Martha Alicia Rodriguez Lara

Expediente 958/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
958/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
30/11/2018

Partes del expediente

  • Martha Alicia Rodriguez Lara

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que la parte promovente no interpuso recurso de queja en contra del proveído de Veinte de noviembre de dos mil dieciocho, por el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, se ordena ARCHIVAR el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de amparo. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, a través de la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez de Partido Quinto Civil de esta ciudad y otra autoridad; por violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 958/2018-VI.1, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Una vez analizada la demanda de amparo este Juzgado Federal estima que debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; ya que al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En consecuencia, como se adelantó, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, procede desechar la demanda que nos ocupa, por ser notoriamente improcedente, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que en contra del acto que se reclama en esta instancia constitucional, toda vez que la quejosa, tiene a su alcance el incidente que prevé el artículo 1,057 del Código de Comercio, tal como se demostrará en párrafos subsecuentes; por lo que no se cumple con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. A efecto de verificar la actualización de la causal enunciada, se considera necesario traer al análisis el contenido de la referida porción normativa: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: VIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; De la cita que antecede, se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo Indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, la hipótesis - acto reclamado- sujeto a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que puede ser modificado, revocado o anulado; a través de un medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso, la incidental, esto conforme al artículo 1,057 del Código de Comercio, que disponen lo siguiente: Art. 1,057. El juez examinará de oficio la personalidad de las partes, pero los litigantes podrán impugnar la de su contraria cuando tengan razones para ello, en vía incidental que no suspenderá el procedimiento y la resolución que se dicte será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1126 de este Código. Del enunciado normativo trascrito, se advierte que en un procedimiento de naturaleza mercantil, las partes podrán impugnar la personalidad de su contraria parte, en la vía incidental, e incluso ante la resolución desfavorable, acudir a la apelación. Hecho que sucede en el caso concreto, en razón que el acto reclamado en el presente juicio constitucional, consiste en el auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (dictado en los autos del juicio ejecutivo mercantil M-86/2018 del índice de la responsable, iniciado en contra del aquí quejoso), en el que se reconoce la personalidad de la parte actora, en vía de consecuencia, el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, así como su ejecución. En atención a lo anterior, si en contra de este auto, por lo que hace al reconocimiento de personalidad de la parte actora, procede plantear la falta de la misma en la vía incidental, entonces, debe promoverse ante el propio juez que dictó el acto reclamado. Por tanto, al no agotarse el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, respecto de dicho acto resulta improcedente el presente juicio constitucional, ya que el amparo es un juicio extraordinario al que sólo puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria para modificar o revocar el acto que ha de reclamarse. A mayor abundamiento, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL, ha establecido como enunciado jurídico, que la definitividad deba ser agotado, siempre y cuando el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos lo siguiente:1. Sea efectivo; 2. Idóneo; y, 3. Resuelto en un plazo razonable. En el caso, el medio de defensa -incidente de falta de personalidad- reúne dichos requisitos, pues este es efectivo, en razón que está previsto en la norma mercantil, es sencillo su trámite, pues basta un escrito en el que se expongan los agravios para que éstos sean estudiados. Es idóneo, ya que conforme tiene como fin someter a análisis la personalidad de las partes; es de plazo razonable, ya que su trámite se limita a una vista que se le da a la contraparte por tres días y, transcurridos éstos, agotado el periodo probatorio y para alegar, el juez citará a las partes para oír la interlocutoria que proceda, la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los tres días siguientes; según se expone en los numerales 1,353, 1,354 y 1,355 del Código de Comercio. No es óbice que el recurso ordinario no prevea la suspensión del acto reclamado, ya que no es requisito de estudio en la fracción de improcedencia, lo anterior tomando en consideración que se trata de un acto de autoridad formal y materialmente jurisdiccional, contrario a la fracción XX, que trata sobre actos distintos a los judiciales, donde sí se estipula tal circunstancia como excepción al principio de definitividad. Es aplicable a la anterior determinación, la tesis I.3o.C.25 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2055, marzo de 2013, de rubro y texto siguientes: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo. De ahí que no hay excepción que permita suprimir la definitividad para acudir al juicio de amparo indirecto en el caso que nos ocupa, pues como se ha dicho, no se encuentra dentro de las excepciones contenidas en el artículo 61 fracción XVIII; aunado a que la quejosa no está en posibilidad de elegir uno u otro medio de defensa, pues la Constitución y la Ley de Amparo, lo constriñen a que, previo a acudir al juicio de amparo debe agotar los medios ordinarios de defensa o recursos, que le concede el sistema ordinario. En esa línea de pensamiento, la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada de manera alguna, implica denegación al derecho de acceso para la quejosa a la impartición de justicia prevista en los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del juicio de amparo, dado que al estimarse éste como un medio extraordinario de defensa; la quejosa debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se niegue el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que sí se permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como el generar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la promoción de interminables juicios de amparo; por ende, la causa de improcedencia invocada por este Juzgador, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, en consecuencia, no configura una denegación de justicia. Por ello la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho de un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas, y consecuentemente, deben establecerse presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole en relación con los recursos internos. En lo conducente, se cita la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), registro 2005917, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental. En esas condiciones y puesto que el amparo es un juicio extraordinario al que solamente puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar revocar o anular el acto que vaya a reclamarse y al no haberlo hecho así el quejoso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 113, de la Ley de Amparo, por lo que procede DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Sirve de apoyo a la conclusión anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO. Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa, señala los estrados para recibir notificaciones personales, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho (hasta en tanto se haga señalamiento al respecto como lo indica el artículo 27 fracción I, del cuerpo leyes en consulta) la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter, practíquense por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Asimismo, se tiene como autorizado de su parte a ***, en términos restringidos, es decir únicamente para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos, quienes no gozarán de las demás facultades previstas en el artículo 12 de esta Ley, por no obrar registrada su cédula profesional, en la nombrada base de datos y a los demás citados, debido a que la parte quejosa en su demanda de amparo, los autorizo. Por otro lado, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se Resuelve: UNICO. SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por ***, por las consideraciones formuladas en el presente proveído.

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