Martha Castillo Moreno
Expediente 458/2023 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 458/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Martha Castillo Moreno
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Se tiene por recibida la constancia de notificación de cuenta, remitida por la autoridad oficiante, de la cual se advierte la notificación realizada a la parte quejosa del auto de veintitrés de agosto pasado. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º, de este último ordenamiento legal, agréguese a los autos la notificación y anexo de mérito únicamente para obre como corresponda y, una vez que transcurra el plazo para impugnar el auto de veintitrés de agosto pasado, se acordara lo conducente, a la firmeza o no del citado proveído. Finalmente, dese de baja el exhorto 257/2023, del índice de este órgano jurisdiccional y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control.
- Juicio de Amparo Directo
Se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante, acusa recibo del exhorto 257/2023 del índice de este Tribunal Federal e informa que fue registrado con el número 93/2023 del índice del Tribunal oficiante y, que se procedió a su diligenciación. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con el numeral 2º, de este último ordenamiento legal, agréguese a los autos el oficio de mérito para los efectos legales conducentes y, en atención a su contenido se tiene a la autoridad oficiante acusando recibo de la citada comunicación oficial.
- Juicio de Amparo Directo
Ahora, la demanda de amparo promovida por Martha Castillo Moreno, por derecho propio, en contra de la sentencia de cinco de junio de dos mil veintitrés dictada en el expediente relativo a la tercería excluyente de preferencia derivada al juicio ejecutivo mercantil 645/2012 por el Juez Quinto Civil de Tlalnepantla, Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, debe desecharse por notoriamente improcedente. En efecto, en el caso concreto, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, lo que impone desechar la demanda de amparo que nos ocupa, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. La disposición legal citada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: VIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o a su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Acorde con dicha disposición legal, es imperativo agotar el principio de definitividad, excepto en los casos que expresamente se releva de esa obligación procesal. Ahora bien, los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, así como el numeral 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo en términos del artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por otra parte, el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: .III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado." De la norma constitucional citada, se obtiene que procede el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por los tribunales judiciales, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, el párrafo segundo del artículo 170 de la Ley de Amparo, precisa que se entenderá por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal; y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. El diverso párrafo tercero del artículo 170 de la Ley últimamente citada, estatuye "que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia", por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Lo anterior, evidencia como requisito para la procedencia del juicio de amparo directo, agotar previamente el recurso ordinario establecido en la ley de la materia, por virtud del cual, la sentencia definitiva, pueda ser modificada o revocada, esto es, debe cumplir con el principio de definitividad, salvo el caso en que la ley permita la renuncia del recurso. En esa virtud, para resultar procedente el juicio de amparo en términos del tercer párrafo del artículo 170 de la Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se requería previamente a instarse éste, interponer los recursos ordinarios establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, pudiera modificarse o revocarse la sentencia definitiva, en la especie, el recurso de "apelación" previsto en el artículo 1339 Bis del Código de Comercio; y en su caso, el de revocación en contra del auto que niegue tal recurso. En efecto, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, señala: ARTÍCULO 1339 BIS. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables". De la disposición legal en análisis, se advierte que los asuntos de cuantía indeterminada, siempre serán apelables. Esto es así, en tanto que como la tercería excluyente de preferencia sólo persigue el respeto al derecho preferencial para ser pagado en relación con otros acreedores, debe considerarse como un negocio de cuantía indeterminada para efecto de verificar si contra la sentencia que la resuelve procede algún recurso, por lo que, en igualdad de razón, resulta aplicable el criterio que adelante se cita sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 94/2013 (10.