Martha Alicia Esquivel Carrasco y Otros.

Expediente 572/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
572/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • Martha Alicia Esquivel Carrasco y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos Visto el estado de autos se advierte que no se cuenta con la notificación personal de los quejosos *******, *******, *******, *******, *******, ******* y *******, de la sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. No pasa inadvertido, que se realizó la notificación al correo electrónico ******* sin embargo de la constancia levantada por la actuaria de la adscripción el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se advierte que no fue acusado de recibido, por lo que no existe certeza de que haya quedado debidamente notificado de la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, además que en dicha resolución se ordenó la notificación personal a los quejosos. Requerimiento actuaria En consecuencia, se comisiona a la actuaria judicial de la adscripción notifique personalmente a los quejosos *******, *******, *******, *******, *******, ******* y *******, la sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo, en el domicilio señalado en autos para tal efecto, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso e), y 27, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo **********/2021-I-1, promovido por********** y **********. Resultando Primero. Presentación de la demanda. El once de septiembre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados de Circuito con residencia en esta ciudad, se presentó la demanda promovida por ********** y **********. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, por razón de turno, el escrito inicial se recibió en el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Los accionantes del amparo solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el Secretario de la Presidenta Municipal y del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, de quien se reclama: AUTO QUE DESECHA EL RECURSO DE REVISIÓN, dictada en los autos del expediente R-**********/2220 de fecha 17 de agosto del 2020, relativos a la revisión interpuesta por ********** y **********. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda ante el Tribunal Colegiado. En auto de dos de octubre de dos mil veinte, ante el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, se radicó la demanda como amparo directo 316/2020, y se le dio el trámite oportuno. El diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se admitió la demanda, se ordenó realizar algunos requerimientos de diversas constancias a la autoridad responsable. Una vez integrado el asunto, en auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó turnarlo para la elaboración del proyecto correspondiente. En sesión de siete de julio de dos mil veintiuno, los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, resolvieron carecer de competencia legal, por razón de grado y ordenaron que se remitieran la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en turno por conducto de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad. Cuarto. Tramitación de la demanda ante este juzgado. El dos de agosto de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, se recibió el oficio 750/2021 signado por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que se adjuntó el expediente relativo al amparo directo **********/2020, el testimonio de la resolución de incompetencia y el expediente **********/2020, de donde deriva el acto reclamado. Mediante proveído de tres de agosto de dos mil veintiuno, este juzgado se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por **********, ordenó su registro bajo el número de amparo indirecto **********/2021-I-1 y previno a la parte quejosa. Previo cumplimiento al requerimiento efectuado a la parte quejosa, en auto de once de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia administrativa que tiene ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción esta juzgadora. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó del Secretario de la Presidencia Municipal y del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, el auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte, dictado en el expediente R-04/2020, por cual, se desecha el recurso de revisión planteado por los quejosos. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado, el señalado en el párrafo precedente, que será estudiado enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con registro digital 192097, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tercero. Existencia del acto reclamado. Los actos que se reclaman en esta vía resultan veraces. La autoridad responsable Secretario de la Presidencia Municipal y del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, al rendir informe con justificación, manifestó que es cierta la existencia del acto reclamado consistente en que el diecisiete de agosto de dos mil veinte, se dictó la resolución que desecha el recurso de revisión, interpuesto por los aquí quejosos en los autos del expediente **********/2020, la cual quedó notificada el veintiuno de agosto de esa anualidad. Las manifestaciones hechas por la responsable tienen carácter de una confesión expresa, de conformidad con el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que se le otorga pleno valor probatorio en términos de los ordinales 197 y 199 del citado código. Además, para corroborar la certeza del acto impugnado, la autoridad responsable a su informe con justificación adjuntó el expediente **********/2020, de su índice. