Martha Angelica Hernández

Expediente 1974/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1974/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
15/02/2022

Partes del expediente

  • Martha Angelica Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de febrero de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del diecinueve de enero de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Informe justificado. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, rinde su informe justificado. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad oficiante. Delegados. En términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la referida autoridad a las personas que designa en su nombre. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por presentadas las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de mérito. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Asimismo, cabe precisar que la promovente señala como actos reclamados los siguientes: La omisión de dictar auto de radicación; La omisión de admitir la demanda laboral; La omisión de emplazar a la parte demandada; y, La omisión de señalar día y hora para el desahogo de la audiencia de Ley. Todos en el juicio laboral D-283/2018. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla de pronunciarse sobre la admisión, el emplazamiento del demandado y en el momento procesal oportuno, el señalar la audiencia de ley, respecto de la demanda presentada ante la Junta Federal el quince de diciembre de dos mil diecisiete, y remitida por incompetencia al Tribunal responsable el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que a la fecha de la presentación de demanda - siete de diciembre de dos mil veintiuno-, aún el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, no había realizado pronunciamiento alguno respecto de la demanda remitida por la Junta Federal el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho; siendo que mediante acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós, se proveyó sobre la misma; lo que denota que esta actuación es posterior a la presentación de la demanda. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que mediante auto de trece de enero de dos mil veintidós, el Tribunal responsable proveyó respecto de la demanda y determinó requerir a la quejosa (actora en el expediente laboral) para que exhibiera las pruebas que acompañaría a su demanda. De lo anterior, se advierte que en el juicio de origen, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se pronunció respecto a la demanda laboral formulada por la quejosa; asimismo, se realizó un requerimiento a efecto de que exhibiera las pruebas que acompañaría a su demanda; lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a las omisiones reclamadas, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, en el requerimiento efectuado a la parte quejosa en auto de trece de enero de dos mil veintidós. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la omisión reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio de origen, que consiste en la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, de pronunciarse sobre la admisión, el emplazamiento del demandado y en el momento procesal oportuno señalar la audiencia de ley respecto de la demanda remitida por la Junta Federal el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -omisión de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, el emplazamiento de los demandados y señalar la audiencia de ley- y la situación jurídica que se originó en auto de trece de enero del año en curso, donde se requirió a la parte quejosa a efecto de que exhibiera las pruebas que acompañaría a su demanda. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad de las omisiones reclamadas, bajo el solo argumento de que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla le realizó un requerimiento a efecto de que exhibiera las pruebas que acompañaría a su demanda, pues implicaría afectar la nueva situación procesal que se actualizó con posterioridad a la presentación del presente juicio de amparo. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada en autos; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 19 DE ENERO 2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Informe justificado. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, rinde su informe justificado. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad oficiante. Delegados. En términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la referida autoridad a las personas que designa en su nombre. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por presentadas las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de mérito. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Asimismo, cabe precisar que la promovente señala como actos reclamados los siguientes: La omisión de dictar auto de radicación; La omisión de admitir la demanda laboral; La omisión de emplazar a la parte demandada; y, La omisión de señalar día y hora para el desahogo de la audiencia de Ley. Todos en el juicio laboral D-283/2018. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla de pronunciarse sobre la admisión, el emplazamiento del demandado y en el momento procesal oportuno, el señalar la audiencia de ley, respecto de la demanda presentada ante la Junta Federal el quince de diciembre de dos mil diecisiete, y remitida por incompetencia al Tribunal responsable el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que a la fecha de la presentación de demanda - siete de diciembre de dos mil veintiuno-, aún el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, no había realizado pronunciamiento alguno respecto de la demanda remitida por la Junta Federal el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho; siendo que mediante acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós, se proveyó sobre la misma; lo que denota que esta actuación es posterior a la presentación de la demanda. