Martha Amezcua Zapien

Expediente 1001/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1001/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
04/07/2018

Partes del expediente

  • Martha Amezcua Zapien
  • Laura Edith Arrollo Ibarra
  • Ofelia Aguirre Mejía
  • Michael Gaytán Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda al no haberse aperturado el incidente de suspensión respectivo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MARTHA AMEZCUA ZAPIEN, LAURA EDITH ARROLLO IBARRA, MICHAEL GAYTÁN TORRES, MÓNICA VIVIANA SAAVEDRA MEDINA, MARTHA ALICIA PONCIANO REYES, JOSÉ ALFREDO PINEDA ORTA, OFELIA AGUIRRE MEJÍA, RAMÓN LÓPEZ VELÁZQUEZ, FRANCISCO JAVIER PALENCIA SALAZAR, BERENICE REYES LÓPEZ, NORMA DE JESÚS PRUDENCIO REYES, MARÍA VICTORIA BARAJAS DÍAZ, MARIANA ALEJANDRA SOTELO HERNÁNDEZ, YOLANDA DOMÍNGUEZ BARRÓN, JOHANA RAMÍREZ BARBOSA, DIANA CECILIA VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, ESTEFANÍA CAROLINA RAMÍREZ RAMÍREZ, MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ TORRES, SAHIRA DEL ROCÍO SÁNCHEZ RÍOS, ANDREA ABIGAÍL ZÚÑIGA SOLORIO Y ELIZABETH WENDOLYNE VALLE MEZA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEIDO; Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda al no haberse aperturado el incidente de suspensión respectivo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintidós de mayo pasado, se dio vista a las parte con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente; mismo que fue notificado a las partes el veintitrés y veintiocho siguientes (fojas 344, 347 y 348). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, se tiene que por sentencia engrosada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (fojas 106-116), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a los quejosos Martha Amezcua Zapien, Laura Edith Arrollo Ibarra, Michael Gaytán Torres, Mónica Viviana Saavedra Medina, Martha Alicia Ponciano Reyes, José Alfredo Pineda Orta, Ofelia Aguirre Mejía, Ramón López Velázquez, Francisco Javier Palencia Salazar, Berenice Reyes López, Norma de Jesús Prudencio Reyes, María Victoria Barajas Díaz, Mariana Alejandra Sotelo Hernández, Yolanda Domínguez Barrón, Johana Ramírez Barbosa, Diana Cecilia Velázquez Rodríguez, Estefanía Carolina Ramírez Ramírez, María de Lourdes Rodríguez Torres, Sahira del Rocío Sánchez Ríos, Andrea Abigaíl Zúñiga Solorio y Elizabeth Wendolyne Valle Meza, para los efectos que se reproducen: "[.] que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán: 1. Tome las medidas necesarias que permitan realizar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en la fecha fijada para ello; lo cual se traduce en velar para que la encomienda se realice oportunamente, esto es, verifique la llegada de los oficios 3C-2728/2016-MAAB y 3C-2815/2016-MAAB y luego cuidar se de cumplimiento a lo pedido en ellos, en su caso, informe la razón jurídica y material que han impedido proceder en términos solicitados. En el entendido que la concesión apuntada sólo alcanza para la fase de conciliación demanda y excepciones, como se desprende de la tesis 2a. CV/2013 (10a) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 732, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación". Lo anterior, según las consideraciones de la sentencia de amparo en la cual la Juez auxiliar estableció que se transgredió en perjuicio de los quejosos el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita prevista en el numeral 17 constitucional, pues omitió proveer lo necesario para la sustanciación del juicio laboral dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, lo cual ha significado un retraso en el procedimiento laboral de origen, es decir, omitió cuidar que su homóloga en la Ciudad de México, hubiera recibido los oficios a través de los cuales solicitó se practicara oportunamente la notificación a los terceros interesados, y que dicha encomienda se realizara con toda oportunidad, lo que provocó que no se desahogara la audiencia de conciliación demanda y excepciones, Sentencia que causó ejecutoria el treinta de marzo de dos mil diecisiete y se requirió su cumplimiento (fojas 133-134). Así, en acatamiento a la sentencia de amparo, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, mediante misivas 269/2017.JCRF, recibida el seis de abril (fojas 137-154); 307/2017.JCRF, del día veintisiete siguiente (fojas 161-175), 325/2017.JCRF, de ocho de mayo (fojas 179-181); 383/2017, del día dieciocho de ese mes (fojas 185-187); 407/2017.JCRF, de veinticinco de mayo (fojas 191-192); 452/2017.JCRF, del trece de junio (fojas 199-200); 466/2017.JCRF, del día diecinueve siguiente (fojas 204-205); 496/2017.JCRF, del día treinta (fojas 209-210); 510/2017.JCRF, de diez de julio (fojas 214-219); 538/2017.JCRF, del uno de agosto (fojas 223-225); 552/2017.JCRF, del día ocho (fojas 229-230), manifestó las gestiones que estuvo realizando para acatar el fallo protector. Sin embargo, por oficio TCA/PRES/AMP/1642/2017, recibido el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, suscrito por el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se informó que dicho organismo por acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecisiete