Martha Cecilia Gracía Orozco

Expediente 466/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
466/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • Juez Vigésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México
  • Martha Cecilia Gracía Orozco
  • Juan Gonzalo Vázquez Olvera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia aludida ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Archívese este juicio de amparo como asunto concluido. Ahora bien, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal es susceptible de depurarse y deberá de conservarse. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General invocado, este asunto se considera no relevante. Ahora bien, toda vez que ya no es necesario con las copias certificadas del juicio se ordena devolver al Juez Vigésimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE 19 DE DICIEMBRE DE 2022 QUE EN SU PUNTO RESOLUTIVO DICE: UNICO. Se niega el amparo y protección de la justicia federal.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 466/2022, promovido por, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. por su propio derecho, el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del, por los actos que se precisaran en el considerando respectivo. SEGUNDO. Admisión y separación de juicios. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento al Juzgado Decimoctavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien en auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, lo radicó bajó número de expediente y en diverso auto de once de enero de dos mil veintidós, la admitió a trámite, requiriendo por los informes justificados a las autoridades responsables, en tanto que, en proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, ordenó la separación de juicios, remitir copia de las actuaciones a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo para que conociera respecto de las autoridades relacionadas con el juicio del índice del Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México. TERCERO. Admisión y trámite del juicio de garantías. De la referida demanda de amparo correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, ordenó su admisión bajo registro, pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que los actos reclamados se atribuye a una autoridad especializada en materia civil, y tienen ejecución dentro del territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: Del Juez, Secretario Ejecutor y Actuario y/o Notificador, todos adscritos al Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México: La falta de emplazamiento y todo lo actuado en el expediente La orden de aseguramiento, congelamiento de cuentas, embargo precautorio, provisional y/o definitivo en el expediente de su índice. De la ejecución material del aseguramiento, congelamiento de cuentas, embargo precautorio, provisional y/o definitivo en el expediente del Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México. Por lo mismo, respecto de dicho acto versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juez y Secretario Actuario, adscrito al Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, al rendir su informe con justificación, admitieron la existencia del acto reclamado. De igual manera las autoridades responsables a través de su apoderado, al rendir sus informes justificados admitieron la existencia del acto reclamado. Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al rendir sus informes justificados a través de sus Directores Contenciosos negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, del contenido del propio informe se advierte la existencia del mismo; máxime que en el informe justificado del, a través de su apoderado manifestó que era cierto el acto reclamado, debido a que la Directora General de Atención a Autoridades de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le ordenó el cumplimiento a diversos oficios del juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil , en los que se solicitó la inmovilización de las cuentas bancarias a nombre del quejoso. CUARTO. Conceptos de violación. En el presente caso no se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la Ley de Amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión al impetrante. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Son infundados los argumentos formulados a manera de conceptos de violación e identificados como primero y tercero. De las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados provienen de medidas precautorias dictadas por la autoridad responsable en el expediente La parte quejosa aduce sustancialmente que se ordenó la retención de dinero en sus cuentas, sin que se haya respetado el derecho de audiencia; y, sin que se le haya emplazado al procedimiento en que se giró dicha orden. No le asiste la razón al impetrante del amparo y para sostenerlo, resulta necesario transcribir el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: El precepto constitucional transcrito, consagra la garantía de audiencia, como principal defensa de que dispone todo gobernado frente a los actos del Poder Público que tiendan a privarlo de sus bienes o derechos, que consiste en la limitación a las facultades de la autoridad para privar de forma definitiva un bien o un derecho de la esfera patrimonial del gobernado. Así pues, la autoridad que pretenda privar de los bienes jurídicos enunciados en el propio artículo 14 constitucional, deberá agotar un procedimiento seguido en forma de juicio, donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, previamente al acto