Martha Cecilia Rodríguez Valdez
Expediente 147/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 147/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/04/2019
Partes del expediente
- Martha Cecilia Rodríguez Valdez
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días hábiles que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de juzgado correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", dense los avisos de ley y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, de veintiocho de octubre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto décimo tercero del propio Acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo mencionado.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL AVISO DEJADO EL TRES DE ABRIL ACTUAL, EN EL DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA, Y SE LE NOTIFICA EL AUTO DE UNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE DICTO LO SIGUIENTE: ".Ensenada, Baja California, uno de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado en el presente juicio de amparo la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral **, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Asimismo, que al rendir su informe justificado dicha autoridad responsable anexó copia certificada de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, desahogada el siete de marzo del presente año, en el expediente laboral **, de su índice. De igual forma, que del sello de recibo de la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el estado de Baja California, con sede en esta ciudad, se desprende que la demanda de amparo se presentó el quince de marzo del año en curso; es decir ocho días naturales posteriores a la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, en el expediente laboral **, del índice de la Junta responsable. En relatadas condiciones, es menester destacar el contenido de lo dispuesto por el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". En consecuencia, quien suscribe advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, que impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional. Dichos artículos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] I. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Por su parte, el diverso numeral 107, de la Ley de Amparo, en su fracción V, clarifica cuáles son los actos de imposible reparación, contra los cuales procede el juicio de amparo: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En el caso concreto, el quejoso aduce, que el siete de marzo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, en el expediente laboral 16/2018, y la junta responsable se reservó un término para emitir el laudo respectivo. Por otra parte, la demanda de derechos fundamentales, fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el quince de marzo de dos mil diecinueve, esto es ocho días naturales posteriores a la mencionada diligencia. Bajo ese contexto, para ponderar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. Sobre el asunto que nos ocupa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida dentro de la contradicción de tesis 377/2013, determinó que conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de ejecución irreparable únicamente lo son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales, sin posibilidad de considerar dentro de ese concepto actos meramente formales o adjetivos. Lo anterior se desprende de las siguientes consideraciones, que se transcriben en lo conducente: "[.] De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de 'imposible reparación', dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: 'Artículo 107. [Se transcribe.]. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios [.].". De la anterior determinación, derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 7, junio 2014, tomo I, página 39, con número de registro 2006589, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." El promovente se duele de la omisión de la autoridad responsable de emitir el laudo en el expediente laboral número 16/2018, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no obstante refiere, ya transcurrió el plazo contemplado para tal efecto en el artículo 895 de la mencionada ley laboral, puesto que el siete de marzo del año en curso, celebró la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, en el expediente laboral 16/2018, sin que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, lo hubiera dictado. Por lo anterior, se advierte que ésta no queda comprendida dentro de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, por no tratarse de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, por lo que no afecta de manera cierta e inmediata los derechos fundamentales de la parte promovente, ya que se trata de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, y aun cuando alega violaciones al artículo 17 constitucional, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general no es procedente el juicio de amparo. Por tanto, se tiene que el juicio de amparo promovido deviene improcedente, al no considerarse tal circunstancia como una violación que cause perjuicios irreparables a la parte quejosa, entendida como aquélla que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que no se trata de una violación de carácter autónomo que produzca afectación a sus derechos sustantivos de forma directa, ya que se da dentro de un procedimiento en el que el aquí promovente es parte. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décimo Época, Libro 30, mayo 2016, tomo II, página 1086, con número de registro 2011580, bajo el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Sin que se concreten los casos de excepción para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta consistentes en: a) la existencia de una abierta dilación del procedimiento; o b) la paralización total del mismo. Es así, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para que se considere que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, deben transcurrir cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo para la emisión de los actos procesales respectivos, en este caso para la emisión del laudo. En ese contexto, si bien la Junta responsable en la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución de siete de marzo del año en curso, debió dictar el laudo correspondiente, lo cierto es que los cuarenta y cinco días naturales empezaron a computarse a partir de esa fecha, y concluirán el veintiuno de abril de dos mil diecinueve, momento a partir del cual se actualizará el supuesto de procedencia analizado; sin embargo, el momento de la presentación de la demanda fue el quince de marzo del año en curso, fecha en que aún no se acreditaba dicho supuesto. En efecto, en la fecha de la presentación de la demanda (quince de marzo del año en curso), no habían trascurrido los referidos cuarenta y cinco días naturales, por lo que resulta improcedente el juicio de amparo contra la omisión de dictar laudo, lo cual concluirá hasta el próximo veintiuno de abril. