Martha Alicia Arreola Martínez
Expediente 535/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 535/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Martha Alicia Arreola Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Durango, Durango, a veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Dado que este expediente se encuentra totalmente concluido, devuélvase a la Magistrada de la Segunda Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Durango, un tomo de pruebas que se formó con motivo de su informe justificado. Se solicita el acuse correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Durango, Durango, a diez de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede se advierte que los terceros interesados no manifestaron nada dentro del término de tres días que se le dio en relación con el cumplimiento al fallo protector informado por la autoridad responsable. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano federal se avoca a resolver lo conducente con base a las manifestaciones que realiza la parte quejosa en su escrito de fecha tres de diciembre del año en curso, así como en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la propia autoridad. El artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento reglamentario dispone que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En la ejecutoria dictada en este enjuiciamiento se otorgó a la quejosa Martha Alicia Arreola Martínez la protección constitucional contra la resolución que el cuatro de marzo de dos mil veinte dictó la Magistrada de la Segunda Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango dentro del toca 563CU/2019, por los siguientes motivos: ".Como puede verse, para sustentar su decisión jurisdiccional la resolutora de alzada citó como fundamento legal principal la jurisprudencia PC.III.C. J/28 C (10a.), emitida al resolver la contradicción de tesis 10/2016, por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, en la que se analizaron dispositivos de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, en la que se concluyó que para que proceda la cancelación del asiento preventivo de embargo en el Registro Público de la Propiedad de esa entidad por término de su vigencia, debe coincidir con la caducidad del juicio del que provino, o en su caso, con la prescripción del derecho para ejecutar el derecho sustantivo adquirido mediante la sentencia respectiva. Sin embargo, omitió expresar las razones o motivos por los que llegó a la convicción de que ese criterio es aplicable a la legislación del Estado de Durango, y que por tanto se adecua al caso en estudio, pues no debe perderse de vista que para que una jurisprudencia emitida con motivo de la interpretación de la legislación de una entidad federativa sea aplicable en otra, deben existir en ambos estados disposiciones legales con similar contenido. Cimienta al particular la jurisprudencia VI.2º.C. J/307, que puede ser consultable en el registro 167461, o en la página 1798, del tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JURISPRUDENCIA. PARA QUE LA EMITIDA CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA SEA APLICABLE EN OTRA, DEBEN EXISTIR EN AMBOS ESTADOS DISPOSICIONES LEGALES CON SIMILAR CONTENIDO. Si bien los Tribunales Colegiados de Circuito, en la resolución de los asuntos de su competencia, están facultados para emitir criterios interpretativos de la legislación de las entidades federativas, y al hacerlo colman los posibles vacíos legislativos que pudieran advertirse, esta atribución no puede llegar al extremo de integrar una aparente laguna normativa a partir de la existencia de una tesis aislada o jurisprudencia referida a una legislación de un Estado de la Federación, distinto al en que se suscita el conflicto, si en la legislación aplicable no existe una disposición con contenido análogo al ya interpretado por un diverso tribunal, pues sostener lo contrario implicaría extender el contenido de aquél a cuestiones inherentes a la ley expedida por otra soberanía legislativa, sin considerar el ámbito territorial de aplicación de la norma vigente en cada demarcación federal, provocando así el desconocimiento de la soberanía de cada Estado miembro de la Federación". Además, la Magistrada responsable sostuvo que la resolución de primer grado fue dictada en apego a la legalidad, sin violentar lo dispuesto en los artículos que se señalan vulnerados en sus agravios, es decir, atendiendo las formalidades esenciales del procedimiento como lo es la notificación al procedimiento, oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, de alegar, y el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas, con su debida fundamentación y motivación, y acceso a la tutela judicial, empero sin explicar los motivos por los que llegó a esa conclusión, pues sólo agregó ".sin que pase inadvertido para esta Sala que efectivamente es desacertada la apreciación del Juez de origen al considerar que "con la cancelación de la anotación preventiva del embargo trabado, se