Martha Alicia Aguilar Vázquez
Expediente 972/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 972/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 11/10/2018
Partes del expediente
- Martha Alicia Aguilar Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintiocho de septiembre del año en curso (fojas 67 a 69), la autoridad denominada Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada, indicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de dos de octubre del año actual, se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y sus anexos, para que manifestara lo que a sus intereses legales conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el referido numeral 196, segundo párrafo de la Ley en comento, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el dieciocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 33 a 45), se determinó conceder a la parte quejosa Martha Alicia Aguilar Vázquez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.]1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21 fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. [.] 2. Asimismo, para que la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $2,188.80 (dos mil ciento ochenta y ocho pesos 80/100), por concepto de la inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; lo cual deriva de la inscripción de la escritura pública número diecinueve mil seiscientos setenta, que pagó el diez de abril de dos mil dieciocho". [.] 3. "De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Que no le fuera aplicado a la quejosa el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; esto es, para que la misma vigilara que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolverle el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $2,188.80 (dos mil ciento ochenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional), por los conceptos de inscripción de documento público, así como de préstamo hipotecario, además de las diversas percepciones de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", que se pagó el diez de abril de dos mil dieciocho; las cuales debían ser actualizadas en términos de la ejecutoria de que se trata. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (foja 67 a 69), la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por conducto de su delegada, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que había generado el cheque con terminación numérica 0000822, a favor del quejoso por la cantidad de $1,916.80 (mil novecientos dieciséis 80/100, moneda nacional); sin que la promovente del amparo lo hubiera recogido, a pesar de encontrarse debidamente notificada, situación que acreditó con los anexos antes indicados. Siendo que por auto de dos de octubre del año en que se actúa, se requirió a la referida quejosa, para que manifestara lo conducente al cumplimiento dado por la responsable de previa cita, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $2,188.80 (dos mil ciento ochenta pesos 80/100 moneda nacional), menos la suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total $1,908.80 (mil novecientos ocho pesos 80/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $1,908.80 (mil novecientos ocho pesos 80/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diez de abril de dos mil dieciocho y el tres de septiembre de dicha anualidad, se efectúo la devolución a la parte quejosa; no obstante, el periodo de actualización comprende del mes de marzo de dos mil dieciocho a julio del mismo año, fecha esta última en que se generó el cheque con la debida actualización. Ahora, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil dieciocho, entre el índice para el mes de julio de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los períodos involucrados), precisando que se toma el mes de julio como base a las actualizaciones, pues a la data en que ocurrió la devolución, aún no había sido publicado por el Banco de México la actualización del mes de agosto, de ahí que se toma en consideración aplicando el último índice mensual publicado que en el caso es el correspondiente al mes de julio; esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue de 132.436; y para el mes de julio del año en curso de 132.991. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00419. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $1,908.80 (mil novecientos ocho pesos 80/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $1,916.79 (mil novecientos dieciséis pesos 79/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $1,908.80 (mil novecientos ocho pesos 80/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $7.99 (siete pesos 99/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $1,916.80 (mil novecientos dieciséis 80/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que se debía devolver al quejoso era de $1,916.79 (mil novecientos dieciséis pesos 79/100 moneda nacional); sin embargo, se le reintegró la diversa cantidad de $1,916.80 (mil novecientos dieciséis 80/100 moneda nacional), es decir, le entregaron $0.01 (un centavo 01/100 moneda nacional) de más, pero dicha variante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la quejosa a fin de devolverla, así como los que efectúe la autoridad responsable para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Máxime, que del oficio de cuenta enviado, por la delegada de la autoridad responsable Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, se le tiene comunicando haber realizado la entrega a la quejosa del cheque número 0000923, valioso por la cantidad inserta en el mismo, anexando para ello, copia con firma original de su recepción por parte de la quejosa, acatando con ello la sentencia protectora del amparo; de lo que deberá agregarse a los presentes autos la misiva y anexos de referencia para los efectos legales correspondientes. