Martha Alicia Ortiz Flores

Expediente 1679/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1679/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2017

Partes del expediente

  • Martha Alicia Ortiz Flores

Actuaciones

  1. Principal

    III.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al caso en términos del artículo 2º de la ley de la materia, se agrega a los presentes autos para los efectos legales procedentes, el oficio suscrito por el Notificador en funciones de Secretario del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México; por medio del cual, remite el exhorto 1121/2017-VIII (orden 1148/2017), del índice estadístico de este Juzgado, debidamente diligenciado, deducido del presente juicio de amparo, por medio del cual se le notificó al quejoso la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete y el acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Asimismo el estado procesal que guardan los autos evidencia que no obra constancia de envio de los oficios generados en el referido acuerdo, por tanto, en obvio de evitar mayores dilaciones procesales, reenvíense los referidos oficios de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Por otra parte, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o bien, en el lugar de su reclusión; la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional, a fin de que éste se encuentre en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal convenga, y no hacer nugatorio su derecho de acceso a la justicia, por tanto, ante determinaciones que no tengan la finalidad de impulsar el procedimiento (como en la especie), o tratándose de la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario ordenar la notificación de manera personal.

  2. Principal

    VI.- Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Jede del Departamento de Peritos Diversos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por auto de veinticinco de octubre del presente año, (foja 390), remite copia simple del acuse de recibo por el cual notificó al perito oficial Felipe de Jesús Jorge Rojas González, el auto referido. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a los que haya lugar, teniendo por desahogado el requerimiento inserto en el proveído de mérito, dejando insubsistente el apercibimiento con que fuera conminado en el mismo y téngase por notificado al perito oficial del requerimiento contenido en el auto de veinticinco de octubre del presente año, (foja 390), para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Por recibida la demanda de amparo promovida por Martha Alicia Ortiz Flores, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1679/2017. Ahora bien, el acto reclamado en esta instancia lo constituye: La orden de traslado del Centro Preventivo y de Reinserción Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, Estado de México, a un diverso centro carcelario, y su ejecución. Por tanto, a efecto de salvaguardar los derechos fundamentales de la quejosa, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano y de oficio, para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la quejosa no sea traslada del centro de reclusión en el que actualmente se encuentra interna, a saber, el Centro Preventivo y de Reinserción Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, Estado de México, a un diverso centro de reclusión. Dicha suspensión se concede siempre y cuando, no se trate del cumplimiento a una sentencia que haya causado ejecutoria, o bien, de una cuestión de competencia definida. Asimismo, se precisa que la medida cautelar decretada no surtirá efecto alguno si la orden de traslado es dictada con posterioridad a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Finalmente, tampoco surtirá efecto alguno si previo a la emisión del presente auto se encuentra acreditado, y atendiendo en lo conducente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que la orden de traslado reclamada se emitió con motivo de: Una inicial solicitud voluntaria de traslado por parte de los quejosos. Exigencias procesales, como puede ser el hecho de que exista sentencia firme que la avale o que la orden provenga de autoridad jurisdiccional o bien, en los supuestos motivados por las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso. Riesgo objetivo de la salud o la integridad de los reclusos. Peligro para los internos. Seguridad de los propios quejosos. Seguridad o gobernabilidad del Centro Carcelario; y, Tratándose de delincuencia organizada y por medidas especiales de seguridad. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 58/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013066, que señala: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." A las autoridades responsables se hace de su conocimiento que de no acatar esta medida suspensional, se harán acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, las responsables deberán informar sobre el cumplimiento de esta determinación dentro del plazo de veinticuatro horas; en el entendido de que si al rendirlo afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en los términos señalados en Título Quinto, Capítulo II de la Ley de Amparo. En diverso orden, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 114, fracciones I y II, 108, fracciones III, IV y V, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 51 y 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se considera pertinente requerir a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad y entendida de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja indebida, realice lo siguiente: ÚNICO. La quejosa deberá realizar bajo protesta de decir verdad una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le constan y constituyen los antecedentes del acto que señala como reclamado, a saber, la orden de traslado a un diverso centro de reclusión, de los cuales se adviertan los siguientes elementos: Indique si la orden de traslado reclamada fue emitida por alguna autoridad Judicial, esto es, por un Juez de Control o de Ejecución, o bien, si únicamente por las autoridades administrativas que señala; en la inteligencia que de haber sido emitida por alguna de las citadas autoridades judiciales deberá manifestar su denominación correcta y si las señala como responsables. Deberá indicar el número de expediente de las causas o procesos con los cuales está vinculada, así como ante qué autoridades se encuentran radicados los expedientes respectivos y el estado procesal que actualmente guardan. La impetrante de