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de diciembre de 2013 a las 600 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 498, de título y subtítulo: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN.", en la que se definió que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil constituye un juicio autónomo, en el que el objeto de la controversia es distinto al del juicio con el cual se vincula, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente, dado que en ésta el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve y, por tanto, concluyó que como dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, es necesario agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 1339 Bis del Código de Comercio. Lo anterior, porque al igual que como se estableció en la citada jurisprudencia, en relación con la referida tercería excluyente de dominio, en la de preferencia no se persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética pues, en esta última, el tercerista exclusivamente pretende que se le respete su derecho preferencial para ser pagado en relación con otros acreedores, con el producto de los bienes embargados en el juicio en el que promueve la tercería. Lo expuesto, debido a que para su procedencia, no se requiere de sentencia judicial previa en la que se haya condenado al pago de crédito preferente, como también lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 421, de rubro: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. SU PROCEDENCIA NO REQUIERE DE SENTENCIA JUDICIAL PREVIA EN LA QUE SE HAYA CONDENADO AL PAGO DEL CRÉDITO PREFERENTE."; por ende, dado el fin perseguido a través de la citada tercería, debe considerarse que ésta también es de cuantía indeterminada y, por ello, es necesario que, previo a acudir al juicio de amparo, se agote el recurso de apelación que establece el referido precepto legal. Lo anterior encuentra apoyo en la Tesis XX.2o.P.C.1 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, Tomo IV, correspondiente al mes de junio de 2016, página 3029, que es del tenor siguiente: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. Como la tercería excluyente de preferencia sólo persigue el respeto al derecho preferencial para ser pagado en relación con otros acreedores, debe considerarse como un negocio de cuantía indeterminada para efecto de verificar si contra la sentencia que la resuelve procede algún recurso, por lo que, en igualdad de razón, resulta aplicable el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 94/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de diciembre de 2013 a las 6:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 498, de título y subtítulo: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN.", en la que se definió que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil constituye un juicio autónomo, en el que el objeto de la controversia es distinto al del juicio con el cual se vincula, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente, dado que en ésta el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve y, por tanto, concluyó que como dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, es necesario agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 1339 Bis del Código de Comercio. Lo anterior, porque al igual que como se estableció en la citada jurisprudencia, en relación con la referida tercería excluyente de dominio, en la de preferencia no se persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética pues, en esta última, el tercerista exclusivamente pretende que se le respete su derecho preferencial para ser pagado en relación con otros acreedores, con el producto de los bienes embargados en el juicio en el que promueve la tercería; máxime que, para su procedencia, no se requiere de sentencia judicial previa en la que se haya condenado al pago de crédito preferente, como también lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 421, de rubro: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. SU PROCEDENCIA NO REQUIERE DE SENTENCIA JUDICIAL PREVIA EN LA QUE SE HAYA CONDENADO AL PAGO DEL CRÉDITO PREFERENTE."; por ende, dado el fin perseguido a través de la citada tercería, debe considerarse que ésta también es de cuantía indeterminada y, por ello, es necesario que, previo a acudir al juicio de amparo, se agote el recurso de apelación que establece el referido precepto legal." Luego, si bien es cierto que la tercería excluyente de preferencia en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de preferencia el tercerista sólo busca que se le reconozca el mejor derecho preferente en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista persigue que se le respete su derecho preferente generada con el juicio preexistente en el que hace valer la tercería. Luego, si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de preferencia derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación, pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla constitucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que resultaba imperativo que el quejoso previamente a acudir en juicio de amparo directo agotara los recursos ordinarios que se contemplan en el Código de Comercio. Cabe precisar que la posición jurídica adoptada en esta resolución, en el sentido de que en los asuntos de cuantía indeterminada debe agotarse el recurso de apelación, encuentra pleno soporte jurídico en la Jurisprudencia 1a./J. 94/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de observancia obligatoria para este órgano que resuelve, en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo que a continuación se reproduce: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada, entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable le sea obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013." Por lo que la aquí quejosa, antes de promover el juicio de amparo directo, debió cumplir con el principio de definitividad, esto, interponiendo el recurso de apelación, en contra del ahora acto reclamado, ello, toda vez que en contra de las sentencias dictadas en las tercerías excluyentes de preferencia, cuya cuantía es indeterminada, procede la apelación, esto porque dichos procedimientos tienen la naturaleza de un juicio y no de un incidente, ya que en la misma se ventila una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, es decir, la materia de la controversia de la tercería es distinta a la del juicio preexistente, lo que le da formal y materialmente la calidad de un juicio con sustantividad propia. Al efecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 