Martha Alicia Vallarta Arzac

Expediente 391/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
391/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
28/05/2021

Partes del expediente

  • Martha Alicia Vallarta Arzac
  • Martha Alicia Vallarta Arzac y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Promociones. Agréguense a los autos los oficios signados por el Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías "1", así como la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación adscrita a la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "4", ambos del Servicio de Administración Tributaría, por medio de los cuales en atención al requerimiento formulado en auto de veintitrés de abril del año en curso, realizan diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de ejecutoria dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el recurso de queja 3271/2019; en consecuencia, se toma conocimiento de lo anterior y se tiene desahogado el requerimiento formulado en el citado proveído, asimismo se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. Atento a lo anterior, dese vista a Katia Karina Rodríguez Ramos, con los oficios de cuenta para que manifieste lo que a su interés convenga. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese contexto de la certificación de cuenta se advierte que la información proporcionada por la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación adscrita a la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "4", del Servicio de Administración Tributaría, se encuentra clasificada con el carácter de CONFIDENCIAL; en ese sentido, se ordena glosar copia certificada del referido oficio al presente expediente y dada la naturaleza de los datos contenidos en el mismo, deberá quedar a resguardo el original en la secretaría de este órgano jurisdiccional. Invitación al trámite del Juicio en Línea. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan los siguientes correos institucionales: jaime.madrigal.gonzalez@correo.cjf.gob.mx y juana.garcia.lara@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese; y personalmente a Katia Karina Rodríguez Ramos.

  2. Principal

    Ciudad de México; diez de noviembre de dos mil veinte. Visto el oficio signado por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; por medio del cual, solicita que las notificaciones a dicha autoridad se realicen mediante oficio físico y no de manera electrónica por los motivos que indica; en consecuencia, agréguese a los autos la promoción de mérito para los efectos legales conducentes; se ordena que las notificaciones a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se continúen realizando en el domicilio que señala para ello. Se tienen por acreditados como delegados de su parte, a las personas que menciona y como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Fundamento: artículos 9, párrafo primero, 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo; así como 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la misma por disposición expresa de su artículo 2. No obstante lo anterior, nuevamente se hace del conocimiento de las partes que podrán (no es obligatorio) transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan los siguientes correos institucionales: jorge.barrera.martinez@correo.cjf.gob.mx y/o armando.gonzalez@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese.

