Martha Alejandra Chávez Castellanos
Expediente 172/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/03/2018
Partes del expediente
- Martha Alejandra Chávez Castellanos
Actuaciones
- Principal
Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la ley de la materia, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veinte de febrero del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. II. Orden de archivo. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. III. Valoración del expediente. Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En razón de lo anterior, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se desechó la demanda de amparo. IV. Devuelve cuaderno de prueba. Finalmente, por permitirlo el estado procesal de los autos, devuélvase al Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, el cuaderno de prueba constante en un tomo que se formó con copia certificada de las actuaciones del juicio natural.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CITATORIO: Por este medio de lista se notifica a la parte quejosa, el auto de veinte de febrero de dos mil dieciocho, por el cual Téngase por recibido el oficio 828 de la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual remite el escrito de presentación y la demanda de amparo con certificación promovida por Martha Alejandra Chávez Castellanos, contra actos del Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, así como los demás anexos descritos en el referido comunicado. Lo anterior, porque mediante resolución de nueve de febrero del año en curso, dictado en los autos del juicio de amparo directo 92/2018 del índice del citado tribunal colegiado, se declaró legalmente incompetente para conocer del acto que se reclama, por considerar que no constituye una sentencia definitiva, ni tampoco una resolución que hubiera puesto fin al proceso. Acúsese recibo. En mérito de lo anterior, con fundamento en los numerales 37, de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado federal se avoca al conocimiento del presente asunto. Con los anexos remitidos, fórmese un cuaderno de pruebas en un tomo (un sobre), el cual se ordena guardar en la secretaría de este juzgado para su debida seguridad y custodia. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 172/2018. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Por su parte, el artículo 107, constitucional, fracción III, inciso b), dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]". De esta disposición se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, una vez agotados los recursos o medios de defensa que con arreglo a la ley aplicable al caso en concreto procedan. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de éstos puede ser revocado, modificado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal" Y, entonces se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, pues dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo y, consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que ella establezca. Así se desprende de la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo" Ahora, los artículos 424 y 431 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco prescriben lo siguiente: "ARTÍCULO 424.- Los recursos de revocación y apelación, tendrán por efecto el que se confirmen, revoquen o modifiquen las resoluciones impugnadas; y el recurso de queja, que se confirmen o revoquen los actos procesales efectuados con exceso o defecto en la ejecución de una resolución. ARTÍCULO 431.- Procede el recurso de revocación contra los autos de primera y segunda instancia, con excepción de los que conforme a este código admitan el recurso de apelación en su contra, sean irrecurribles o decretos de mero trámite" De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se advierte que el recurso de revocación procede en contra de los autos de primera o segunda instancia que no fueren apelables, sean irrecurribles o decretos de mero trámite. De la interpretación gramatical de los artículos transcritos, se advierte que el recurso de revocación procede contra los autos que no fueren apelables, así como decretos. Ahora, de los antecedentes del acto reclamado, así como de las constancias en copia certificada del juicio civil sumario 1102/2017 del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, documental a la que se otorga valor probatorio pleno en términos del articulo 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se advierte que el juicio de origen se encuentra en trámite, esto es que no se ha dictado sentencia definitiva, por lo que la aquí quejosa, tiene conocimiento del contencioso, antes del dictado de la resolución que pone fin al procedimiento de donde deriva el acto reclamado, lo cual implica que quedó en posibilidad de defenderse dentro de este último, con lo cual no puede tener el carácter de tercera extraña por equiparación. En efecto, se determina que a la parte quejosa no le reviste el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, toda vez que al tener conocimiento del juicio instaurado en su contra antes del dictado de sentencia, evidencia el hecho de que está en aptitud de defenderse y de interponer los recursos o medios de impugnación procedentes, contra las resoluciones o actuaciones judiciales que ahora estimara violatorias de sus garantías. Por tanto, al tener conocimiento de la demanda instaurada en su contra, adquiere con ello cargas, derechos y obligaciones, como son vigilar la secuela del procedimiento para estar en aptitud de