Martha Claudia Gómez Calva

Expediente 924/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
924/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
11/11/2020

Partes del expediente

  • Martha Claudia Gómez Calva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    (PRAL) Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, relativos al cuadernillo P.- 1027/2012, promovido por Adán González Vega y otros, se advierte que la autoridad Jefe de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el Estado de Chihuahua, ha sido omisa en remitir original o copia certificada de ***, consecuentemente, de conformidad con los artículos 17 constitucional, 75, tercer párrafo, 211 de la Ley de Amparo y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, dada la complejidad de la información requerida y tomando en consideración, además, la cantidad de personas a las que les fue concedido el amparo y protección de la justicia federal y con el fin de que la autoridad requerida cuente con un plazo que se considera suficiente para el desahogo de la totalidad de la información requerida, se REQUIERE NUEVAMENTE al Jefe de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el Estado de Chihuahua, para que dentro del término DIEZ DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente auto se realice, remita a este Juzgado Federal, original o copia certificada de los siguientes documentos: ***. Se apercibe a la autoridad requerida, que en caso de no desahogar el requerimiento aquí formulado, o bien no manifestar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a CINCUENTA VECES el valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos del a Ley de Amparo y en atención a lo dispuesto por el artículo Tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, sin perjuicio de que la misma se vea aumentada ante el desacato a una orden judicial. Lo anterior a fin de que las expertas designadas para actuar en auxilio de las labores de este Juzgado, estén en aptitud de rendir y ratificar su dictamen pericial.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa la sentencia de fecha 26/octubre/2020, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio que se dejó en su domicilio. Sentencia cuyo contenido es: "Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 1003/2019, promovido por Acer Computec México y Aurion Tecnología, sociedades anónimas de capital variable, por conducto de su representante legal, Francisco Ascencio Méndez, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado el uno de julio siguiente a este Juzgado Séptimo de Distrito en dicha materia y sede, Francisco Ascencio Méndez, representante legal de Acer Computec México y Aurion Tecnología, sociedades anónimas de capital variable, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "II. AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Los Magistrados integrantes de la Sala Especializada en Juicios en Línea del H. Tribunal Federal de Justicia Administrativa (.) V. ACTOS RECLAMADOS: "***." Las quejosas estimaron violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por acuerdo de uno de julio de dos mil diecinueve se requirió a Francisco Ascencio Méndez, para que dentro del término de cinco días contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del proveído citado, manifestara, bajo protesta de decir verdad, que el documento electrónico que presentó para acreditar su personalidad, era copia íntegra e inalterada del documento impreso, de conformidad con el Acuerdo 1/2013, que regula la presentación de las demandas electrónicas, específicamente en su artículo 12, fracción f). O, en su caso, exhibiera el documento legible en original o en copia debidamente certificada, del que se advirtiera de manera fehaciente que Francisco Ascencio Méndez cuenta con facultades suficientes para instaurar el presente juicio de garantías en nombre y representación de Acer Computec México, sociedad anónima de capital variable y de Aurion Tecnología, sociedad anónima de capital variable, con el apercibimiento que de ser omiso en desahogar el requerimiento formulado se tendría por no presentada la demanda de amparo. TERCERO. Por escrito presentado en el Portal de Servicios en Línea, registrado en la oficialía de partes de este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el nueve de julio de dos mil nueve, Francisco Ascencio Méndez, desahogó el requerimiento formulado en autos. CUARTO. Mediante proveído dictado el nueve de julio de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda inicial registrada en el Libro de Gobierno con el número 1003/2019; requirió informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer del presente asunto, por razón de materia y territorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 35, 37, 107, fracción II, 108 y 124 de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclaman conductas atribuidas a autoridades residentes en la jurisdicción que corresponde a este órgano de Justicia Federal. SEGUNDO. Por el sentido que regirá la presente sentencia, se hace innecesario la fijación del acto reclamado así como la precisión de su certeza o inexistencia, toda vez que esta juzgadora advierte una causa de sobreseimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 de la Ley de Amparo y, además con apoyo en