se avocó al conocimiento del juicio laboral, debido a la competencia que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán declinó en su favor en acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete (fojas 215 y 235 a 239). Circunstancia anterior que lo imposibilitó a dar cumplimiento en su totalidad a la ejecutoria de amparo, esto es, la obligación básica que le fue impuesta a la autoridad responsable quedó cumplida; sin embargo, respecto de las complementarias, consistentes en realizar lo necesario para que se verificara la audiencia bifásica en el juicio laboral, se advirtió que existió imposibilidad jurídica para cumplirla. Por cuyo motivo, del examen de las documentales transcritas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., se les otorgó pleno valor probatorio, en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 244 a 246), se determinó que existía imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó remitir los autos del presente juicio a la superioridad, para el efecto de que calificara si existía imposibilidad para cumplir con la sentencia concesiva. Incidente de inejecución de sentencia que resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, el quince de febrero de dos mil dieciocho (fojas 269-286), de la manera siguiente: "ÚNICO. Se ordena reponer el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio de amparo, para los efectos precisados en el considerando segundo de este fallo". Determinación en la que decretó no converger con lo considerado por este juzgado federal, al considerar que no siempre el cumplimiento de una ejecutoria de amparo se da a través de la autoridad responsable, sino que se logra por conducto de una diversa que se encuentre vinculada a su cumplimiento, por ser la encargada legalmente de materializar ese acatamiento, o incluso, de una diversa que por virtud de una determinación legal, es quien sustituirá a la responsable en el cumplimiento del fallo protector, acorde a la parte considerativa que se transcribe a continuación: "...22. En ese orden de ideas, los magistrados integrantes de este tribunal colegiado consideran que, en el presente asunto, contrario a lo que sostiene el juez de distrito, no existe imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria, pues de autos se aprecia que no se acató en sus términos el procedimiento de ejecución de que se trata; en consecuencia, como se anticipó, lo procedente es ordenar la reposición de dicho procedimiento a efecto de que el juez de distrito, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiera al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en su calidad de autoridad sustituta, para que cumpla en sus términos la ejecutoria de amparo materia de este incidente". En observancia a lo anterior, este órgano jurisdiccional, mediante auto de uno de marzo del año en curso (fojas 287 y 288), requirió al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en su calidad de autoridad sustituta, el cumplimiento cabal a la sentencia concesiva de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Luego, mediante proveídos de ocho de marzo; cuatro y treinta de abril así como el quince de mayo; todos del año en curso (fojas 300, 314, 321 y 334), se requirió nuevamente a la responsable sustituta el cumplimiento del fallo protector. Así, en obediencia al fallo concesivo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, remitió los oficios con terminación 577/2018, 656/2018, 657/2018, 757/2018, 859/2018, 1066/2018, 1091/2018 y 1110/2018 (fojas 295, 303, 306, 311, 317, 323, 331 y 336), allegó copia de lo siguiente: Auto de siete de marzo de la presente anualidad (fojas 296-299), en el que tuvo por recibida y radicada la demanda promovida en la vía ordinaria laboral, y ordenó emplazar a la demandada. Constancias del emplazamiento efectuado el quince y dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, a la demandada al juicio laboral 357/2017, así como la notificación realizada a la actora del auto inicial (fojas 307-309). Acuerdo de tres de abril de la presente anualidad (fojas 312-313), en el que al haber tenido a la demandada contestando en tiempo y forma al controvertido instaurado en su contra, fijó día y hora para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. Notificación efectuada a las partes del auto anterior (fojas 318-319). Audiencia de pruebas, alegatos y resolución celebrada el veinticinco de abril de la anualidad que cursa (fojas 324-329), en la que entre otras cosas, exhorto a las partes para que de ser posible llegaran a un arreglo conciliatorio que pusiera fin a la contienda, sin que lo hubieran hecho; tuvo a éstas ofreciendo pruebas y objetando las de su contraria; se reservó acordar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por los contendientes; además, acordó que al haber sido omisa en pronunciarse respecto de una de las promoventes del controvertido laboral señaló nueva fecha para la citada audiencia, con el único efecto que ésta estuviera en aptitud de ofrecer pruebas y objetar las de su contraria. Proveído de once de mayo del año que transcurre (fojas 332-333), en el que debido a la incomparecencia de la actora Mariana Alejandra