Martha de los Ángeles Zamora Martínez
Expediente 642/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Martha de los Ángeles Zamora Martínez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 642/2020 III-B, promovido por **, contra los actos que reclama de los integrantes de la Junta Especial Número Cuatro Bis la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. I. ANTECEDENTES El cinco de abril de dos mil diecisiete, la quejosa ***, presentó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, demanda laboral en contra de Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, reclamando diversas prestaciones de carácter laboral. Dicha demanda fue radicada con el número ***, del índice de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Manifestó que a la presentación de la demanda origen de este sumario, ante la autoridad responsable señalada por la disidente de amparo, se han desahogado todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes en dicho juicio laboral, siendo la última el cuatro de julio de dos mil diecinueve. Por lo anterior, señala que la autoridad responsable ha sido omisa en otorgar el término para formular alegatos, para el cierre de instrucción y por último, el dictado del laudo correspondiente, dentro del juicio laboral **, de su estadística. Por ello, estima que ese ente público viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, el veintiuno de octubre del año en curso. La parte quejosa señaló como autoridad responsable y actos reclamados lo siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Integrantes de la Junta Especial Número Cuatro Bis la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. IV. ACTO RECLAMADO. De la autoridad responsable reclamo: La omisión de otorgar término parta formular alegatos, ordenar el cierre de instrucción y dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral **. Como consecuencia de ello; La omisión de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez en el proceso, principios previstos en el artículo 695 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria. La omisión de desarrollar el proceso laboral en los términos señalados por la Ley Federal del Trabajo. La falta de administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal." La demanda quedó registrada con el progresivo 642/2020 y en proveído de veintidós de octubre de la presente anualidad fue admitida a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se otorgó la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este órgano de control constitucional conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; el acto reclamado es de naturaleza laboral y la autoridad responsable se ubica dentro la demarcación territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama de los integrantes de la Junta Especial Número Cuatro Bis la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, lo siguiente: La omisión de cerrar instrucción en el juicio laboral **, del índice de la autoridad responsable. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El Presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, manifestó que es parcialmente cierto el acto que se le reclama. Lo anterior, en razón de que el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se declaró el cierre de instrucción del juicio laboral en comento. Para sustentar su informe de ley, la autoridad responsable remitió diversas copias certificadas, derivadas del juicio **. Documentales que se les otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su numeral 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Ahora bien, es necesario tener presente el contenido de los ordinales 1, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, el precepto invocado hace referencia a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia legislación al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el ordinal 63, fracción IV, de la ley de la materia en relación con los diversos que fueron insertos es factible concluir que cuando se trata de actos reclamados de carácter positivo o negativo su existencia o certeza debe analizarse en atención a la fecha en la que se presentó la demanda de amparo, porque dicho precepto no distingue la materia en la que se haya originado el acto impugnado ni la naturaleza de éste. Lo expuesto se justifica porque la parte quejosa al presentar su demanda de amparo pretende obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior, se refiere a la restitución en el pleno goce del derecho humano violado mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión. Es decir, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que esa prerrogativa exija y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación como podría suceder en la hipótesis en la que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción de amparo, sino que se produjera durante la tramitación del juicio biinstancial, lo cual es inadmisible jurídicamente porque esa situación generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no en contra de actos u omisiones concretas que sean existentes. Ahora bien, en el caso concreto, debe precisarse que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, el veintiuno de octubre de dos mil veinte, según se aprecia de la papeleta y del sello de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el cuatro de septiembre del año próximo pasado, se declaró el cierre de instrucción de dicho juicio; por tanto, debe concluirse que el acto reclamado, a la fecha de la presentación de la demanda, era inexistente. Entonces, como ya se dijo, si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el acto reclamado era inexistente, es indudable que se actualiza la hipótesis establecida por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. La decisión adoptada tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Finalmente, resulta importante destacar, que el suscrito juzgador de Distrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por el representante social adscrito, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. VI. DECISIÓN En consecuencia, como no existe prueba en contrario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede en este asunto es decretar el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos reclamados a la Junta Especial Número Cuatro Bis la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en términos de lo expuesto en el apartado V, de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en lo dispuesto con el numeral 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; asimismo, téngase como pruebas de su parte las documentales que remite, las cuales de ser procedentes podrán ser tomadas en cuenta al momento de la resolución que se dicte en el presente sumario, con lo anterior dese vista a las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veinte. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Fiscal Federal adscrito a este órgano de control constitucional formula sus alegatos y solicita copia certificada de la resolución que en su oportunidad se dicte en este asunto. Al respecto, se tiene al representante social por formulados sus alegatos en términos de lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. En otro punto, con fundamento en lo estatuido por el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en su oportunidad expídasele copia certificada de la resolución que se dicte en este medio extraordinario de defensa. NOTIFÍQUESE.
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