MARTHA CECILIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ y Otros.
Expediente 1434/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1434/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/05/2018
Partes del expediente
- MARTHA CECILIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ y Otros.
- ANABEL CEIRY PAULINA RUIZ SÁNCHEZ y Otros.
- Martha Cecilia Sánchez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa y en cuanto a las copias certificadas que solicita de la resolución dictada dentro del juicio en que se actúa en enero de dos mil dieciocho, no ha lugar a proveer favorablemente, pues contrario a lo que indica, dentro de los autos integrantes del presente sumario constitucional no obra determinación alguna que se haya dictado en esa fecha. No obstante lo anterior, con fundamento en el dispositivo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa en su precepto 2, se autoriza la expedición de las copias certificadas de la sentencia dictada en autos el quince de noviembre de dos mil dieciséis, a su costa, previa toma de razón y constancia de recibo que deje en autos.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios recibidos en este Juzgado Federal el veinte de febrero del año en curso, los Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Número Cuatro y Diecisiete, residentes en Tepic, Nayarit y Buenavista Tomatlán, Michoacán, manifestaron la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de veintiuno de febrero del año actual, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el quince de noviembre de dos mil dieciséis, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, para los efectos siguientes: ".que la autoridad responsable denominada Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación, con residencia México, Distrito Federal, deje insubsistente el oficio ********************, de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, así como las consecuencias que de éste derivaron; en el entendido que, de insistir de ejercer la facultad que tiene para ordenar un nuevo cambio de adscripción, deberá fundar y motivar dicha determinación siguiendo los lineamientos que se destacaron en la presente sentencia de amparo; caso en el cual, deberá hacérsela del conocimiento de la peticionaria de garantías con la debida anticipación a fin de que esté en condiciones de trasladarse al lugar asignado, sin menoscabo de sus intereses laborales y personales, así como en función al interés superior de sus menores hijas ********************. Protección que se hace extensiva a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia al acto que emitió la autoridad ordenadora, por la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos que fueron consignados precedentemente;.." Ante ello, los Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Número Cuatro y Diecisiete, residentes en Tepic, Nayarit y Buenavista Tomatlán, Michoacán, mediante oficios recibidos el veinte de febrero de dos mil dieciocho, adjuntaron copia de la determinación de veinticuatro de enero del año en curso, emitida por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, por conducto de la cual, dejó insubsistente el oficio ********************, de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, así como las consecuencias que de éste derivaron y en atención a ello, el seis de febrero de la anualidad que transcurre se le hizo del conocimiento de la quejosa que debía presentarse a la brevedad con el Titular de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro Noroeste, a fin de que continúe prestando sus servicios (fojas 254 a 259). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, toda vez que existen documentos originales (fojas 42 a 48) exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el punto Vigésimo del Capítulo Quinto, segundo párrafo, dése vista a la misma para que dentro del término de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional con el objeto de recogerlos dentro del presente sumario constitucional, previa copia certificada que de los mismos se deje en autos; bajo apercibimiento que de hacer caso omiso dentro del plazo indicado, una vez que transcurran cinco años serán destruibles. Con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es destruible, una vez transcurridos cinco años contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar se negó respecto de los actos; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios recibidos en este Juzgado Federal el veinte de febrero del año en curso, los Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Número Cuatro y Diecisiete, residentes en Tepic, Nayarit y Buenavista Tomatlán, Michoacán, manifestaron la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de veintiuno de febrero del año actual, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el quince de noviembre de dos mil dieciséis, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, para los efectos siguientes: ".que la autoridad responsable denominada Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación, con residencia México, Distrito Federal, deje insubsistente el oficio ********************, de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, así como las consecuencias que de éste derivaron; en el entendido que, de insistir de ejercer la facultad que tiene para ordenar un nuevo cambio de adscripción, deberá fundar y motivar dicha determinación siguiendo los lineamientos que se destacaron en la presente sentencia de amparo; caso en el cual, deberá hacérsela del conocimiento de la peticionaria de garantías con la debida anticipación a fin de que esté en condiciones de trasladarse al lugar asignado, sin menoscabo de sus intereses laborales y personales, así como en función al interés superior de sus menores hijas ********************. Protección que se hace extensiva a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia al acto que emitió la autoridad ordenadora, por la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos que fueron consignados precedentemente;.." Ante ello, los Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Número Cuatro y Diecisiete, residentes en Tepic, Nayarit y Buenavista Tomatlán, Michoacán, mediante oficios recibidos el veinte de febrero de dos mil dieciocho, adjuntaron copia de la determinación de veinticuatro de enero del año en curso, emitida por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, por conducto de la cual, dejó insubsistente el oficio ********************, de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, así como las consecuencias que de éste derivaron y en atención a ello, el seis de febrero de la anualidad que transcurre se le hizo del conocimiento de la quejosa que debía presentarse a la brevedad con el Titular de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro Noroeste, a fin de que continúe prestando sus servicios (fojas 254 a 259). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, toda vez que existen documentos originales (fojas 42 a 48) exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el punto Vigésimo del Capítulo Quinto, segundo párrafo, dése vista a la misma para que dentro del término de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional con el objeto de recogerlos dentro del presente sumario constitucional, previa copia certificada que de los mismos se deje en autos; bajo apercibimiento que de hacer caso omiso dentro del plazo indicado, una vez que transcurran cinco años serán destruibles. Con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es destruible, una vez transcurridos cinco años contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar se negó respecto de los actos; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Ténganse por recibidos los oficios signados por los Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Número Cuatro y Diecisiete, residentes en Tepic, Nayarit y Buenavista Tomatlán, Michoacán, respectivamente, a través de los cuales, informan el cumplimiento dado al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en Vigor, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento a la sentencia amparadora, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
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