amparo deberá indicar si contra el acto reclamado ha promovido el medio de impugnación ordinario que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, a saber, el recurso de apelación y, si así fuere, tendrá que precisar ante qué autoridad judicial se radicó, el estado procesal que guarda dicho medio de impugnación, si a la fecha de la presentación de la demanda ya se resolvió, y en qué data, así como si en su caso tal determinación la señala como reclamada; en el entendido que de reclamar la resolución del recurso de apelación de referencia tendrá que indicar la fecha de notificación o de conocimiento de ésta; y, La quejosa deberá señalar la forma en que cada una de las autoridades que señala como responsables ha intervenido en la emisión y/o ejecución del acto que señala como reclamado, pues de lo manifestado en el escrito de demanda no se advierte con claridad tal circunstancia. La peticionaria de la protección constitucional deberá indicar si en una temporalidad de seis meses a la fecha ha promovido diversos juicios de amparo contra el acto reclamado en la demanda que se provee; en este aspecto, además tendrá que informar el número de expedientes, ante qué juzgado de Distrito se tramitaron y el estado procesal de éstos. Cabe acotar, que tales requerimientos obedecen a que de lo narrado en el escrito de demanda por la promovente de la protección constitucional, específicamente en el apartado relativo a los hechos que conforman los antecedentes del acto reclamado, resulta insuficiente para tener por colmado el requisito inserto en la fracción V del artículo 108, de la Ley de Amparo. Al caso es aplicable, se invoca, la tesis número I.7o.A.100 K, que se aprecia en la página 990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, Tomo XXIII, Novena Época, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." También, resulta aplicable por haberse interpretado disposición de similar contenido la tesis 347, publicada en la página 293 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 - 2000, tomo VI, Materia Común, registro 917881, cuyo rubro y texto son: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Ahora bien, se apercibe a la promovente de amparo que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en términos de la parte final del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otro lado, conforme con lo previsto en el artículo 26, fracción l, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones aún las de carácter personal, practíquense a la peticionaria de amparo en el lugar de su reclusión. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. En otro punto, respecto a la solicitud de copias certificadas del presente auto, expídanse gratuitamente a la quejosa, y dado que ésta no señaló autorizados para oír y recibir notificaciones, se comisiona al actuario judicial adscrito para que haga entrega de las citadas copias en el centro de reclusión de la promovente, a saber, Centro Preventivo y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México. Sirve como apoyo a lo anterior en lo que interesa la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Décima Época, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, Registro: 2006793, Página: 347, que establece: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. La gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. Este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental. En ese tenor, si bien el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo abrogada, es claro al imponer al interesado la obligación de cubrir a quien las solicita el costo de las copias certificadas, en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición formulada. De manera que si el quejoso comparece a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuente con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios, será gratuita con la condición de que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, quedando a criterio del juzgador la determinación de ser o no conducentes. Asimismo, si el peticionario de garantías manifiesta, sin que de autos se advierta lo contrario, que no tiene designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, hace evidente su impedimento físico de allegarse por su cuenta de las copias certificadas solicitadas, por lo que resulta materialmente imposible que tenga a la vista las referidas documentales, puesto que al estar recluido y no contar con persona autorizada para imponerse de los autos, no es factible que consulte los mismos de forma personal como tampoco que acuda a recibir los documentos solicitados en caso en que hubiera sido obsequiada su petición. Por tanto, procede que se ordene entregar dichas copias en el lugar donde se encuentra recluido." En otro orden de ideas, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que las autoridades responsables se negaren a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se harán acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento del Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad o autoridades que estén ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Aquí cabe acotar, que constituye un hecho notorio la circunstancia de que las autoridades administrativas señaladas con el carácter de responsables por la peticionaria de amparo en este juicio, son dependientes de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de México, lo cual se corrobora al acceder al sitio oficial de internet de dicha dependencia gubernamental http://dgprs.edomex.gob.mx/. Al respecto, sirve de apoyo en lo conducente la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1373, del Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 2013, Décima Época, con número de registro 2004949, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Acorde a lo anterior, en armonía con lo establecido en el artículo 17 de la Carta Magna, y aunado a la naturaleza del acto que aquí se reclama, se ordena que los oficios dirigidos a las autoridades señaladas como responsables en este asunto, se envíen tomando en consideración la denominación actual y correcta de la entidad gubernamental de la que son dependientes. En razón de lo anterior, se orden hacer las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; y personalmente a la quejosa en su lugar de reclusión, asimismo entréguesele copia certificada del presente auto. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria Azucena Lazalde Íñiguez, quien da fe. Doy fe.

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