estaría dejando sin materia la sentencia interlocutoria de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, por medio de la cual se resolvió la Tercería Excluyente de Preferencia", toda vez que lo primero únicamente tiene efectos declarativos mas no constitutivos del derecho.". Pero además, la resolutora de alzada expuso que es viable que el juzgador haga alusión a la sentencia de la tercería excluyente de preferencia porque es la propia recurrente quien en su escrito en el que promueve el incidente de cancelación de anotación preventiva señala que lo hace por "ser Tercer Interesado en este Juicio en razón de tener embargo preferente y en primer lugar en la propiedad.", y es facultad del juzgador invocar hechos notorios relacionados con la controversia conforme al arábigo 286 del Código de Procedimientos Civiles, pero tampoco externó porqué sí es viable que se haga alusión a dicha tercería.". Por lo que el amparo se concedió para el efecto de que la Magistrada del a Segunda Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango: ".deje insubsistente la resolución que dictó el cuatro de marzo de dos mil veinte dentro del toca 563CU/2019, derivado del incidente de cancelación de anotación preventiva sustanciado en el incidente de ejecución de sentencia deducido de la controversia del orden familiar 836/2010, y con plenitud de jurisdicción emita otra en la que purgue los vicios formales detectados.". En cumplimiento al fallo protector, mediante oficio 875, la Secretaria de Acuerdos de las Salas Civiles Unitarias remitió copia certificada de la resolución dictada el diecisiete de noviembre de dos mil veinte por la Magistrada responsable dentro del toca 563/2019, en la que dejó insubsistente la sentencia de cuatro de marzo de dos mil veinte, y con plenitud de jurisdicción determinó confirmar la interlocutoria dictada el cinco de agosto de dos mil diecinueve por el Juez Segundo de lo Familiar de esta capital de Durango en el incidente de cancelación de anotación preventiva derivado de la controversia del orden familiar 836/2010, habiendo purgado los vicios formales detectados, en tanto que expuso los motivos y fundamentos por los que consideró aplicable la jurisprudencia que citó para sustentar su decisión jurisdiccional; asimismo explicó las razones por las que consideró que la interlocutoria recurrida está fundada y motivada, y se dictó con apego a la legalidad al haber cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento y acceso a la tutela judicial; y de igual manera expuso las consideraciones por las que consideró viable que el A-quo hiciera alusión a la tercería excluyente que promovió la hoy quejosa. Acorde con lo anterior se cumplió la ejecutoria de amparo; por lo que de conformidad con el dispositivo 196 de la Ley de Amparo, téngase por cumplido el fallo protector, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. No es óbice a lo anterior, las manifestaciones de inconformidad que hace valer la quejosa en su escrito fechado el tres de diciembre del año en curso, en tanto que se dirigen a combatir cuestiones de legalidad de la nueva resolución dictada por la Magistrada responsable, en tanto que no fueron materia de la sentencia que concedió la protección federal por los vicios formales en que incurrió la autoridad de fundar y motivar debidamente su decisión jurisdiccional. Es aplicable el criterio que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 29/2013 (10a.), publicada con el registro 2003056, o en la página 952, del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA SENTENCIA DE AMPARO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS ENCAMINADOS A CUESTIONAR LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se limita al análisis del cumplimiento de la sentencia de amparo; por tanto, los argumentos del inconforme deben constreñirse a impugnar los motivos y fundamentos que sirvieron de sustento a los Tribunales Colegiados de Circuito para determinar que se cumplió con el fallo protector. En ese sentido, son inoperantes los agravios encaminados a cuestionar la legalidad de la nueva sentencia que se hubiera pronunciado en su acatamiento". También es atinente el criterio que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CV/2015 (10a.), que puede se localizable en el registro 2010162, o en la página 2095, del Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS EN LOS QUE SE CUESTIONAN CONSECUENCIAS GENERADAS INDIRECTAMENTE POR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces". En virtud de que este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el inciso b), del artículo 18 del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se considera que no tiene relevancia jurídica dado el sentido del fallo, y al no estar contenido en los dispositivos 15 y 17 del citado Acuerdo General, en su oportunidad procédase a su depuración; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Durango, Durango, a diez de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede se advierte que los terceros interesados no manifestaron nada dentro del término de tres días que se le dio en relación con el cumplimiento al fallo protector informado por la autoridad responsable. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano federal se avoca a resolver lo conducente con base a las manifestaciones que realiza la parte quejosa en su escrito de fecha tres de diciembre del año en curso, así como en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la propia autoridad. El artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento reglamentario dispone que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En la ejecutoria dictada en este enjuiciamiento se otorgó a la quejosa Martha Alicia Arreola Martínez la protección constitucional contra la resolución que el cuatro de marzo de dos mil veinte dictó la Magistrada de la Segunda Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango dentro del toca 563CU/2019, por los siguientes motivos: ".Como puede verse, para sustentar su decisión jurisdiccional la resolutora de alzada citó como fundamento legal principal la jurisprudencia PC.III.C. J/28 C (10a.), emitida al resolver la contradicción de tesis 10/2016, por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, en la que se analizaron dispositivos de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, en la que se concluyó que para que proceda la cancelación del asiento preventivo de embargo en el Registro Público de la Propiedad de esa entidad por término de su vigencia, debe coincidir con la caducidad del juicio del que provino, o en su caso, con la prescripción del derecho para ejecutar el derecho sustantivo adquirido mediante la sentencia respectiva. Sin embargo, omitió expresar las razones o motivos por los que llegó a la convicción de que ese criterio es aplicable a la legislación del Estado de Durango, y que por tanto se adecua al caso en estudio, pues no debe perderse de vista que para que una jurisprudencia emitida con motivo de la interpretación de la legislación de una entidad federativa sea aplicable en otra, deben existir en ambos estados disposiciones legales con similar contenido. Cimienta al particular la jurisprudencia VI.2º.C. J/307, que puede ser consultable en el registro 167461, o en la página 1798, del tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JURISPRUDENCIA. PARA QUE LA EMITIDA CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA SEA APLICABLE EN OTRA, DEBEN EXISTIR EN AMBOS ESTADOS DISPOSICIONES LEGALES CON SIMILAR CONTENIDO. Si bien los Tribunales Colegiados de Circuito, en la resolución de los asuntos de su competencia, están facultados para emitir criterios interpretativos de la legislación de las entidades federativas, y al hacerlo colman los posibles vacíos legislativos que pudieran advertirse, esta atribución no puede llegar al extremo de integrar una aparente laguna normativa a partir de la existencia de una tesis aislada o jurisprudencia referida a una legislación de un Estado de la Federación, distinto al en que se suscita el conflicto, si en la legislación aplicable no existe una disposición con contenido análogo al ya interpretado por un diverso tribunal, pues sostener lo contrario implicaría extender el contenido de aquél a cuestiones inherentes a la ley expedida por otra soberanía legislativa, sin considerar el ámbito territorial de aplicación de la norma vigente en cada demarcación federal, provocando así el desconocimiento de la soberanía de cada Estado miembro de la Federación". Además, la Magistrada responsable sostuvo que la resolución de primer grado fue dictada en apego a la legalidad, sin violentar lo dispuesto en los artículos que se señalan vulnerados en sus agravios, es decir, atendiendo las formalidades esenciales del procedimiento como lo es la notificación al procedimiento, oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, de alegar, y el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas, con su debida fundamentación y motivación, y acceso a la tutela judicial, empero sin explicar los motivos por los que llegó a esa conclusión, pues sólo agregó ".sin que pase inadvertido para esta Sala que efectivamente es desacertada la apreciación del Juez de origen al considerar que "con la cancelación de la anotación preventiva del embargo trabado, se estaría dejando sin materia la sentencia interlocutoria de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, por medio de la cual se resolvió la Tercería Excluyente de Preferencia", toda vez que lo primero únicamente tiene efectos declarativos mas no constitutivos del derecho.". Pero además, la resolutora de alzada expuso que es viable que el juzgador haga alusión a la sentencia de la tercería excluyente de preferencia porque es la propia recurrente quien en su escrito en el que promueve el incidente de cancelación de anotación preventiva señala que lo hace por "ser Tercer Interesado en este Juicio en razón de tener embargo preferente y en primer lugar en la propiedad.", y es facultad del juzgador invocar hechos