Martha Carolina González Ruelas
Expediente 843/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior Agrario con domicilio en la Ciudad de México
- Martha Carolina González Ruelas
Actuaciones
- Principal
III. Agréguense a los autos el oficio y anexos signados por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria correspondiente a la sesión celebrada el seis de diciembre del año en curso, dictada en autos del toca 328/2019 en la que determinó que es infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los cinco años siguientes a partir del presente acuerdo, así como el anexo consistente en copias certificadas del presente juicio.
- Principal
III. Se tiene por recibido el oficio firmado por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa por conducto de su autorizado en contra del auto de desechamiento de demanda de veintisiete de septiembre del año que transcurre, dictado en los presentes autos, quedando registrado con el número de toca 328/2019 de su índice.
- Principal
III. Agréguese a los autos copia del escrito signado por el autorizado en términos amplios de la quejosa mediante el cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve; en virtud de lo anterior, ríndase el informe relativo a la materia de la queja, manifestando a la Superioridad que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, toda vez que con fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo presentada por la nombrada quejosa, contra el acto que le atribuyó al Pleno del Tribunal Superior Agrario con residencia en la Ciudad de México y otra autoridad, mismo que hizo consistir en: La sentencia de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, en el recurso de revisión 532/2018-44, en la que se determinó revocar la sentencia emitida y reponer el procedimiento, en el juicio agrario 590/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro con sede en Chetumal, Quintana Roo, para los efectos de: "1) Regularice el juicio agrario y fije en la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Agraria la Litis acorde a las prestaciones demandadas por la parte actora, así como las excepciones y defensas hechas valer por la parte demandada; 2) Con fundamento en los artículos 186 y 187 de dicha norma, llame a juicio a la Delegación de la Procuraduría Agraria en Quintana Roo, para que manifieste lo conducente en el ámbito de sus atribuciones, acorde a lo previsto en el artículo 28 de la Ley Agraria respecto de la celebración de la asamblea de cinco de octubre de dos mil catorce, en la que se aprobó el dominio pleno en el Ejido Península Holbox, entre otras, de las parcelas de número 355, 359, 361, 362 y 364, correspondientes a la parte actora; 3) Con fundamento en los artículos 1° y 4° constitucionales, así como en lo previsto por los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria, llame a juicio a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por ser la autoridad en materia ambiental competente que emitió la opinión técnica de gabinete contenida en el oficio SGPA/DGGFS/712/0376/17, para efecto de que manifieste lo conducente en el ámbito de sus atribuciones; 4) Ordene, con fundamento en los artículo 186 y 187 de la Ley Agraria, la realización de la visita de campo en las parcelas de número 355, 359, 361, 362 y 364, en el Ejido Península Holbox, para efecto de determinar si en dicha superficie existe manglar (selva) acorde a la opinión técnica de gabinete contenida en el oficio SGPA/DGGFS/712/0376/17, misma que deberá ser realizada por la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por ser la autoridad en materia ambiental competente para ello; 5) Con fundamento en los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria, requiera a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, copia certificada de la totalidad de las constancias del expediente a partir del cual se emitió la calificación positiva al acta de la Asamblea celebrada en el Ejido "Península Holbox" el cinco de octubre de dos mil catorce, y 6) Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria, se allegue de todos los elementos de prueba que estime necesarios para el conocimiento de la verdad, para consecuentemente, emitir una nueva sentencia en la que, de manera fundada y motivada, resuelva de forma congruente e integral la Litis planteada en el juicio agrario, con base en el artículo 189 de la Ley Agraria, sin dejar de observar los plazos y términos legales previstos en el Título Décimo de la Ley Agraria, con apego a los principios de acceso a la impartición de justicia completa consagrados a favor de los gobernados.". Se determinó, ya que la materia del acto reclamado sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, produciendo únicamente efectos intraprocesales, pues el Pleno del Tribunal Superior Agrario, ordenó dejar insubsistente la sentencia dictada en el juicio agrario 590/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro con sede en Chetumal, Quintana Roo y reponer el procedimiento; lo que se estimó que no genera un acto de imposible reparación, ni tampoco tiene ejecución grave o de efectos exorbitantes que amerite sujetarlo a control constitucional inmediato. Por tanto, al haber analizado la causal de improcedencia en cuestión, SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR LA QUEJOSA,. Remítase al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, sin