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que mediante auto de trece de enero de dos mil veintidós, el Tribunal responsable proveyó respecto de la demanda y determinó requerir a la quejosa (actora en el expediente laboral) para que exhibiera las pruebas que acompañaría a su demanda. De lo anterior, se advierte que en el juicio de origen, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se pronunció respecto a la demanda laboral formulada por la quejosa; asimismo, se realizó un requerimiento a efecto de que exhibiera las pruebas que acompañaría a su demanda; lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a las omisiones reclamadas, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, en el requerimiento efectuado a la parte quejosa en auto de trece de enero de dos mil veintidós. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la omisión reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio de origen, que consiste en la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, de pronunciarse sobre la admisión, el emplazamiento del demandado y en el momento procesal oportuno señalar la audiencia de ley respecto de la demanda remitida por la Junta Federal el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -omisión de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, el emplazamiento de los demandados y señalar la audiencia de ley- y la situación jurídica que se originó en auto de trece de enero del año en curso, donde se requirió a la parte quejosa a efecto de que exhibiera las pruebas que acompañaría a su demanda. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad de las omisiones reclamadas, bajo el solo argumento de que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla le realizó un requerimiento a efecto de que exhibiera las pruebas que acompañaría a su demanda, pues implicaría afectar la nueva situación procesal que se actualizó con posterioridad a la presentación del presente juicio de amparo. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada en autos; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de enero de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa gestiones de cumplimiento. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo remitido por los Magistrados integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla por el cual informa las gestiones de cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte que el Tribunal responsable remite copia certificada del acuerdo del ocho de diciembre de dos mil veintiuno dictado en el juicio laboral ... de su índice y las constancias de notificación de dicho acuerdo a las partes actora y demandada; asimismo se advierte que en dicho acuerdo señaló diversas fechas y ordenó girar los oficios correspondientes para el desahogo de las pruebas que requieren preparación, siendo estas las siguientes: Prueba confesional a cargo de ... para las once horas del siete de enero de dos mil veintidós. Prueba confesional a cargo de ... a desahogarse mediante pliego de posiciones dentro del término de tres días posteriores a la notificación del acuerdo del ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Prueba confesional a cargo de ... a las doce horas del siete de enero de dos mil veintidós. Prueba de inspección ocular a las nueve horas con treinta minutos del uno de febrero de dos mil veintidós a llevarse a cabo en las instalaciones de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla -ordenó girar oficio-. Prueba de inspección ocular a las nueve horas con treinta minutos del veinte de enero de dos mil veintidós a desahogarse en las instalaciones del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Documental vía informe que deberá rendir el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado -ordenó girar oficio-. Cotejo y compulsa de prueba documental a desahogarse a las nueve horas con treinta minutos del cuatro de febrero de dos mil veintidós en las instalaciones de la Subsecretaría de Educación Obligatoria de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla -ordenó girar oficio-. Documental vía informe que deberá rendir la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla -ordenó girar oficio-. Documental vía informe que deberá rendir el Servicio de Administración Tributaria -ordenó girar oficio-. Prueba de Inspección ocular a desahogarse a las diez horas del cuatro de febrero de dos mil veintidós en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública -ordenó girar oficio-. Prueba testimonial a cargo de .......... a desahogarse a las once horas del dieciocho de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de las gestiones que la autoridad actuante se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se requiere al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla responsable a fin de que en el término de tres días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación del presente proveído remita copia certificada de los acuses de recibo de los oficios girados a las dependencias de gobierno a fin de desahogar las pruebas indicadas en los puntos 4), 6), 7), 8), 9) y 10). Asimismo, una vez que las autoridades rindan las documentales vía informe o transcurrido el término concedido para ello señaladas en los puntos 6), 8) y 9), deberá remitir el acuerdo correspondiente de que se desprenda las medidas adoptadas o el apercibimiento decretado en caso de incumplimiento. Por otra parte, se advierte que señaló las once y doce horas del siete de enero de dos mil veintidós para el desahogo de la prueba confesional a cargo de ..........., por lo que se requiere que remita las constancias que acrediten su desahogo. De igual forma, remita las constancias que acrediten el desahogo de la confesional a cargo de ... ya que el acuerdo por el que se le requirió su desahogo se notificó el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, según se desprende de la constancia de notificación que anexó a su oficio de cuenta. En el mismo sentido, se requiere a la autoridad responsable para que una vez llegada las fechas señaladas para el desahogo de las diversas pruebas admitidas, informe a este órgano jurisdiccional el resultado de las mismas, o en su caso, el la fecha y motivo de diferimiento así como los apercibimientos decretados en contra de las partes en caso de incomparecencia, falta de presentación de documentos o incumplimiento al requerimiento que haya sido objeto. Apercibido que de ser omiso al presente requerimiento, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

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