Martha Alicia Mejía Pineda

Expediente 930/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
930/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
28/05/2019

Partes del expediente

  • Martha Alicia Mejía Pineda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO ... CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 1/2009 ... el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. NO SE FORMARON INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a pronunciarse respecto de los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil diecinueve. ACUSA RECIBO Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Familiar de Zitácuaro, Michoacán, mediante el cual informa que tuvo por recibidos los autos remitidos por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los cuales se deja insubsistente la sentencia combatida, así como la audiencia de juicio de trece de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio ordinario oral número 273/2018, sobre divorcio sin expresión de causa; de lo que toma conocimiento este órgano jurisdiccional para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de abril de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución de trece de marzo de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por MARTHA ALICIA MEJÍA PINEDA, sin que lo haya hecho. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE ORDENA DEVOLVER CUADERNO DE PRUEBAS Devuélvase al Juez responsable las documentales que acompañó a su informe justificado, consistente en testimonio autorizado del juicio sobre divorcio sin expresión de causa 273/2018; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    . V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VI-930/2018, promovido por ********************contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Familiar de Zitácuaro, Michoacán; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante oficio recibido el siete de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado en esa misma fecha a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, el Juez de Primera Instancia en Materia Familiar de Zitácuaro, Michoacán, remitió la demanda de amparo promovida por ********************contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Familiar de Zitácuaro, Michoacán. La promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 4º, y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de garantías, misma que quedó registrada bajo el número VI-930/2018; se dio vista a las partes con el informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó notificar la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado, en la presente instancia constitucional, consiste: En la negativa de la medida cautelar de pago de alimentos provisionales. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, se advierte que es cierto el acto reclamado, a cuyo efecto remitió las constancias relativas al juicio familiar 273/2018, del que deriva el acto reclamado. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de garantías, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este Juzgador Federal, de oficio, estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. [...]" Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro de los plazos previstos en los diversos artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, en cuyo caso se entenderán los actos reclamados como consentidos tácitamente, pues siendo impugnables vía amparo no se promovió este medio de control constitucional dentro del plazo legal. Ahora bien, resulta importante reproducir lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, dado que no se está en presencia de un caso de excepción a la regla general del plazo para promover el juicio de amparo, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." (Lo resaltado no es de origen). Los preceptos legales transcritos establecen que el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente al en que acontezca cualquiera de las siguientes hipótesis: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, de la interpretación del precepto citado, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. En efecto, de las anteriores transcripciones se conoce, que el juicio de amparo deviene improcedente cuando sea promovido contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender como tales, aquéllos en los que la demanda de amparo no sea promovida dentro del término de quince días. Asimismo, se pone de manifiesto que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, se contará desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se combata; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que la parte quejosa se hubiese ostentado sabedora de los mismos. En el caso la quejosa reclama la negativa de la medida cautelar de pago de alimentos solicitada por la aquí promovente del amparo dentro del juicio familiar 273/2018. Pues bien, quien ahora resuelve arriba a la conclusión que la promoción de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, es extemporánea por lo siguiente: De las constancias que remitidas por la autoridad responsable se aprecia que la parte quejosa estuvo presente en la audiencia celebrada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, misma en la que se negó la medida