Martha Beatriz Vázquez Rubio
Expediente 40/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 40/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Martha Beatriz Vázquez Rubio
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por Martha Beatriz Vázquez Rubio, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese, y personalmente a la parte promovente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el oficio, anexo y copias de cuenta, signado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la Ciudad Capital, con el que devuelve el expediente 40/2018-IV de índice de este Juzgado, relativo al juicio de amparo promovido por Martha Beatriz Vázquez Rubio, contra actos del de los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Noveno Circuito, en San Luis Potosí y otras autoridades; al no aceptar la competencia declinada por este juzgado, para conocer del presente juicio de amparo. Téngase por recibido el referido sumario Constitucional, engrósese el cuadernillo de antecedentes y acúsese el recibo de estilo. Al efecto, este órgano de control Constitucional se declara competente para conocer del presente asunto. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que aquí reclama el promovente del amparo: consiste en la orden de aprehensión, detención citatorio y/o comparecencia, así como su ejecución. En tales condiciones, por lo que ve al acto que se reclama descrito con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo. El artículo y fracción en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." De lo que se colige que para que se actualice la causal de improcedencia aludida es necesario que los juicios de amparo involucrados hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades, por el propio acto reclamado y que uno de ellos se encuentre en trámite. Ahora bien, en términos de lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, es un hecho notorio que la ahora promovente presentó el quince de junio de dos mil dieciséis, una demanda de amparo que fue registrada bajo el número 51/2018-III, del índice de éste mismo Juzgado en la que de manera esencial, señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, detención citatorio y/o comparecencia, que las responsables ejecutar en su contra y la omisión de aclarar la calidad de la impetrante dentro de la Carpeta de Investigación 63/2018, contra actos que reclama a las mismas autoridades señaladas en el libelo inicial de demanda , en el cual mediante proveído de dos del mes y año en curso se admitió la demanda de amparo a trámite que promovió Martha Beatriz Vázquez Rubio. En suma, de las demandas de amparo aludidas, coexisten los mismos elementos, igual promovente, mismas autoridades responsables y actos reclamados; además de que el juicio de amparo 51/2018-III, se encuentra en trámite; Sin que pase inadvertido a este órgano jurisdiccional, que todo lo anterior se advierte, al traer a la vista como hecho notorio, la información capturada respecto del expediente 51/2018-III del índice de este mismo Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) publicada en la red intranet del Poder Judicial de la Federación, acorde con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y atento a la tesis de jurisprudencia XX.I.3o. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." Lo anterior debido a que la información obtenida de dicha fuente, en términos de los puntos primero, segundo -segundo párrafo- y tercero del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que determina el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, puede ser utilizada para responder a las consultas que sean formuladas por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, teniendo en cuenta que una de las finalidades de la causal de improcedencia por litispendencia es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico; habida cuenta, que con la admisión del juicio de amparo 51/2018-III de referencia, la aquí promovente conserva la oportunidad de defenderse del acto de autoridad que hizo valer a través de su primera demanda presentada, que como ya se mencionó es coincidente con la de cuenta y los actos que por esta se reclama devienen de los reclamados en la ulterior. En consecuencia, toda vez que se advierte de forma patente y absolutamente clara que opera la causal de improcedencia en estudio prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, además de que se cuenta con todos los elementos para llegar a esa determinación; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XIX.2o.12 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicado en la página 312, del tomo III, Enero de 1996, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable". De igual manera, tiene aplicación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 57, Tomo XVI, Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO.- No es óbice para que sea operante en el juicio de garantías la causal de improcedencia que consiste en la existencia de otro amparo, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que los agraviados afirmen que en el amparo precedente no aparece que exista el acto reclamado, ya que, en primer lugar, la causal de improcedencia señalada no se condiciona a que existan los actos combatidos en el primer amparo sino únicamente a que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución y que ese juicio esté promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y en segundo, no podría exigirse el requisito de que los actos reclamados sean ciertos, ya que la apreciación de las pruebas para tener o no por demostrada la existencia de los actos combatidos, se lleva a cabo hasta la sentencia, en los términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 73, fracción III, del ordenamiento citado, parte precisamente del supuesto de que dicha resolución no se ha dictado, esto es, que existe litispendencia". Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Martha Beatriz Vázquez Rubio, contra actos que reclama de los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Noveno circuito en San Luis Potosí y otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 40/2018-IV. