Martha Alejandra Díaz Arreola

Expediente 115/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
115/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
07/06/2018

Partes del expediente

  • Martha Alejandra Díaz Arreola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. Por otro lado, como resulta innecesario que en autos obren las documentales que remitió la autoridad responsable, tanto en el juicio de amparo en que se actúa como en el incidente de suspensión derivado del mismo, se ordena enviárselas, con la atenta solicitud del acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrá como recibidas a entera satisfacción. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DESTRUIBLE dado que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa; en esa virtud, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula tanto del expediente principal como de los respectivos incidentes. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda en el incidente de suspensión. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA: MARTHA ALEJANDRA DÍAZ ARREOLA CARLOS CARMONA CALDERÓN ALBACEA DEFINITIVO DE LA SUCESIÓN A BIEENES DE MARGARITA CONTRERAS CARMONA. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. Por otro lado, como resulta innecesario que en autos obren las documentales que remitió la autoridad responsable, tanto en el juicio de amparo en que se actúa como en el incidente de suspensión derivado del mismo, se ordena enviárselas, con la atenta solicitud del acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrá como recibidas a entera satisfacción. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DESTRUIBLE dado que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa; en esa virtud, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula tanto del expediente principal como de los respectivos incidentes. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda en el incidente de suspensión. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de diecinueve de abril de la presente anualidad, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; mismo que fue notificado a las partes el veinte y veinticinco siguientes (fojas 375, 378 y 381). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia engrosada el doce de mayo de dos mil diecisiete (fojas 37 a 59), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a la quejosa Martha Alejandra Díaz Arreola, para los efectos que se reproducen: "[.] que la autoridad responsable, en un plazo de treinta días hábiles contados a partir de que cause ejecutoria la presente determinación provea con relación a la fase de investigación lo conducente, esto es, precise la necesidad de desahogar diversos medios de prueba, posteriormente, resuelva si realiza la consignación correspondiente o, en su caso, decreta el no ejercicio de la acción penal, archivo definitivo o suspensión". Esto es, en la sentencia, la Juez auxiliar determinó que la autoridad responsable contravino lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, pues no determinó si los datos que obraban en la averiguación previa eran suficientes para resolverla; en su caso, estableciera que medios de prueba requería para dar seguimiento adecuado a la investigación con el fin de tener a su alcance la información necesaria en la brevedad y urgencia requerida. Así que, al no haberlo hecho, generó un retraso en la impartición de justicia, en detrimento del precepto constitucional y legal rector del actuar ministerial en esa etapa, lo que, repercutió en la prontitud característica de la integración de la investigación. Sentencia que causó ejecutoria el nueve de junio del año inmediato anterior y en el propio auto se requirió su cumplimiento (fojas 79-80). Mediante proveídos de treinta de junio; cinco, veinticuatro y veintiocho de julio; cuatro y catorce de agosto; ocho y diecinueve de septiembre; todos del año próximo pasado (fojas 101, 135, 160, 164, 172, 201, 208 y 241), se solicitó nuevamente a la responsable la obediencia al fallo protector. Ahora bien, en acatamiento a la sentencia concesiva, la agente Vigésima Tercera del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, mediante oficios 1610, 1801, 1907, 1946, 1950, 2160 (fojas 92, 104, 139, 166, 174 y 213), remitió copia certificada de lo siguiente: Acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 93-96), en el que estableció que resultaba necesario para esa fiscalía un tercer dictamen en grafoscopía y documentoscopía, por lo cual, solicitó a la Delegada de la Procuraduría General de la República, con residente en esta ciudad, girara instrucción al representante social de su adscripción, le apoyara en solicitar al Coordinador de Servicios Periciales de esa institución, designara perito en la citada materia y emitiera el dictamen correspondiente, lo que resultaba necesario para la debida integración de la indagatoria. Misiva 611, de esa propia fecha, con la cual pidió lo anterior (foja 97). Dictamen en grafoscopía emitido por el