privativo. Con la finalidad de dar contestación al concepto de violación planteado, conviene recordar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la garantía de audiencia reconocida en el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa mediante un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, que debe ser oído previamente al acto de autoridad privativo de la vida, la libertad, las propiedades, las posesiones o los derechos. Asimismo, ha sostenido que por acto de privación debe entenderse aquél que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, es decir, es aquel que constituye un fin por sí mismo con existencia independiente y no el que únicamente es un medio para la consecución de otro acto; consecuentemente, no todo acto de autoridad provoca esos efectos, no obstante que exista una afectación a la esfera jurídica del gobernado. En efecto, existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva y que no tienen la finalidad de privar en forma definitiva, sino que son medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. De ahí que, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico patrimonial de una persona, para que se repute "acto de privación" en los términos del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, puesto que para ello es indispensable que la restricción o menoscabo tengan el carácter de definitivos. En consecuencia, si el acto de autoridad por su propia naturaleza y finalidad, no tiende a la privación definitiva y sólo es un medio para lograr otros propósitos, como el de proteger determinados bienes jurídicos, no será acto privativo sino de molestia. En efecto, la distinción entre actos de privación y actos de molestia deriva precisamente de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que erigen las garantías de audiencia y de legalidad, respectivamente, en contra de los actos de la autoridad; y esa diferenciación deriva de la naturaleza del acto, de su razón teleológica y no en primer término de los efectos que produce. Esto último se pone de manifiesto si se considera que tanto los actos a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Federal, como aquellos a que se contrae el numeral 16 de la propia Constitución, pueden producir, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, una "privación" en la esfera jurídica del gobernado causándole una afectación, sea por la indisponibilidad de sus bienes, por la disminución de su patrimonio, por la imposición de una carga u obligación que de no existir el acto no tendría que soportar o cumplir, etcétera; de tal manera que si se atendiera solamente a los efectos del acto, resultaría carente de sentido la distinción entre actos de privación y actos de molestia, supuesto que ambos pueden generar esa "privación" y, en esa medida, todo acto de autoridad que afectara la esfera jurídica de un gobernado no podría realizarse sin la previa garantía de audiencia. Por ello es que se afirma que la distinción establecida por los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, deriva de la naturaleza del acto y no en primera instancia de los efectos a que puede dar lugar. Ello se entiende toda vez que la naturaleza de las providencias precautorias o medidas cautelares se rige por las características siguientes: Son medidas que se dictan siempre con el carácter de provisionales y están sujetas a lo que resuelva la sentencia definitiva que se pronuncia en el procedimiento principal. Son los instrumentos que se pueden decretar para conservar la materia del litigio o para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad. Se caracterizan por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia. Constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes. Establecidas las premisas anteriores, se procede al estudio del concepto de violación que aduce la parte quejosa en el sentido de que debió de llamársele al expediente del índice de la responsable en el que se ordenó el embargo de sus cuentas bancarias. En este orden de ideas, a efecto de analizar si la orden de retención de dinero en sus cuentas, constituye un acto privativo o un acto de molestia, es preciso referirse, en primer lugar, a la naturaleza jurídica, objeto y finalidad de las medidas precautorias que prevé el Código de Comercio. Los citados numerales contienen disposiciones respecto a la retención de bienes cuando se solicitan providencias precautorias, de los que se deprende -en lo que interesa- que tratándose de una providencia precautoria, como acto prejudicial, no se requiere llamar al presunto demandado. En el caso, la medida decretada por el juez responsable en el auto reclamado, fue emitida como un acto prejudicial, es decir, antes de la iniciación de un juicio; en ese sentido, se considera que no se trata de un acto privativo. De igual manera se advierte que una vez ejecutada la retención de bienes, dentro de los siguientes tres días se entablara la demanda principal y en caso de no hacerlo se levantarán de oficio las providencias precautorias. En este orden de ideas, atendiendo a la naturaleza de las medidas precautorias, es dable concluir que al ser ésta una medida provisional que no entraña propiamente un acto privativo de carácter definitivo, ya que será hasta que se entable la demanda principal y se substancie la misma cuando se decida si dicho embargo tiene el carácter de definitivo o no, y considerando que dicha medida es accesoria en tanto que no constituye un fin en sí misma sino que tiene un objetivo preventivo; luego entonces, esta medida de seguridad no está regida por lo preceptuado