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que el amparo indirecto procede únicamente contra las dilaciones presuntamente excesivas de las juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, si transcurren más de 45 días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos. Dicha jurisprudencia se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el uno de marzo de dos mil diecinueve, de registro 2019400 (pendiente de integrar al módulo de sistematización), que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Por lo que al haber transcurrido a la fecha de la presentación de la demanda únicamente ocho días naturales del siete de marzo de dos mil diecinueve al quince de marzo siguiente; los cuarenta y cinco días naturales a que refiere la jurisprudencia citada con antelación transcurren del siete de marzo del año en curso, al veintiuno de abril del actual, plazo que a la fecha de la presentación de la demanda aún no había transcurrido. Circunstancias que evidencian que el transcurso de ocho días naturales posteriores a la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, en el expediente laboral **, sin que se haya emitido el laudo correspondiente, no constituye una interrupción general del procedimiento de origen, o su paralización total, ya que la actualización de ese supuesto en su caso, será hasta el veintiuno de abril del año en curso, fecha a partir de la cual, de no emitirse el laudo, cuya omisión de dictado ahora se reclama la parte quejosa, estará en aptitud de promover la demanda de amparo correspondiente. Por las razones anteriores, y con motivo de la emisión reciente de la jurisprudencia citada, este juzgador se aparta de las consideraciones que se emitieron en los juicios de amparo anteriores al que nos ocupa, en los que se analizaron omisiones o dilaciones de las juntas laborales en la emisión de los laudos. Por tanto, se deja sin efectos el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinte minutos del quince de abril de dos mil diecinueve. Asimismo, se deja sin efectos el requerimiento formulado en proveído de veintisiete de marzo pasado a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Por último, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de juzgado correspondiente."
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Martha Cecilia Rodríguez Valdez, contra actos que reclama a la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, y su Presidente; fórmese expediente 147/2019 y anótese su ingreso en el libro de juzgado respectivo. Ahora bien, no es caso tener como autoridad responsable al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California; no obstante de haber sido señalado con tal carácter por la parte quejosa, ya que el capítulo respectivo a los actos reclamados, no se desprende que a la referida responsable le reclame un acto autónomo, sino como integrante de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California; de ahí que no sea el caso tener al presidente de la junta de referencia con tal carácter en el presente juico de derechos fundamentales. Acto seguido, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo que promueve, sin que sea el caso tramitar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado. Ahora, con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo y anexo, al que deberá anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del término de quince días hábiles siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir lo que le conste en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un término de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio que se le gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos, setenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con la misma; lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a la autoridad responsable, sin que al respecto opere la suplencia de la queja deficiente conforme lo prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable, se tomará en consideración en su oportunidad, ya que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que prevé la impartición de justicia pronta y expedita; y conforme al principio de celeridad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6º.P.14K (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2017604, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE. La actuación del Juez de amparo de declarar la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables y suspender toda comunicación con éstas es legal, si previo a decretarla medió requerimiento anterior, en el que se apercibió al quejoso para que en caso de que las autoridades responsables no existieran con la denominación que señaló en su demanda o fuera imprecisa, sin mayor trámite se tendrían como inexistentes, pues el quejoso debía especificar su denominación correcta, después de señalarse ese apercibimiento, y no tener una actitud omisa para con el proceso de amparo, de no verificar la denominación exacta de las autoridades responsables; de manera que no corresponde al Juez recurrido, el dar vista y requerir al quejoso nuevamente para que señalara la denominación cierta de las autoridades. Aunado a que no existe precepto legal que prevea que, admitida la demanda de amparo y efectuado el apercibimiento respectivo, el Juez Federal deba realizar otro requerimiento a efecto de que se aclare su verdadera denominación." Se señalan las diez horas con veinte minutos del quince de abril de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Respecto de los terceros interesados que refiere la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, este órgano jurisdiccional se reserva ordenar el emplazamiento respectivo, hasta en tanto, obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable; lo anterior, para constatar a quién, o quienes les asiste dicho carácter en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, fracción III, de la ley de la materia, así como el domicilio donde puedan ser emplazados. En otro aspecto, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; asimismo, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mariana Villa Cárdenas, Bernardo Daniel Rascón Ramírez, Jonathan Hiram Rodríguez Villalobos y Cristian Alejandro Arce López, toda vez que éstos cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Se autoriza a la secretaria de juzgado a firmar los oficios que se generen con motivo del presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de las actuarias de este órgano de control constitucional realice las notificaciones que se le encomienden en este asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; así también, hágase de su conocimiento el derecho que les asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que la información confidencial a que alude el artículo 113, de la citada ley, no se incluyan en la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conlleva su consentimiento; asimismo, que no será necesaria su aprobación en los casos que dispone el precepto 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, lo cual deberá ser supervisado por la secretaría del juzgado. Finalmente, con fundamento en el artículo 5º, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo.
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