especialista en Documentos Cuestionados de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Michoacán de la Procuraduría General de la República, con domicilio en esta localidad (fojas 105-129). Auto de diecinueve de junio del año inmediato anterior, en el cual tuvo por recibida la opinión citada en el párrafo que antecede, así como la ratificación efectuada por el profesional suscribiente (foja 130 y 131). Comunicación 1732 con la que pidió al Juez Noveno de Distrito, con residencia en esta ciudad, copia certificadas del juicio ejecutivo mercantil M-12/2015-IV, de su índice (foja 134). Oficio 12147, a través del cual el órgano jurisdiccional citado con antelación, remitió las fotocopias pedidas, y auto en el que las tuvo por recibidas (fojas 141-142). Escrito presentado y ratificado por la quejosa, por medio del cual objetó el dictamen mencionado con anterioridad, así como el acuerdo que recayó a éste (fojas 143-147). Ocurso exhibido y ratificado por el tercero interesado, en el que pidió se recabaran diverso medios de prueba (fojas 148-155). Proveído que recayó a la promoción anterior (fojas 156-157). Acuerdo de diecisiete de julio del año inmediato pasado, en el cual señaló día y hora para recabar toma de muestra de escritura de la solicitante del amparo y cédula de su notificación efectuada a ésta (fojas 158-159). Certificación de veintiuno siguiente, en la cual asentó la incomparecencia de la peticionaria de derechos (foja 167). Auto de esa propia fecha en el cual fijó nueva data para recabar la citada muestra caligráfica y notificación realizada a la quejosa (fojas 168 y 169). Comparecencia de veintisiete de julio del año citado, en el cual Martha Alejandra Díaz Arreola, manifestó el impedimento que tenía para que se llevara a cabo la diligencia programada para esa fecha (foja 170). Acuerdo de veintiocho sucesivo, en el cual estableció nueva data para recabar la citada muestra (foja 171). Calco 1920 de veintiuno de julio de la anualidad inmediata anterior, por el cual solicitó al Coordinador Estatal de Servicios Periciales en Michoacán de la Procuraduría General de la República, con domicilio en esta localidad, se presentara el especialista ante esa representación social, a fin de que se pronunciara respecto de los puntos objetados por la quejosa (foja 176). Oficio 1929, con el cual requirió al Coordinador Estatal de Servicios Periciales en Michoacán de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad, designara profesional en la multicitada materia, a efecto de que le fuera tomada muestra de escritura a la quejosa (foja 183). Certificación de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en la cual la fiscal responsable hizo constar que la quejosa se presentó ante esa representación social con el objeto de ser canalizada con perito oficial en grafoscopía (foja 184). Comunicación con la que solicitó al Comandante de la Policía Ministerial del Estado, le apoyara en una inspección que realizaría en el Juzgado Noveno de Distrito, domiciliado en esta ciudad (foja 185). Informe rendido y ratificado por el perito oficial en Documentos Cuestionados de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Michoacán de la Procuraduría General de la República, con domicilio en esta localidad (fojas 186-199). Oficio 1948 con el que solicitó al titular del Juzgado Noveno de Distrito, ordenara a quien correspondiera le fuera permitido el acceso al expediente mercantil 12/2015, de su índice, a efecto de que diera fe del título de crédito base de la acción, y se recabaran placas fotográficas del mismo (foja 200). Dictamen en grafoscopía de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, singado por la perito adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, así como el auto de veintiocho siguiente, en el cual lo tuvo por recibido (fojas 214-226). Comparecencia del tercero interesado Carlos Carmona Calderón, en la que el veintinueve de agosto de la anualidad inmediata anterior, se desistió de todas y cada una de las pruebas que ofreció y no se desahogaron hasta ese momento (foja 227). Libelo presentado y ratificado por la quejosa, en el cual solicitó se archivara la indagatoria 05/2016-XXIII-2 y se le expidieran copias del dictamen pericial de once de agosto anterior (fojas 228-229). Auto de ocho de septiembre de la anualidad citada, que recayó a la promoción anterior, la que fue acordada en sentido negativo (fojas 230-231). Certificación de doce sucesivo, en la que hizo constar el nombre correcto del ofendido -Carlos Carmona Calderón, en cuanto albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Margarita Contreras Carmona-, lo que además hizo del conocimiento de la Dirección General de Tecnologías de la Información de Planeación y Estadística de esa institución (fojas 232-233) Determinación de esa propia fecha, en la cual ordenó remitir la averiguación previa 05/2016-XXIII-2, a la Directora de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, Michoacán, a fin de que le fuera autorizada