Martha Berenice Cornejo Herrera

Expediente 920/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
920/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
17/07/2019

Partes del expediente

  • Martha Berenice Cornejo Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de julio de dos mil diecinueve. Visto el escrito de demanda presentado por MARTHA BERENICE CORNEJO HERRERA por su propio derecho contra actos de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 CPS Femenil Morelos y otras autoridades; fórmese el expediente 920/2019-ll. Desechamiento. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la actual Ley de Amparo, al examinarse el escrito de demanda y encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo conducente es desechar de plano la presente demanda. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, conforme al cual no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Lo anterior, sin soslayar que el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de un acto de autoridad que se estima violenta derechos humanos, en los términos que la Constitución y la Ley reglamentaria dispone, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, la existencia y aplicación de causas de admisibilidad dicho medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. Por tanto, al margen que en el presente asunto se impugnen actos relacionados con la situación que la parte quejosa guarda en el centro de reclusión en el que se encuentra, relacionados con aspectos inherentes a su salud, ello no impide que se analice la existencia de una causa de improcedencia en el juicio de amparo, en la medida que como se dijo la aplicación de causas de admisibilidad de un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de acceso efectivo a un recurso. En ese sentido, debe decirse que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que el acto reclamado consistente en la falta de atención médica no es susceptible de combatirse en la presente vía constitucional, al adolecer de definitividad, por las razones que se vierten a continuación. Este principio descansa en la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, la parte quejosa debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; su fundamento se encuentra en el artículo 107, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 317/2011, señaló que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la parte quejosa de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que la parte quejosa estima que afecta su esfera jurídica. Asimismo, se ha sostenido que para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Al respecto, del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. En el caso, los actos son combatidos por quien tiene la condición de persona privada de la libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social, Morelos, y promueve la acción constitucional contra omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, específicamente a la atención médica que refiere, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control para reclamar en esta instancia constitucional ante el Juez de Ejecución respectivo. Ello en virtud que la impetrante aduce haber solicitado atención médica por escrito y de manera verbal al guardia, personal de trabajo social, personal médico y a las autoridades señaladas como responsables, sin que medie respuesta alguna, en la medida que no basta mencionar que existe una omisión o inactividad, pues para que se configure una omisión reclamable en amparo es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. De ahí que la peticionaria del amparo, no acreditó mediante la exhibición de la constancia respectiva, haber observado el procedimiento legalmente establecido en los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en principio haber elevado una petición administrativa a las autoridades responsables para recibir la atención médica solicitada, para los padecimientos que narra, y que éstas hayan negado proporcionarla o en su caso omitido atenderla. Siendo que de no recibir respuesta a la solicitud formulada por escrito, o bien, si ésta es en sentido negativo estaba en aptitud de formular controversia ante el Juez de Ejecución, razón suficiente para considerar que se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2018548, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h, Materia(s): (Común), Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.), con el rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Entonces, dado que los citados actos reclamados en esta instancia constitucional necesariamente tienen que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, es decir, con los problemas que en su trato cotidiano reciben los internos; entre los que se encuentran el trato digno de parte del personal penitenciario; la asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud; alimentación; estancia; información de sus derechos y deberes; suministro de agua; artículos de aseo; régimen de visitas; atención de quejas por escrito; la garantía de su integridad moral, física, sexual y psicológica; su participación en su plan de actividades; y en general, todas las previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados y leyes aplicables, con excepción de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; deberán ser sometidos, en primer orden, a las autoridades penitenciarias, lo que refiere ya efectuó y en seguida, ante el Juez de Ejecución, quien tiene potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por la omisión de respuesta o la negativa otorgada, ya que, como se evidenció, su impugnación en sede constitucional sin agotar el procedimiento indicado, trae como consecuencia que adolezcan de definitividad, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia explicada. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. Domicilio y autorizados. Como lo solicita la parte quejosa, se ordena practicarle las notificaciones por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal, lo anterior con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, Apoya lo anterior, por analogía, la tesis XXII.1o.22 K, de la materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Página 1067, que es de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Se tienen por autorizados para efectos de oír y recibir notificaciones a las personas propuestas, toda vez que no acreditan ante este juzgado federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogados como lo exige el artículo 12 de la Ley de la materia, por lo que una vez que registren su cédula profesional y se haga del conocimiento de lo anterior a este tribunal, se proveerá de nueva cuenta sobre el carácter y facultades con las que se les autoriza y en tanto no exista este último acuerdo, se insiste, sólo será para efectos de oír y recibir notificaciones. Notifíquese por lista. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe. AEC

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