MARTHA BEATRIZ GARCIA HERNANDEZ y Otros.

Expediente 433/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 24 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
433/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
02/12/2021

Partes del expediente

  • Martha Beatriz Garcia Hernandez
  • MARTHA BEATRIZ GARCIA HERNANDEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Incidental

    Irapuato, Guanajuato, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el telegrama remitido por el Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, XV Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz; por el que acusa recibo del oficio por el que se le notificó la resolución interlocutoria de tres de noviembre cursante, emitida en la presente incidencia. Circunstancia de la cual este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, dos de diciembre de dos mil veintiuno. ACUSA RECIBO Téngase por recibido el telegrama remitido por el Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, XV Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz; por el que acusa recibo del oficio por el que se le notificó la sentencia de tres de noviembre cursante, emitida en el presente sumario. Circunstancia de la cual este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ESTADO DE AUTOS Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la legislación en comento, contra la sentencia de tres de noviembre de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio y por otra se le negó el amparo y protección de la justicia. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes, en virtud que la sentencia no les irroga perjuicio alguno. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. Las partes no allegaron documentos al presente sumario. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido, 18, fracción I, incisos a) y b), y 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo en cita. Realícese la certificación de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por último, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este juzgado les remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  3. Principal

    Irapuato, Guanajuato, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. SE INFORMA CAMBIO DE TITULAR Vista la cuenta, hágase saber a las partes que mediante oficio SEADS/1115/2021 signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó a este juzgado que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la licenciada Cristina Guzmán Ornelas, funge como Juez de Distrito de este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo. Realícese la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes. Notifíquese.

