Martha Armenta Torres

Expediente 67/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
67/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
05/04/2016

Partes del expediente

  • Martha Armenta Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio 1837/2016, signado por la Secretaria General "B", de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado (Sección de Amparos), mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 729-EJE, de veintiocho de marzo del año en curso, a través del cual se le devolvió el original del expediente laboral D-3/887/2015, lo que se toma en consideración, para que surta los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra el auto de veintidós de febrero del año en curso, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia, en el entendido que se tramitó sin incidente de suspensión. Previa razón de desglose, devuélvase a su lugar el original del expediente laboral D-3/887/2015 al Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, solicitándose el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, así como las documentales que componen el informe justificado, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que MARTHA ARMENTA TORRES, acude a esta instancia constitucional a reclamar de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, lo siguiente: ". IV.-ACTO RECLAMADO.- Son los siguientes: De la HONORABLE JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE PUEBLA, se hace consistir en la omisión de emplazamiento conforme a la ley al tercero interesado, es decir a UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA por circunstancias que solo la autoridad responsable conoce, lo que hace evidente la dilación procesal de la que me estoy quejando. De dicha autoridad señalada como responsable, le reclamo las consecuencias legales del acto reclamado, y que se traduce a la omisión del emplazamiento al tercero interesado, no obstante que las normas de trabajo son de carácter imperativo por que (sic) aluden a la certeza jurídica de los procedimientos y en los cuales se establece la obligación de la propia autoridad para lograr un (sic) celeridad en el procedimiento, atento a los principios procesales emanados de la Constitución y su Ley Reglamentaria." ." (foja 3). Precisado lo anterior, debe indicarse que la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidente, al rendir su informe justificado confesó la existencia del acto reclamado (foja 16). Empero, de las documentales que la responsable acompañó a su informe justificado, se advierte que el cinco de febrero de dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral D-3/887/2015, no encontrando al representante legal de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA (parte demandada), la Actuaria adscrita a la junta responsable, dejó citatorio previo con Beatriz Rodríguez quien manifestó ser empleada de tal universidad, citándole para que la esperara para las trece horas con veintidós minutos del ocho de febrero del año en curso (foja 28). El ocho de febrero de dos mil dieciséis, la Actuaria adscrita a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, emplazó a juicio a la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA, por conducto de Beatriz Rodríguez, dentro del citado expediente laboral (foja 29). Documentales a las que de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede pleno valor probatorio. De lo antes expuesto, este juzgado federal, advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los razonamientos que a continuación se exponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto, se determina que han cesado los efectos del acto reclamado. Se asevera lo anterior, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era para que la autoridad responsable dentro del expediente laboral D-3/887/2015, emplazara a juicio a la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA; aquélla se vio satisfecha en la medida en que el ocho de febrero de dos mil dieciséis la emplazó por conducto de Beatriz Rodríguez quien dijo ser empleada de dicha universidad (foja 29). Por consiguiente, se ha restituido a la accionante de amparo en el pleno goce de las garantías individuales que le habían sido violadas, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio. Por tanto, se dejan sin efecto las diez horas con cinco minutos del siete de marzo del año en curso, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado ALFONSO ORTIZ LÓPEZ, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante la Secretaria Nadya Domínguez Andrade, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, así como las documentales que componen el informe justificado, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que MARTHA ARMENTA TORRES, acude a esta instancia constitucional a reclamar de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, lo siguiente: IV.-ACTO RECLAMADO.- Son los siguientes: De la HONORABLE JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE PUEBLA, se hace consistir en la omisión de emplazamiento conforme a la ley al tercero interesado, es decir a UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA por circunstancias que solo la autoridad responsable conoce, lo que hace evidente la dilación procesal de la que me estoy quejando. De dicha autoridad señalada como responsable, le reclamo las consecuencias legales del acto reclamado, y que se traduce a la omisión del emplazamiento al tercero interesado, no obstante que las normas de trabajo son de carácter imperativo por que (sic) aluden a la certeza jurídica de los procedimientos y en los cuales se establece la obligación de la propia autoridad para lograr un (sic) celeridad en el procedimiento, atento a los principios procesales emanados de la Constitución y su Ley Reglamentaria.(foja 3). Precisado lo anterior, debe indicarse que la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidente, al rendir su informe justificado confesó la existencia del acto reclamado (foja 16). Empero, de las documentales que la responsable acompañó a su informe justificado, se advierte que el cinco de febrero de dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral D-3/887/2015, no encontrando al representante legal de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA (parte demandada), la Actuaria adscrita a la junta responsable, dejó citatorio previo con Beatriz Rodríguez quien manifestó ser empleada de tal universidad, citándole para que la esperara para las trece horas con veintidós minutos del ocho de febrero del año en curso (foja 28). El ocho de febrero de dos mil dieciséis, la Actuaria adscrita a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, emplazó a juicio a la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA, por conducto de Beatriz Rodríguez, dentro del citado expediente laboral (foja 29). Documentales a las que de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede pleno valor probatorio. De lo antes expuesto, este juzgado federal, advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los razonamientos que a continuación se exponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto, se determina que han cesado los efectos del acto reclamado. Se asevera lo anterior, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era para que la autoridad responsable dentro del expediente laboral D-3/887/2015, emplazara a juicio a la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA; aquélla se vio satisfecha en la medida en que el ocho de febrero de dos mil dieciséis la emplazó por conducto de Beatriz Rodríguez quien dijo ser empleada de dicha universidad (foja 29). Por consiguiente, se ha restituido a la accionante de amparo en el pleno goce de las garantías individuales que le habían sido violadas, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio. Por tanto, se dejan sin efecto las diez horas con cinco minutos del siete de marzo del año en curso, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado ALFONSO ORTIZ LÓPEZ, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante la Secretaria Nadya Domínguez Andrade, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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