Sotelo Hernández, a la audiencia trifásica, le hizo efectivos los apercibimientos decretados, esto es, le tuvo por perdido su derecho de ofrecer pruebas y formular alegatos. Acuerdo de diecisiete del propio mes (fojas 337-343), en el que admitió y desechó pruebas de las partes, y señaló distintos días y horas para el desahogo de diversos medios de prueba ofrecidos por los contendientes. Ahora bien, del examen de las documentales transcritas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio al ser documentos públicos, por haber sido expedidos por funcionarios en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Así pues, como ya se precisó, el amparo se otorgó a los quejosos toralmente para que la Junta Especial Número Tres de la local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, realizara todas las gestiones necesarias para llevar a cabo la audiencia bifásica en el procedimiento laboral, dentro del juicio laboral 3C-2137/2016, en los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo; luego, al calificar el acatamiento al fallo protector, se declaró imposibilidad para el cumplimiento por parte de la citada junta, por lo que se remitieron los autos al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quien al resolver el incidente de inejecución de sentencia ordenó reponer el procedimiento para efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en cuanto autoridad sustituta, a efecto de que fuera ésta quien diera cumplimiento a la sentencia ejecutoria. Por tanto, de las constancias exhibidas por la autoridad responsable se advierte que realizó los actos siguientes: El quince y dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, el diligenciario adscrito al Tribunal responsable, practicó el emplazamiento a la demandada al juicio laboral 357/2017. Llevó a cabo las gestiones necesarias que le permitieron exhortar a las partes a fin de que conciliaran, sin que lo hubieran hecho, celebró audiencia de pruebas, alegatos y resolución, y emitió pronunciamiento respecto a las pruebas ofertadas por las partes, es decir, admitió y desechó pruebas de éstas, y señaló diversos días y horas para el desahogo de diversos medios de prueba ofrecidos por los contendientes. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en su calidad de autoridad sustituta, acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues en el expediente ordinario laboral 357/2017, al haber sido emplazada la demandada al controvertido, le permitió realizar la etapa de conciliación entre las partes, así como llevar a cabo la audiencia de pruebas alegatos y resolución; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue tomar las medidas que le permitieran realizar la audiencia, en su caso, de pruebas, alegatos y resolución, es decir, que se emplazara a la demandada para que aconteciera lo anterior. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MARTHA AMEZCUA ZAPIEN, LAURA EDITH ARROLLO IBARRA, MICHAEL GAYTÁN TORRES, MÓNICA VIVIANA SAAVEDRA MEDINA, MARTHA ALICIA PONCIANO REYES, JOSÉ ALFREDO PINEDA ORTA, OFELIA AGUIRRE MEJÍA, RAMÓN LÓPEZ VELÁZQUEZ, FRANCISCO JAVIER PALENCIA SALAZAR, BERENICE REYES LÓPEZ, NORMA DE JESÚS PRUDENCIO REYES, MARÍA VICTORIA BARAJAS DÍAZ, MARIANA ALEJANDRA SOTELO HERNÁNDEZ, YOLANDA DOMÍNGUEZ BARRÓN, JOHANA RAMÍREZ BARBOSA, DIANA CECILIA VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, ESTEFANÍA CAROLINA RAMÍREZ RAMÍREZ, MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ TORRES, SAHIRA DEL ROCÍO SÁNCHEZ RÍOS, ANDREA ABIGAÍL ZÚÑIGA SOLORIO Y ELIZABETH WENDOLYNE VALLE MEZA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintidós de mayo pasado, se dio vista a las parte con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente; mismo que fue notificado a las partes el veintitrés y veintiocho siguientes (fojas 344, 347 y 348). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, se tiene que por sentencia engrosada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (fojas 106-116), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a los quejosos Martha Amezcua Zapien, Laura Edith Arrollo Ibarra, Michael Gaytán Torres, Mónica Viviana Saavedra Medina, Martha Alicia Ponciano Reyes, José Alfredo Pineda Orta, Ofelia Aguirre Mejía, Ramón López Velázquez, Francisco Javier Palencia Salazar, Berenice Reyes López, Norma de Jesús Prudencio Reyes, María Victoria Barajas Díaz, Mariana Alejandra Sotelo Hernández, Yolanda Domínguez Barrón, Johana Ramírez Barbosa, Diana Cecilia Velázquez Rodríguez, Estefanía Carolina Ramírez Ramírez, María de Lourdes Rodríguez Torres, Sahira del Rocío Sánchez Ríos, Andrea Abigaíl Zúñiga Solorio y Elizabeth Wendolyne Valle Meza, para los efectos que se reproducen: "[.] que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán: 1. Tome las medidas necesarias que permitan realizar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en la fecha fijada para ello; lo cual se traduce en velar para que la encomienda se realice oportunamente, esto es, verifique la llegada de los oficios 3C-2728/2016-MAAB y 3C-2815/2016-MAAB y luego cuidar se de cumplimiento a lo pedido en ellos, en su caso, informe la razón jurídica y material que han impedido proceder en términos