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues se tratan de actuaciones originales llevadas a cabo por un funcionario público. La tasación asignada a las documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, en la que se dispone: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De manera que, se tienen como ciertos los actos que se atribuyen al Secretario de la Presidencia Municipal y del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Análisis de las causas de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se hizo valer por la autoridad responsable y la parte tercera interesada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, la autoridad responsable secretario de la Presidencia Municipal y del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua y la tercera interesada directora General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez, Chihuahua, indicaron que el amparo era improcedente y debía sobreseerse al haberse consentido el acto de forma tácita, al estimar que la parte quejosa no presentó la demanda dentro del plazo que marca la ley. Tal causa de improcedencia se prevé en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que textualmente establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra norma generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro del término establecido por los cardinales 17 y 18 del cuerpo normativo que textualmente establecen: 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. [.] 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Del precepto legal trascrito se desprende que el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo correrá a partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Lo anterior se sustenta, por identidad de razón, en la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 163172, que expresa: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. En la especie, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la promovente del amparo reclama del Secretario de la Presidencia Municipal y del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, el auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte, dictado en el expediente **********/2020, por cual, se desecha el recurso de revisión planteado por los quejosos. Tal resolución se notificó el veintiuno de agosto de dos mil veinte, a través del autorizado de los accionantes. De manera que, para computar la oportunidad en la presentación de la demanda que origina el juicio en que se actúa, debe tomarse en cuenta la fecha en que haya surtido efectos a la parte accionante, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución que reclama. Así, de la correlación de los artículos 196 Código Municipal para el Estado de Chihuahua y 134 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, se obtiene que las notificaciones surten sus efectos el día en que fueron hechas, por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, transcurrió a partir del día siguiente al que se notificó a la parte quejosa la resolución impugnada, supuesto que: a) la parte accionante fue notificada el veintiuno de agosto de dos mil veinte, a través de su autorizado, por tanto, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del veinticuatro de agosto de dos mil veinte al once de septiembre del mismo año, según lo estipulado por el artículo 18 de la ley de la materia; y b) en dicho plazo fueron inhábiles los días veintinueve y treinta de agosto de dos mil veinte, así como cinco y seis de septiembre de dos mil veinte, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En tal virtud, como la demanda fue recibida en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados del Decimoséptimo Circuito, el once de septiembre de dos mil veinte, es incuestionable que se presentó dentro del plazo de quince días que marca el artículo 17 de la Ley de Amparo, por ende, es inconcuso que no operó su consentimiento tácito, por lo que, debe desestimarse la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable y la parte tercera interesada. No obsta a lo anterior, el hecho de que la quejosa haya presentado la demanda en el buzón judicial de una oficina de correspondencia distinta a aquella de los juzgados federales, pues, con su presentación se interrumpe el plazo, debido a que, si en el caso, la parte quejosa equivocó la vía, promoviendo amparo directo contra actos respecto de los cuales procede amparo indirecto; es inconcuso que, dicha equivocación no debe dar lugar a imposibilitar la defensa de la parte agraviada ante actos que estima lesivos de sus derechos fundamentales. Entonces, debe considerarse que se interrumpe el término legal de presentación de la demanda de garantías y, por tanto, a fin de determinar la oportunidad de su presentación, se atiende a la fecha en que se presentó ante el Tribunal Colegiado de Circuito y no a aquella en que la reciba este juzgado. Ello se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 25/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, Materias Común, visible en la página 251, con registro digital 175619, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben acreditarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, y que la equivocación de la vía en que se presente la demanda correspondiente no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales. En ese sentido, cuando en la demanda se reclamen actos que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pero se dirija al Tribunal Colegiado de Circuito, debe estimarse oportuna su promoción si es presentada dentro del plazo legal ante la autoridad responsable, a pesar de que a la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito haya transcurrido el plazo previsto para ello, y que en esa demanda se expresen los antecedentes del acto reclamado, la protesta de decir verdad o algún otro de los requisitos establecidos por el artículo 116 de la Ley citada para la promoción del amparo indirecto; pues pretender desentrañar la intención del impetrante con la mención de esos requisitos, llevaría a establecer la vía de impugnación bajo indicios que constituyen un criterio subjetivo, siendo que lo aplicable es un criterio objetivo que no dé lugar a dudas sobre la intención de promover el amparo directo, como es la autoridad a la que se dirige y el lugar donde se presenta la demanda. En consecuencia, si su presentación ante la responsable ocurrió en tiempo, debe considerarse que la demanda de garantías fue presentada oportunamente, con independencia de que el Tribunal Colegiado de Circuito que la recibió se declare incompetente y que el Juez de Distrito ordene su regularización, en cuanto a la satisfacción de los requisitos de la demanda de amparo indirecto. En esas condiciones, al no actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, y no existir causa diversa de improcedencia alegada o cuyo estudio se estime necesario, se procede a analizar la constitucionalidad del acto impugnado, al tenor de los motivos de inconformidad hechos valer en la demanda. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que aparecen insertos en el capítulo respectivo, los que se tienen por reproducidos, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618 del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación hechos valer por los accionantes del amparo resultan infundados, sin que haya motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja. Los accionantes del amparo consideran que el acto reclamado es violatorio del principio de legalidad que se deduce de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que, la autoridad responsable desechó el recurso que plantearon fundado en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, específicamente en el Capítulo III de las Infracciones y Sanciones, lo que consideran no les es aplicable debido a que no son infractores de alguna ley, sino que son quejosos dentro de una denuncia popular. Como se adelantó el referido motivo de inconformidad resulta infundado, debido a que, el acto que se reclama se funda en una ley que sí resulta aplicable al caso concreto. Para verificar la eficacia del argumento, se tiene presente que el artículo 16 constitucional establece: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. [.] El texto del precepto en cita se constituye como un derecho fundamental de seguridad jurídica a favor de los gobernados, pues exige los siguientes requisitos en la emisión de cualquier acto de molestia proveniente de una relación pública de supra-subordinación. 1. Provenir de autoridad competente; 2. Encontrarse fundado y motivado, y 3. Constar por escrito. El primero de los requisitos en cuestión, indudablemente es la positivización del principio de legalidad que rige dentro del sistema jurídico mexicano, donde las facultades de las autoridades deben reconocerse en una ley, por lo que, su conducta se encuentra indefectiblemente subordinada a un ordenamiento de carácter general, abstracto e impersonal. Por su parte, el requisito formal de debida fundamentación y motivación implica que en todo acto de autoridad ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Por último, el que exija que la conducta de la autoridad conste por escrito asegura que quede constancia de ella, siendo así factible su análisis y confrontación con las normas en que se debe fundar, para determinar así su legalidad y la consecuente constitucionalidad. Bajo esas premisas, se destaca que el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veinte, decretado en el procedimiento administrativo R-04/2020, fue emitido por la autoridad responsable Secretario del ayuntamiento del municipio de Juárez, Chihuahua, autoridad competente en términos de la fracción IV del artículo 63 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, que establece que será quien deba tramitar y formular el proyecto de resolución en procedimientos administrativos y recursos interpuestos en contra de las autoridades municipales. Además, la determinación reclamada consta por escrito y debidamente fundada, al citar los artículos 63, fracción IV, y 203, fracción III, Código Municipal para el Estado de Chihuahua, así como, en los numerales 257 y 260 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua. Tales preceptos legales son del tenor siguiente: Código Municipal para el Estado de Chihuahua 63. Son atribuciones del Secretario: [.] IV. Tramitar y formular el proyecto de resolución en procedimientos administrativos y recursos interpuestos en contra de las autoridades municipales; [.] 203. La tramitación de los recursos administrativos, en contra de actos de las autoridades municipales, se sujeta al procedimiento siguiente: [.] III. Interpuesto el recurso, la autoridad recabará de oficio los informes y constancias necesarias para determinar la existencia del acto impugnado, las razones que lo justifiquen y la fecha de su notificación; en vista de lo anterior, acordará si es de admitirse o desecharse el recurso; [.] Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua 257. Procede el recurso de Revisión Administrativa contra la resolución definitiva dictada en el procedimiento administrativo instaurado con motivo de la aplicación de esta Ley, su Reglamento y disposiciones que de ella emanen. 260. El escrito de interposición del recurso de revisión, deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y deberá expresar: [.] Ahora, los quejosos, mediante escrito dirigido a la directora General de Desarrollo Urbano de Juárez, Chihuahua, el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, presentaron denuncia popular por diversos hechos ocurridos en el fraccionamiento Rinconada de las Torres, debido a la instalación de un acceso controlado y el cobro por el servicio de guardias. Tal denuncia está prevista en el artículo 228 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, vigente al momento del acto, en el que se establece: 228. Toda persona podrá denunciar, ante la Secretaría o ante las autoridades municipales, cualquier hecho u omisión que contravenga lo dispuesto en los Planes o Programas de Desarrollo Urbano Sostenible, en esta Ley y demás ordenamientos que regulen el Desarrollo Urbano, bastando para darle curso el señalamiento de los datos necesarios que permitan determinar la ubicación del inmueble, así como el nombre y domicilio del denunciante. Una vez recibida la denuncia, la Secretaría o las autoridades municipales según corresponda, procederán a realizar la inspección y, en su caso, a imponer las medidas de seguridad o las sanciones precedentes conforme a esta Ley y, en un término no mayor a quince días hábiles, harán del conocimiento del denunciante, el trámite que se haya dado a la denuncia. Cuando por infracciones a las disposiciones de esta Ley, se hubieren