Martha Antonia García Galeana
Expediente 331/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 19 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 06/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Martha Antonia García Galeana
- H. Congreso del Estado Libre Y Soberano de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Acapulco, Guerrero, seis de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio signado por el Síndico Procurador del Municipio de Benito Juárez, Guerrero; atento a su contenido, como lo solicita, remítasele la copia simple de la sentencia dictada en el presente juicio. Finalmente, devuélvase el expediente al archivo físico de este juzgado por tratarse de un asunto que se encuentra concluido. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a dos de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que Sobresee ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, dado que la parte quejosa adjunto documentales a su demanda de amparo; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General 1/2009, se dejan a su disposición para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal con documento de validez oficial que contenga su fotografía, a fin de que le sea entregada, previa certificación de su desglose y constancia legal de su entrega, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, dicha constancia será destruidas junto con el expediente Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VISTOS, para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 331/2017. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, el tres de abril de dos mil diecisiete y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Martha Antonia García Galeana, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades (en sus denominaciones correctas) y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Congreso del Estado de Guerrero. Gobernador del Estado de Guerrero. Con sede en Chilpancingo, Guerrero Ayuntamiento Constitucional Presidente Municipal Director de Administración y Finanzas (se tuvo por inexistente en auto de quince de mayo de dos mil diecisiete). Todos del Municipio de Benito Juárez, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "A).- Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, reclamo la aprobación de la Ley 273 "Ley de Ingresos para el Municipio de Benito Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2017", en lo relativo al cobro del derecho de alumbrado público, en sus artículo 23, que a la letra dice: (Se transcribe). B).- Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, reclamo la promulgación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, en el artículo 23 de la Ley 273 Ley de Ingresos para el Municipio d Benito Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2017, toda vez que es inconstitucional y por no ser proporcional ni equitativo. C).- Del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Guerrero, reclamo la orden de cobro del derecho de alumbrado público, previsto en el artículo 3 de la Ley 273 Ley de Ingresos para el Municipio de Benito Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2017, toda vez que es inconstitucional por no ser proporcional ni equitativo. D).- Del Presidente Municipal de Benito Juárez, Guerrero, reclamo la ejecución y cobro del derecho de alumbrado público, previsto en el artículo 23 de la Ley 273 "Ley de Ingresos para el Municipio de Benito Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2017 para el ejercicio fiscal 2015 (sic), toda vez que es inconstitucional y por no ser proporcional ni equitativo. E. A todas las autoridades reclamo la inconstitucionalidad del cobro del derecho de alumbrado público por no encontrarse fundado ni motivado". SEGUNDO. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de tres abril de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, y finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo a audiencia constitucional, con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una ley local con motivo de su acto de aplicación por una autoridad administrativa que se encuentra en la jurisdicción territorial de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa combate por esta instancia: La expedición, aprobación, promulgación, orden de publicación, refrendo, publicación y aplicación de la Ley Número 273 de Ingresos para el Municipio de Benito Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, específicamente su artículo 23, que regulan el cobro del derecho por la operación y mantenimiento del alumbrado público, con motivo de su primer acto de aplicación materializado en el aviso-recibo relativo al número de servicio 323 851 200 294, correspondiente al periodo de consumo del tres de febrero al seis de marzo de dos mil diecisiete, pues en este se cobró por tal derecho la cantidad de $8,832.65 (ocho mil ochocientos treinta y dos pesos 65/100 moneda nacional). TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso y Gobernador, del Estado de Guerrero, residentes en Chilpancingo, consistentes en la expedición, aprobación, promulgación, refrendo y orden de publicación de la Ley Número 273 de Ingresos para el Municipio de Benito Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, específicamente su artículo 23, pues así lo reconocieron al rendir sus informes con justificación por conducto de los funcionarios públicos que los