solicitados. En el entendido que la concesión apuntada sólo alcanza para la fase de conciliación demanda y excepciones, como se desprende de la tesis 2a. CV/2013 (10a) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 732, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación". Lo anterior, según las consideraciones de la sentencia de amparo en la cual la Juez auxiliar estableció que se transgredió en perjuicio de los quejosos el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita prevista en el numeral 17 constitucional, pues omitió proveer lo necesario para la sustanciación del juicio laboral dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, lo cual ha significado un retraso en el procedimiento laboral de origen, es decir, omitió cuidar que su homóloga en la Ciudad de México, hubiera recibido los oficios a través de los cuales solicitó se practicara oportunamente la notificación a los terceros interesados, y que dicha encomienda se realizara con toda oportunidad, lo que provocó que no se desahogara la audiencia de conciliación demanda y excepciones, Sentencia que causó ejecutoria el treinta de marzo de dos mil diecisiete y se requirió su cumplimiento (fojas 133-134). Así, en acatamiento a la sentencia de amparo, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, mediante misivas 269/2017.JCRF, recibida el seis de abril (fojas 137-154); 307/2017.JCRF, del día veintisiete siguiente (fojas 161-175), 325/2017.JCRF, de ocho de mayo (fojas 179-181); 383/2017, del día dieciocho de ese mes (fojas 185-187); 407/2017.JCRF, de veinticinco de mayo (fojas 191-192); 452/2017.JCRF, del trece de junio (fojas 199-200); 466/2017.JCRF, del día diecinueve siguiente (fojas 204-205); 496/2017.JCRF, del día treinta (fojas 209-210); 510/2017.JCRF, de diez de julio (fojas 214-219); 538/2017.JCRF, del uno de agosto (fojas 223-225); 552/2017.JCRF, del día ocho (fojas 229-230), manifestó las gestiones que estuvo realizando para acatar el fallo protector. Sin embargo, por oficio TCA/PRES/AMP/1642/2017, recibido el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, suscrito por el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se informó que dicho organismo por acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecisiete se avocó al conocimiento del juicio laboral, debido a la competencia que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán declinó en su favor en acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete (fojas 215 y 235 a 239). Circunstancia anterior que lo imposibilitó a dar cumplimiento en su totalidad a la ejecutoria de amparo, esto es, la obligación básica que le fue impuesta a la autoridad responsable quedó cumplida; sin embargo, respecto de las complementarias, consistentes en realizar lo necesario para que se verificara la audiencia bifásica en el juicio laboral, se advirtió que existió imposibilidad jurídica para cumplirla. Por cuyo motivo, del examen de las documentales transcritas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., se les otorgó pleno valor probatorio, en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 244 a 246), se determinó que existía imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó remitir los autos del presente juicio a la superioridad, para el efecto de que calificara si existía imposibilidad para cumplir con la sentencia concesiva. Incidente de inejecución de sentencia que resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, el quince de febrero de dos mil dieciocho (fojas 269-286), de la manera siguiente: "ÚNICO. Se ordena reponer el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio de amparo, para los efectos precisados en el considerando segundo de este fallo". Determinación en la que decretó no converger con lo considerado por este juzgado federal, al considerar que no siempre el cumplimiento de una ejecutoria de amparo se da a través de la autoridad responsable, sino que se logra por conducto de una diversa que se encuentre vinculada a su cumplimiento, por ser la encargada legalmente de materializar ese acatamiento, o incluso, de una diversa que por virtud de una determinación legal, es quien sustituirá a la responsable en el cumplimiento del fallo protector, acorde a la parte considerativa que se transcribe a continuación: "...22. En ese orden de ideas, los magistrados integrantes de este tribunal colegiado consideran que, en el presente asunto, contrario a lo que sostiene el juez de distrito, no existe imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria, pues de autos se aprecia que no se acató en sus términos el procedimiento de ejecución de que se trata; en consecuencia, como se anticipó, lo procedente es ordenar la reposición de dicho procedimiento a efecto de que el juez de distrito, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiera al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en su calidad de autoridad sustituta, para que cumpla en sus términos la ejecutoria de amparo materia de este incidente". En observancia a lo anterior, este órgano jurisdiccional, mediante auto de uno de marzo del año en curso (fojas 287 y 288), requirió al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en