Martha Alicia Tovar Martínez
Expediente 397/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 397/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Martha Alicia Tovar Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan loso presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atento a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21 inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de julio de dos mil veintiuno. Visto el escrito signado por la licenciada Susana Prieto Terrazas, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, agréguese a los autos para que obre como corresponda, y téngasele señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Tompiros número 2039, esquina con avenida Ejército Nacional, en el fraccionamiento Jardines de San José, en esta ciudad, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto para resolver el Juicio de Amparo 397/2021-IV, promovido por Martha Alicia Tovar Martínez, por conducto de su apoderada legal, Susana Prieto Terrazas,, contra actos del Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad; y, R e s u l t a n d o : Primero. Por escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede esta ciudad, turnado al día siguiente a este Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Chihuahua, Martha Alicia Tovar Martínez, por conducto de su apoderada legal, Susana Prieto Terrazas, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra acto de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, consistente en: "4.- ACTOS RECLAMADOS.- La omisión de la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículo 873 al 891 de la Ley Federal del Trabajo." Segundo. Por auto de veintiséis de dos mil mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de que se trata, por lo que se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le compete y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual cumplidos los requisitos legales inició en términos del acta que antecede; por lo que, CONSIDERANDO: Primero. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados, al ser omisiones, carecen de ejecución, por lo que la competencia, en términos del artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, recae en la autoridad ante quien se haya presentado la demanda, que en el caso lo es el suscrito, por razón de turno. Segundo. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fijan de manera clara y precisa los actos que el solicitante de amparo señala de inconstitucionales, los cuales, una vez realizado el análisis integral de la demanda, en congruencia con las constancias del presente expediente, se desprende que son los siguientes: ----La omisión de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, desahogar las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 2/18/4281. Tercero. La autoridad, Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, cabe precisar que la responsable anexo a su informe copia certificada del auto de cuatro de junio dos mil veintiuno, mediante el cual precisó que en virtud de lo decretado en la diversas actas de asamblea extraordinarias de acuerdo de pleno de fechas veintidós de marzo, catorce de abril, uno de mayo, veintiocho de mayo, trece de junio de dos mil veinte, debido a la suspensión de audiencias y términos señaladas por el periodo del veintidós de marzo al veintinueve de junio de dicha anualidad, reanudándose labores el treinta de junio siguiente, volviéndose a suspender audiencias y términos por del vientitres de octubre del veinte de noviembre de dos mil viente, con base al acuerdo de pleno de veintres de octubre de dos mil viente, todo debido a las recomendaciones emitidas por la Secretaria de Salud, derivado del riesgo sanitario ocasionado por el COVID-19, reanudando labores el veintitrés de noviembre del año pasado, por lo que bajo ese contexto, ordenó girar oficio al Secretario General de dicho recinto laboral, en auxilio de la labores de dicho Tribunal Labora, con base a lo dispuesto en los artículos 688, 801, 803 y 806, de la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de que le remitiera la información ofertada como prueba por la parte quejosa y calificada de legal en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, consistente en copia certificada de la totalidad de las actuaciones del expediente laboral 2/18/0599, lo anterior a efecto de que dichas documentales públicas obren en autos, y sean valoradas al momento de emitir el laudo que en derecho corresponda, constancias con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Razón por la cual, contrario a lo expuesto por la autoridad responsable, se tienen por ciertos los actos reclamados por la parte quejosa, toda vez que a la fecha de presentación de la demanda de amparo indirecto, no se había declarado el cierre de instrucción en el juicio laboral 2/18/4281. Cuarto. Previo al análisis del fondo de la litis constitucional planteada, es necesario estudiar las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que quien esto resuelve debe estudiarlas aún de oficio, las aleguen o no las partes. Sobre el particular es aplicable la tesis 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, página 553, que dice textualmente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". El suscrito Juez de Distrito advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ." En efecto, de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, al rendir su informe justificado remitió copia certificada de las constancias que integran el juicio laboral 2/18/4281 de su índice, dentro de las que cabe destacar el auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno mediante el giró la ordenes que estimó pertinente con la finalidad de desahogar los medios de prueba pendientes dentro del referido juicio laboral. Por ello, el suscrito Juez Federal advierte que se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo, prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, puesto que en el procedimiento laboral de origen, ha operado un cambio de situación jurídica. Se dice lo anterior, ya que el acto reclamado, emana de un procedimiento judicial y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronunció un auto que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso al promover la demanda de amparo; asimismo, no es posible pronunciarse sobre la constitucionalidad de la omisión reclamada, sin afectar el auto emitido el cuatro de junio del presente año, por lo que dicha omisión debe considerarse consumada de manera irreparable; por último, existe autonomía o independencia entre la omisión reclamada y el auto dictado en consecuencia, por lo que éste podría subsistir, con independencia de que la omisión resultara o no inconstitucional. Es pertinente al particular tratado, el contenido de la tesis 2a. CXI/96, emitida en Novena época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 219 del tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En tal virtud, al actualizarse la causa que hace improcedente el juicio de amparo, contenida en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa. Sin que la anterior determinación se considere negación de justicia. Ello es así porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita el interés jurídico de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.". En atención a que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no se entrará al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, ya que al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado, sin que ello genere agravio alguno a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Cabe invocar al respecto, la jurisprudencia 58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se lee como sigue: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." También, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 233, del Tomo XI, Marzo de 1993, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XVII, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se, RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Martha Alicia Tovar Martínez, por los motivos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vistos el oficio y anexos que remite el Presidente Auxiliar de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad, agréguense a sus autos para que obren como corresponda por medio de los cuales de conformidad con los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su respectivo informe justificado y remitiendo documentales de su parte, con lo que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido, sin menoscabo de hacer relación de lo anterior al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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