ocasionado daños y perjuicios al denunciante, los interesados podrán solicitar a la Secretaría o al Ayuntamiento, según corresponda, la formulación de un dictamen técnico, el cual tendrá valor de prueba. La directora General de Desarrollo Urbano de Juárez, Chihuahua, el nueve de enero de dos mil veinte, mediante oficio DGDU/DCP/069/2020, dirigido a los aquí quejosos dio contestación a su escrito de denuncia popular, les informó que había realizado diversas reuniones con los vecinos del fraccionamiento para remediar las inconformidades sobre el acceso controlado, que no se llegó a un acuerdo conciliatorio, empero, daría seguimiento al conflicto vecinal para llegar a un acuerdo para satisfacer a los involucrados y dejó a salvo sus derechos para que los hicieran valer en la vía que estimaran. Inconformes con dicha decisión fue que los aquí promoventes del amparo el veintinueve de enero de dos mil veinte, interpusieron el recurso de revisión, ante el secretario del Ayuntamiento, por estimar que la directora General de Desarrollo Urbano de Juárez, Chihuahua, no había dado el seguimiento a la denuncia que presentaron. Tal recurso fue radicado en auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, y se requirió a la autoridad revisada para que informara respecto de los actos imputados por los recurrentes y así estar en posibilidad de emitir la resolución sobre la admisión o desechamiento del recurso. Así, fue que una vez recabado el informe y constancias, la autoridad responsable determinó que el recurso de revisión debía desecharse, para lo cual dio las razones que estimó pertinentes, esto es, señaló que los recurrentes comparecieron por escrito ante esa secretaría a interponer recurso de revisión contra actos administrativos que se encuentran regulados en la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Chihuahua, y entonces, de conformidad con esa norma el recurso debió interponerse ante la propia autoridad revisada y no ante el Secretario del Ayuntamiento. Los aquí quejosos dicen que no son aplicables los artículos 257 y 260 de la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Chihuahua, debido a que no son infractores de la ley, sino los quejosos dentro de la denuncia popular; empero, se estima que dichos numerales sí resultan aplicables debido a que se refieren al recurso de revisión administrativa contra la resolución definitiva dictada en el procedimiento administrativo instaurado con motivo de la aplicación de esa misma legislación. Y, en el caso, impugnaron una decisión de la directora General de Desarrollo Urbano de Juárez, Chihuahua, emitida en un asunto administrativo que comenzó con una solicitud de denuncia popular fundada precisamente en esa Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Chihuahua, específicamente en el numeral 228, de modo que, se estima que sí son aplicables los preceptos citados por la autoridad responsable en el acto que se impugna. Luego, los accionantes del amparo en su segundo concepto de violación alegan que, la resolución que reclaman es violatoria a los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con el diverso ordinal 199 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Lo anterior, al estimar que este último precepto interpretado en sentido contrario permite establecer que tal disposición autoriza sin exigencia de agotar la cadena impugnativa planteada por la autoridad responsable el acceder de manera directa al recurso de revisión que se interpuso ante esa dependencia contra el acto administrativo llevado a cabo por otra autoridad municipal. Establecen que, al no haber sucedido así se consideraron de forma incorrecta los numerales 257 y 260 de la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Chihuahua, y se vulneró el contenido del ordinal 199 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Como se ha indicado, lo establecido por los quejosos resulta infundado, debido a que de la interpretación a contrario del artículo 199 en comento, no se puede inferir lo que dice la parte accionante de que no deba agotar una cadena impugnativa, sino acceder directamente al recurso de revisión ante el secretario del Ayuntamiento señalado como autoridad responsable. A fin de dar evidenciar tal afirmación, conviene citar el contenido del 199 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, que dispone: 199. El recurso será de reconsideración, cuando el propio Ayuntamiento resuelva inconformidades de particulares respecto de actos dictados por el mismo; será de revisión cuando resuelva inconformidades de los particulares por actos dictados por cualquiera otra de las autoridades municipales. Del precepto legal en cita podemos inferir que, establece las hipótesis en que deben interponerse los recursos de reconsideración y revisión, y al enunciado jurídico no le cabe una interpretación contraria pues es un enunciado declarativo. Además, en el artículo 198, del mismo ordenamiento legal, se establece de forma específica que, la única excepción para no agotar previamente los recursos administrativos será cuando se trate de actos en materia fiscal municipal o de controversias que se susciten sobre interpretación y cumplimiento de concesiones y demás contratos administrativos celebrados por los Ayuntamientos, pues se podrá combatir directamente los actos en juicio de oposición. En la especie, al no reclamarse alguna de las hipótesis de excepción, se tiene que la parte accionante carece de razón en su alegación, lo que la torna infundada. Finalmente, en el concepto de violación marcado como tercero, los accionantes del amparo indican que, les causa agravio que la autoridad responsable en la resolución que se combate establece que la directora General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez, Chihuahua, remitió el material probatorio que contiene el oficio DGDU/DCP/069/2020. Sin embargo, sostienen que en ninguna de las instancias se encuentran dichas probanzas porque no existen, toda vez que aseguran, no se han realizado reuniones con vecinos del fraccionamiento Rinconada de las Torres. Establecen que, si no existen las constancias de las reuniones, entonces