cautelar de pago de alimentos solicitada; asimismo, que el día dos de octubre de dos mil dieciocho, recibió copia del audio y video relativo a la citada audiencia (foja 54 vuelta del tomo de pruebas); Por ello, el término para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del cuatro al veinticinco, ambos de octubre de dos mil dieciocho, ello tomando en consideración la fecha en que recibió la copia del audio y video relativos a la audiencia, aun cuando estuvo presente en la audiencia respectiva y podría considerarse que desde aquella data (veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho), tuvo conocimiento del acto reclamado, pues con mayor razón el término para la presentación de la demanda de amparo habría fenecido con antelación. Ahora bien, pese a que como se estableció el término para la presentación de la demanda feneció el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho y que la quejosa presentó la demanda ante la autoridad responsable el dieciséis de octubre del mismo año, debe considerarse como fecha de presentación de la demanda, la data en la que dicha demanda se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, esto es el siete de noviembre de dos mil dieciocho; lo anterior, por dos aspectos, primero, porque la dirigió al Juez de Distrito en turno, lo que permite concluir que no desconocía la vía y en segundo lugar, porque no se está en presencia de un acto en el que sea procedente la jurisdicción auxiliar, virtud a que no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Se asume este criterio, en atención a que respecto de los criterios para determinar la oportunidad de la demanda cuando se actualiza un desconocimiento de la vía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido lo siguiente: En el amparo en revisión 990/2000 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que si un Tribunal Colegiado de Circuito recibe un juicio de amparo del que deba conocer un Juez de Distrito, se debe declarar incompetente de plano y mandar la demanda con sus anexos al que corresponda su conocimiento y que en este caso no es válido estimar que la demanda respectiva ha sido presentada extemporáneamente aun cuando en la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito correspondiente haya transcurrido el término de quince días contemplado en el artículo 21 de la ley de la materia para su interposición, pues debe considerarse que la intención del quejoso fue promover un juicio de amparo directo y, por tal situación, presentó dicha demanda por conducto de la autoridad responsable dentro del término de quince días (error en la vía, que se actualiza cuando se promueve amparo directo contra actos respecto de los cuales por su naturaleza procede amparo indirecto). En tanto que al resolver la contradicción de tesis 266/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que si bien un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa, acorde con los precedentes de este Alto Tribunal y de la Segunda Sala, lo cierto era que si de constancias de autos se desprendía que el quejoso incurría en un segundo error al promover amparo directo en contra de un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural, y además que el acto reclamado constituye una resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo indirecto, dicha equivocación ya no puede presumirse como un error de buena fe procesal por desconocimiento de la vía. Por ello, que si la propia quejosa presenta de manera indebida en una segunda ocasión un amparo indirecto ante la autoridad responsable como si fuera juicio directo, en contra de un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que derivó el acto reclamado en el amparo previo, y el acto reclamado en el amparo que se analizaba se trataba, además, de una resolución dictada en cumplimiento de una sentencia de amparo indirecto, entonces, debería estimarse que el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio, ya que entorpecería de manera injustificada la buena marcha del procedimiento. Asimismo, indicó que presumir en todos los supuestos que la parte quejosa desconocía la vía procedente, sería aplicar una excepción como regla y permitir que la equivocación injustificada de la vía interrumpa el plazo para la promoción del juicio de amparo. De las ejecutorias señaladas derivaron los criterios que se citan a continuación: Época: Décima Época Registro: 2007052 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/2014 (10a.) Página: 275 "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo." Época: Novena Época Registro: 189523 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Junio de 2001 Materia(s): Común Tesis: 2a. XCIV/2001 Página: 298 "AMPARO INDIRECTO PRESENTADO COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 47, párrafo tercero, de la Ley de Amparo que dispone que si se recibe en un Tribunal Colegiado de Circuito un juicio de amparo del que deba conocer un Juez de Distrito, aquél se declarará incompetente de plano y mandará remitir la demanda con sus anexos al que corresponda su conocimiento, se refiere al caso en que la parte quejosa equivoca la vía, promoviendo amparo directo contra actos respecto de los cuales por su naturaleza procede amparo indirecto. Ahora bien, en este caso no es válido estimar que