud contenida en dicho exhorto, lo que da pauta a considerar que han cesado los efectos de los actos omisivos reclamados. Efectivamente, el hecho de que en este sumario obren las constancias de las diligencias de emplazamiento al juicio laboral 115/V/2015 practicadas a Viñedos El Alpino Productores de Uvas y Hortalizas, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, y a Francisco Mendoza Garcini el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, así como el oficio 698 de catorce de marzo siguiente, mediante el cual se devolvió el exhorto diligenciado evidencian que los efectos de los actos omisivos atribuidos a las responsables han desaparecido, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación al artículo 17 Constitucional. Es así, porque las conductas omisivas ejercidas por las aludidas autoridades que motivaron la promoción del juicio de amparo cesaron al haberse diligenciado el exhorto 83 de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; por tanto, la violación al derecho fundamental previsto por el arábigo 17 de la Carta Magna que en determinado momento pudo haberse cometido en perjuicio de la quejosa fue reparada por las propias responsables al emplazar a los mencionados demandados y devolver ese medio de comunicación procesal al Tribunal del trabajo exhortante. Conforme a lo expuesto es indudable que la realización de los actos descritos para cumplimentar la solicitud contenida en tal exhorto generaron la cesación de los efectos de los actos reclamados, porque no debe perderse de vista que el juicio de amparo fue promovido contra la omisión de las autoridades responsables de diligenciar ese medio de comunicación procesal; por tanto, la protección constitucional que en su caso se otorgara en términos de lo prescrito por los ordinales 73 y 77, fracción II, de la ley de la materia tendría por efectos obligar al Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, y a la Ministra Ejecutora adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, a que respetaran en beneficio de la inconforme el derecho fundamental consagrado por el numeral 17 de la Constitución General de la República; por consiguiente, a que emplazaran a juicio a los referidos demandados, en los términos que estatuye la Ley Federal del Trabajo y una vez que haya sido diligenciado el aludido exhorto lo devolvieran a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Desde esa perspectiva, si en este juicio de amparo está demostrado que ya fue diligenciado el exhorto 83 de veintisiete de enero de dos mil dieciséis es incuestionable que las consecuencias jurídicas de las conductas omisivas atribuidas a las responsables han cesado, ya que con el emplazamiento a juicio de los referidos demandados y la devolución de ese medio de comunicación procesal al Tribunal exhortante se destruyeron sus efectos de manera inmediata, absoluta e incondicional, es decir, se eliminó de manera total, completa, definitiva y permanente el resultado que producían esas omisiones, lo que propició que se restablecieran las cosas al estado en que se encontraban antes de la promoción del juicio de amparo y, en esa medida, repuso a la parte quejosa en el derecho fundamental violado. Por tanto, si la diligenciación del exhorto 83 de veintisiete de enero de dos mil dieciséis provocó que los actos omisivos impugnados en este juicio de amparo ya no produjeran consecuencias jurídicas en sentido negativo, ni causaran afectación alguna en la esfera de derechos de la parte quejosa ante la cesación de sus efectos es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer en el presente juicio constitucional respecto de los actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, y a la Ministra Ejecutora adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, en términos de lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la propia legislación. Cabe agregar que el no sobreseer implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la génesis del acto reclamado, ya que resultaría contrario a la naturaleza del juicio que éste se siguiera sin alguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado. Las consideraciones anteriores tienen respaldo en la jurisprudencia 2a./J. 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, página doscientos diez, que indica: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Asimismo, se invoca en apoyo de la determinación adoptada la tesis P. CL/97, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, Materia Común, página setenta y uno, que reza: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 509, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página trescientos treinta y cinco, de contenido siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. También se invoca en respaldo de las consideraciones expuestas, la tesis localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 187-192, Primera Parte, Materia Común, página ochenta y ocho, que informa: SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Martha Delfina Flores Hernández respecto de los actos reclamados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas; al Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, y a la Ministra Ejecutora adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta sentencia. Notifíquese por conducto del Juzgado de Distrito de origen; se instruye a la Secretaria para que en términos de la circular CAR06/CCNO/2011 de quince de marzo de dos mil once, suscrita por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos ingrese la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y agregue en autos el acuse respectivo; anótese el sentido del fallo en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal; con el original de esta resolución y disco compacto que contenga su archivo electrónico devuélvanse los autos respectivos al lugar de su procedencia, por lo que deberá quedar testimonio de ella en el cuaderno de antecedentes 262/2016 del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma Genaro Antonio Valerio Pinillos, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, asistido de Paulina Cisneros Nájar, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy treinta de mayo de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores de este Juzgado. Doy fe. PCN/fhl En esta misma fecha, mediante el oficio 615/2016 se devolvieron los autos al juzgado de origen. Conste.
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