la inhibición del asunto y dictara auto de incompetencia (fojas 234-239). Oficio 2120, con el cual remitió a la citada Directora las constancias de la referida indagatoria, el que fue recibido el trece de septiembre de dos mil diecisiete (foja 240). Misiva DAP/990/2017, con la cual la multireferida Directora le devolvió los autos de la investigación y le facultó a dictar en ésta, acuerdo de incompetencia, con la finalidad de que fuera remitida al Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, y a su vez, la remitiera al representante social que por razón de turno y competencia le correspondiera conocer, a fin de que iniciara la carpeta de investigación y determinara conforme a derecho procediera (fojas 247-256). Acuerdo de quince de septiembre de dos mil diecisiete, en el cual al decretar la incompetencia de la averiguación previa, ordenó remitirla al Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia (fojas 257-259). Oficio 2220 con el cual envió las constancias de la citada indagatoria a la mencionada autoridad, la cual fue recibida el diecinueve siguiente (foja 260). Luego, con motivo de lo establecido en el punto último que antecede, en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, se vinculó al Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, con residencia en esta ciudad (fojas 261-262), al acatamiento del fallo protector, y en el propio acuerdo se requirió su cumplimiento, así como en los diversos de tres, nueve y dieciséis de octubre; ocho y trece de noviembre, doce de diciembre; todos de dos mil diecisiete; veintinueve de enero; veintisiete de febrero y dieciséis de abril, todos del año en curso (fojas 266, 272, 279-280, 283, 296, 310, 350, 361 y 370). Ahora bien, en obediencia a la sentencia de amparo, el Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, con domicilio en esta localidad, remitió las comunicaciones sin número referentes a la NUC. 1003201737493 (fojas 265, 268, 277, 286, 298, 313, 317, 353, 363 y 373), previamente, con la primera de ellas, hizo del conocimiento de este juzgado que se impuso de la averiguación previa 05/2016-XXIII-2, la cual registró bajo el número de carpeta citado con antelación, además, remitió el expediente a consulta de judialización al área de litigación de esa fiscalía, a efecto de que se analizaran las condiciones para ejercitar la correspondiente acción penal, previa la convalidación de los datos de prueba que conformaban dicha carpeta, finalmente, con el resto de las misivas, acompañó copia certificada de las constancias siguientes: Oficio de cinco de octubre del año próximo pasado, en la cual solicitó a la Directora de Litigación de la Fiscalía Regional de Morelia, a fin de que informara los avances del estudio que hubiera realizado a la carpeta de investigación (foja 269). Calco 1944, con el que el representante social adscrito a la Dirección de Litigación le comunicó que la carpeta se remito a la Dirección de Carpetas de Investigación a efecto de que el agente del ministerio público investigador realizara la correspondiente convalidación de actos (foja 270). Constancias con las cuales se solicitó a la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, que desahogara las declaraciones -cuatro- de los atestes que las realizaron en primer momento ante el representante social de Salvatierra, Guanajuato, así como la orden de investigación a la policía ministerial a fin de que recabaran el testimonio de Ernesto Buitrón Izquierdo (fojas 287-295). Citatorio remitido a la quejosa así como su declaración vertida el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 299-305). Avance de investigación rendido por el agente investigador adscrito a esa fiscalía, donde hizo constar la imposibilidad para recabar la entrevista de Ernesto Buitrón Izquierdo (fojas 314-315). Actuaciones derivadas de la colaboración solicitada a la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, de las cuales se desprende, principalmente, la entrevista realizada a los testigos Luis Prado Bocanegra, Yolanda Pérez Santoyo, Norma Beatriz Aguilar Montaño y Juana Antonia Nieto Ambriz, por el agente del Ministerio Público de Salvatierra, Guanajuato (fojas 318 a 345). Orden de Investigación a la Policía Ministerial, con residencia en esta ciudad, a fin de que recabaran la entrevista de Ernesto Buitrón Izquierdo, así como el informe de imposibilidad que tuvo el agente investigador para dar cumplimiento a lo anterior (fojas 354 a 357). Citatorio remitido al multireferido ateste Ernesto Buitrón Izquierdo, a fin de que se presentara en esa dependencia y recabaran su declaración con respecto de los hechos que dieron origen a dicha carpeta (foja 364). Solicitud de información a la Comisión Bancaria y de Valores, respecto a si la quejosa contaba con cuenta bancaria en alguna institución crediticia en el período comprendido de junio a octubre de dos mil once (fojas 365-367). Oficio de trece de abril del presente año, por medio del cual solicitó al Juez de Control en