Martha Celia García Mendoza
Expediente 932/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 932/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Martha Celia García Mendoza
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto por el que este Juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, en esta ciudad, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
CONSTANCIA. En cumplimiento al AVISO de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte QUEJOSA el proveído de dieciocho del citado mes y año, toda vez que no acudió a este juzgado los días veintitrés ó veinticuatro de los actuales, no obstante el AVISO que se le dejó para tal fin; proveído que en lo conducente dice: Téngase por recibido el escrito de demanda presentado por *** contra actos del Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, en esta ciudad, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 932/2016-III anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, el numeral 113 de la Ley de Amparo vigente establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. Sentado lo anterior se tiene que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 217, ambos de la Ley de Amparo. Los artículos y fracción en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Del primer artículo transcrito puede advertirse que el juicio de amparo es improcedente, cuando ello resulte de alguna disposición de la ley, entendida ésta no sólo como un precepto legal o constitucional, sino también de un criterio jurisprudencial. Es así, pues las causales de improcedencia referidas en el artículo 61 de la ley de la materia no deben entenderse de manera limitativa, sino enunciativa; esto es, el motivo de improcedencia puede encontrarse no expresamente contemplado en la ley, sino derivar de una jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Como premisa fundamental debe establecerse que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el juicio constitucional sólo procede respecto de actos preexistentes, es decir, aquéllos que sean reales y actuales o inminentes . De donde se sigue que el amparo no procede contra actos futuros de realización incierta. En el caso concreto, de la lectura de la demanda se advierte que la peticionaria del amparo fue designada perito por la parte actora en el sumario de origen y en ese sentido y ante su inasistencia a la audiencia del juicio, reclama la eventual condena que llegare a decretarse en su contra por los perjuicios que se causaren a la parte que la designó. Así, puede advertirse en principio, que ni siquiera existe una condena decretada en su contra por tal concepto, aunado a que, de emitirse una resolución en ese sentido, estaría en aptitud de controvertir tal decisión a través de los medios ordinarios de impugnación que prevé la ley de la materia, luego, es inconcuso que controvierte un acto futuro de realización incierta, máxime que ni siquiera se conoce el resultado del contencioso natural en forma definitiva, ni por ende, que exista una resolución derivada de algún incidente de pago de perjuicios instado por accionante en la que pretenda cuantificar dicho concepto con cargo a la profesionista peticionaria del amparo. En esas condiciones, es incuestionable que en el caso, los referidos actos reclamados son futuros y de realización incierta. Sobre este tema, se cita la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable a página 138, tomo XV-I, febrero de 1995, Octava Época, de rubro y texto, siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías" Por ende, si como se anticipó, conforme a criterios reiterados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por regla general sólo los actos preexistentes o los futuros de inminente realización son susceptibles de análisis en el juicio de amparo, es concluyente que el amparo resulta improcedente contra la posible condena de los perjuicios ocasionados a la parte actora dentro del juicio familiar número F1771/2016 en los términos expuestos con antelación. En esa virtud, es evidente que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 217, del mismo ordenamiento legal, por lo que, lo que procede es desechar la demanda, con fundamento en el numeral 113 de la propia ley de la materia. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso; así también, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciada en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, así como en términos restringidos a *****, por no contar con tal registro. Hágase saber a la ocursante que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por los numerales 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, se hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Además, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.
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