la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el presente asunto se advierte la existencia y operatividad de una causa que vuelve inejercible la acción de garantías, la cual debe ser analizada en forma previa, por tratarse de una cuestión de oficio y orden público en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Amparo, por lo que no se realizará el estudio de los conceptos de violación estimados por la parte quejosa. Se estima que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 63, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Para avalar tal postura, se estima necesario mencionar lo que disponen los preceptos legales referidos, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. (.)" De los preceptos citados se obtiene que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley de la materia; asimismo, se establece que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando el agraviado (quejoso) se desista expresamente de la demanda de amparo. Por otra parte, resulta pertinente señalar lo que prevé el artículo 6 de la Ley de Amparo, que precisa: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la norma de orden legal citada se advierte que están legitimados para promover el amparo aquellos gobernados que resientan perjuicio en su esfera jurídica con motivo de una ley, tratado internacional, reglamento o cualquier otro acto, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente. Por lo anterior y en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República y al diverso 6 de la Ley de Amparo, al ser la voluntad para promover el juicio de amparo un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que se evidencie que la parte quejosa pueda desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior, como se dijo, se encuentra reconocido en el numeral 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado. Ahora bien, en razón de que en el cuadernillo de antecedentes derivado del juicio de amparo en que se actúa, formado el nueve de octubre del año en curso, en donde consta el escrito signado por Juan José Córdova García, promoviendo en representación de las quejosas, con el cual manifestó su decisión de desistirse del juicio, así como la diligencia de ratificación del referido ocurso por parte del representante legal de las peticionarias de garantías, de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, procede sobreseer en el presente juicio, conforme al artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, el escrito de desistimiento que presentó y ratificó la parte quejosa, por conducto de su representante legal, cumple con el supuesto que establece el numeral 63, fracción I, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Por tanto, en las relatadas circunstancias, al haberse actualizado el supuesto que establece el numeral 63, fracción I, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo que procede en la especie es sobreseer en el presente juicio de amparo por desistimiento expreso de la parte quejosa. Lo anterior es así, porque el desistimiento implica la voluntad del promovente de no continuar activando la instancia jurisdiccional, máxime que el normativo constitucional 107, fracción I, consagra el principio fundamental, de instancia de parte quejosa, en el caso Juan José Córdova García, quien ha desistido de la prosecución del presente juicio constitucional en representación de Acer Computec México, sociedad anónima de capital variable y de Aurion Tecnología, sociedad anónima de capital variable; en tal virtud, es inconcuso que en la especie se actualiza la hipótesis normativa prevista en el supraindicado precepto 63, fracción I, de la ley invocada. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 82/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 32, julio de 2016, Tomo I, página 462, de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." También la consideración expuesta en la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, agosto de dos mil seis, página doscientos noventa y cinco, de rubro y texto: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Asimismo, el criterio contenido en la tesis 2ª/J.33/2000, página ciento cuarenta y siete, Tomo XI, abril de dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la solo declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como uno de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Finalmente, tiene aplicación al caso la tesis número treinta y dos del Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, visible a fojas seiscientos setenta y nueve de la Octava Época del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo texto es: "SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO, POR DESISTIMIENTO DE DEMANDA.