Martha Cecilia Celaya Borjas
Expediente 1571/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1571/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Martha Cecilia Celaya Borjas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de abril de dos mil veintidós. I. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. III. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Se agregan oficios. Glósense a los autos los oficios que firma la titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Sonora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en el cual informa que mediante oficio HG/DIR/124/2022, de siete de marzo del actual, rendido por la directora del Hospital General "Dr. Ignacio Chávez" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se programó para el nueve de marzo de dos mil veintidós; una consulta con el médico especialista De la Maza Krzeptowsky, donde se realizaría una valoración médica y consecuentemente, se fijaría fecha y hora para llevar a cabo la cirugía respectiva a la aquí quejosa. En cuanto al segundo de los libelos, la mencionada autoridad informa que se fijó para el veintiocho de abril de dos mil veintidós, el procedimiento quirúrgico de resección de lipoma que requiere la quejosa. Pruebas. Se tiene por ofrecida la prueba documental que envía la autoridad oficiante, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, de las cuales se advierte que deriva una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de las documentales agregadas en los presentes autos, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: La omisión de otorgarle atención médica adecuada y necesaria, para sus padecimientos de lipoma localizado en su pierna izquierda, de larga evolución, requiriendo al efecto de cirugía, además de sus padecimientos de hipertensión arterial y diabetes mellitus 2; y, La negativa de otorgarle atención médica adecuada y necesaria en otro hospital fuera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de forma privada y/o subrogada. Al rendir el informe justificado respectivo, el titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Sonora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, negó la existencia del reclamo constitucional; sin embargo, dicha negativa se desvirtuó con el propio contenido de ese informe, pues en el mismo se expuso grosso modo, el historial clínico de la aquí quejosa y, en lo que interesa, que el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la quejosa se presentó en el área de urgencias del Hospital General "Dr, Fernando Ocaranza", siendo atendida por un médico que no es el tratante de la quejosa, por lo que la remitió con el médico especialista de cirugía reconstructiva, quien debía valorar de nueva cuenta a la quejosa, para estar en condiciones de determinar si era o no candidata a una cirugía y de ser positivo establecer el procedimiento quirúrgico a aplicar. Lo anterior, sin que a la fecha de presentación de la demanda se advirtiera que a la quejosa se le hubiese otorgado la atención médica requerida; de ahí, la existencia del acto omisivo a la fecha de presentación de la demanda (dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno). No obstante lo anterior, en el propio informe justificado referido con antelación, la responsable expresó que la valoración de la quejosa acontecería a las ocho horas del diez de enero de dos mil veintidós. Derivado de lo anterior, en el auto de uno de febrero de este año, se requirió a la autoridad responsable para que informara si ya le había sido determinado a la quejosa el tipo de intervención quirúrgica requerida para su padecimiento, a lo cual, en oficio agregado en auto de diez de febrero de este año, la responsable informó que se realizó la valoración a la paciente en la fecha programada y en oficio y anexos que se agregan en esta data, el instituto responsable hace del conocimiento que mediante oficio HG/DIR/124/2022, de siete de marzo del actual, rendido por la directora del Hospital General "Dr. Fernando Ocaranza" del mencionado instituto, se programó la cirugía controvertida para el nueve de marzo de dos mil veintidós; una consulta con el médico especialista De la Maza Krzeptowsky, donde se realizaría una valoración médica y consecuentemente. Asimismo, en el diverso oficio (registrado 3623), suscrito por la titular de la Unidad Jurídica del instituto responsable, se evidencia que ya se fijó fecha y hora para llevar a cabo la cirugía respectiva a la aquí quejosa, señalándose para ese efecto el veintiocho de abril de dos mil veintidós, para el procedimiento quirúrgico de resección de lipoma que requiere la quejosa Martha Cecilia Celaya Borjas; lo cual actualiza la causal de improcedencia analizada, cuenta habida que la pretensión del juicio de amparo consistente en la atención médica a la quejosa para efectos de que se le programara fecha para la cirugía requerida ya se efectuó por parte del instituto responsable. En ese sentido, se considera incuestionable que cesaron los efectos del acto impugnado, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció que no existía fecha señalada para la valoración médica necesaria para consecuentemente fijar la data para el procedimiento quirúrgico que requiere la quejosa; sin embargo, durante el trámite del biinstancial, la responsable fijó fecha para que se lleve a cabo la cirugía programada para tales efectos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo las condiciones apuntadas, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTAE INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional -diez horas con veintiún minutos del doce de abril próximo-. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de diez de febrero pasado se requirió al instituto responsable a fin de que se manifieste en relación con lo expresado por la parte quejosa en el escrito agregado a los autos en la misma fecha y, asimismo, exponga lo relativo a la fecha programada para la cirugía a realizar a la paciente. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con veintiún minutos del doce de abril de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio que firma la titular de la Unidad Jurídica de la Delegación en Sonora del Instituto de Seguridad Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; en atención a su contenido, remítasele copia del escrito presentado por la parte quejosa mediante el cual realiza manifestaciones en relación con el seguimiento de la atención médica solicitada, lo anterior a fin de evitar mayores dilaciones al proceso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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