Turno, señalara fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia inicial, toda vez que tal fiscalía tenía interés de formular imputación a la solicitante del amparo (foja 374). Del examen de las documentales transcritas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se advierte que se encuentran satisfechos los efectos de la ejecutoria de amparo, de la manera siguiente: El primer aspecto que debía acatar la autoridad responsable consistió en proveer con relación a la fase de investigación lo conducente, esto es, precisar la necesidad de desahogar diversos medios de prueba, lo que así llevó a cabo, pues desahogó un tercer dictamen en grafoscopía y documentoscopía, recabó muestra de escritura de la solicitante del amparo, copia certificadas del juicio ejecutivo mercantil M-12/2015-IV, fe del título de crédito base de la acción del expediente mercantil 12/2015, declaración de los testigos Luis Prado Bocanegra, Yolanda Pérez Santoyo, Norma Beatriz Aguilar Montaño y Juana Antonia Nieto Ambriz, así como solicitud de información a la Comisión Bancaria y de Valores, para saber si la quejosa contaba con cuenta bancaria en alguna institución crediticia en el período comprendido de junio a octubre de dos mil once. Luego, una vez que se convalidaron los datos de prueba de la averiguación previa 05/2016-XXIII-2, que conformaron la carpeta de investigación NUC. 1003201737493, manifestó su interés ante el Juez de Control en Turno, con domicilio en esta ciudad, en formular imputación a la quejosa, la cual al no encontrarse detenida solicitó que la citara en libertad, y señalara fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia inicial. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que el Fiscal responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues en la fase de investigación, consideró necesario el desahogó de un tercer dictamen en grafoscopía y documentoscopía, recabar muestra de escritura de la solicitante del amparo, así como copia certificada del juicio ejecutivo mercantil M-12/2015-IV, dar fe del título de crédito base de la acción del expediente mercantil 12/2015, allegarse de la declaración de los testigos Luis Prado Bocanegra, Yolanda Pérez Santoyo, Norma Beatriz Aguilar Montaño y Juana Antonia Nieto Ambriz, así como realizar solicitud de información a la Comisión Bancaria y de Valores, para saber si la quejosa contaba con cuenta bancaria en alguna institución crediticia en el período comprendido de junio a octubre de dos mil once, luego, acorde a los razonamientos expuestos en la sentencia concesiva, con libertad de jurisdicción, adoptó una determinación respecto al destino que habría de dar a la citada carpeta, o sea, solicitó al Juez de Control en Turno, con residencia en esta ciudad, señalara lugar, fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia inicial, toda vez que tenía interés en formular imputación a la quejosa; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue precisar la necesidad de desahogar diversos medios de prueba y, resolver lo que estimara conducente respecto a la forma de terminación de la investigación. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como la devolución de las constancias de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable en apoyo al informe justificado, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA y TERCERA INTERESADA: MARTHA ALEJANDRA DÍAZ ARREOLA Y CARLOS CARMONA CALDERÓN, ALBACEA DEFINITIVO DE LA SUCESIÓN A BIENES DE MARGARITA CONTRERAS CARMONA. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de diecinueve de abril de la presente anualidad, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; mismo que fue notificado a las partes el veinte y veinticinco siguientes (fojas 375, 378 y 381). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Al respecto, debe decirse que por sentencia engrosada el doce de mayo de dos mil diecisiete (fojas 37 a 59), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a la quejosa Martha Alejandra Díaz Arreola, para los efectos que se reproducen: que la autoridad responsable, en un plazo de treinta días hábiles contados a partir de que cause ejecutoria la presente determinación provea con relación a la fase de investigación lo conducente, esto es, precise la necesidad de desahogar diversos medios de prueba, posteriormente, resuelva si realiza la consignación correspondiente o, en su caso, decreta el no ejercicio de la acción penal, archivo definitivo o suspensión". Esto es, en la sentencia, la Juez auxiliar determinó que la autoridad responsable contravino lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, pues no determinó si los datos que obraban en la averiguación previa eran suficientes para resolverla; en su caso, estableciera que medios de prueba requería para dar seguimiento adecuado a la investigación con el fin de tener a su alcance la información necesaria en la brevedad y urgencia requerida. Así que, al no haberlo hecho, generó un retraso en la impartición de