Martha del Socorro Santos Cime
Expediente 1546/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1546/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Martha del Socorro Santos Cime
Actuaciones
- Principal
MESA VIII.- Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos los informes justificados rendidos por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuaria de su adscripción. Ahora bien, de las referidas constancias se advierte que se actualiza una causal de improcedencia que produce el sobreseimiento de este juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, por las razones que a continuación se exponen. INTRODUCCIÓN. *** reclama esencialmente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuaria de su adscripción, la negativa de continuar con el juicio laboral de origen 1146/2020, que se traduce en la falta de aplazamiento al juicio de origen de la parte demandada. Ahora bien, la suscrita estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que hace improcedente el presente juicio de amparo indirecto, esto es, han cesado los efectos del citado acto reclamado que la parte quejosa atribuye a las autoridades responsables. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: I. .. "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado."...." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la quejosa en el goce de sus derechos humanos violados. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, del legajo de copias certificadas que remitió la Junta responsable con su informe justificado, a las cuales se adhirió la actuaria de su adscripción, y que tienen valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se aprecia que el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, tal como se desprende de la cédula de notificación, realizada por la actuaria adscrita a la junta responsable, se notificó a la parte demandada el acuerdo de veintiuno de junio y cuatro de enero de dos mil veintiuno, así como el escrito inicial de demanda de catorce de diciembre de dos mil veinte. De lo anteriormente reseñado, resulta incuestionable que el acto omisivo que se le reclama ha cesado en sus efectos, actualizándose en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que se actualiza la citada causal de improcedencia manifiesta e indudable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes del acto que dio origen a la promoción del juicio constitucional, de modo tal, que produjo el resultado de una sentencia concesora, en la medida en que ya ha sido emitido el acto omisivo que la parte quejosa reclamó, pues ha sido restituida en el goce de sus derechos violados, en virtud de que la abstención imputada a las responsables, ha dejado de existir, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada la señalada en el artículo 17 Constitucional. Cabe agregar que el no sobreseer respecto de la emisión de la resolución, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN. Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada en este juicio. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia del rubro y tenor literal siguiente: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA V.- Agréguese a los autos el oficio signado por el Coordinador Departamental de Recursos de Revisión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado la sentencia dictada en este juicio de amparo, junto con los anexos que acompaña. En ese tenor, conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo correspondería dar vista con los mismos a las partes para que realicen manifestaciones sobre el cumplimiento de la sentencia; sin embargo, ello no se estima necesario, pues tanto la parte quejosa, como la tercera interesada han referido lo conducente. En ese sentido, ambas partes, habiendo conocido el acto por medio del cual la autoridad responsable pretende cumplir el fallo federal, se han pronunciado en el sentido de que dicho acto no constituye un cumplimiento exacto de lo sentenciado, sino que va más allá de lo previsto. En efecto, este órgano jurisdiccional sobreseyó en el juicio y negó el amparo y la protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa, mediante sentencia de quince de marzo de dos mil diecinueve, por lo que dicha parte interpuso el correspondiente recurso de revisión. Al pronunciarse sobre el mismo, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado por la quejosa para los siguientes efectos: ".que el Subdirector Divisional de Prevención de la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, realice lo siguiente Deje Insubsistente el oficio con número de folio 43942 de veinte de septiembre de dos mil dieciocho emitido en el expediente administrativo P.C.1554/2018 (M-123)17253476751; y Emita otro debidamente fundado y motivado, evitando incurrir en los vicios de legalidad advertidos." Cabe señalar que de los puntos considerativos de la sentencia de la Superioridad se desprende que el vicio en que había incurrido inicialmente fue el de otorgar medidas cautelares con base en dos billetes de depósito exhibidos por la aquí tercera interesada, y no haber tomado en consideración que para ello la norma exigía fianza. Sentado lo anterior, se trae a colación que la autoridad responsable efectivamente dejó sin efectos el oficio señalado y requirió a la parte tercera interesada la exhibición de una fianza a fin de otorgar las medidas cautelares solicitadas, pero también declaró sin efectos todo lo actuado en el procedimiento a partir de dicho oficio, actuaciones que no habían sido materia de la ejecutoria del Tribunal Colegiado. En efecto, la autoridad únicamente debía dejar sin efectos el oficio por el que otorgó las medidas cautelares con base en los billetes de depósito exhibidos por la parte tercera interesada y dejar intocadas las restantes actuaciones, máxime que si bien guardan relación, dicho vínculo no implica que los vicios en la concesión de las medidas importen la contaminación de los demás procedimientos y actuaciones. Es por ello que este órgano jurisdiccional considera que le asiste razón a las partes, tanto quejosa como tercera interesada, en el sentido de que la autoridad en cuestión se excedió en el cumplimiento de la sentencia, lo que impide tenerla por cabalmente cumplida. Por tal razón, con fundamento en el artículo 192 de la indicada Ley de Amparo, requiérase a la autoridad en cita para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, cumpla con exactitud la ejecutoria de amparo en los términos antes precisados, esto es, declarando que únicamente queda sin efectos el oficio con el que otorgó las medidas y dictando en cuanto a ello, lo que en derecho proceda, pero que surten plenos efectos los actos posteriores, siempre que no hayan sido nulificados por algún otro pronunciamiento judicial. Por tanto, deberá remitir las constancias debidamente certificadas que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa, equivalente a cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la referida Ley de Amparo; asimismo, si este juzgado califica que la autoridad actuó injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en las ejecutorias concesorias de amparo; se iniciará el procedimiento de incumplimiento a la ejecución de las sentencias de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese personalmente.
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