Martha Corona Zouza
Expediente 707/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 707/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Martha Corona Zouza
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el escrito signado por el licenciado Eduardo Serrano Castro, autorizado en términos amplios del quejoso José Manuel González Paniagua, por el cual en atención al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en auto de veintiuno de junio actual, bajo protesta de decir verdad manifiesta lo siguiente: ".la razón bajo protesta de decir verdad, que impide al quejoso José Manuel González Paniagua, acudir a este Tribunal a proporcionar las muestras de firmas que se requieren, es porque se encuentra en los Estados Unidos de Norte América, concretamente en la ciudad de Chattanooga, del Estado de Tennessee, buscando un empleo temporal a fin de obtener recursos económicos dada la situación financiera por la que atraviesa." En virtud a lo anterior, se deja sin efectos el requerimiento formulado a la parte quejosa en acuerdo de veintiuno de junio actual. Ahora bien, del estado de autos se advierte que mediante proveído de fecha ocho de junio actual, se señalaron las once horas con tres minutos del quince de junio del año en curso, a efecto de que comparecieran ante este juzgado federal José Manuel González Paniagua y Javier Orozco Villaseñor, con la finalidad de que el perito oficial les recabara las muestras de firmas, sin que el quejoso haya comparecido a este juzgado, tal y como se advierte del acta de quince de junio actual. En otra tesitura, el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece lo siguiente: ARTICULO 89.- Cuando una de las partes se oponga a la inspección o reconocimiento ordenados por el tribunal, para conocer sus condiciones físicas o mentales, o no conteste las preguntas que le dirija, deben tenerse por ciertas las afirmaciones de la contraparte, salvo prueba en contrario. Lo mismo se hará si una de las partes no exhibe, a la inspección del tribunal, la cosa o documento que tiene en su poder o de que puede disponer. En virtud a lo anterior, dígasele a la parte quejosa que no es procedente acordar de conformidad lo solicitado en su libelo de cuenta; en consecuencia, tal y como lo dispone el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como ciertas las objeciones realizadas por el tercero interesado Javier Orozco Villaseñor., en perjuicio de la parte quejosa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Jjg
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 23 de junio de 2023, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio ********************, firmado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta los autos originales del juicio de amparo directo ********************, de su índice, promovido por ********************, contra actos del ********************, del que se advierte que en auto de ocho de junio de este año, resolvió lo siguiente: PRIMERO. La demanda de amparo promovida por la quejosa ********************, por propio derecho no corresponde a la competencia legal de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito. - - - SEGUNDO. Fórmese cuaderno de antecedentes; con transcripción de este acuerdo y por las razones expuestas con antelación, remítase todo lo de cuenta al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO, EN TURNO, CON SEDE EN MORELIA, Michoacán, CON EXCEPCIÓN DEL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO ; por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, en esta ciudad, para que acuerde lo procedente y SE SIRVA ACUSAR RECIBO de estilo; en su oportunidad y previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Acúsese recibo. Fórmese el expediente de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número IV-707/2023-A. Analizada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El proveído pronunciado de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo indirecto 1024/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. Entonces, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el aludido precepto podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Al respecto, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.). Dicha causal de improcedencia tiene la finalidad de preservar la calidad de instrumento de control constitucional que corresponde al juicio de amparo, conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, para no desnaturalizarlo confundiéndolo con medio de impugnación ordinario. En el caso, como ya quedó establecido, los actos reclamados fueron emitidos dentro de un juicio de amparo indirecto y, por ende, en su contra sólo se pueden hacer valer los recursos ordinarios que prevé la Ley de Amparo y no un diverso juicio de amparo. Lo anterior, revela que la cuestión que ahora plantea la quejosa en su demanda de amparo no es susceptible de análisis a través de otro juicio de amparo indirecto. Es aplicable por analogía jurídica sustancial, la jurisprudencia P.J. 2/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional. Aclarando que como en el caso no sólo se alega la violación de derechos fundamentales por parte el Juez de Distrito, sino que se reclama un acuerdo dictado dentro de un juicio de amparo, la consecuencia no es la inoperancia de alegaciones, sino la improcedencia de la demanda. En virtud de lo anterior, con sustento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda intentada, por su notoria e indudable improcedencia. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde ahora se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se exhorta a las partes para que obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos quince en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Se autoriza al actuario de este juzgado practicar notificaciones por lista a la parte quejosa de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo cuando para llevar a cabo una notificación personal se constituya en el domicilio correcto de lo cual deberá cerciorarse y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previo aviso fijado en la puerta y las razones que al respecto se levanten. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Finalmente, toda vez que la parte quejosa no señala domicilio para oír y recibir notificaciones, se ordena que las mismas y las subsecuentes de carácter personal que se realicen a la parte quejosa, se hagan por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de doce de junio del año en curso, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo.
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