Martha Alicia Rodríguez García
Expediente 17/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 17/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Martha Alicia Rodríguez García
Actuaciones
- Principal
Causa estado el proveído de once de los corrientes, mediante el que se desechó de plano la demanda de amparo. En atención a que no existe trámite pendiente alguno, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito presentado electrónicamente por Genaro Saveedra Rodríguez; en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que en el auto inicial se proveyó al respecto. Notifíquese.
- Principal
Monterrey, Nuevo León, once de enero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. V I S T A; la demanda de derechos fundamentales presentada en línea en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación por ********************, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado y otras autoridades; se ordena formar y anotar el expediente físico y electrónico en el libro de registro de juicios de amparo bajo el número 17/2023-III que le correspondió, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E 2.0) que al efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, se debe realizar el estudio integral de la demanda de derechos fundamentales y en su labor intelectual armonizar sus datos, para fijar un sentido que sea congruente con todos los elementos que la conforman, es decir, entender la voluntad de quien acude ante los órganos de control de legalidad, y conforme a los actos reclamados y antecedentes que lo rigen manifestados bajo protesta de decir verdad, actividad con estricta observancia a los principios establecidos por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya función de administrar justicia consiste en "decir el derecho". Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, Página 32, bajo el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De lo antes dicho, se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. De lo que se sigue que no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada, conforme al cual sólo aquel a quien irrogue perjuicio el acto de autoridad de que se trate, podrá concurrir al juicio de amparo en reclamo del mismo, ya sea por sí, por conducto de su representante, por apoderado o por su defensor en tratándose de asuntos penales en que el acto emerja de un procedimiento de esa naturaleza. Principio que deviene de lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 6° de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)." Preceptos de cuya interpretación se puede concluir que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que éste no puede proceder oficiosamente. Por su parte, el artículo 3º de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando, para lo que al caso interesa, la conocida como firma electrónica o también identificada como Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL o e.firma), la cual, para efectos prácticos, resulta equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. En la inteligencia que, no pasa inadvertido que el escrito que se atiende fue signado electrónicamente por ********************, sin embargo, no se trata del directamente quejoso, por tanto, no se satisface el principio de parte agraviada que permita sustanciar el presente juicio de amparo; lo anterior es así, porque un presupuesto del principio rector en mención, consiste en que la demanda de amparo presentada vía electrónica cuente con la firma electrónica (FIREL o e.firma) de quien dice ser el afectado por el acto de autoridad, ya que ésta es el signo inequívoco de la voluntad y que la ausencia de algún signo que conduzca al juzgador a considerar que efectivamente es el afectado quien solicita la protección constitucional, es indicativo de incumplimiento del principio citado, ya que la falta de firma conduce, indefectiblemente, a que no pueda considerarse como agraviado a alguien que no suscribió la demanda, por lo que, se reitera, si la demanda de amparo no cuenta con la evidencia criptográfica de la persona que estima vulnerados sus derechos fundamentales, no puede considerarse la exteriorización de su voluntad para acudir a esta instancia constitucional. Eventualidad que no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6° de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general que se reclama, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma autógrafa, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. A mayor abundamiento, cabe precisar que en este asunto, no se actualiza la excepción a que se refiere el último párrafo, del artículo 3° de la Ley de Amparo, que señala que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva conforme al numeral 15 de ese ordenamiento legal, pues ni aun con un grado de razonabilidad, se podría advertir que se trate de esos actos. Sin que en el caso resulte aplicable la jurisprudencia 24/2018 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deriva de la contradicción de tesis 76/2017, aprobada en sesión privada de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 699, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), SE DEBE PREVENIR A LA QUEJOSA.". Lo anterior, en razón de que dicho criterio refiere que se ordenará ratificar la demanda de amparo cuando ésta no tiene firma electrónica no obstante de haberse presentado mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en el presente asunto, la demanda de amparo de cuenta, si contiene firma electrónica, pero pertenece a diversa persona y no a la parte quejosa; por tanto, en el caso que nos ocupa no es procedente prevenir al impetrante de amparo en tales términos. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 5, Décima Época, Materia Común, bajo el título que reza: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE.". Por tanto, de ello deriva la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica; sin embargo, lo anterior de ninguna manera implica soslayar el aludido principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los citados 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6º de la Ley de Amparo, sino que únicamente esa circunstancia tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la "FIREL o e.firma". En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la "FIREL o e.firma" de la parte quejosa, en virtud de que la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo, tampoco puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el diverso artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Así las cosas, de forma manifiesta, notoria e indudable, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos ya citados, interpretados a contrario sensu, y con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano al carecer la demanda de la firma electrónica de la directamente agraviada. Al respecto resulta aplicable el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Materia Común, Página 79, Décima Época, cuyo rubro a la letra se lee: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO.". En el entendido de que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página 1167, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.". De igual forma, resulta importante precisar que el desechamiento de la demanda no constituye denegación de justicia ni genera inseguridad jurídica, dado que cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de las causas de improcedencia para desecharla, imparte justicia, no obstante que la resolución sea desfavorable a los intereses del promovente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia J/23, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 921, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el título: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene por autorizado para oír y recibir notificaciones al profesionista que se indica en el ocurso de trato, en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, ya que cuentan con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Respecto a su solicitud de que se autorice al usuario "********************", a fin de consultar este sumario vía electrónica, dado que se cumplen los requisitos establecidos en