que obste a la tramitación del citado recurso de queja, que la parte inconforme, no haya señalado las constancias tal y como lo exige el artículo 100 de la ley de la materia que preceptúa que la parte recurrente debe señalar las que deban remitirse a la Superioridad para la substanciación del recurso interpuesto; ello, en virtud de que, atendiendo al principio de economía procesal y al derecho fundamental de pronta y expedita administración de justicia, a nada práctico conllevaría dicho requerimiento, en virtud de que siendo que el auto recurrido se trata de un desechamiento, las constancias que se han de remitir a la Superioridad para la substanciación del recurso interpuesto no podrían ser otras que las relativas a la demanda de amparo, sus anexos y el auto recurrido, así como su constancia de notificación, las que, invariablemente, deben ser enviadas a la Superioridad, ya que constituyen la materia sobre la que versa la queja y, al menos para este momento, no hay actuaciones diversas para resolver. Asimismo, obténgase copia certificada del escrito de interposición del recurso de queja aludido y agréguese a estos autos; lo anterior, a fin de que se pueda constatar la fecha en la que se interpuso tal recurso.
- Principal
III. Téngase por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual, comunica el auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, en el que dicho órgano jurisdiccional causó estado al diverso proveído de dos de septiembre de la presente anualidad, en el que declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por la quejosa en los autos del juicio de amparo 492/2019 de su índice, por las razones expuestas. Este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno. Vista la demanda de amparo que promueve la quejosa contra actos del Pleno del Tribunal Superior Agrario, con residencia en la Ciudad de México y otra autoridad de quienes reclama: La sentencia de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, en el recurso de revisión 532/2018-44, en la que se determinó revocar la sentencia emitida y reponer el procedimiento, en el juicio agrario 590/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro con sede en Chetumal, Quintana Roo. Se desecha demanda de amparo. Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, en relación con los actos de imposible reparación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías bi-instancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Lo anterior, es así, pues el acto reclamado en el presente juicio consistente en la sentencia de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, en el recurso de revisión 532/2018-44, en la que se determinó revocar la sentencia emitida y reponer el procedimiento, en el juicio agrario 590/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en Chetumal, Quintana Roo. De lo anterior se desprende que, la materia del acto reclamado sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que produce únicamente efectos intraprocesales, toda vez que si bien, el Pleno del Tribunal Superior Agrario, ordenó dejar insubsistente la sentencia dictada en el juicio agrario 590/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en Chetumal, Quintana Roo y reponer el procedimiento, lo cierto es que no genera un acto de imposible reparación, ni tampoco tiene ejecución grave o de efectos exorbitantes que amerite sujetarlo a control constitucional inmediato. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista y SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. No obstante que la quejosa señala domicilio para recibir notificaciones fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, también solicitó se autorice la consulta vía internet del expediente electrónico en que se actúa, y se practiquen las notificaciones de las determinaciones judiciales vía electrónica y proporciona su nombre de usuario. Toda vez que de una búsqueda realizada en la página electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el nombre de usuario "silvagarcia", se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea y ser notificado de la misma manera; hágase del conocimiento Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Se tienen como autorizados en términos amplios únicamente a Marisol Zaraí Roque Paz, Victor Barrera Oros, Raúl Neri Osnaya, Juan Pablo Silva García, por haber acreditado el registro de sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; a Jonathan Arnulfo Sánchez García y Ángel Alberto Hernández Ocaña, en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto acrediten el registro de sus cédulas en el referido sistema; y a las personas restantes que señala la parte quejosa, y para recibir documentos, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. Se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Dígase a las partes, que la sentencia que en su momento se dicte en el presente juicio estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información, así como también, el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la misma, y el de manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o Legislaturas de los Estados, manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes de que se dicte el fallo; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
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