justicia, en detrimento del precepto constitucional y legal rector del actuar ministerial en esa etapa, lo que, repercutió en la prontitud característica de la integración de la investigación. Sentencia que causó ejecutoria el nueve de junio del año inmediato anterior y en el propio auto se requirió su cumplimiento (fojas 79-80). Mediante proveídos de treinta de junio; cinco, veinticuatro y veintiocho de julio; cuatro y catorce de agosto; ocho y diecinueve de septiembre; todos del año próximo pasado (fojas 101, 135, 160, 164, 172, 201, 208 y 241), se solicitó nuevamente a la responsable la obediencia al fallo protector. Ahora bien, en acatamiento a la sentencia concesiva, la agente Vigésima Tercera del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, mediante oficios 1610, 1801, 1907, 1946, 1950, 2160 (fojas 92, 104, 139, 166, 174 y 213), remitió copia certificada de lo siguiente: Acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 93-96), en el que estableció que resultaba necesario para esa fiscalía un tercer dictamen en grafoscopía y documentoscopía, por lo cual, solicitó a la Delegada de la Procuraduría General de la República, con residente en esta ciudad, girara instrucción al representante social de su adscripción, le apoyara en solicitar al Coordinador de Servicios Periciales de esa institución, designara perito en la citada materia y emitiera el dictamen correspondiente, lo que resultaba necesario para la debida integración de la indagatoria. Misiva 611, de esa propia fecha, con la cual pidió lo anterior (foja 97). Dictamen en grafoscopía emitido por el especialista en Documentos Cuestionados de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Michoacán de la Procuraduría General de la República, con domicilio en esta localidad (fojas 105-129). Auto de diecinueve de junio del año inmediato anterior, en el cual tuvo por recibida la opinión citada en el párrafo que antecede, así como la ratificación efectuada por el profesional suscribiente (foja 130 y 131). Comunicación 1732 con la que pidió al Juez Noveno de Distrito, con residencia en esta ciudad, copia certificadas del juicio ejecutivo mercantil M-12/2015-IV, de su índice (foja 134). Oficio 12147, a través del cual el órgano jurisdiccional citado con antelación, remitió las fotocopias pedidas, y auto en el que las tuvo por recibidas (fojas 141-142). Escrito presentado y ratificado por la quejosa, por medio del cual objetó el dictamen mencionado con anterioridad, así como el acuerdo que recayó a éste (fojas 143-147). Ocurso exhibido y ratificado por el tercero interesado, en el que pidió se recabaran diverso medios de prueba (fojas 148-155). Proveído que recayó a la promoción anterior (fojas 156-157). Acuerdo de diecisiete de julio del año inmediato pasado, en el cual señaló día y hora para recabar toma de muestra de escritura de la solicitante del amparo y cédula de su notificación efectuada a ésta (fojas 158-159). Certificación de veintiuno siguiente, en la cual asentó la incomparecencia de la peticionaria de derechos (foja 167). Auto de esa propia fecha en el cual fijó nueva data para recabar la citada muestra caligráfica y notificación realizada a la quejosa (fojas 168 y 169). Comparecencia de veintisiete de julio del año citado, en el cual Martha Alejandra Díaz Arreola, manifestó el impedimento que tenía para que se llevara a cabo la diligencia programada para esa fecha (foja 170). Acuerdo de veintiocho sucesivo, en el cual estableció nueva data para recabar la citada muestra (foja 171). Calco 1920 de veintiuno de julio de la anualidad inmediata anterior, por el cual solicitó al Coordinador Estatal de Servicios Periciales en Michoacán de la Procuraduría General de la República, con domicilio en esta localidad, se presentara el especialista ante esa representación social, a fin de que se pronunciara respecto de los puntos objetados por la quejosa (foja 176). Oficio 1929, con el cual requirió al Coordinador Estatal de Servicios Periciales en Michoacán de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad, designara profesional en la multicitada materia, a efecto de que le fuera tomada muestra de escritura a la quejosa (foja 183). Certificación de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en la cual la fiscal responsable hizo constar que la quejosa se presentó ante esa representación social con el objeto de ser canalizada con perito oficial en grafoscopía (foja 184). Comunicación con la que solicitó al Comandante de la Policía Ministerial del Estado, le apoyara en una inspección que realizaría en el Juzgado Noveno de Distrito, domiciliado en esta ciudad (foja 185). Informe rendido y ratificado por el perito oficial en Documentos Cuestionados de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Michoacán de la Procuraduría General de la República, con domicilio en esta localidad (fojas 186-199). Oficio 1948 con el que solicitó al titular del Juzgado Noveno de Distrito, ordenara a quien correspondiera le fuera permitido el