Martha Angélica Mena Ramírez

Expediente 360/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
360/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • Martha Angélica Mena Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, por el cual informa que no se advierte medio de impugnación en contra de la resolución de treinta de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano por extemporáneo el recurso de queja interpuesto, por tanto, se tuvo por consentida la aludida resolución. Circunstancia de lo cual se toma conocimiento. Se confirma la recepción de oficio de cuenta y anexo: Hágase saber lo anterior a las partes. Glósese a los autos el cuaderno de antecedentes únicamente en sus actuaciones originales. A R C H I V O De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Asimismo, en términos del artículo 18, inciso b) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Por ende, debido a que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en los preceptos 196 y 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obren como corresponda y surta sus efectos legales el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado, por el cual hace del conocimiento acusa recibo del expediente en que se actúa e informa que desecho por extemporánea el recurso de queja planteado y que lo registro con el número 72/2022; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el oficio suscrito por el ***, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio de amparo en que se actúa. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, en aras de la pronta impartición de justicia remítase a la brevedad al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, que es cierto el acto reclamado y remítase el escrito de agravios y copia del mismo, así como todo lo actuado en el juicio de amparo 360/2022-1 dejando un cuadernillo en su lugar. En aras de una pronta impartición de justicia, remítase de inmediato a la superioridad para los fines legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la cuenta que antecede, glósese a los autos el escrito inicial de demanda signado por ***, contra actos del Juez Segundo en Materia Civil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 360/2022-1, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E.-. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior se procede a realizar un análisis de la demanda de garantías en donde se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución interlocutoria pronunciada el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, dentro del juicio hipotecario 364/2016. Establecido lo anterior, debe decirse que del análisis del acto reclamado y sus antecedentes, obtenemos que la demanda de garantías que nos ocupa es notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 61, en relación con el 6°, ambos de la Ley de Amparo vigente, como se demostrará enseguida. "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cal puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" Asimismo, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Art. 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan" De los artículos transcritos, se deduce como requisito indispensable para promover el juicio de garantías, el atender al principio de definitividad que rige al Juicio de Amparo, consistente en que el gobernado, previo a acudir a la instancia constitucional, debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio. Ello es así, ya que el juicio de amparo es un medio de impugnación extraordinario, que tiene por objeto proteger al individuo de los actos arbitrarios de autoridad que afecten su esfera de derechos. Así, cuando ello ocurre y existen medios de impugnación previstos en la ley que rige el acto, el quejoso debe agotarlos, pues con ello puede ser revocado, modificado o nulificado el acto que vulnera su esfera jurídica, lo que de ser así, haría innecesario acudir a la instancia constitucional. Por tanto, los actos contra los cuales procede el juicio de amparo, cuando derivan de resoluciones judiciales, de tribunales administrativos o del trabajo, son únicamente los definitivos, los que no admitan recurso alguno cuya interposición pueda dar lugar a modificación, revocación o anulación del acto reclamado; por lo que, en caso de existir algún medio de defensa, debe acudirse a la vía constitucional sólo cuando se agotó previamente el recurso previsto por la ley ordinaria. Resulta conveniente citar el artículo 679 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, que en su orden, establecen: "Artículo 679. La apelación debe interponerse por escrito, o verbalmente en el acto de notificarse, ante el Juez que pronunció la sentencia dentro de cinco días improrrogables si la sentencia fuere definitiva, o dentro de tres si fuere auto o interlocutoria. Se exceptúa la apelación contra las sentencias de los juicios en rebeldía, cuando no fuere notificado personalmente el demandado, o cuando se tratare de la apelación extraordinaria. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva." De la interpretación sistemática del precepto transcrito, se permite considerar, como regla general que procede el recurso de apelación contra aquellos autos que se dicten el en juicio, única y exclusivamente si la sentencia definitiva es apelable. Ahora bien, el quejoso reclama la resolución interlocutoria pronunciada el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, dentro del juicio hipotecario 364/2016. En ese orden, debe considerarse una resolución dictada en ejecución de sentencia, la cual es apelable de conformidad con lo establecido en el artículo 679 transcrito, ya que la sentencia definitiva de primera instancia es apelable, como se advierte del punto dos que en líneas que anteceden se transcribió, por ello que al ser apelable la sentencia definitiva los son los autos e interlocutorias que se dicten en el mismo asunto. Se cita por identidad de razón la tesis, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 364, Tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, del rubro y texto siguiente: "APELACION EN MATERIA CIVIL. SU PROCEDENCIA ES DE NATURALEZA CASUISTICA (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). Del artículo 432 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se advierte que necesariamente deben estar previstos en la legislación los casos en que son apelables las sentencias interlocutorias y los autos, precisión que evidencia el sistema legal récord del recurso de apelación, el cual queda dentro de la regla genérica, que establece la procedencia de alguno de los recursos o medios de defensa que fija el Código contra todo acto de procedimiento susceptible de producir un perjuicio a las partes; ejemplo de ello, lo es la norma contenida en el artículo 419 de la legislación en cita. De esa manera, es claro que la sistemática legal aludida, tratándose del recurso de apelación, necesariamente tiene que ser casuística, pues sólo cuando el Código lo dispone puede impugnarse en apelación una interlocutoria o auto, si además, lo fuere la sentencia definitiva en términos de lo previsto por el citado artículo 432." De ahí que al no haber cumplido con el principio de definitividad, esta autoridad de amparo no puede analizar el acto reclamado si, primero al acudir a la instancia constitucional, pudo ser modificado o revocado por el medio ordinario de defensa, cuyo recurso no es optativo agotar por el quejoso. A mayor abundamiento, se reitera que la quejosa, estaba obligado a agotar el principio de definitividad que rige el amparo, en razón, de que no se encuentra dentro de la excepciones para no interponer el medio de defensa aludido en párrafos precedentes, es decir, no es tercero extraño al juicio del que derivan los actos reclamados. Bajo ese orden de ideas, se concluye que el recurso de apelación como medio de defensa debe ser el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación del auto impugnado, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso, sino el que sea legalmente apto. Tiene aplicación a lo anterior, a contrario sensu la tesis aislada: IV.1o.P.C.8 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1377, tomo IX, marzo de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO, VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO NO IMPUGNABLES EN EL. Si aparece en autos que el quejoso fue emplazado al juicio del que emanan los actos reclamados, sin que en la demanda de garantías ataque la legalidad de esa diligencia, es claro que no cabe conceptuarlo como tercero extraño, y al no surtirse la hipótesis del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, debe concluirse que las omisiones o irregularidades en que pueda haberse incurrido en la práctica de las subsecuentes notificaciones, no son susceptibles de reparación a través del juicio de amparo indirecto, sino que se trata de violaciones al procedimiento impugnables en el amparo directo contra la sentencia definitiva o laudo, en términos del artículo 158 de dicha ley. No obsta la circunstancia de que el promovente alegue no haber sido correctamente notificado de la sentencia, porque la validez de esta notificación no puede ser materia de análisis en el juicio constitucional mientras no se agote el incidente de nulidad que para esos casos prevé la ley común, el cual está el quejoso en aptitud de promover, desde el momento en que figura como parte en el juicio de origen". Asimismo, en el presente asunto, el quejoso no se encuentra dentro de las excepciones que establece el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, ya que los actos que pretende impugnar en esta vía, no importan peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, no se trata de orden de aprehensión, reaprehensión, vinculación a proceso o resolución que niegue la libertad del quejoso. De lo expuesto, se deja en evidencia que el quejoso de amparo, previo a la interposición del juicio de amparo indirecto, debió de agotar el principio de definitividad que rige el juicio de derechos, como medio ordinario de defensa que la Ley le confiere, previsto en el artículo 679 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, al ser parte en el juicio natural. Contrario sería si la ley de la materia no contemplara recurso alguno en contra del auto reclamado y, entonces sería procedente la acción constitucional que en este momento intenta; en consecuencia, el quejoso debió ocurrir a dicho medio de impugnación para después promover el Juicio de derechos, y así agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Al particular es aplicable la Jurisprudencia visible en la página 217, Sexta Parte, Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que es del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo. Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Y la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, correspondiente a junio de 2004, visible en la página 1432, que dice: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Por tanto, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XVIII, 103 y 107 de la Constitución Federal, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el usuario "GOZF630407hdfnmr02"; asimismo, téngase como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones y recibir documentos. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro contexto, de conformidad con el artículo 2°, fracción XIX, del citado Acuerdo General 13/2020, requiérase a las partes (quejoso, tercero interesado y autoridades responsables) a efecto de que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que así se estime necesario. USUARIO PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE Por otra parte, luego de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre del usuario "GOZF630407hdfnmr02", correspondiente a la promovente. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente por medio de usuario.

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