  4. Incidental

    ...AUDIENCIA INCIDENTAL... CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos que reclaman a: Lo anterior, en razón de que así lo manifestaron al rendir su respectivo informe previo. En esas condiciones, se precisa que la parte quejosa no aportó medios de convicción tendentes a desvirtuar la negativa de las responsables. Por tanto, al no haber desvirtuado la negativa de las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 138, de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo al particular la tesis siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 350656 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo LXXVIII Materia(s): Común Tesis: Página: 2275 ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si las autoridades responsables niegan los actos que de ellas se reclaman, y el quejoso no rinde prueba alguna para desvirtuar esa negativa y demostrar la existencia de dichos actos, es improcedente conceder la suspensión contra los mismos. Amparo civil. Revisión del incidente de suspensión 8619/42. O'Reilly y Llano María Guadalupe y coags. 30 de octubre de 1943. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José María Ortiz Tirado. La publicación no menciona el nombre del ponente". QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables el Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz y el Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, XV Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz, fueron omisas en rendir su informe previo respecto de ***********, en esas condiciones, se tienen por ciertos los actos que la quejosa le atribuye y, al efecto, se provee sobre la suspensión solicitada. Por tanto, con apoyo en el artículo 142, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama, para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. SEXTO: Naturaleza de los Actos Reclamados (Materia para la Suspensión). Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, los quejosos solicitan que se conceda la medida cautelar de los actos reclamados, lo que medularmente, se traduce en que no se ejecuten dichos actos. Sobre esa base, se considera que los actos en estudio resultan paralizables, en virtud de que tienen efectos positivos, que consisten en un hacer de las responsables, voluntario y efectivo, que se materializa a través de una acción, esto es, el cumplimiento de cualquier orden tendente a la detención y/o aprehensión, dictada en contra del quejoso, y en su caso, su ejecución puede implicar la molestia o privación de su libertad. SÉPTIMO. Ponderación del interés particular sobre el interés social y las disposiciones de orden público El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese sentido, cuando se trate de actos que incidan en la libertad personal, la suspensión se decretará cuando de una ponderación entre el perjuicio al interés social y la contravención a las disposiciones de orden público frente a los daños y perjuicios que se pudieran causar a la parte quejosa con la ejecución del acto, los últimos deban prevalecer. En mérito de lo anterior, se estima que se satisface dicho requisito pues con la concesión de la suspensión solicitada no se infringen disposiciones de orden público, ni se lesiona el interés social, en atención a que la libertad es un derecho personalísimo, por lo que, la sociedad no recibe alguna afectación con motivo de que se paralicen los efectos de la orden de detención y/o aprehensión, girada en contra del quejoso, así como su ejecución, impugnados en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente. OCTAVO. Interés suspensional -estudio de la apariencia del buen derecho. De conformidad con el artículo 131 de la Ley de Amparo, solo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos y/o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación en su esfera jurídica. La noción de interés suspensional, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial. Cobra aplicación al caso, por las razones que la conforman, la tesis I.4o.A.15 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2166, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego". Sobre esa base, se considera que la parte quejosa demostró el interés suspensional que tiene para que se le conceda la medida de que se trata con la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, realiza en el sentido que ignora el motivo por el que se giró la orden de aprehensión; lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas, por tanto, cualquier afectación sobre sus derechos les afecta. Lo anterior tiene sustento en la tesis VII.2º.A.T.12 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página mil seis, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, LOS ARGUMENTOS REALIZADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA, SIEMPRE QUE SEAN VEROSÍMILES. El Juez de Distrito actuó contrariamente a derecho al negar la suspensión provisional de los actos reclamados, por considerar básicamente que la quejosa no acreditó contar con licencia expedida por las autoridades competentes que autorizaran el funcionamiento de la negociación clausurada, pues omitió observar que aquélla manifestó en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que sí contaba con la licencia respectiva, sólo que no podía presentarla en ese momento debido a que se encontraba en el interior de la negociación, a la que lógicamente no tenía acceso, argumentos que son razonables y verosímiles, por lo que es evidente que si en ese momento procesal no se contaba con medios de convicción que desvirtuaran lo aseverado por la promovente, el a quo debió darles credibilidad a las afirmaciones referidas." Aunado a la presunción de certeza que se generó respecto de las autoridades indicadas en el considerando quinto que antecede. En tales condiciones, se estima que se satisfacen los requisitos señalados en el presente acuerdo, pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa y con su concesión no se infringen disposiciones de orden público, ni se lesiona el interés social, en atención a que la libertad es un derecho personalísimo, por lo que, la sociedad no recibe alguna afectación con motivo de que se paralicen los efectos de la detención y/o aprehensión girada en su contra, así como su ejecución, reclamados en el juicio de amparo del que emana el presente incidente; ello, desde luego, en tanto no se examine la constitucionalidad de tales mandatos. Por tanto, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada respecto de los mandatos de captura en estudio. NOVENO. Efectos de la Concesión. Ahora, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de ese derecho fundamental y los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal. Sobre el tema, ilustra la jurisprudencia 1a./J. 16/97 de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, consultable en la página 226, tomo V, mayo de 1997, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión" Por tanto, para un adecuado estudio de la suspensión solicitada, se realizará el análisis de cada uno de los actos reclamados en forma separada. - Orden de aprehensión. Con apoyo en el numeral 166 de la ley de la materia, desde este momento, se concede a ***********, la suspensión definitiva que solicitan, para el efecto de que en el caso de que derive de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional y 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez que sea detenido, quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar de su reclusión únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación; y, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido. - Orden de detención. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a ***********, respecto de la orden de detención, para el efecto de que no se ejecute y cese inmediatamente, poniendo al agraviado en libertad o a disposición del Ministerio Público. Esto es, para el caso de que la detención de la parte quejosa no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tiene por efecto que sea puesto en libertad. Pero cuando la afectación a la libertad personal del quejoso es porque se encuentran a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concede para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. De encontrarse el quejoso a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo contará a partir de que sean puestos a disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. DÉCIMO. Requisitos para que surta efectos la medida cautelar. De conformidad con el artículo 136 de la ley de la materia, esta medida cautelar surte sus efectos desde ahora, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva; pero, con apoyo en el diverso numeral 168, dejará de surtirlos si el promovente del amparo no otorga garantía ante este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de cinco días siguiente al en que surta efectos legales la notificación de este auto, por la cantidad de diez mil pesos, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a fin de garantizar su aseguramiento y pueda ser devuelta a las autoridades responsables en caso de que no se le conceda el amparo y protección de la Justicia Federal; la cual podrá ser modificada tomando en consideración la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute en las ordenes que reclama y la circunstancia de que no existan pruebas que hagan suponer que pretenden sustraerse de la acción de la justicia. Con la observación de que si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por el quejoso ***********, como depositante y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado. El texto deberá ser el siguiente: "Para garantizar la suspensión definitiva concedida a ***********, en el incidente de suspensión 433/2021" Además, con fundamento en el artículo 168 de la Ley de Amparo, el incidentista deberá comparecer ante la autoridad responsable y ponerse a su disposición para la continuación del procedimiento correspondiente, dentro del término de tres días siguientes al que surta efectos la notificación de esta resolución y acreditarlo con las constancias relativas ante este juzgado federal dentro de igual término, con el apercibimiento que de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y se hará efectiva la garantía que exhiba a favor del erario federal, quedando expeditas las facultades de la autoridad señalada como responsable, para llevar a cabo la ejecución de los actos reclamados. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a ***********, la suspensión definitiva de los actos reclamados, por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se concede a ***********, la suspensión definitiva para los efectos señalados en el considerando noveno de esta resolución.

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