acceso al expediente mercantil 12/2015, de su índice, a efecto de que diera fe del título de crédito base de la acción, y se recabaran placas fotográficas del mismo (foja 200). Dictamen en grafoscopía de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, singado por la perito adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, así como el auto de veintiocho siguiente, en el cual lo tuvo por recibido (fojas 214-226). Comparecencia del tercero interesado Carlos Carmona Calderón, en la que el veintinueve de agosto de la anualidad inmediata anterior, se desistió de todas y cada una de las pruebas que ofreció y no se desahogaron hasta ese momento (foja 227). Libelo presentado y ratificado por la quejosa, en el cual solicitó se archivara la indagatoria 05/2016-XXIII-2 y se le expidieran copias del dictamen pericial de once de agosto anterior (fojas 228-229). Auto de ocho de septiembre de la anualidad citada, que recayó a la promoción anterior, la que fue acordada en sentido negativo (fojas 230-231). Certificación de doce sucesivo, en la que hizo constar el nombre correcto del ofendido -Carlos Carmona Calderón, en cuanto albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Margarita Contreras Carmona-, lo que además hizo del conocimiento de la Dirección General de Tecnologías de la Información de Planeación y Estadística de esa institución (fojas 232-233) Determinación de esa propia fecha, en la cual ordenó remitir la averiguación previa 05/2016-XXIII-2, a la Directora de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, Michoacán, a fin de que le fuera autorizada la inhibición del asunto y dictara auto de incompetencia (fojas 234-239). Oficio 2120, con el cual remitió a la citada Directora las constancias de la referida indagatoria, el que fue recibido el trece de septiembre de dos mil diecisiete (foja 240). Misiva DAP/990/2017, con la cual la multireferida Directora le devolvió los autos de la investigación y le facultó a dictar en ésta, acuerdo de incompetencia, con la finalidad de que fuera remitida al Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, y a su vez, la remitiera al representante social que por razón de turno y competencia le correspondiera conocer, a fin de que iniciara la carpeta de investigación y determinara conforme a derecho procediera (fojas 247-256). Acuerdo de quince de septiembre de dos mil diecisiete, en el cual al decretar la incompetencia de la averiguación previa, ordenó remitirla al Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia (fojas 257-259). Oficio 2220 con el cual envió las constancias de la citada indagatoria a la mencionada autoridad, la cual fue recibida el diecinueve siguiente (foja 260). Luego, con motivo de lo establecido en el punto último que antecede, en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, se vinculó al Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, con residencia en esta ciudad (fojas 261-262), al acatamiento del fallo protector, y en el propio acuerdo se requirió su cumplimiento, así como en los diversos de tres, nueve y dieciséis de octubre; ocho y trece de noviembre, doce de diciembre; todos de dos mil diecisiete; veintinueve de enero; veintisiete de febrero y dieciséis de abril, todos del año en curso (fojas 266, 272, 279-280, 283, 296, 310, 350, 361 y 370). Ahora bien, en obediencia a la sentencia de amparo, el Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, con domicilio en esta localidad, remitió las comunicaciones sin número referentes a la NUC. 1003201737493 (fojas 265, 268, 277, 286, 298, 313, 317, 353, 363 y 373), previamente, con la primera de ellas, hizo del conocimiento de este juzgado que se impuso de la averiguación previa 05/2016-XXIII-2, la cual registró bajo el número de carpeta citado con antelación, además, remitió el expediente a consulta de judialización al área de litigación de esa fiscalía, a efecto de que se analizaran las condiciones para ejercitar la correspondiente acción penal, previa la convalidación de los datos de prueba que conformaban dicha carpeta, finalmente, con el resto de las misivas, acompañó copia certificada de las constancias siguientes: Oficio de cinco de octubre del año próximo pasado, en la cual solicitó a la Directora de Litigación de la Fiscalía Regional de Morelia, a fin de que informara los avances del estudio que hubiera realizado a la carpeta de investigación (foja 269). Calco 1944, con el que el representante social adscrito a la Dirección de Litigación le comunicó que la carpeta se remito a la Dirección de Carpetas de Investigación a efecto de que el agente del ministerio público investigador realizara la correspondiente convalidación de actos (foja 270). Constancias con las cuales se solicitó a la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, que desahogara las declaraciones -cuatro- de los atestes que las realizaron en primer momento ante el representante social de Salvatierra, Guanajuato, así como la orden de investigación a la policía ministerial a