la demanda respectiva ha sido presentada extemporáneamente aun cuando en la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito correspondiente haya transcurrido el término de quince días contemplado en el artículo 21 de la ley de la materia para su interposición, pues debe considerarse que la intención del quejoso fue promover un juicio de amparo directo y, por tal situación, presentó dicha demanda por conducto de la autoridad responsable dentro del término de quince días, no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado que corresponda declare posteriormente su incompetencia para conocer y resolver respecto de ella; en tal hipótesis debe entenderse que la demanda fue presentada oportunamente." Pues bien, aunque dichos criterios no abordan en concreto la situación que plantea el asunto que se resuelve, respecto de la oportunidad de su presentación, sí resultan útiles para resolver por analogía jurídica, ya que en ellos las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han establecido que sólo se interrumpe el plazo para la promoción del amparo, cuando la parte quejosa desconoce la vía procedente y además, que cuando se promueve por segunda ocasión una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable, con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo y que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto, debe considerarse que ya no se actualiza el desconocimiento de la vía. Como se observa de los criterios señalados, la regla común para los supuestos que se abordan, es el relativo al desconocimiento de la vía procedente por parte del quejoso, ya que en caso contrario, deberá considerarse como fecha de presentación, la que aparezca con el sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán; además, debe destacarse que en la ejecutoria de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estableció que el juzgador de amparo debe establecer los elementos con los que cuenta para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente y que por ello, el error en la presentación de la demanda no interrumpe el plazo para la promoción del juicio. En el caso, quien resuelve considera que la quejosa no desconocía la vía procedente, sencillamente porque la demanda la dirigió al Juez de Distrito en turno. Además, en el asunto se reclamó un acto dictado en el juicio, que por demás hace evidente que en el caso no procedía el amparo directo. Otro elemento que permite al suscrito arribar a la anterior conclusión, descansa en que la demanda fue formulada en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo, el cual contempla los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto e incluso citó dicho precepto legal, de tal modo que dichos elementos permiten arribar claramente a la conclusión de que en ningún momento se pretendió promover juicio de amparo directo por error en la vía, tan era clara la pretensión de la quejosa que la demanda fue enviada por la autoridad del fuero común directamente al Juez de Distrito y no así al Tribunal Colegiado de Circuito, por lo que resulta evidente que la intención de la peticionaria era promover amparo indirecto a través de la jurisdicción auxiliar. Sin embargo, el presente asunto no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 159 de la Ley de Amparo, para considerar que efectivamente operaba la denominada "jurisdicción auxiliar", ello en razón de que actualmente la misma únicamente puede actualizarse para asuntos en materia penal, de ahí que no había posibilidad alguna para que la quejosa promoviera la demanda de amparo indirecto por conducto de la autoridad responsable. Al respecto, es conveniente transcribir los preceptos legales que regulan la citada jurisdicción auxiliar, de tal modo que los artículos 35 y 159 de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo." "Sección Tercera. Suspensión del acto reclamado . Segunda Parte En Materia Penal Artículo 159. En los lugares donde no resida juez de distrito y especialmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, el juez de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, deberá recibir la demanda de amparo y acordar de plano sobre la suspensión de oficio conforme a las siguientes reglas: I. Formará por duplicado un expediente que contenga la demanda de amparo y sus anexos, el acuerdo que decrete la suspensión de oficio y el señalamiento preciso de la resolución que se mande suspender; las constancias de notificación y las determinaciones que dicte para hacer cumplir su resolución; II. Ordenará a la autoridad responsable que mantenga las cosas en el estado en que se encuentren o que, en su caso, proceda inmediatamente a poner en libertad o a disposición del Ministerio Público al quejoso y que rinda al juez de distrito el informe previo; y III. Remitirá de inmediato el original de las actuaciones al juez de distrito competente y conservará el duplicado para vigilar el cumplimiento de sus resoluciones, hasta en tanto el juez de distrito provea lo conducente, con plena jurisdicción. En caso de la probable comisión del delito de desaparición forzada, el juez de primera instancia procederá conforme lo establecido por el artículo 15 de esta Ley. Cuando el amparo se promueva contra actos de un juez de primera instancia y no haya otro en el lugar, o