no pudieron remitirse, aun cuando, la autoridad responsable debió recabar y examinar oficiosamente los informes y constancias. Es infundado el motivo de inconformidad anteriormente reseñado, debido a que, la autoridad responsable en acatamiento a la facultad que le confiere la fracción III del artículo 203 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, recabó las constancias que estimó necesarias para resolver sobre el recurso planteado por los aquí quejosos. En efecto, en auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, la autoridad responsable radicó bajo el número de expediente R-04/2020, el recurso de revisión contra la resolución emitida en el oficio DGDU/069/2020 de nueve de enero de dos mil veinte. En ese acuerdo, solicitó a la directora General de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, que rindiera informe por escrito respecto de los actos que se le imputaron por los recurrentes. En auto de dieciséis de junio de dos mil veinte, la autoridad responsable tuvo a la directora de referencia, rindiendo el informe y le requirió para que, exhibiera la totalidad de las constancias relacionadas con el acto contradicho. En cumplimiento al requerimiento anterior, la referida directora General de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, presentó los documentos siguientes: 1. original con firma autógrafa y sellos originales del oficio DGDU/JUR/388/2020 de veintidós de junio de dos mil veinte, emitido por la directora General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez. 2. copia certificada del oficio DGDU/JUR/264/2020 de veinticinco de febrero de dos mil veinte, de la directora de referencia. 3. copia certificada del oficio DGDU/DCP/069/2020 de nueve de enero de dos mil veinte, de la directora General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez. 4. acta de reunión con vecinos del fraccionamiento Rinconada de las Torres I, llevada a cabo el veintidós de mayo de dos mil diecinueve. 5. copia certificada del dictamen emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez, contenido en el oficio DGDU/DCDU/045/2010 de nueve de noviembre de dos mil diez, para acreditar la constitución del Comité vecinal del fraccionamiento Rinconada de las Torres I. 6. original del oficio DGDU/JUR/424/2020, de once de agosto de mil veinte, de la directora General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez. 7. copia certificada de la denuncia popular presentada por los aquí quejosos el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, ante la dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez. Con las constancias de mérito, fue que el secretario del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, en auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte, tomó la decisión de desechar el recurso de revisión planteado. De lo expuesto queda claro que, al expediente de origen, sí se remitió el oficio DGDU/DCP/069/2020 de nueve de enero de dos mil veinte, emitido por la directora General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez, así como el resto de las constancias que tomó en consideración para su emisión. Entonces, es infundado el motivo de inconformidad que se hace valer, porque la autoridad responsable secretario del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, en acatamiento a la facultad que le confiere la fracción III del artículo 203 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, sí recabó las constancias que estimó necesarias para resolver sobre el recurso planteado por los aquí quejosos. En esas condiciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación de la parte quejosa, lo procedente en este asunto es negar la protección constitucional demandada en este juicio. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, los ordinales 61, fracción XXII, 63, fracción V, 73, 74, 76, 77, 107, fracción V, y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en relación con el acto que reclama del Secretario de la Presidencia Municipal y del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, dadas las razones que quedaron precisadas en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese, personalmente al quejoso y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y, por oficio a la autoridad responsable y a la autoridad tercera interesada. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos revisados electrónicamente y la certificación de cuenta se advierte que se encuentra señalada para esta fecha la audiencia constitucional, sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que en auto admisorio de once de agosto de dos mil veintiuno, se reservó proveer lo conducente respecto al reconocimiento y emplazamiento del tercero interesado, hasta que obrara en autos el informe justificado del cual se pudiera advertir a quien le recaía dicha calidad. Reconocimiento carácter de tercero interesado Asimismo, del estado que guardan los presentes autos revisados electrónicamente, específicamente de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, a ******* le reviste el carácter de tercera interesada. Emplazamiento del tercero interesado En mérito de lo anterior, con copia de la demanda, del auto de admisión y del informe justificado de la autoridad responsable; así como, del acuerdo que les recayó, se instruye a la actuaria que por medio de oficio emplace a la tercera interesada *******, siguiendo todas las formalidades que al efecto establece el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del siete de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado, rendido por el Secretario de la Presidencia Municipal y del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, en atención a su contenido, tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Delegados y domicilio Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Causa de sobreseimiento Finalmente, respecto a la causa de sobreseimiento que hace valer la autoridad oficiante, se proveerá lo conducente al momento de resolver el fallo definitivo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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