  3. Incidental

    Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 391/2020, promovido por ******************** ******************** ******************** y ********************, todos por derecho propio, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. La parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que menciona en la demanda de amparo y escrito aclaratorio de la misma, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaren. SEGUNDO. Admitida la demanda de amparo, se pidió a las autoridades señaladas como responsables que rindieran sus informes previos; se negó la suspensión provisional de los actos reclamados, finalmente se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 9/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Actos reclamados y medida suspensional solicitada. "1) Se reclama de todas las Autoridades Ordenadoras (Cámara de Diputados; Cámara de Senadores), el proceso legislativo que culminó con la publicación y entrada en vigencia del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 08 de noviembre del 2019, y que entró en vigor el 1ro de enero de 2020; y 2) Se reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por el Decreto y por vicios propios en la falta de formalidades que culminó con la publicación y entrada del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 08 de noviembre del 2019, y que entró en vigor el 1ro de enero de 2020; así como al Diario Oficial de la Federación por la publicación del mismo en la página oficial https://dof.gob.mx. ." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman a las Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión, Presidente de la República y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, en el ámbito de sus atribuciones legislativas o reglamentarias. Con independencia de las omisiones, negativas o manifestaciones de las diversas autoridades responsables, tales actos se acreditan con los propios ordenamientos normativos y con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, registro 191452, de la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Efectos La quejosa manifestó que solicita la suspensión del acto reclamado para los efectos siguientes: ".se pide que se suspenda su entrada en vigor de manera provisional, hasta tener la certeza de que se respeten en todo momento los Derechos Humanos." Atento a ello y en atención a que la parte quejosa reclama las normas en cita en su carácter de autoaplicativas sin señalar un acto concreto de aplicación se surte la hipótesis del artículo 148 de la Ley de Amparo, por lo que se analizará la procedencia de la medida cautelar solicitada al tenor de los efectos que aquellas producen. CUARTO. Análisis de la solicitud de Suspensión. En ese tenor, se tiene en cuenta que en el artículo 107 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo se contemplan los requisitos para la procedencia de la suspensión solicitada los cuales son: Que la solicite el quejoso; La existencia del acto reclamado, Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones del orden público. La naturaleza del acto reclamado, Sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Así, se tiene que el primero de los requisitos se encuentra satisfecho, pues la parte quejosa solicitó expresamente la suspensión del acto reclamado. Por lo que hace a la existencia de la ejecución de los actos que reclama, se tiene por cierta para efectos de la suspensión provisional con base en lo manifestado bajo protesta de decir verdad por las promoventes. Ahora, respecto a la no contravención a disposiciones de orden púbico e interés social, debe de tenerse en cuenta que del contenido de las disposiciones legales reclamadas se advierte que establecen en términos generales los supuestos de actualización del delito de defraudación fiscal por equiparación y las consecuencias procesales derivadas de éste (órgano encargado de querellarse, hipótesis de procedencia, casos en los que procede la prisión oficiosa y aquellos en los que serán aplicables los criterios de oportunidad y los acuerdos reparatorios). Por tanto, si las quejosas solicitan que no se les aplique la Reforma Penal Fiscal dos mil veinte, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia; tomando en consideración su naturaleza preventiva, no es dable otorgar la medida suspensional, toda vez que de concederse la misma, se permitiría la consumación de delitos y sus efectos, lo que, irrefutablemente, traería consigo un perjuicio al interés social, y se contravendrían disposiciones de orden público. Ello es así, dado que el artículo 128 fracción II en relación con el 129, fracción III de la Ley de Amparo, de manera conjunta señalan que se considerará, entre otros casos, que se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, en virtud de que si se concediera la suspensión solicitada por la parte quejosa, se permitiría la probable consumación o continuación de delitos o sus efectos, ello sin prejuzgar de antemano o realizar anticipadamente un juicio de valor en cuanto al fondo del asunto. En ese sentido, al ser las disposiciones reclamadas un medio para dotar de un mayor control en el ejercicio de la potestad revisora de la autoridad hacendaria, para que puedan actuar oportunamente ante la comisión de posibles prácticas delictivas, a lo que se suma que parte de las normas en litigio establecen la configuración de un delito, es inconcuso que de concederse la medida cautelar solicitada contra su aplicación, se permitiría la consumación de éstos y limitaría la facultad fiscalizadora de la autoridad exactora de querellarse ante la eventual actualización del ilícito, y, de la Fiscalía y los juzgadores de determinar su procedencia y actualización; por lo que se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados. No es óbice que el artículo 148 de la Ley de Amparo establezca que cuando se reclama una norma general autoaplicativa sin señalar un acto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. Sin embargo, ello no significa que reclamada la norma indefectiblemente proceda la suspensión, sino que el examen de esa norma debe realizarse de manera sistemática del resto de normas que regulan la suspensión y en ese sentido, en el caso, de conceder la medida además de que se analizarían cuestiones de fondo, pues someramente no es posible determinar su inconstitucionalidad, sino que el examen sugerido comprende aspectos de fondo, se afectaría el orden público y el interés social. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Séptima Época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394478, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." Máxime que, de concederse la medida cautelar solicitada en contra de la aplicación de las normas cuya constitucionalidad se controvierte, se permitiría la consumación de un ilícito. Resulta aplicable por su contenido jurídico la jurisprudencia con número de tesis VIII.1o. J/21, visible en la página 1967, tomo XX, septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con número de registro 180,449, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. ES IMPROCEDENTE CUANDO DE CONCEDERSE SE CONSUME EL DELITO PREVISTO EN LA NORMA RECLAMADA (ARTÍCULO 115-BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). El artículo 115-Bis del Código Fiscal de la Federación, adicionado por decreto de 28 de diciembre de 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 5 de enero de 2004, establece, entre otros supuestos, que se impondrá sanción de seis a diez años de prisión, al comercializador o transportista de gasolina o diesel que tengan en su poder dichos combustibles cuando éstos no contengan los trazadores o las demás especificaciones que Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios utilicen para la identificación de los productos mencionados. Por su parte, el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo señala que se considerará, entre otros casos, que se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; luego, al adminicular dicha premisa con el imperativo consignado en el artículo 115-Bis reclamado, permite arribar a la conclusión de que si la norma cuestionada establece la configuración de un delito, es inconcuso que de concederse la medida suspensional solicitada contra su aplicación, se permitiría la consumación de un ilícito, pues bajo los efectos de esa medida cautelar la quejosa se abstendría de utilizar los trazadores o de observar las demás especificaciones que Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios utilizan para la identificación del combustible gasolina o diesel; aunado a que esa omisión es sancionada penalmente al ser estimada como una conducta delictiva y, por ende, se contravendrían disposiciones de orden público, por ello resulta improcedente conceder la suspensión definitiva." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 84/2019 (10a.), con número de registro 2021264, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL FISCAL SE ABSTENGA DE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE EXISTEN DATOS DE PRUEBA SUFICIENTES EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN PARA QUE CELEBRE LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la posibilidad de que se conceda la suspensión del acto reclamado para mantener viva la materia del amparo, evitando al quejoso los perjuicios que su ejecución pudiera ocasionarle durante la sustanciación del juicio. En ese sentido, el artículo 150 de la Ley de Amparo establece que la suspensión deberá concederse de tal forma que no impida la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado hasta dictarse resolución firme en él; sin embargo, como excepción a dicha regla, para determinar si la suspensión puede tener como efecto paralizar el procedimiento, debe analizarse si el daño que pueda causar la violación al quejoso es irreparable. Ahora bien, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos u omisiones del fiscal en la investigación inicial que atenten contra el derecho de defensa del investigado y éste solicite la suspensión provisional, no procede conceder dicha medida cautelar, toda vez que su concesión obstaculizaría la continuación del proceso penal sin estar justificado el daño irreparable al quejoso, aunado a que no se ocasiona un perjuicio irreparable a sus derechos fundamentales, en virtud de que el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 218 y 219 garantiza el derecho de defensa, pues permite varios momentos en los que el investigado puede imponerse de la carpeta de investigación, particularmente cuando, convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia, con la debida oportunidad para preparar su defensa. Máxime que, en la etapa de investigación inicial del proceso penal, en la que se desarrollan tales actos, el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que, con la judicialización de la carpeta, transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez sea quien tutele, entre otros, el referido derecho fundamental. Además, una eventual paralización del inicio del proceso penal puede incidir negativamente en el derecho de reparación de las víctimas de delito, debido a que esa medida evita que continúe el proceso y retarda la posibilidad de que les sea reparado el daño ocasionado y que conozcan la verdad de lo sucedido desde la perspectiva de una "reparación integral". Así como la jurisprudencia PC.I.P. J/51 P (10a.), con número de registro 2019329, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO JUDICIALICE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. De la interpretación sistemática de los artículos 20, apartado B, fracciones III y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracción VIII, 216, 218, párrafos primero y tercero, 219, 307, primer párrafo, 310, 311, 314, 315, 333 y 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que en el sistema procesal penal acusatorio, el imputado puede tener acceso a los registros de la carpeta de investigación y ejercer sus derechos constitucionales ante el Ministerio Público o ante el Juez de Control, en los momentos siguientes: 1) cuando se encuentre detenido; 2) cuando se reciba su declaración o sea sujeto de un acto de molestia y se solicite su entrevista; y 3) antes de su primera comparecencia ante el Juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En ese contexto, es improcedente conceder la suspensión para el efecto de que el Ministerio Público no judicialice la carpeta de investigación, pues de concederse, se contravendrían disposiciones de orden público, ya que ello implicaría paralizar el nuevo procedimiento penal acusatorio en su primera etapa, evitando transitar de la investigación inicial a la complementaria; también se afectaría el interés social, toda vez que la facultad constitucional del Ministerio Público de investigar los delitos no puede paralizarse, y que la sociedad está interesada en que dicha facultad se ejerza plenamente y sin demoras; y, se perturbarían eventualmente los derechos fundamentales de las víctimas, en tanto no podrían obtener la reparación del daño causado por el delito, impidiéndoles acceder a una justicia pronta; además, la continuación del procedimiento no ocasiona perjuicios irreparables al derecho de defensa del imputado, en virtud de que puede ejercer plenamente su derecho ante el Juez de Control, propiamente en la investigación complementaria." No pasa inadvertido, que si bien es cierto que la suspensión definitiva de los actos reclamados, participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la aludida apariencia del buen derecho y el peligro de la demora, también lo es que el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 128, análisis que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Sin embargo, en la especie, más que un asomo a la posible inconstitucionalidad del acto reclamado se realizaría una labor interpretativa y de estudio profundo de los actos reclamados, lo cual, implicaría no sólo un asomo a la inconstitucionalidad planteada, sino un verdadero análisis al fondo de la cuestión debatida. Es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/347, con número de registro 209401, de dice: "SUSPENSIÓN, MATERIA DE LA. DIFIERE DE LA DEL JUICIO. Al resolver sobre ella no pueden estudiarse cuestiones que se refieran al fondo del amparo." Es decir, los efectos de la suspensión consisten en que se dejen de aplicar a la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos que a través del presente incidente de suspensión se han señalado como actos reclamados, de manera que no tiene el efecto de constituir ni restituir derechos de los mismos; pues ello implicaría el estudio precisamente de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, lo que es propio de la resolución de fondo del amparo, en términos del citado artículo 77 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE Único. Se niega a ******************** ******************** ******************** y ********************, todos por derecho propio, la suspensión definitiva, por lo motivos expuestos en el último considerando de esta interlocutoria. Notifíquese.

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