Martha Alejandra Skinfill Acosta

Expediente 515/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 33 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
515/2016
Año
2016
Actuaciones
33
Última actuación
17/10/2016

Partes del expediente

  • Martha Alejandra Skinfill Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, en el que este Juzgado sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por *****, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, ni documentos originales exhibidos por las partes, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente y el original del incidente de suspensión son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó acuerdo en el que únicamente se sobreseyó el presente juicio. Por lo que respecta al DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo. Ahora, devuélvase al Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, la copia autenticada de la carpeta de investigación *****, constante en un tomo, constancias que anexó a su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    CONSTANCIA: En cumplimiento al AVISO de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la PARTE QUEJOSA el acuerdo dictado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, en atención a que no compareció los días veintitrés ni veintiséis de los actuales para tal efecto; proveído que en lo conducente dice: Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de diecinueve de septiembre del año en curso, se dejó de tener como autoridad responsable a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México. En razón de lo anterior, se advierte oficiosamente que en el caso, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 5° fracción II, primer párrafo, y 108 fracción III, todos de la Ley de Amparo vigente, mismos que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios [.]" De los preceptos legales transcritos, se desprende que por autoridad responsable se entiende aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; que uno de los requisitos básicos e indispensables que debe cumplir la quejosa al formular una demanda de garantías, es precisamente la designación de la autoridad o autoridades responsables que hayan intervenido en el acto reclamado. En el particular, la parte quejosa señala como actos reclamados el aseguramiento de la cuenta bancaria número --, la cual aduce se encuentra a su nombre, en la institución de crédito Banco Nacional de México (Banamex); empero, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato Región "B", con sede en esta ciudad, fojas (66 y 67), con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de garantías, por así contemplarlo el artículo 2° de la Ley de Amparo, se advierte la participación de una diversa autoridad Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México. Asimismo, se pone del conocimiento que a la autoridad mencionada en el párrafo precedente le reviste el carácter de ejecutora, en virtud de que fue a quien se solicitó realizara la retención del numerario e inmovilización de la cuenta bancaria ---, cuyo titular es la aquí quejosa. De las constancias que integran el sumario constitucional se desprende que mediante proveído de once de agosto del año en curso (fojas 93 a 94), este órgano jurisdiccional previno a la parte quejosa para que, en el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, manifestará si era su deseo ampliar la demanda respecto de la autoridad Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México; apercibiéndola que de no hacerlo, se continuaría la secuela procesal teniendo como actos reclamados y autoridad responsable únicamente los que señaló en su escrito de demanda; determinación que le fue notificada por medio de lista en diecisiete de agosto del año en curso, lo que se advierte de la constancia respectiva (foja 98), sin que la parte quejosa haya realizado manifestación alguna al respecto. Por tal motivo, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de once de agosto de dos mil dieciséis, y por diverso auto de diecinueve de septiembre del año en curso se dejó de tener como responsable a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México. Luego, si la quejosa reclamó básicamente el aseguramiento de la cuenta bancaria número --, la cual aduce se encuentra a su nombre, en la institución de crédito Banco Nacional de México (Banamex); empero, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato Región "B", con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, se advirtió la participación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, como autoridad ejecutora en virtud de que fue a quien se solicitó realizara la retención del numerario e inmovilización de la cuenta bancaria --- a nombre de la quejosa ---; empero, la peticionaria no señaló como autoridad responsable a ésta última, a quien le reviste tal carácter, en tal virtud, no es posible examinar la constitucionalidad del acto que se reclama, pues no se promovió ampliación de demanda pese habérsele requerido para tal efecto; de ahí que al no haber sido llamada a juicio a la autoridad ejecutora, no es dable jurídicamente analizar su actuación, pues esto equivaldría a decidir la controversia sin oír a la autoridad demandada. En esas condiciones, es concluyente que la parte quejosa no cumplió con lo previsto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, que dispone o señala como obligación al promovente del amparo de señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables y al no haberlo hecho, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, dado que existe imposibilidad de estudiar los actos reclamados. En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio por operar de manera notoria, plena e indubitable la causa de improcedencia invocada, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. Déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada a las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días concedido a la parte quejosa mediante proveído de once de agosto del año en curso, sin que desahogara la prevención ahí contenida; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento que contiene el auto de referencia y se continua el trámite del presente asunto teniendo únicamente como autoridad responsable a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, perteneciente a la Subprocuraduría General de Justicia de la Región "B", con sede en esta ciudad.

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