Martha Alicia Valtierra Moreno

Expediente 339/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
339/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
05/06/2023

Partes del expediente

  • Martha Alicia Valtierra Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a cinco de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE TUVO POR DESECHADA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS promovida por ***********. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al quince de junio de dos mil veintitrés. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Finalmente, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    *AVISO.- Se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "México, Ciudad de México, a treinta de marzo de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito inicial de demanda presentado el veintisiete de marzo del año en curso, recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y el veintinueve de dicho mes y año por la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de Gobierno con el número 339/2023-IV, y con número de NEUN 32358876. PERSONALIDAD Se tiene a *******, quien se ostenta apoderado legal de *******, promoviendo demanda de amparo indirecto, en contra del acto que reclama del Juez Décimo de lo Civil de Proceso Oral del tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO De la lectura del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio oral mercantil ******, promovido por ******, en contra de *******, tramitado ante el Juzgado Décimo de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por el que no acordó de conformidad la petición de la ahora quejosa respecto a ordenar el emplazamiento de su contraria por medio de edictos, ya que expuso el juez natural que no se había dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 1070 del Código de Comercio, esto es, girar oficios para localizar algún domicilio de la demandada. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, de las manifestaciones expuestas bajo protesta de decir verdad por el promovente en la demanda de amparo, se desprende que: 1. El veinticinco de agosto de dos mil veintidós,******* presentó demanda, en la vía oral mercantil en contra ********, de la que correspondió conocer al Juzgado Décimo de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bajo el número de expediente *******. 2.- El nueve de enero de dos mil veintitrés fue admida la demanda y se ordenó emplazar a la enjuiciada ********. 3.- El veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el actuario de la adscripción del Juzgado Décimo de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, no pudo emplazar a la demandada en el domicilio señalado para tal efecto. 4.- El tres de marzo de dos mil veintitrés, la actora, solicitó al juzgador de origen emplazar por edictos a la parte demandada; a dicho ocurso recayó el proveído de seis del mes y año en cita, en el que se negó la petición de la ahora quejosa, ya que no se habían girado los oficios correspondientes para localizar el domicilio de la enjuiciada. FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora bien, en el presente caso se ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, ya que la resolución reclamada no es de imposible reparación, como se verá a continuación. Esos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En efecto, los actos cuya ejecución es de imposible reparación, se trata de aquellos en las que sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas, aún con la obtención de un fallo favorable, quedan irreparablemente consumadas. En cambio, los actos en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación cuando la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con la posición que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos y garantías del gobernado; y en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales reconocidos, está en condiciones de hacerlas valer como tales en recurso que la materia prevea que en su caso promueva, o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número 3ª./J.43 29/89, de la Octava época, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, que literalmente establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". En el caso, el acto reclamado consiste en el auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio oral mercantil ******, promovido por *******, en contra de *******, tramitado ante el Juzgado Décimo de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por el que no acordó de conformidad la petición de la ahora quejosa respecto a ordenar el emplazamiento de su contraria por medio de edictos, ya que expuso el juez natural que no se había dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 1070 del Código de Comercio, esto es, girar oficios para localizar algún domicilio de la demandada; ya dicha determinación que no tiene como consecuencia directa e inmediata la afectación de alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Federal, tales como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera. Al respecto cobra aplicación la tesis I.130.A.3K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, de marzo de 2001, página 1742, novena época, en materia común, cuyo rubro y texto es: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Lo anterior es así, pues el auto en estudio, no afecta en ninguna forma sus derechos sustantivos constitucionales, ni puede considerarse una violación procesal que le afecte, pues el proveído reclamado sólo produce efectos de carácter formal o adjetivo, ya que, únicamente, incide en el curso natural del procedimiento. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada I.14o.C.15 K (9a.), sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, octubre de 2011, Tomo 3, página 1662, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES POR DEFECTOS EN EL EMPLAZAMIENTO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE, POR TAL RAZÓN, ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO, AUNQUE ELLO PUEDE IMPLICAR REALIZARLO POR EDICTOS. De la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.", se advierte, medularmente, que la resolución que ordena reponer el procedimiento por falta de emplazamiento constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva (en materia civil, estricto o lato sensu), en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, por no afectar, directa e inmediatamente, derechos sustantivos establecidos en la Constitución, y el perjuicio procesal no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, dado que éste continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada, lo que no encuentra obstáculo en el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque el propio Alto Tribunal señaló: "... tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta.". Adicionalmente, a la misma conclusión debe arribarse cuando se trata de una resolución que ordena reponer el procedimiento por defectos en el emplazamiento y que, en su caso, puede significar que deba realizarse nuevamente mediante edictos y a cargo de la parte quejosa, puesto que tal hecho constituye un acto futuro e incierto que, de concretarse, implicaría un acto de molestia a la parte inconforme con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, pero que no está contemplado como elemento que determine la irreparabilidad del acto que reclama e, inclusive, la afectación económica puede ser objeto de las costas causadas en el juicio a la parte condenada, en las hipótesis establecidas en la ley que rige al acto." DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Luego, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA promovida por Noé Rolando Álvarez Martínez de quien dijo ser representante de Martha Alicia Valtierra Moreno. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PROMOVENTE. En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio de la peticionaria de amparo el que indica en su demanda de amparo. De igual manera, se tienen por autorizadas a las personas que señala, en términos de la última parte del segundo párrafo, del artículo 12, con relación al segundo párrafo del artículo 24, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no acreditan que se encuentren facultadas para ejercer la profesión de abogado, ello en virtud a que no se proporcionó el número de las cedulas profesionales, y que estuvieran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE EXHORTA A LAS PARTES CONTINUAR EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, de conformidad con lo previsto en los artículo 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia Sanitaria, se exhorta a las partes a que continúe su tramitación vía electrónica, para lo cual deberán realizar el registro correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, crear su usuario y proporcionarlo ante éste órgano jurisdiccional para acceder al expediente electrónico y notificarse por dicho medio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Así también, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo."

  3. Principal

    México, Ciudad de México, a treinta de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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