cuando se impugnen actos de otras autoridades y aquél no pueda ser habido, la demanda de amparo podrá presentarse ante cualquiera de los órganos judiciales que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, siempre que en él resida la autoridad ejecutora o, en su defecto, ante el órgano jurisdiccional más próximo. " Como se observa, en la Ley de Amparo vigente se establece implícitamente que la jurisdicción auxiliar sólo se actualiza cuando se trata de actos en materia penal, y especialmente cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Se afirma lo anterior, pues si bien es cierto que la redacción del artículo 159, hace énfasis en qué supuestos especialmente el Juez de Primera Instancia podrá recibir la demanda de garantías en auxilio del Juez de Distrito, cabe destacar que dicha disposición legal se encuentra inmersa en el Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, Segunda Parte, relativa a la suspensión del acto reclamado en materia penal, de tal forma que por disposición expresa de la Ley de Amparo, la jurisdicción auxiliar únicamente está prevista para los casos ahí enunciados, por lo que al no tratarse en la especie de uno de ellos, no era factible que la demanda fuera presentada ante el juez de origen y que por tal motivo se tuviera como fecha de presentación de la demanda de garantías aquella en que fue recibida en el Juzgado de Primera Instancia Familiar. Ahora bien, no pasa inadvertido para el suscrito el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro número 172590, de rubro: "COMPETENCIA AUXILIAR EN EL JUICIO DE AMPARO. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS ANTE UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN DONDE NO RADICA UN JUEZ DE DISTRITO NO REQUIERE QUE EL ACTO RECLAMADO SEA DE LOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE LA MATERIA.", pues si bien en dicha jurisprudencia se interpreta la jurisdicción auxiliar, ello lo es a la luz de la anterior Ley de Amparo, siendo que en la ley vigente dicha jurisdicción únicamente se prevé para la materia penal como ya se destacó, de tal modo que se considera que dicha tesis no resulta aplicable de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo vigente por contraponerse a lo ahora establecido en esta última. De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que el error en la presentación de la demanda, en este caso, ante la autoridad responsable, no interrumpe el plazo para la promoción del juicio, el cual como ya se dijo transcurrió del cuatro al veinticinco de octubre de dos mil dieciocho y fue hasta el siete de noviembre de dos mil dieciocho, que se recibió en la Oficina de Correspondencia Común la demanda correspondiente, por lo que es evidente que su promoción resulta extemporánea. Máxime si se tiene en consideración que en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 175619, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO.". , se señaló: ". En efecto, si la demanda de garantías se redacta en términos del artículo 116 de la Ley de Amparo y se dirige al Juez de Distrito, no queda la menor duda de que la intención del quejoso fue la de promover juicio de amparo en la vía indirecta; y siendo esto así, de no presentarse la demanda en la Oficialía de Partes del Juzgado de Distrito correspondiente en el plazo previsto para ello, la demanda resultará extemporánea.", siendo que así aconteció en el particular, lo que evidencia la actualización de la causal de improcedencia señalada. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, válidamente procede sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado al Juez de Primera Instancia en Materia Familiar de Zitácuaro, Michoacán, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Aunado a lo anterior el hecho de que a la fecha se tiene conocimiento de que el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, el juez responsable dictó sentencia en el juicio de origen, en el que determinó que resultaba improcedente el pago de alimentos solicitado, determinación que fue recurrida vía apelación y que se encuentra pendiente de resolver, de tal modo que actualmente es dicha sentencia la que le estaría ocasionando un perjuicio a la parte quejosa. Sin embargo, se estima innecesario analizar la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable, ya que la expuesta por el suscrito es de estudio preferente acorde a la tesis I. 3o. A. 135 K, visible en la página 619, del tomo XIV, Agosto de 1994, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACION CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMAS CAUSALES.". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por ********************contra el acto reclamado al Juez de Primera Instancia en Materia Familiar de Zitácuaro, Michoacán, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, hasta hoy trece de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. LA SUSCRITA LICENCIADA SILVIA LORENA ARENAS RAYA, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: QUE LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA SENTENCIA DICTADA EN ESTA FECHA EN EL JUICIO DE AMPARO VI-930/2018, PROMOVIDO POR ********************, EN LA QUE SE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 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