fin de que recabaran el testimonio de Ernesto Buitrón Izquierdo (fojas 287-295). Citatorio remitido a la quejosa así como su declaración vertida el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 299-305). Avance de investigación rendido por el agente investigador adscrito a esa fiscalía, donde hizo constar la imposibilidad para recabar la entrevista de Ernesto Buitrón Izquierdo (fojas 314-315). Actuaciones derivadas de la colaboración solicitada a la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, de las cuales se desprende, principalmente, la entrevista realizada a los testigos Luis Prado Bocanegra, Yolanda Pérez Santoyo, Norma Beatriz Aguilar Montaño y Juana Antonia Nieto Ambriz, por el agente del Ministerio Público de Salvatierra, Guanajuato (fojas 318 a 345). Orden de Investigación a la Policía Ministerial, con residencia en esta ciudad, a fin de que recabaran la entrevista de Ernesto Buitrón Izquierdo, así como el informe de imposibilidad que tuvo el agente investigador para dar cumplimiento a lo anterior (fojas 354 a 357). Citatorio remitido al multireferido ateste Ernesto Buitrón Izquierdo, a fin de que se presentara en esa dependencia y recabaran su declaración con respecto de los hechos que dieron origen a dicha carpeta (foja 364). Solicitud de información a la Comisión Bancaria y de Valores, respecto a si la quejosa contaba con cuenta bancaria en alguna institución crediticia en el período comprendido de junio a octubre de dos mil once (fojas 365-367). Oficio de trece de abril del presente año, por medio del cual solicitó al Juez de Control en Turno, señalara fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia inicial, toda vez que tal fiscalía tenía interés de formular imputación a la solicitante del amparo (foja 374). Del examen de las documentales transcritas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se advierte que se encuentran satisfechos los efectos de la ejecutoria de amparo, de la manera siguiente: El primer aspecto que debía acatar la autoridad responsable consistió en proveer con relación a la fase de investigación lo conducente, esto es, precisar la necesidad de desahogar diversos medios de prueba, lo que así llevó a cabo, pues desahogó un tercer dictamen en grafoscopía y documentoscopía, recabó muestra de escritura de la solicitante del amparo, copia certificadas del juicio ejecutivo mercantil M-12/2015-IV, fe del título de crédito base de la acción del expediente mercantil 12/2015, declaración de los testigos Luis Prado Bocanegra, Yolanda Pérez Santoyo, Norma Beatriz Aguilar Montaño y Juana Antonia Nieto Ambriz, así como solicitud de información a la Comisión Bancaria y de Valores, para saber si la quejosa contaba con cuenta bancaria en alguna institución crediticia en el período comprendido de junio a octubre de dos mil once. Luego, una vez que se convalidaron los datos de prueba de la averiguación previa 05/2016-XXIII-2, que conformaron la carpeta de investigación NUC. 1003201737493, manifestó su interés ante el Juez de Control en Turno, con domicilio en esta ciudad, en formular imputación a la quejosa, la cual al no encontrarse detenida solicitó que la citara en libertad, y señalara fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia inicial. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que el Fiscal responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues en la fase de investigación, consideró necesario el desahogó de un tercer dictamen en grafoscopía y documentoscopía, recabar muestra de escritura de la solicitante del amparo, así como copia certificada del juicio ejecutivo mercantil M-12/2015-IV, dar fe del título de crédito base de la acción del expediente mercantil 12/2015, allegarse de la declaración de los testigos Luis Prado Bocanegra, Yolanda Pérez Santoyo, Norma Beatriz Aguilar Montaño y Juana Antonia Nieto Ambriz, así como realizar solicitud de información a la Comisión Bancaria y de Valores, para saber si la quejosa contaba con cuenta bancaria en alguna institución crediticia en el período comprendido de junio a octubre de dos mil once, luego, acorde a los razonamientos expuestos en la sentencia concesiva, con libertad de jurisdicción, adoptó una determinación respecto al destino que habría de dar a la citada carpeta, o sea, solicitó al Juez de Control en Turno, con residencia en esta ciudad, señalara lugar, fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia inicial, toda vez que tenía interés en formular imputación a la quejosa; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue precisar la necesidad de desahogar diversos medios de prueba y, resolver lo que estimara conducente respecto a la forma de terminación de la investigación. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como la devolución de las constancias de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable en apoyo al informe justificado, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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