Martha Claudia Cristobal Roldan

Expediente 1072/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1072/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • Martha Claudia Cristobal Roldan

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes que se encuentran legitimadas para ello, hubiesen interpuesto recurso de revisión, contra la sentencia dictada en autos, en la cual, sobreseyó el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. archívese el expediente como asunto concluido. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Orden de depuración y/o destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es destruible, y se tendrá que conservar por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Relevancia documental. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documentos. hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo y anexos, promovida por Martha Claudia Cristobal Roldan y Francisco Javier Silva Vidal en representación de Oscar Iván Blanco Álvarez, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Grupo de Litigación de Otumba, Estado de México y otras autoridades. Precisión. Del contenido de la demanda, se desprende que la promovente, reclama: La OMISION de la autoridad ministerial de llevar a cabo actos de investigación solicitados por el hoy quejoso a fin de esclarecer los hechos sobre los cuales se me acusa. Omisiones que se contraponen a LOS ESTÁNDARES CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES para lograr un debido proceso. La falta de notificación de todos los acuerdos dictados para llevar a cabo las diligencias de desahogo de pruebas, a pesar de la solicitud que se ha hecho a fin de I que le exhibí el siguiente correo electrónico para notificación amparodevida@gmail.com . Esto por la prevención de salud por el COVID- 19 La omisión de informar sobre las pruebas solicitadas en la carpeta de investigación. La omisión de seguir los Protocolos de Investigación respecto de los indicios recabados. Negó la ejecución de un dictamen en PSICOLOGIA DEL TESTIMONIO. La falta de investigación efectiva, seria e imparcial para el esclarecimiento de 10ls hechos, de que es notorio un desconocimiento por parte de la autoridad responsable respecto del principio de Protección que deben tener todas las autoridades, ya que dicha, autoridad lleva una investigación por puro formalismo. Incumpliendo los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad, pues desconoce el principio Pro personare, Mucho menos la inexistencia de la antinomia de los tratados internacionales y/la constitución Política de Los Estados Unidos. La negación de proveer sobre los actos de investigación solicitados alegar/do exigencias técnicas legales que supuestamente yo incumplo por no decirle la imposibilidad para presentarle dichas probanzas. Amen de que solo se concreta a decir "NO HA LUGAR" sin motivar ni fundamentar sus razones. Decisión sobre la instancia constitucional. Ahora bien, el Juez de amparo tiene la obligación de analizar la demanda de garantías y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que, resulta necesario analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, que no se opone a las disposiciones de la Ley de Amparo aplicable; visible en la página 553; tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara, de la sola lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera aquélla y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: Octava Época Registro: 221353 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 198 "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En ese sentido, este juzgado de Distrito advierte la existencia de una causa de improcedencia, respecto al acto citado. Ante ello, es dable traer al estudio el contenido del artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo que consignan lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. (.)". Acorde con tales preceptos, la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar sus actos, deviene de la afectación que éstos pudieran ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. En ese sentido, para considerar que a las personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que la promovente del juicio de amparo, acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, después, la afectación personal y directa producida por los actos reclamados; por ende, no se tendrá por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia, si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal o, en su caso, de existir, no resientan afectación alguna por los actos de autoridad que se reclaman. En efecto, el artículo 107, fracción I, Constitucional, establece en su párrafo primero, que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, el mismo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, como lo ha distinguido el Más Alto Tribunal, existen tres tipos de interés atendiendo al nivel de afectación sobre la esfera jurídica de la persona: el simple, el legítimo y el jurídico. El interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el sólo hecho de ser miembro de la comunidad, en otras palabras, es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de afectación en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo. Es por ello que tal interés constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. Por su parte, el interés jurídico ha sido determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquel que se identifica con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer, o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. En tanto que el interés legítimo, se trata de una posición intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción, por lo que requiere de una afectación en sentido amplio a la esfera jurídica del promovente, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene frente al orden jurídico. Así es, la redacción constitucional en torno al interés para acudir al juicio de amparo -tratándose de actos o resoluciones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo-, exige que lo haga la parte agraviada, pero tal concepto fue desarrollado y segmentado en dos supuestos, pudiendo ser: I) el titular de un derecho subjetivo; o, II) el titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Caso concreto. Ahora bien, como ya se precisó, en el caso que nos ocupa el solicitante de amparo se duele de: "La OMISION de la autoridad ministerial de llevar a cabo actos de investigación solicitados por el hoy quejoso a fin de esclarecer los hechos sobre los cuales se le acusa. Omisiones que se contraponen a LOS ESTÁNDARES CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES para lograr un debido proceso. La falta de notificación de todos los acuerdos dictados para llevar a cabo las diligencias de desahogo de pruebas, a pesar de la solicitud que se ha hecho a fin de que le exhibió el siguiente correo electrónico para notificación amparodevida@gmail.com .Esto por la prevención de salud por el COVID- 19 La omisión de informar sobre las pruebas solicitadas en la carpeta de investigación. La omisión de seguir los Protocolos de Investigación respecto de los indicios recabados. Negó la ejecución de un dictamen en PSICOLOGIA DEL TESTIMONIO. La falta de investigación efectiva, seria e imparcial para el esclarecimiento de los hechos, de que es notorio un desconocimiento por parte de la autoridad responsable respecto del principio de Protección que deben tener todas las autoridades, ya que dicha autoridad lleva una investigación por puro formalismo. Incumpliendo los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad, pues desconoce el principio Pro personare, Mucho menos la inexistencia de la antinomia de los tratados internacionales y/la constitución Política de Los Estados Unidos. La negación de proveer sobre los actos de investigación solicitados alegando exigencias técnicas legales que supuestamente yo incumplo por no decirle la imposibilidad para presentarle dichas probanzas. Amen de que solo se concreta a decir "NO HA LUGAR" sin motivar ni fundamentar sus razones." Asimismo, de su escrito de demanda de amparo, el promovente, reclama en esencia actos referentes a la carpeta de investigación OTU/FTE/FCS/093/055681/21/03, que actualmente se encuentra en trámite con motivo de la investigación complementaria ordenada en la carpeta administrativa 30/2021, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Otumba, Estado de México; empero dichos actos no son de aquéllos que producen una afectación de manera personal, directa e inmediata a la esfera jurídica del solicitante de amparo. Se sostiene lo anterior, toda vez que los actos reclamados por los representantes del quejoso Oscar Iván Blanco Álvarez, constituyen actos de investigación llevados a cabo durante la fase de investigación complementaria; que de considerar que le ocasionan una afectación, está en condiciones de acudir ante el juez de control a hacer valer lo que a su derecho convenga respecto de tales actuaciones y omisiones en que incurre la autoridad investigadora. En efecto, los actos aquí combatidos, no trastocan derechos subjetivos que permitan la procedencia del juicio de amparo biinstancial, en virtud a que no causan perjuicios de imposible reparación sobre las personas o las cosas, esto es, no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse; ello, cuando el fiscal consigne la investigación, como aconteció en la especie. Lo anterior se robustece con el contenido de la tesis, la cual es aplicable por similitud de condiciones jurídicas. Registro digital: 180028 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Penal Tesis: 1a. CXXXV/2004 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Diciembre de 2004, página 351 Tipo: Aislada "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Asimismo, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1947, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO." También, es aplicable, la tesis I.4º.P.35 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tribunal Colegiado de Circuito, libro 76, tomo II, marzo de 2020, página 933, que señala: INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE REALIZAR LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN PROPUESTOS POR LAS PARTES EN ESTA ETAPA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO QUE, POR SÍ SOLO, NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO. En efecto, el ministerio público al integrar una carpeta de investigación, está facultado para llevar a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los hechos delictuosos, lo que no causa perjuicio al gobernado contra el cual se inició la investigación, en tanto que se trate de actos de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos, obligación de la representación social, por mandato expreso del artículo 21 constitucional. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2601, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Además de lo anterior, conviene destacar que los actos de investigación que realiza el Ministerio Público durante la fase de investigación complementaria no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como actos de parte procesal cuyo control está supeditado al juez que lleva el proceso. Robustece lo anterior, la tesis V.2º.P.A.19 P, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en la página 2171, Noviembre de 2019, Tomo III, que dice: ABSTENCIONES, OMISIONES O DILACIONES ATRIBUIDAS AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia, respecto del acto precisado y se desecha de plano la demanda de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tribunal Colegiado de Circuito, tomo XIV, agosto de 2001, página 1318, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Domicilio procesal y autorizados. Domicilio Como lo solicita se le tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista de publicación que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo. Autorizados Se tienen por autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Martha Claudia Cristobal Roldan y Francisco Javier Silva Vidal, por contar con registro de cédula ante el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho REGPROF. Copias y reproducción de constancias. Expedición de copias En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento constitucional, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Exhorto notificaciones electrónicas. En ese orden, atendiendo al contenido del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en cuanto a que debe buscarse que los juicios en línea puedan seguirse de manera remota de forma que no sea necesaria la presencia física del personal para la práctica de actuaciones; se exhorta a las partes promovente para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, soliciten la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para la práctica de notificaciones consulta de expediente electrónico y presentación de promociones y escritos. Asimismo se insta las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y números telefónicos, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; Lo anterior, en el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea.

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