Martha Chávez Ochoa

Expediente 927/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
927/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
13/11/2018

Partes del expediente

  • Martha Chávez Ochoa

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Colima, Colima, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Martha Chávez Ochoa, por quien se ostenta como apoderado legal Armando Miranda Roman, contra actos del Juez Mixto Civil y Mercantil de Manzanillo, Colima, y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14, 16, 17, 35, y 128, constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Consideraciones previas. Del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La emisión de la resolución que puso fin al juicio civil, dictada el catorce de septiembre del dos mil dieciocho. La notificación efectuada el dieciocho de septiembre del 2018 dos mil dieciocho. Desechamiento. Al respecto debe indicarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza a este tribunal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. En la especie, procede desechar de plano la demanda de amparo en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; En lo que interesa, conforme a lo previsto por dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 107, de la Constitución Federal y en la propia fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Es aplicable a esta consideración, la jurisprudencia número 986, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 12, Sexta Parte, página 37, la cual es de rubro y contenido siguiente: RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, apoya lo anterior el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Igualmente, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto. Por otra parte, los artículos 74, 75, 76, 77, 686, 687, 688, 690, 691 y 692 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, señalan lo siguiente: [A]RTÍCULO 74. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que queden sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine, pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dió lugar a ella. ARTÍCULO 75. La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra. ARTÍCULO 76. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del título II serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. ARTÍCULO 77. La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquella queda revalidada de pleno derecho con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. ARTÍCULO 686. A través del recurso de apelación el Tribunal de Alzada podrá revocar, modificar el auto o la sentencia recurridos o confirmar la resolución apelada, ello a solicitud de la parte agraviada, con excepción de lo dispuesto en el artículo 715 de este Código. ARTÍCULO 687. El Recurso de Apelación procede. I.- Contra las sentencias definitivas en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II.- Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la Ley no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no fuere apelable; III.- Contra los autos definitivos o los que independientemente de que tengan ese carácter: a) Denieguen la admisión de la demanda o los medios preparatorios a juicio; b) Resuelvan sobre acumulación de acciones o sobre la intervención de sucesores procesales o terceros; c) Rechacen la representación de alguna de las partes o resuelvan sobre cualquier otro presupuesto procesal; d) Deniegue el trámite de una excepción procesal o la resuelva; e) Decida sobre nulidades procesales; f) Acuerde sobre suspensión o interrupción del proceso u ordene que se levanten; g) Resuelva sobre la aprobación de transacciones y convenios, desistimiento, perención o cualquier otra causa que ponga fin al proceso; h) Decrete o levante medidas cautelares; y i) Causen un gravamen que no pueda repararse en la sentencia definitiva. IV.- Contra las demás resoluciones expresamente señaladas en este Código. ARTÍCULO 688. El Recurso de Apelación se concede. I.- Al litigante contra quien se dictó la resolución, si creyere haber recibido algún agravio. II.- A los terceros que hayan salido al juicio y a los demás intervinientes a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió, a menos que se trate de apelación adhesiva. El vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar en lo que a estos puntos de la resolución se refiere. ARTÍCULO 690 [primer párrafo]. La apelación debe interponerse por escrito ante el Juez que pronunció la resolución impugnada y, con excepción de los casos en que este Código establece que se tramite conjuntamente con la sentencia definitiva, el apelante deberá expresar los agravios que le causa y los motivos que originaron ese agravio. Además, deberá exhibir copias del mismo para cada una de las partes. En caso de que el apelante no cumpla con esta disposición el Tribunal ordenará que se expidan a su costa. Conforme a lo anterior, debe decirse que la ley de donde derivan los actos, concede a los litigantes el recurso de apelación para inconformarse contra aquellas resoluciones con las cuales no estuvieran de acuerdo y que ponga fin al proceso como en el caso acontece, así como el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la notificación, por lo que a través de estos medios de defensa, las partes pueden lograr que la autoridad judicial revoque o modifique la determinación que les afecta o anular la notificación de que se duele. En ese tenor, debe decirse que la resolución reclamada por la parte quejosa y que hace consistir en contra de la resolución que puso fin al juicio civil de catorce de septiembre de dos mil dieciocho y la notificación efectuada el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, en modo alguno pueden ser nulificados en esta vía constitucional intentada, ya que tratándose de actos como los que en la especie se analizan, debe cumplirse con el principio de definitividad que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que, tal ilegalidad puede impugnarse dentro del procedimiento de donde se hacen derivar los actos, a través del recurso de apelación e incidente de ulidad contenido en los numerales transcritos con antelación. De ahí que de conformidad con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consignado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el quejoso debe agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley que regula los actos reclamados prevea en su contra; por ello, este principio debe acatarse cuando se reclama una resolución que pone fin al juicio civil, en tanto que es impugnable a través del recurso de apelación, así como el incidente de nulidad contra la notificación que dice es ilegal. No es óbice a lo anterior, que en principio el acto reclamado, pudiese ser considerado de ejecución irreparable; sin embargo, esa circunstancia en forma alguna, exime a aquel que se siente agraviado, de interponer el recurso procedente en su contra, puesto que la característica de irreparabilidad del acto no está comprendida entre las excepciones al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, previstas por los artículos 107, fracciones III, IV y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracciones XVII y XX, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a esta consideración, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 1a./J. 44/2012 (10a.), cuya epígrafe y contenido es del tenor literal siguiente: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. En ese sentido, si en contra de del acto reclamado procede el recurso de apelación, previo a la demanda de amparo, la parte quejosa debió agotar tal medio ordinario de defensa previsto en la ley ordinaria y al no haberlo hecho así, el presente juicio de amparo es improcedente de acuerdo con lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, con apoyo en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 113, ya invocado, se desecha la demanda de amparo por notoria improcedencia. VI. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado en la demanda de amparo y como autorizados para tales efectos, a los licenciados ********************y********************, por así haberlo solicitado. VI. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias; asimismo, se autoriza al Actuario para que en caso de que el quejoso manifieste su deseo de desistirse del presente juicio, recabe la constancia conducente y de cuenta a este órgano jurisdiccional con la misma. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, Vladimir Véjar Gómez, quien actúa asistido del [la] Secretario[a] Alejandra Navarro Moctezuma, que autoriza y da fe. Doy fe.

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