notorios relacionados con la controversia conforme al arábigo 286 del Código de Procedimientos Civiles, pero tampoco externó porqué sí es viable que se haga alusión a dicha tercería.". Por lo que el amparo se concedió para el efecto de que la Magistrada del a Segunda Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango: ".deje insubsistente la resolución que dictó el cuatro de marzo de dos mil veinte dentro del toca 563CU/2019, derivado del incidente de cancelación de anotación preventiva sustanciado en el incidente de ejecución de sentencia deducido de la controversia del orden familiar 836/2010, y con plenitud de jurisdicción emita otra en la que purgue los vicios formales detectados.". En cumplimiento al fallo protector, mediante oficio 875, la Secretaria de Acuerdos de las Salas Civiles Unitarias remitió copia certificada de la resolución dictada el diecisiete de noviembre de dos mil veinte por la Magistrada responsable dentro del toca 563/2019, en la que dejó insubsistente la sentencia de cuatro de marzo de dos mil veinte, y con plenitud de jurisdicción determinó confirmar la interlocutoria dictada el cinco de agosto de dos mil diecinueve por el Juez Segundo de lo Familiar de esta capital de Durango en el incidente de cancelación de anotación preventiva derivado de la controversia del orden familiar 836/2010, habiendo purgado los vicios formales detectados, en tanto que expuso los motivos y fundamentos por los que consideró aplicable la jurisprudencia que citó para sustentar su decisión jurisdiccional; asimismo explicó las razones por las que consideró que la interlocutoria recurrida está fundada y motivada, y se dictó con apego a la legalidad al haber cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento y acceso a la tutela judicial; y de igual manera expuso las consideraciones por las que consideró viable que el A-quo hiciera alusión a la tercería excluyente que promovió la hoy quejosa. Acorde con lo anterior se cumplió la ejecutoria de amparo; por lo que de conformidad con el dispositivo 196 de la Ley de Amparo, téngase por cumplido el fallo protector, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. No es óbice a lo anterior, las manifestaciones de inconformidad que hace valer la quejosa en su escrito fechado el tres de diciembre del año en curso, en tanto que se dirigen a combatir cuestiones de legalidad de la nueva resolución dictada por la Magistrada responsable, en tanto que no fueron materia de la sentencia que concedió la protección federal por los vicios formales en que incurrió la autoridad de fundar y motivar debidamente su decisión jurisdiccional. Es aplicable el criterio que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 29/2013 (10a.), publicada con el registro 2003056, o en la página 952, del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA SENTENCIA DE AMPARO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS ENCAMINADOS A CUESTIONAR LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se limita al análisis del cumplimiento de la sentencia de amparo; por tanto, los argumentos del inconforme deben constreñirse a impugnar los motivos y fundamentos que sirvieron de sustento a los Tribunales Colegiados de Circuito para determinar que se cumplió con el fallo protector. En ese sentido, son inoperantes los agravios encaminados a cuestionar la legalidad de la nueva sentencia que se hubiera pronunciado en su acatamiento". También es atinente el criterio que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CV/2015 (10a.), que puede se localizable en el registro 2010162, o en la página 2095, del Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS EN LOS QUE SE CUESTIONAN CONSECUENCIAS GENERADAS INDIRECTAMENTE POR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces". En virtud de que este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el inciso b), del artículo 18 del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se considera que no tiene relevancia jurídica dado el sentido del fallo, y al no estar contenido en los dispositivos 15 y 17 del citado Acuerdo General, en su oportunidad procédase a su depuración; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente. Se tiene por hecha la notificación.
- Principal
Agréguese el escrito de la quejosa **, mediante el cual se inconforma con el cumplimiento de la ejecutoria, se reserva acordar lo conducente hasta que transcurra el término de tres días otorgados a los terceros interesados.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · 12,516 expedientes
- Marlom Fuentes Valles217/2021
- Marlom Fuentes Valles1092/2020
- Marta Olivia Herrera Esparza1264/2023
- Martha Alejandra Zavala Herrera887/2019
- Martha Alicia Arreola Martínez1070/2020
- Martha Alicia Arreola Martínez992/2019
- Martha Alicia Arreola Martínez915/2021
- Martha Alicia Barrios Cisneros15/2015
- Martha Alicia Saavedra Carrasco76/2021
- Martha Angélica Rodríguez López9/2017
- Martha Angélica Rodríguez Martínez12/2023
- Martha Araceli Morales Carrillo1108/2014