Martha Beatriz Fragoso López

Expediente 260/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
260/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2019

Partes del expediente

  • Martha Beatriz Fragoso López

Actuaciones

  1. Principal

    ...Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho que le fue remitido para que notificara a la parte quejosa, el proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones correspondientes y dese de baja la citada comunicación oficial en el libro de Gobierno. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción I, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula...IV

  2. Principal

    ...Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que ***** ; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Finalmente, una vez que se reciba la comunicación oficial girada al Juzgado de Primera Instancia Civil en Turno, en San Juan del Río Querétaro, se proveerá en relación al archivo del expediente...

  3. Principal

    Téngase por recibida la demanda promovida por...., por su propio derecho, contra actos del de Juez Primero de Primera Instancia Civil en San Juan del Río, Querétaro y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 260/2019-IV, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. DESECHAMIENTO. Debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. El artículo 113 de la ley de la materia establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Así, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo de dicho ordenamiento legal, que disponen: "61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley ..." "107. El amparo indirecto procede: .IV.- Contra actos de tribunales judicial, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que se ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" De la lectura integral de demanda y de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: El proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio ordinario civil 882/2017, por el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, en el que proveyó no admitir a trámite el incidente innominado de Ejecución de sentencia definitiva. Asimismo, de la lectura integral de demanda, se advierten como antecedentes, los siguientes: El dieciocho de julio de dos mil diecisiete,..., por conducto de su apoderada legal, demandó vía ordinaria y en ejercicio de la Acción Plenaria de Posesión a la aquí quejosa. Seguido el proceso, se dictó sentencia definitiva, la cual fue apelada, sin que el fallo del Tribunal de Alzada modificara la sentencia recurrida, por lo que el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, dicha sentencia causó ejecutoria. Acto seguido, mediante solicitud de la parte actora (...), se requirió la ejecución de sentencia respectiva, por lo que el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, se notificó de forma personal a la aquí quejosa, el plazo que disponía para dar cumplimiento voluntario a la sentencia definitiva y hacer entrega del bien inmueble que fuera objeto de la litis. Ante ello, la parte quejosa interpuso el incidente innominado en ejecución de sentencia definitiva, con el fin de que el Juez responsable, resolviera de manera interlocutoria lo siguiente: "La declaración judicial a través de sentencia interlocutoria, por virtud de la cual, se declare que el Usufructo Vitalicio del que goza la C....., se encuentra sujeto a lo dispuesto por el artículo 996 Fracción 11del Código Civil para el Estado de Querétaro, la que previene el otorgamiento de fianza para el debido uso y disfrute del inmueble objeto del usufructo. Como consecuencia de la prestación que antecede, en ejecución de la sentencia definitiva de fecha 23 (veintitrés) de febrero del 2018 (dos mil dieciocho) en relación con su Resolutivo Segundo, se condene bajo su cargo y a costa de la C...., al otorgamiento de una fianza suficiente y bastante por Institución Autorizada a satisfacción de este Órgano Jurisdiccional, en la que se establezca como obligación el correcto uso y restitución a favor de la suscrita o quien legalmente me represente, sobre el Inmueble Calle Morelos Número 33, Zona Centro, en San Juan del Rlo, Querétaro, con sus accesiones, no empeorada, ni deteriorada al extinguirse el derecho real de usufructo. En cumplimiento al artículo 996 Fracción I del Código Civil para el Estado de Querétaro, se condene o expensas de lo señora..., a formar el inventario de los bienes muebles que se encuentren dentro de domicilio ubicado en Calle Morelos Número 33, Zona Centro, en San Juan del Rio, Querétaro; además de hacer constar el estado físico en que se halle el inmueble previo a la entrega de la posesión; circunstancias anteriores, que deberá realizarse a través del Secretario Actuario adscrito a este Tribunal." Por lo que el Juez responsable, mediante auto de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, determinó entre otras cuestiones, no ha lugar a dar trámite al Incidente Innominado que pretende, ni tampoco suspender la ejecución de la sentencia firme. Siendo dicha determinación la que constituye el acto reclamado que se combate por la vía de amparo. De lo expuesto, resulta que tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, sólo podrá promoverse el amparo contra la "última resolución" resuelta en el procedimiento de ejecución, donde por "última resolución" debe atenderse a la definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. En efecto, en acatamiento al mandato constitucional, la ley de la materia y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tuvo como base la exposición de motivos de la ley citada en el sentido de evitar abusar del juicio de garantías, la procedencia del amparo que promueva quien fue parte en el procedimiento contra actos dictados después de concluido el