representan. Por otro lado, el Ayuntamiento de Benito Juárez, Guerrero -por conducto del Primer Síndico-, así como el Presidente Municipal, del ayuntamiento aludido, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del acto de aplicación de la ley tildada de inconstitucional; sin embargo, lo procedente es tener por desvirtuada la negativa informada y por cierta la conducta reprochada, habida cuenta que las cantidades que se enteran con motivo del pago del derecho de alumbrado público que la Comisión Federal de Electricidad factura en los avisos recibos que expide a los usuarios del servicio de fluido eléctrico, pasan a formar parte de la hacienda municipal, aunado a que dichas autoridades municipales se encuentran facultadas para exigir la recaudación del aludido tributo. Lo que se corrobora además con la documental que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, consistente en el aviso-recibo por consumo de energía eléctrica con número de servicio 323 851 200 294, correspondiente al periodo de consumo del tres de febrero al seis de marzo de dos mil diecisiete, pues en este se cobró por tal derecho la cantidad de $8,832.65 (ocho mil ochocientos treinta y dos pesos 65/100 moneda nacional). CUARTO. Causales de improcedencia. Causales de improcedencia. Verificada la certeza de los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en confrontación con el primer párrafo del numeral 17 y 18 de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento la parte quejosa de los actos reclamados. En efecto, las citadas disposiciones legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De estos dispositivos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días computado de la siguiente forma: a).- Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada. b).- Desde el día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c).- Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado el quejoso sabedor de dicho acto o de su ejecución. Los citados supuestos son excluyentes entre sí y no guardan prelación alguna; por tanto, el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique ellos. Luego, la hipótesis de improcedencia en comento, tiene lugar cuando el juicio de amparo no se promueve dentro de los plazos que para el caso específico consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que la ley hace presumir que el afectado por la ley o por el acto de autoridad, consintió uno u otro de manera tácita, lo que resulta explicable, en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional, no podría quedar a la libre elección del gobernado. Por otro lado, debe entenderse que el plazo excepcional de treinta días que establece la fracción I, del artículo 17 de la Ley de Amparo, sólo es atendible cuando el acto reclamado lo sea una norma autoaplicativa, es decir, que con su sola entrada en vigor cree, modifique o extinga situaciones jurídicas concretas en perjuicio del gobernado, de modo que de no ser así, para impugnarse una ley heteroaplicativa con motivo de su primer acto de aplicación debe atenderse al plazo genérico de quince días. Asimismo, tratándose de leyes heteroaplicativas o de individualización condicionada, el amparo debe promoverse con motivo del primer acto de aplicación, acorde con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la ley de la materia. En este último supuesto, la aplicación de la norma da pauta para que el particular controvierta su constitucionalidad, puesto que la disposición en comento, permite concluir que tal "acto" de ejecución o individualización de la ley se refiere sólo al primero y no a los subsecuentes actos de aplicación. En este sentido, el párrafo tercero de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta ser el extremo explícito sobre el particular, por cuanto a que se hace mención expresa al "primer acto de aplicación" y establece asimismo, que para impugnar una ley en juicio de amparo, el interesado tiene la opción de ejercitar la acción de amparo en su contra, a través de su primer acto de aplicación. Lo expuesto, se corrobora con el criterio que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las diferentes tesis en torno a las leyes heteroaplicativas o de individualización condicionada, en las cuales se advierte que el aludido primer acto específico de aplicación de la ley, es requisito indispensable para que proceda la acción de amparo en su contra, que se reclama con motivo de su concreta aplicación en agravio del particular. En consecuencia, si el particular promueve juicio constitucional reclamando una ley de individualización condicionada, pero no se trata del primer acto de aplicación, sino del segundo o subsecuentes actos de ejecución, el juicio de amparo será improcedente al tenor de las disposiciones legales de mérito y de las razones aducidas. Ahora bien, la quejosa reclama la Ley Número 273 de Ingresos para el Municipio de Benito Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, específicamente su artículo 23, con motivo de su primer acto de aplicación en el aviso-recibo por consumo de energía eléctrica con número de servicio 323 851 200 294, correspondiente al periodo de consumo del tres de febrero al seis de marzo de dos mil diecisiete, pues en este se cobró por tal derecho la cantidad de $8,832.65 (ocho mil ochocientos treinta y dos pesos 65/100 moneda nacional), relativos al pago del derecho por la operación y