su calidad de autoridad sustituta, el cumplimiento cabal a la sentencia concesiva de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Luego, mediante proveídos de ocho de marzo; cuatro y treinta de abril así como el quince de mayo; todos del año en curso (fojas 300, 314, 321 y 334), se requirió nuevamente a la responsable sustituta el cumplimiento del fallo protector. Así, en obediencia al fallo concesivo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, remitió los oficios con terminación 577/2018, 656/2018, 657/2018, 757/2018, 859/2018, 1066/2018, 1091/2018 y 1110/2018 (fojas 295, 303, 306, 311, 317, 323, 331 y 336), allegó copia de lo siguiente: Auto de siete de marzo de la presente anualidad (fojas 296-299), en el que tuvo por recibida y radicada la demanda promovida en la vía ordinaria laboral, y ordenó emplazar a la demandada. Constancias del emplazamiento efectuado el quince y dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, a la demandada al juicio laboral 357/2017, así como la notificación realizada a la actora del auto inicial (fojas 307-309). Acuerdo de tres de abril de la presente anualidad (fojas 312-313), en el que al haber tenido a la demandada contestando en tiempo y forma al controvertido instaurado en su contra, fijó día y hora para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. Notificación efectuada a las partes del auto anterior (fojas 318-319). Audiencia de pruebas, alegatos y resolución celebrada el veinticinco de abril de la anualidad que cursa (fojas 324-329), en la que entre otras cosas, exhorto a las partes para que de ser posible llegaran a un arreglo conciliatorio que pusiera fin a la contienda, sin que lo hubieran hecho; tuvo a éstas ofreciendo pruebas y objetando las de su contraria; se reservó acordar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por los contendientes; además, acordó que al haber sido omisa en pronunciarse respecto de una de las promoventes del controvertido laboral señaló nueva fecha para la citada audiencia, con el único efecto que ésta estuviera en aptitud de ofrecer pruebas y objetar las de su contraria. Proveído de once de mayo del año que transcurre (fojas 332-333), en el que debido a la incomparecencia de la actora Mariana Alejandra Sotelo Hernández, a la audiencia trifásica, le hizo efectivos los apercibimientos decretados, esto es, le tuvo por perdido su derecho de ofrecer pruebas y formular alegatos. Acuerdo de diecisiete del propio mes (fojas 337-343), en el que admitió y desechó pruebas de las partes, y señaló distintos días y horas para el desahogo de diversos medios de prueba ofrecidos por los contendientes. Ahora bien, del examen de las documentales transcritas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio al ser documentos públicos, por haber sido expedidos por funcionarios en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Así pues, como ya se precisó, el amparo se otorgó a los quejosos toralmente para que la Junta Especial Número Tres de la local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, realizara todas las gestiones necesarias para llevar a cabo la audiencia bifásica en el procedimiento laboral, dentro del juicio laboral 3C-2137/2016, en los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo; luego, al calificar el acatamiento al fallo protector, se declaró imposibilidad para el cumplimiento por parte de la citada junta, por lo que se remitieron los autos al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quien al resolver el incidente de inejecución de sentencia ordenó reponer el procedimiento para efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en cuanto autoridad sustituta, a efecto de que fuera ésta quien diera cumplimiento a la sentencia ejecutoria. Por tanto, de las constancias exhibidas por la autoridad responsable se advierte que realizó los actos siguientes: El quince y dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, el diligenciario adscrito al Tribunal responsable, practicó el emplazamiento a la demandada al juicio laboral 357/2017. Llevó a cabo las gestiones necesarias que le permitieron exhortar a las partes a fin de que conciliaran, sin que lo hubieran hecho, celebró audiencia de pruebas, alegatos y resolución, y emitió pronunciamiento respecto a las pruebas ofertadas por las partes, es decir, admitió y desechó pruebas de éstas, y señaló diversos días y horas para el desahogo de diversos medios de prueba ofrecidos por los contendientes. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en su calidad de autoridad sustituta, acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues en el expediente ordinario laboral 357/2017, al haber sido emplazada la demandada al controvertido, le permitió realizar la etapa de conciliación entre las partes, así como llevar a cabo la audiencia de pruebas alegatos y resolución; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue tomar las medidas que le permitieran realizar la audiencia, en su caso, de pruebas, alegatos y resolución, es decir, que se emplazara a la demandada para que aconteciera lo anterior. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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