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por la delegada de la autoridad responsable Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que la quejosa ****, no se ha presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización ordenada en la sentencia amparadora que declaró la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, no obstante de las gestiones realizadas para lograr la notificación de ésta, como lo acredita con el anexo que acompaña. En ese tenor, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, dése vista a la parte quejosa con el líbelo de cuenta y anexo, así como requiérasele, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante las oficinas de la Dirección antedicha a fin de que le hagan entrega del cheque emitido en cumplimiento a la sentencia de amparo terminada de engrosar el dieciocho de junio del presente año, dentro de los autos del juicio biinstancial en que se actúa; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "**"
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TEPIC, NAYARIT, SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tienen por recibidos los ocursos de cuenta que suscribe el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad y anexos, consistentes en las evidencias criptográficas de los archivos magnéticos de los libelos en cuestión, mediante los cuales solicita los acuses de recibo de sus diversos oficios 54/2018-XII y 158/2018-X, de su índice; en consecuencia, agréguense los comunicados y anexos de cuenta a estos autos, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, visto el estado de autos, se aprecia que mediante proveído de doce de julio del año en curso, se ordenó el acuse de los oficios indicados en el párrafo que antecede, el cual obra en el presente incidente de violación a la suspensión de plano derivado del juicio de garantías número 1289/2009, del índice de este órgano jurisdiccional; por tanto, en obvio de mayores dilaciones, reexpídase el citado acuse a los recursos de quejas números 69/2018 y 114/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos legales correspondientes.
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TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vistos los escritos de cuenta, signado por ***********, mediante los cuales en cumplimiento al requerimiento contenido en proveído de diez de agosto del año en curso, en el que se le solicitó compareciera ante la presencia judicial a ratificar el escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado federal el nueve del presente mes y año; sin embargo, como se advierte de los ocursos de mérito, el promovente ratificó dicho escrito el veinte del mes y año en curso ante el Notario Público Número Cuarenta y Tres, de la municipalidad de Zapopan, Jalisco; por tanto, téngase por ratificado en todas y cada de sus partes el líbelo en comento. Lo anterior, encuentra sustento por analogía en la la Tesis Aislada 1ª.CCXLIII/2017 (10ª.) emitida por la Primera Sala, visible en la página cuatrocientos catorce, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo l, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE ES ADMISIBLE SU RATIFICACIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO de los artículos 63, fracción I, 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 373, fracción II y 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que la ratificación del desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos debe hacerse mediante alguna actuación que genere certeza de la voluntad del promovente de desistir, pues implica la pérdida del derecho de acción o del recurso que se había ejercido. En ese sentido, como la ley prevé que el tribunal de amparo ordenará la ratificación del escrito de desistimiento, ordinariamente se entiende que dicho acto tiene lugar ante ese tribunal, por ser el que requiere y ante quien se presenta el escrito respectivo; circunstancia que genera certeza en dicho órgano sobre la voluntad del compareciente. Sin embargo, hay casos en que la comparecencia ante el tribunal de amparo por la parte que desiste resulta difícil o gravosa, como cuando, a pesar de haber señalado algún domicilio para recibir notificaciones ante dicho órgano jurisdiccional, esa parte es plural y cada uno de los sujetos tiene su domicilio en lugares distantes entre sí y también respecto del lugar de residencia del tribunal, por lo que para lograr la comparecencia ante la autoridad judicial sería necesario el envío de comunicación a diversos órganos jurisdiccionales del país, o incluso carta rogatoria a algún juez extranjero. Para casos como ése, podría resultar admisible, excepcionalmente, alguna otra forma de ratificación que genere suficiente certeza sobre la voluntad de desistimiento, sin forzar a las partes a acudir ante el órgano jurisdiccional, como sería la que se hiciera ante un notario público que goza de fe pública cuya actuación, por tanto, se tiene por cierta, salvo prueba en contrario." Por tanto, con sustento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios del numeral antedicho a *********** y con fundamento en el arábigo 27, fracción I, de dicha Ley, téngasele señalando como domicilio procesal el que indicó, en su escrito de cuenta. Finalmente, en cuanto a su diversa manifestación consistente en que la titular de este Órgano Jurisdiccional se excuse de conocer del presente asunto; al respecto, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de veintiuno del mes actual.
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