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, y dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene o no para conocer del presente juicio de amparo. Para tal efecto, es necesario destacar lo que establece el artículo 48 último párrafo de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." En ese tenor, es inconcuso que este Juzgado de Distrito es legalmente incompetente para conocer del presente asunto. Lo anterior es así, debido a que la promovente señala como autoridades responsables a Los Tres Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Noveno Circuito en San Luis Potosí; Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República, Delegación San Luis Potosí; Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a la Agencia Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República; Agencia de Investigación Criminal, Policía Federal Ministerial Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la PFM, en el Estado de San Luis Potosí, todos con residencia en la capital del Estado. Asimismo, señaló como acto reclamado: la orden de aprehensión, citatorio y/o orden de comparecencia. En ese orden de ideas, atento al contenido del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es de determinarse que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo con la que se formó el expediente en que se actúa, tomando en cuenta que conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, esa competencia corresponde al Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de San Luis Potosí, toda vez que las autoridades responsables tienen residencia en San Luis Potosí, capital; por ende, corresponde al mencionado Juez de Distrito el conocimiento de la demanda de amparo en cuestión, acorde con la regla que en materia de competencia prevé el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Ello es así pues la quejosa en su escrito de demanda de amparo, manifiesta que las autoridades responsables ubican su residencia en la ciudad de San Luis Potosí; que los actos reclamados son la orden de aprehensión, citatorio y/o comparecencia librados en su contra; empero no se advierte, aun de manera indiciaria, que éstos se hayan tratado de ejecutar en esta ciudad, pues de una revisión exhaustiva de su libelo constitucional, no se desprende manifestación alguna en ese sentido; menos aún que lo hubiera realizado bajo protesta de decir verdad, supuesto estricto contemplado por nuestro Máximo Tribunal del País, para que resultara procedente la prevención correspondiente. De ahí que sólo en caso de que no se realizara señalamiento expreso de que autoridades ejecutoras tuvieran domicilio en esta ciudad, cuando se señala que en su domicilio se trató de ejecutar la orden restrictiva de libertad, y previa prevención -cuestión que no ocurre en este caso-; en consecuencia y como lo ha venido sosteniendo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el domicilio de la quejosa -único dato con que se cuenta en la demanda de amparo- no determina la competencia del juzgador de Distrito. Abundado a lo anterior, aun y cuando la disconforme señaló domicilio en esta localidad, dicha circunstancia es insuficiente para justificar la competencia a este juzgado federal, pues al tratarse de actos privativos de la libertad, estos pueden ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse la promovente; aunado a que indica que el veintiséis de enero del año en curso, se constituyó en la Delegación de la Procuraduría General de la República, institución que ubica su residencia en la capital del Estado de San Luis Potosí; por ende, si los citados actos reclamados requieren de ejecución material y las autoridades responsables tienen su domicilio en la ciudad de San Luis Potosí sin que en el caso se haya manifestado bajo protesta de decir verdad que en esta ciudad se le pretendía ejecutar aquellos mandatos, ni señalara autoridad ejecutora en esta localidad, para que se actualizara la posibilidad legal de prevenirla en ese sentido, entonces es competente para conocer de la demanda que nos ocupa el juez que tiene jurisdicción en la ciudad de San Luis Potosí. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 383, Libro XXIII, correspondiente al mes de Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En tal virtud, es de determinarse que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata. Paralelo a lo expuesto, toda vez que los actos reclamados no encuadran en los supuestos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el ordinal 48 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se hace pronunciamiento respecto de la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, pues esa determinación debe ser dictada por el Juez que conozca de la demanda de amparo. Por consiguiente, con apoyo en el artículo 37 de la Ley de Amparo y punto cuarto, fracción IX, del Acuerdo General 3/2013 antes citado, remítase al Juez de Distrito en tumo en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a quien se estima competente, el expediente en que se actúa, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Martha Beatriz Vázquez Rubio, contra actos de los Tres Jueces de Distrito Especializados en el sistema Penal Acusatorio del Noveno Circuito en San Luis Potosí y otras autoridades. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda, declinando la competencia para tal efecto a favor del Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Ello es así, en virtud de que la promovente señaló que las autoridades ordenadoras y ejecutoras tienen su domicilio en San Luis Potosí, capital. Sin que sea necesario pronunciarse en términos del numeral 48 de la Ley de Amparo, respecto de la suspensión de los actos reclamados, habida cuenta que no se actualizó ninguno de los supuestos que prevé el diverso artículo 22 de la Constitución Federal. En ese sentido, se ordena remitir la demanda y sus copias, solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo, así como se informe si acepta o no la competencia planteada, dejando cuaderno de antecedentes respectivo. Téngase a la solicitante de amparo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Reforma número 423, del Barrio Las Lomas, entre calles Toltecas y Allende, en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Por otra parte, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gehu García Raygoza, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tienen como autorizados de la promovente en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Coronado Nieto y Victor Ramirez de Santiago; en virtud de que no cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Notifíquese personalmente a la promovente y cúmplase. Lo proveyó y firma Luis Fernando Arreola Villa, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, asistido de Gabriela Olvera Leyva, Secretaria que autoriza y da fe.
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