en el artículo 14 constitucional. Por otra parte en el segundo concepto de violación señala el quejoso que al auto en el que se ordenó la retención de dinero en sus cuentas (auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno) dictado en el expediente del índice de la responsable no se encuentra fundado ni motivado. Antes de corroborar lo anterior, es necesario precisar que la falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, de la manera siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Conceptuadas así la fundamentación y motivación, la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la primera de esas manifestaciones, es decir, la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. Ahora bien, en el presente juicio se reclama la falta fundamentación y motivación de la resolución reclamada; sin embargo, tal motivo de violación es infundado. En efecto, de la resolución que ordena la retención de dinero en sus cuentas, se advierte que se fundamentó en el contenido de los artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio, que señalan los requisitos que se deben de cumplir a fin de acreditar la existencia de un crédito líquido exigible a su favor, los cuales establecen: En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, el Juez ordenará que se haga la anotación sobre el mismo. De los numerales transcritos se desprende que en los juicios mercantiles sólo se podrán dictar las providencias precautorias de radicación de personas o retención de bienes, que tratándose de retención de bienes el juez tiene la obligación de decretarla cuando el solicitante pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor, exprese el valor de las prestaciones que reclama designándola con toda precisión, manifieste bajo protesta de decir verdad las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción sean ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados con la salvedad de que se trate de depósito de dinero en instituciones de crédito en cuyo caso se presumirá el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, que el solicitante deberá garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida precautoria en caso de que no se presente la demanda o que promovida la demandada sea absuelta la demandada. En concordancia con el contenido de dichos numerales, la autoridad responsable, en el auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno dictado en el expediente del índice de la responsable, señaló que de los documentos acompañados por el actor consistentes en contrato de apertura de crédito de cuenta corriente, convenio de reconocimiento de adeudo, pagaré y certificación contable expedido por contador público facultado por la institución bancaria; y que toda vez que el solicitante de la medida cautelar expresó el valor de las prestaciones designando éstas con toda precisión; que manifestó bajo protesta de decir verdad, que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia; y, que señaló bajo protesta de decir verdad que existe temor fundado respecto de que los deudores dispongan, oculten, dilapiden o enajenen los bienes que pudieran tener, manifestación que el promovente realizó, aun y cuando no existe obligación de su parte de precisar por qué existe ese temor, se advierte que el promovente cumple con los requisitos previstos en la ley para que se decrete la retención de bienes solicitada, se decreta de plano sin citación de la contraria las providencias precautorias de retención de bienes del cincuenta por ciento del monto total que se encuentre en sus cuentas bancarias, siempre y cuando la retención no exceda la suma de requiriéndole por la exhibición de fianza o garantía por la cantidad de a pesar de tratarse de una institución integrante del sistema bancario mexicano, pues la ley especial Código de Comercio, así lo establece. De lo anterior, se desprende que la resolución reclamada si se fundó en el contenido de los artículos 1175, y 1168 del Código de Comercio, y se expresaron las razones por las que procedía decretar de plano, sin citación de la contraria, las providencias precautorias consistentes en la retención del cincuenta por ciento del dinero del monto total que se encuentra depositado en las cuentas bancarias de la quejosa siempre y cuando la cantidad retenida no exceda de De ahí que, si la quejosa, no formuló conceptos de violación en contra de las razones expresadas por la responsable para dictar la resolución reclamada, pues se limita a señalar que no se respetó su garantía de audiencia y que la resolución no se encontraba fundada y motivada, resulta indudable que los fundamentos y motivos expresados que fueron precisados en párrafos precedentes deben permanecer incólumes, rigiendo el sentido del acto reclamado. De ahí que, al resultar infundados los conceptos de violación; lo procedente es negar el amparo y protección solicitados por la parte quejosa. Negativa que deberá de hacerse extensiva a las autoridades ejecutoras, en tanto no se les reclamaron actos por vicios propios, en sustento a lo cual, se invoca la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 68, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que precisa: Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: UNICO. Se niega el amparo y protección de la justicia federal a, en contra de las autoridades responsables Juez Vigésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, Secretario Ejecutor y/o Actuario y/o Notificador adscrito al Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

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