los numerales 37 y 38 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y el ordinal 3° de la legislación reglamentaria de la materia, se autoriza la revisión, seguimiento y notificaciones del juicio en que se actúa, con el nombre de usuario señalado. De igual modo, dada la manifestación expresa de la parte quejosa, se autoriza para que las notificaciones se le practiquen vía electrónica y se sujetaran a lo dispuesto el artículo 30 de la Ley de Amparo y demás relativos, así como al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, sin que se tenga como domicilio para recibir notificaciones el domicilio físico que señaló en su escrito inicial de demanda; ello a fin de evitar duplicidad de notificaciones. Por tanto, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano de control jurisdiccional, proceda a dar de alta al referido usuario, con efectos de autorización en el Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación y al actuario responsable del expediente para que haga la anotación respectiva en el control que para efectos de notificaciones, lleva la actuaría de este órgano jurisdiccional. De igual forma, con apoyo en los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene al promovente proporcionando la dirección de correo electrónico que señala, para entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DEL EXPEDIENTE. En aras de una administración pronta y expedita de justicia, en términos del artículo 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 3 de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional no tiene inconveniente que los sujetos procesales y sus autorizados, a quienes confió la defensa de sus intereses litigiosos en el presente juicio, obtengan la reproducción de las actuaciones judiciales que obren en este expediente, mediante el uso de cámaras, escáner, grabadoras, lectores ópticos u otros dispositivos semejantes para la reproducción electrónica, en la inteligencia, cuando se requiera la toma de imágenes, el expediente se facilitará por el tiempo necesario para ello, bajo supervisión del personal adscrito a este órgano jurisdiccional, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto; asimismo, las reproducciones obtenidas en la forma mencionada, sólo serán útiles como fuente de consulta y es su responsabilidad el uso de tales archivos. EXHORTO A LAS PARTES PROCESALES PARA LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA DE "JUICIO EN LÍNEA". En ese orden de ideas, se exhorta a las partes a efecto que de ser posible y tomando en consideración las potenciales herramientas tecnológicas que están al alcance en la actualidad, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual, deberán proporcionar el nombre de un usuario creado en la página web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que se autorice que consulten el expediente vía electrónica, asimismo, envíen promociones y reciban las notificaciones derivadas del presente sumario. ATENCIÓN TELEFÓNICA Y PRESENCIAL. En ese orden de ideas, hágase de su conocimiento que de conformidad con el artículo 6° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos del propio Consejo, el horario de atención telefónica y presencial, será en un horario de 9:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes. De igual forma, para cualquier duda se deja a su disposición el número telefónico de este órgano jurisdiccional siendo el siguiente: 81-80-47-01-00 extensiones 1201 a 1208. En mérito de lo anterior, infórmese a las partes que el presente asunto se encausará en modo que se les pueda brindar atención vía telefónica, por comunicación instantánea, dispositivos móviles y/o correo electrónico, lo que deberá ser certificado por el Secretario que conozca del presente asunto, de acuerdo a lo señalado por el artículo 257, fracción I, del mencionado Acuerdo General. SERVICIOS GRATUITOS. Se hace del conocimiento de las partes que los servicios que prestan los servidores públicos de este órgano jurisdiccional en lo ateniente a la administración de justicia de forma completa, pronta y expedita son gratuitos, al tenor del párrafo segundo del artículo 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, de existir cualquier solicitud, insinuación o recomendación para ofrecer, exigir o aceptar algún tipo de dádiva a cambio de una promesa de hacer o no hacer durante el procedimiento de este expediente, hecha por el personal del juzgado o por terceras personas ajenas al mismo, constituye un delito y deberá comunicarse a la suscrita y/o al Centro de Atención para la Recepción de Quejas y Denuncias del Consejo de la Judicatura Federal, para detectar, prevenir, sancionar y erradicar las conductas que dañan el funcionamiento, la imagen y la credibilidad del Poder Judicial de la Federación. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3°, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como el 3°, del Acuerdo 12/2020 reformado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la integración del expediente electrónico, conforme a las bases establecidas en el último precepto legal. En el entendido que no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del citado acuerdo 12/2022, reformado por el acuerdo en mención en el párrafo que precede, las cuales son: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier otro tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de este Juzgado Federal que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas, así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de la integración del expediente electrónico. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263, del indicado Acuerdo General, este órgano jurisdiccional a partir de esta data adoptará, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en los asuntos, la actuación desde la aplicación del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de dar debido cumplimiento a lo establecido por el artículo Sexto Transitorio del mencionado Acuerdo, donde se establece que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esa vía, en ese tenor a partir de esta data, las determinaciones judiciales solo constarán en forma electrónica, conforme a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; III. La única excepción a lo dispuesto en las fracciones I y II del presente artículo será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y V. Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización. HABILITACIÓN DE HORARIO Y DÍAS INHÁBILES. En la inteligencia de que, para la celeridad del procedimiento, atendiendo al principio de expeditez en la administración de justicia, para las notificaciones de carácter personal se habilitan los días y horas inhábiles, en términos de lo dispuesto en el artículo el artículo 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, enlazado con los preceptos 282 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación reglamentaria de la materia, en términos del numeral 2° de esta última. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Finalmente, con fundamento en lo estipulado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los ordinales 5, 7, 8, tercer párrafo y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, omítanse el nombre y datos personales de las partes en las resoluciones públicas y demás publicaciones que se difundan por medios electrónicos, aún y cuando no hayan manifestado por escrito su oposición, en la inteligencia que dicha supresión no debe impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente. Así lo acuerda y firma de manera electrónica Agustín Valdés Galindo, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, Encargado del Despacho, por vacaciones de la titular de este órgano jurisdiccional, conforme a la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada por oficio CCJ/ST/4711/2022, de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, y con fundamento en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DEL JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERÍODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", asistido de José Francisco Domínguez Torres, secretario que da fe. Doy fe. Gabriela*
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