59/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página: 83, de rubro y texto siguientes: "TERCERÍAS EXCLUYENTES TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE. De los artículos 1362 y 1368 del Código de Comercio se desprende que las tercerías excluyentes, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente. En efecto, en la tercería excluyente se ventila una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, es decir, la materia de la controversia en la tercería es distinta a la del juicio preexistente, lo cual materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. El tercero es ajeno a la controversia principal y, al ejercer la nueva acción debe acreditar tener un interés propio y distinto al de quienes son parte en el juicio principal, esta nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento propio en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes y no suspende el curso del juicio preexistente, todo esto evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios. En esas condiciones, la resolución que se emite en una tercería excluyente, una vez que causa ejecutoria, no puede ser modificada o anulada por la que se dicte en el juicio que le da origen. Además el artículo 1369, del mencionado ordenamiento, les da la calidad de juicios, sin que pueda estimarse que por la vinculación de la tercería con el juicio que la motiva se trate de un incidente, pues tal vinculación constituye una característica propia de las tercerías excluyentes, las cuales tienen su origen en la afectación judicial sobre bienes de la parte demandada, respecto de los cuales el tercerista alega tener mejores derechos". En tal contexto, si en el caso concreto de las constancias que conforman el presente juicio de amparo directo, con eficacia demostrativa plena, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al presente asunto, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, no se advierte que el quejoso hubiera interpuesto el recurso de apelación, previsto en el artículo 1.336 Bis, del Código de Comercio, se materializa el supuesto de improcedencia a que se contrae la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, habida cuenta que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) y c) de dicha norma legal transcrita en párrafos precedentes, que relevara agotar el principio de definitividad y por ende, procede desechar el presente amparo directo, en términos del artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. Al efecto este Tribunal Colegiado estima aplicable la Tesis de Jurisprudencia número II.4o.C. J/1, publicada el dos de mayo de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. DEBE DECRETARSE SI EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA PROCEDÍA EL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE AGOTÓ (LEY DE AMPARO PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN). Conforme al numeral 170, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, entendiéndose por éstas, en términos del segundo párrafo del artículo en análisis, las que deciden el juicio en lo principal; empero, para la procedencia del juicio, acorde con la literalidad de su párrafo tercero, debe agotarse el recurso ordinario previsto en la ley de la materia, por virtud del cual pueda modificarse o revocarse. En ese entendido, si en contra de la sentencia definitiva procedía el recurso de apelación y éste no se agotó ni es renunciable, se materializa la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, del ordenamiento legal en comento, lo que impone sobreseer en el juicio de amparo directo, en términos del artículo 63, fracción V, de esa propia ley, siempre que en el caso no se actualice supuesto de excepción alguno que la propia fracción XVIII del citado numeral 61 prevé. No se soslaya que la definición de sentencia definitiva que proporciona la Ley de Amparo en vigor es distinto del que se contenía en la ley abrogada, pues en la actual, se entiende por sentencia definitiva "la que decide el juicio en lo principal", mientras que la abrogada establecía por sentencia definitiva "la que decide el juicio en lo principal y respecto del cual las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual pudiera ser modificada o revocada", dato que abona en el criterio que aquí se adopta". Ahora, toda vez que este auto debe ser notificado de manera personal a la parte quejosa quien señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado fuera de la residencia de este Tribunal Colegiado; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo vigente y con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, líbrese atento exhorto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno, para que en auxilio de las labores de este Órgano Jurisdiccional, tenga a bien ordenar a quien corresponda notifique el presente proveído a la parte quejosa Martha Castillo Moreno, en el domicilio ubicado en calle El Tramonte, número cincuenta y siete, Fraccionamiento Los Pastores, Naucalpan de Juárez, Estado de México; asimismo lo requiera para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio dentro de la jurisdicción de este Tribunal Federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista, según lo estatuye la parte conducente de los artículos 26 y 29 de la Ley de Amparo; hecho lo cual remita las constancias respectivas. Con fundamento en lo establecido en el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que pueda realizarse la diligencia encomendada. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control, y una vez que se declare firme el presente proveído, devuélvanse las constancias relativas a la autoridad responsable, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, el cual una vez obre en autos, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
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