Martha Alicia López Espinoza
Expediente 1317/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1317/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Martha Alicia López Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto la certificación que precede, se advierte que transcurrió el término de quince días que al efecto señala el artículo 201 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad contra el auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el cual se declaró la imposibilidad material para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto concluido. a) Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia Y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por Los Órganos Jurisdiccionales, este expediente es susceptible de depuración, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse. b) Terminado el proceso de depuración deberá transferir a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Incidental
Vistos los autos del juicio principal del que deriva la presente incidencia se aprecia que el día de hoy se ordenó el archivo definitivo en dicho asunto; en consecuencia, archívese el expedientillo en el que se actúa. Ahora, toda vez que por interlocutoria de trece de enero de dos mil veintidós se negó la suspensión definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se provee: a) Con fundamento en el artículo 21, inciso c), así como de la circular CAP/DGAD/392/2021 de ocho de marzo de dos mil veinte, este incidente de suspensión es susceptible de destruirse, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el término de tres años, contados a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá destruirse.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a las partes en proveído de ocho de abril de dos mil veintidós, para que expresaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que se hayan pronunciado al respecto.- En tales condiciones, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.- Bajo ese contexto, se advierte que ha dejado de existir la materia para la ejecución de la sentencia dictada en el presente asunto.- En el presente asunto, el acto reclamado consistió en el auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del expediente laboral en el que se señalaron las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de abril de dos mil veintidós para la audiencia de desahogo de pruebas. Mediante sentencia de veintiuno de mayo de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional a la quejosa.- Sin embargo, como ya se expuso, la responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, informó que el cinco de abril de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de desahogo de pruebas, en el expediente laboral de su índice. Lo anterior demuestra que, en el caso, ha dejado de existir la materia para la ejecución de la sentencia, toda vez que el cinco de abril de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de desahogo de pruebas, por lo que no es posible materializar los efectos de la protección constitucional.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE 22 DE JUNIO DE 2022, QUE A LA LETRA DICE "...Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a las partes en proveído de ocho de abril de dos mil veintidós, para que expresaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que se hayan pronunciado al respecto.- En tales condiciones, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.- Bajo ese contexto, se advierte que ha dejado de existir la materia para la ejecución de la sentencia dictada en el presente asunto.- En el presente asunto, el acto reclamado consistió en el auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del expediente laboral en el que se señalaron las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de abril de dos mil veintidós para la audiencia de desahogo de pruebas. Mediante sentencia de veintiuno de mayo de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional a la quejosa.- Sin embargo, como ya se expuso, la responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, informó que el cinco de abril de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de desahogo de pruebas, en el expediente laboral de su índice. Lo anterior demuestra que, en el caso, ha dejado de existir la materia para la ejecución de la sentencia, toda vez que el cinco de abril de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de desahogo de pruebas, por lo que no es posible materializar los efectos de la protección constitucional..."
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