- Si de autos aparece la certificación de la Secretaría de Acuerdos del Tribunal que el quejoso se desistió de la demanda de amparo y éste no lo ratifica en el término que se le señaló para ello, con el apercibimiento de que de no hacerlo se le tendrá por desistido en el juicio de garantías, es inconcuso que en la especie se actualiza la hipótesis contenida en la fracción primera del artículo 74 de la Ley de Amparo, por lo que es procedente sobreseer en el juicio." No obsta a lo anterior, la circunstancia de que el escrito de desistimiento así como la ratificación que de éste hiciera la parte quejosa fueran recibidos después de la celebración de la audiencia constitucional (dieciocho de septiembre de dos mil veinte), toda vez que incide sobre la improcedencia del juicio de amparo, por lo que debe tomarse en consideración para resolver en definitiva, pues como ya se asentó, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y deben estudiarse de oficio. Es aplicable al caso, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicado en la Octava Época, página 198, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, del rubro y texto siguientes: "AMPARO, IMPROCEDENCIA EN EL. DEBE TOMARSE EN CUENTA LA DOCUMENTAL PRESENTADA DESPUÉS DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO ACREDITA UNA CAUSAL MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. La circunstancia de que haya sido ya celebrada la audiencia constitucional en el juicio de garantías, no imposibilita jurídicamente al Juez de Distrito para tomar en consideración, al dictar el fallo respectivo, aquellos documentos que aunque recibidos con posterioridad a la verificación de ese acto, guarden relación directa o inmediata con la improcedencia del juicio, pues la celebración de dicha audiencia únicamente impide la realización de actos procesales posteriores a la misma, más no el que se alleguen documentos que versen sobre la improcedencia del juicio, dado que ésta es de orden público y, por tanto, debe ser analizada de oficio." Así como por su interpretación, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo ochenta y siete, página setenta y dos, de la Séptima Época, en materia común, que reza: "PRUEBAS SUPERVENIENTES EN LA REVISIÓN DEL AMPARO. Como en el juicio de amparo no hay reglas sobre la prueba superveniente, resulta aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 253 dispone que en la segunda instancia abierta en el principal se pueden recibir pruebas exhibidas por las partes sin entorpecer el procedimiento, siempre que no hubieren recibido en la primera instancia por causas ajenas a su voluntad, lo que necesariamente incluye las pruebas documentales supervenientes, relativas a actos de fecha posterior a la audiencia constitucional del juicio de amparo. Pues sería indebido procesalmente dictar sentencias que establecieran cosa juzgada contradictoria, o situaciones jurídicas conflictivas, por no tomar en cuenta, por ejemplo, sentencias de amparo dictadas o que hubieran causado ejecutoria, posterioridad a la audiencia constitucional celebrada en primera instancia en el diverso juicio de amparo en que dichas sentencias son exhibidas durante la tramitación de la revisión." Consecuentemente, al actualizarse de manera indubitable las causas de improcedencia analizadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo; sin que en el caso sea necesario el análisis de diversas causas de improcedencia planteadas por las autoridades responsables, toda vez que en nada cambiaría el sentido de la resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página cuatrocientos catorce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." En consecuencia, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el inconforme en relación con la inconstitucionalidad que se aduce de los actos reclamados precisados en párrafos precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número VI, 1º.J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 252 del Tomo XXIIXXIV, Octubre- Diciembre de 1989, correspondiente a la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de LETICIA DURAN GONGORA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.1e.97 06/09/21 12:12:37 Sección de trámite. Juicio de amparo 1003/2019. 11 garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, y con fundamento en los numerales 63, fracciones I y IV, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Acer Computec México y Aurion Tecnología, sociedades anónimas de capital variable, por conducto de su representante legal, Francisco Ascencio Méndez, en contra del acto y por la autoridad precisada en el resultando segundo, y en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por lista a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, y por oficio a la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Amparo. Así, lo resolvió y firma la Laura Gutiérrez de Velasco Romo, jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ante Leticia Durán Góngora, secretaria de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veintiséis de octubre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.".

  3. Principal

    ... téngase por recibido el oficio número "7253/2020", por medio del cual la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, devuelve el cuaderno principal del juicio de amparo 1690/2019 en un tomo, asimismo remite testimonio de la resolución pronunciada en el amparo en revisión número R.A. 97/2020 y tres copias del mismo. Hágase saber a las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio.". Acúsese recibo. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

  4. Principal

    * ...SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de garantías precisamente porque las autoridades responsables y vinculadas la acataron en sus términos. En tales condiciones, archívese el expediente como asunto concluido.

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