juicio en la etapa de ejecución de sentencia, están condicionados a que dichos actos sean la última resolución dictada en la citada etapa en donde podrán reclamarse conjuntamente las demás violaciones que hubieren dejado sin defensa a la peticionaria siempre que estén encaminadas al cumplimiento de la cosa juzgada. La finalidad que persigue este criterio, es la de evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones que en el procedimiento de ejecución sucedan, pues de lo contrario se obstaculizarían los procedimientos tendentes a cumplimentar las resoluciones que constituyan la verdad legal, resulta así, ya que se pretende dar un equilibrio entre el interés individual de quien estima sufrir un agravio en sus garantías individuales frente al interés de la sociedad para que se cumplan las sentencias. En efecto, el proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio ordinario civil 882/2017, por el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, en el que proveyó no admitir a trámite el incidente innominado de Ejecución de sentencia definitiva, evidencia la presencia de un acto de ejecución de sentencia, cabe señalar que, las sentencias firmes deben cumplirse cuidando que no se entorpezca la ejecución de las mismas; además, también debe cuidarse que el juicio de amparo no sea utilizado como instrumento que retarde la administración de justicia y, en cuanto a las personas que efectivamente hayan sufrido una violación en sus garantías, podrán ser restituidas en el goce de éstas desde que se cometió la violación en ese procedimiento de ejecución si así lo determina el órgano de control constitucional. De ahí que, resulta a todas luces improcedente la demanda que se intenta en esta vía de amparo. Por su exacta aplicación al caso es de citarse la tesis jurisprudencial número 734, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, página 1204, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114 fracción III de la Ley de Amparo". En el caso concreto se advierte que el acto que reclama la promovente, es llevado a cabo en ejecución de sentencia; por lo tanto, no satisfacen los requisitos para la procedencia del juicio de amparo derivados del ordinal 107, fracción IV párrafo segundo, de la ley en comento y su interpretación jurisprudencial, pues NO SE TRATA DE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN; aunado a que la hoy quejosa, es parte en el juicio natural 882/2017, como se advierte de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad aduce, afirmaciones que constituyen una confesión en términos del artículo 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de la que se desprende que la quejosa es parte en el juicio natural, que conoció antes del acto que aquí reclama y que dicho acto está dictado en la etapa de ejecución, intrínsecamente relacionado con la cosa juzgada. Sirve de apoyo la jurisprudencia 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de dos mil uno, página treinta y uno, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Tiene apoyo a lo expuesto, la tesis de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." (Tesis 389 C, visible en la página 1721, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Enero de 2003, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia civil del Segundo Circuito) Así como la diversas jurisprudencia 1ª./J. 28/2010, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60 Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, del mismo ordenamiento jurídico en consulta, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la presente demanda de garantías, promovida por MARTHA BEATRIZ FRAGOSO LÓPEZ, en términos del diverso 113 de la propia ley. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." SE ORDENA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA, VÍA DESPACHO. Ahora, al advertir que la parte promovente señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, fuera de la residencia de este Juzgado; de conformidad con el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, gírese despacho al Juzgado de Primera Instancia Civil en Turno en San Juan del Río, Querétaro, a efecto de que comisione a cualquiera de los actuarios de su adscripción a que se constituya en el domicilio ubicado en Río Moctezuma 266-A (Plaza San Juan ), Condominio 4, interior 30 y 31, colonia El Pedregoso, código postal 76806, en San Juan del Río, Querétaro, y notifique el presente proveído, a la parte quejosa, por sí o por conducto de sus respectivos autorizados, en términos de los artículos 27 fracción II) de la Ley de Amparo, solicitando de la manera más atenta levantar razón en las actas que al efecto se realicen. Asimismo, dicho fedatario deberá informarle a la parte quejosa que las notificaciones se le practicarán por medio de lista, aún las de carácter personal, tal como lo establece el precepto legal 29 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que si es su deseo, durante la tramitación del presente juicio designe domicilio en esta ciudad para tal efecto. De conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la ley de la materia, se delegan facultades al juzgado exhortado, a efecto de que habiliten días y horas inhábiles para la realización de la diligencia respectivamente encomendada. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ...y :......., y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que refiere en el proemio de su escrito de demanda, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado ser licenciados en derecho con cédula profesional debidamente inscrita en el Sistema respectivo. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. CAPTURA DE PROVEÍDO. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, vía despacho.

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