mantenimiento del alumbrado público. En ese sentido, estado de cuenta que obra glosado a fojas 50, al cual se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mismo que resulta apto para demostrar la fecha en que ocurrió el primer acto de aplicación de la Ley Número 273 de Ingresos para el Municipio de Benito Juárez, Guerrero, que prevé el derecho por la operación y mantenimiento del alumbrado público, puesto que arroja datos inequívocos de cuándo se materializó la mencionada ley que tilda de inconstitucional, así como la data en la que la parte quejosa efectúo el pago de dicho impuesto; lo cual, es suficiente para tener por acreditado que la parte quejosa tuvo conocimiento de éste, desde el veinte de enero de dos mil diecisiete. Se afirma lo anterior, dado que el cobro del derecho de alumbrado público materializado en el aludido aviso-recibo se estima como el primer acto de aplicación de la Ley número 273 de Ingresos para el municipio de Benito Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, vigente a partir del uno de enero de dos mil diecisiete; esto, en virtud de que aun y cuando el periodo liquidado en esa data comprenda días relativos al ejercicio fiscal anterior, para dilucidar sobre el particular, debe atenderse a la data en la que se materializa el entero de la contribución. Tal afirmación tiene sustento en lo considerado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en esta ciudad al resolver el amparo en revisión administrativa 332/2015, derivado del recurso de revisión interpuesto en el juicio de amparo número 92/2015 del índice de este Juzgado Federal, quien determinó que si bien la ley de ingresos (como la reclamada) tiene una vigencia anual que va del uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, el primer acto de aplicación de la misma se actualiza al momento de realizar el pago del servicio de energía eléctrica, de ahí que resulta irrelevante si el periodo de facturación comprende parcialmente alguna temporalidad correspondiente al ejercicio fiscal anterior. En tal virtud, el juicio de amparo que ahora se intenta, como ya se adelantó deviene improcedente al haberse presentado la demanda de manera extemporánea; pues el cómputo de quince días para su promoción empezó a correr a partir del día siguiente a aquél en el que tuvo conocimiento del acto que reclama, esto es, le transcurrió del veintitrés de enero al trece de febrero de dos mil diecisiete, descontándose los días veintiocho y veintinueve de enero, cuatro, cinco, seis, once y doce de febrero, todos del año en curso, por haber sido inhábiles; de manera que si la demanda fue presentada el tres de abril del año en curso ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito con Residencia en Acapulco, Guerrero, ya había fenecido el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, luego es inconcuso que el primer acto concreto de aplicación de las disposiciones legales reclamadas fue consentido tácitamente por la parte quejosa; consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia en estudio y lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo por cuanto hace a las disposiciones legales reclamadas, en virtud de que, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una norma general, con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, no se puede desvincular el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, ya que tal acto es precisamente el que causa perjuicio a la parte quejosa, y no por sí sola la norma considerada en abstracto; la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, impide examinar al uno prescindiendo del otro, lo cual se hace manifiesto si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la norma; que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación (si no se combate por vicios propios); y, que la concesión del amparo contra la ley, por considerarla inconstitucional, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación, por lo que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la norma. Apoya lo considerado, la Jurisprudencia número 346, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.- Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o reglamento, por considerarlo inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 331/2017, en términos del último considerando de la presente sentencia. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; treinta de junio de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio signado por Galdino Vargas Pascual, apoderado y representante legal de la Comisión Federal de Electricidad de esta ciudad, personalidad que acredita con el instrumento notarial que al efecto exhibe; en atención a su contenido, téngasele por desahogando el requerimiento formulado en proveído de doce de junio del año en curso, y al efecto remite copia certificada del historial de facturación de la parte quejosa, relativo al servicio número 323 851 200 294, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Por otra parte, como lo solicita, con apoyo en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvasele el mismo, previa copia certificada que se deje en autos para debida constancia legal. Sin que haya lugar a tener como domicilio y autorizados que designa, en razón de que en el presente juicio de amparo no tiene reconocido carácter alguno. Notifíquese.
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