Martha Alicia Sánchez Saavedra
Expediente 1547/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1547/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/01/2019
Partes del expediente
- Martha Alicia Sánchez Saavedra
Actuaciones
- Principal
- V I S T O el estado procesal y la certificación secretarial que antecede de la que se desprende . . . se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA . . . archívese el presente asunto como concluido . . .
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que la parte quejosa reclama en la presente instancia constitucional, la omisión de dar contestación a los escritos presentados, dentro del juicio laboral 7252/2015/2/1; por el cual solicita a la Junta Local número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, declare firme el laudo condenatorio y a su vez se lleve a cabo la ejecución del mismo; asimismo, se revoque a los apoderados legales nombrados con anterioridad; respecto de la cual, las autoridades responsables negaron la misma, por lo que se traduce que el acto reclamado no existe. En ese tenor, se estima actualizada la causa de sobreseimiento, prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo que señala: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Como se advierte de lo anterior, la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, establece la causa de sobreseimiento del juicio de amparo, en el entendido de que del informe justificado rendido por la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro (foja 10), negó la existencia del acto reclamado. De lo anterior se observa que dicho informe rendido por la responsable que por tener la calidad de documento público, se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, acorde con el numeral 2º de la Ley de Amparo, por lo que este Juzgado de Distrito, tiene la certeza del contenido de éste, ya que fue remitido por funcionario público en ejercicio de sus funciones y lo rinde con el pleno conocimiento de las responsabilidades en que incurren en caso de no informar la veracidad de lo peticionado. Aunado a que el contenido de esos informes, no deja lugar a duda de su autenticidad, acorde a la jurisprudencia 5/2001, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, visible en la página 10, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Enero de 2001, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD.- El artículo 153 de la Ley de Amparo autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes; y en su párrafo segundo precisa los alcances o la materia de tal objeción al señalar que lo dispuesto en el propio precepto legal sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que de por sí indica que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. De ahí que el documento público en el que la autoridad responsable rinde su informe justificado sólo pueda ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad y no respecto de su contenido." Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada, emitida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2058, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXII, Quinta Época, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO, VALIDEZ DEL.- No existe disposición legal alguna que autorice al juzgador a desconocer las aseveraciones que hagan en sus informes las autoridades responsables, mientras no se demuestra con las pruebas necesarias, la falsedad de las mismas." Cabe precisar que si bien, de las constancias del juicio de origen se advierte que los escritos de los cuales la parte quejosa reclama su falta de contestación por parte de la autoridad laboral, fueron signados por una persona diversa, esto es, por Blanca Flor Olalde Olalde; empero, tanto esta como la promovente del amparo, son actoras en el sumario del cual deriva el acto que se reclama, de ahí que la última si tiene interés legítimo y jurídico para reclamar la conducta omisiva que le atribuye a la junta responsable No obstante lo anterior, se tiene acreditada la inexistencia del acto reclamado, pues la Junta responsable en data veintidós de mayo de dos mil dieciocho, emitió la determinación que recayó a los escritos presentados por la parte actora de origen -quejosa- el treinta de noviembre de dos mil dieciséis y once de septiembre de dos mil diecisiete; de ahí que, a la fecha de la presentación de la demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales -siete de diciembre de dos mil dieciocho-, no existía la omisión reclamada a la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia Número 7, visible en la página 10, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, Apéndice correspondiente a los años de 1917-2000, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO POSITIVO, ANTE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SU EXISTENCIA DEBE PROBARSE POR EL QUEJOSO AUN CUANDO LAS VIOLACIONES EN ÉL COMETIDAS IMPLIQUEN CONDUCTAS NEGATIVAS. Cuando el acto reclamado necesariamente consiste en una conducta activa por parte de la autoridad y se señalan como violatorias al orden constitucional conductas de carácter omisivo en las que incurrió la autoridad responsable al realizar, el quejoso debe demostrar la existencia de esa conducta positiva ante la negativa de la autoridad de haberla ejecutado, pues de la imposibilidad jurídica de exigir al quejoso la demostración de esas omisiones, no se puede derivar ni lógica ni jurídicamente la existencia del acto reclamado, en virtud de que si tales omisiones no pudieron generarse sino con motivo de esa conducta positiva y ésta no se produjo, menos aún pudieron verificarse las citadas omisiones". En ese orden de ideas, se estima que se debe de sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, ya que existe una razón notoria, manifiesta e indudable, entendidos estos conceptos bajo las siguientes razones: Notoria. Se estima notoria por la existencia del informe justificado que obra en autos, rendido por la autoridad responsable. Manifiesta. Esto por considerar que la autoridad al rendir su informe niega expresamente el acto que se le atribuye, por lo que así deberá de tenérsele. Indudable. Resulta indudable, ya que la responsable al rendir su informe, lo hace como funcionario público en ejercicio de sus funciones y se encuentra plenamente conscientes de las responsabilidades en las que incurren las autoridades que rinden datos falsos al rendir sus informes de ley. De esta manera, sin prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto reclamado, se concluye que las violaciones constitucionales planteadas no existen; por ende, no se le causa ningún agravio ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia ya que como quedó apuntado, deriva de una causa notoria, manifiesta e indudable de sobreseimiento del juicio de amparo, de tal suerte que ni al celebrar la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por ende, a nada práctico conduciría esperar a la fecha de aquélla, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por tanto, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de garantías. En consecuencia, se deja sin efecto la fecha programada para para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las diez horas con un minuto del tres de enero de dos mil diecinueve. Siendo imprescindible precisar, que lo acordado en el cuerpo del presente proveído, fue realizado a fin de no contravenir lo estipulado en el artículo 17 Constitucional y en estricto acatamiento a la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de observancia obligatoria para este Juzgado, en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, consultable en la página 209 del tomo XXVI, Materia Constitucional, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro 171257, cuyo tenor literal es el siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Así como la diversa tesis Jurisprudencial sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, consultable en la página 1096, del libro XI, Materia Constitucional, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro 2001213, cuyo tenor literal es el siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia." Cabe decir que no se desatiende la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 49/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 386, Décima Época, registro 2015699, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO."; empero, si por cualquier situación, no reflejada ahora en estos autos, resultara la existencia del acto reclamado; la parte quejosa no quedará en estado de indefensión, en vista de que, por la naturaleza de ese acto de autoridad, está en aptitud legal de promover diverso juicio de garantías. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para darle seguimiento a la presente determinación.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos... requiérase a la autoridad responsable en mención, para que en el término de TRES DÍAS contados a partir de la legal notificación, comunique a este Juzgado Federal el estado que guarda la referida averiguación y remita las constancias necesarias... apercibiéndole que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa...
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por... se admite la demanda... Pídase a la autoridad responsable su informe justificado... que deberá rendir dentro del término de QUINCE DÍAS... EN CASO DE OMITIR RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO... SE HARÁ ACREEDORA A UNA MULTA... se señalan para la celebración de la audiencia constitucional, las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo... requiérase a la autoridad, e caso de ser cierto el acto reclamado, para que dentro del término de tres días... informe a este Juzgado Federal...
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