hacer valer los recursos o medios de impugnación procedentes, contra las resoluciones o actuaciones judiciales que estimara violatorias de sus garantías. Por lo anterior, no se puede considerar a la peticionaria de amparo como tercera extraña a juicio, puesto que no se ubican en el supuesto de que tenga desconocimiento del juicio de origen. Son aplicables al caso, los criterios siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. PIERDE TAL CARÁCTER QUIEN ES NOTIFICADO DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE LO VINCULA. Para efectos del juicio de garantías, se entiende por persona extraña: a) Aquella que no figura ni está vinculada al juicio o procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; b) Quien interviene en el proceso como un tercero que auxilia al tribunal en la averiguación de la verdad al exhibir documentos o cosas que tiene en su poder o informa datos relevantes para el juicio, pues su intervención está limitada a una actividad de apoyo al órgano jurisdiccional, y solamente estaría legitimado para cumplir con el requerimiento respectivo, oponerse al mismo o manifestar las causas por las que no pueda hacerlo, sin tener un interés distinto para incorporarse al juicio por el solo hecho de ser requerido, ya que no tiene datos objetivos que le permitan advertir que se esté controvirtiendo un derecho que está en su patrimonio o hay una resolución que se ejecutará en su contra, pues esa intervención no le da certeza de que está ligado al proceso y que el auxilio solicitado le afecte en su esfera jurídica, c) La parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente, ya que se equipara a un tercero extraño; sin embargo, con la salvedad anterior, tal carácter se pierde cuando existe una resolución judicial dirigida contra una persona determinada, en la cual se le identifica nominalmente, porque al quedar notificada se incorpora a esa persona a la relación jurídico-procesal, y la participación le resulta del contenido del mandamiento judicial. Consiguientemente, al dejar de ser ajena al juicio de origen, su acción de garantías para reclamar la resolución enderezada en su contra y que afirma le causa perjuicio, queda supeditada a la regla establecida en los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 107 constitucional, en donde se condiciona la procedencia del juicio de amparo al previo agotamiento de los recursos ordinarios procedentes" "TERCERO EXTRAÑO. PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO NO PUEDE CONSIDERARSE CON ESE CARÁCTER A QUIEN RECLAMA UNA RESOLUCIÓN QUE ORDENA QUE SE LE NOTIFIQUE EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE UN JUICIO. Aun cuando la quejosa no sea parte en el juicio ejecutivo mercantil de donde emanan los actos reclamados, si la resolución que impugnó está dirigida a su persona, y le hace saber el estado que guarda el procedimiento de ejecución, tal circunstancia hace considerar que la quejosa ya no tiene el carácter de extraña al citado procedimiento, sino que queda incorporada en la relación procesal con todos los efectos jurídicos inherentes, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 constitucional" "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. QUIENES NO TIENEN ESE CARACTER. Aun cuando sea verdad que las quejosas no sean actoras ni demandadas en el juicio ordinario civil en el cual se mandaron sacar a remate unos bienes, sin embargo esa circunstancia no les otorga el carácter de terceras extrañas al juicio, si comparecieron al mismo, apersonándose y promoviendo un incidente de nulidad de actuaciones. Consecuencia de lo anterior, es que están en la obligación de agotar el recurso previsto en el artículo 530, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, contra el auto aprobatorio de remate, puesto que si en principio los terceros no tienen porqué agotar recursos, las agraviadas no disfrutan de tal prerrogativa" "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo" Ahora, del análisis integral de la demanda de garantías y del juicio de origen, se advierte que el acto reclamado en estudio, consiste esencialmente, en el auto de cinco de enero de dos mil dieciocho, dictado dentro de los autos del juicio civil sumario 1102/2017 del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en el cual se admitió la demanda propuesta por la aquí tercera interesada, y se ordenó requerir a la quejosa para que acreditara estar al corriente del pago de rentas y de no hacerlo se le embargaran bienes de su propiedad por la cantidad de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos moneda nacional) Luego, en contra del proveído que constituye el acto reclamado materia de estudio en el juicio de amparo en que se actúa, no procede apelación, tampoco es un auto irrecurrible, ni se trata de un decreto de mero trámite. Por tanto, se estima que en contra del acto reclamado, procede el recurso de revocación previsto por el numeral 431 citado en párrafos que anteceden, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO" Asimismo, resulta aplicable la tesis de rubro y texto siguiente: "REVOCACIÓN. ES EL RECURSO PROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN JUICIO SUMARIO, QUE NO SON APELABLES. Aunque el Código de Procedimientos Civiles de Jalisco no determina expresamente cuál recurso procede en los juicios sumarios, contra las resoluciones que no son apelables, por no estar incluidas en las hipótesis prevenidas por el artículo 639 de ese ordenamiento, débese advertir que el numeral 423 del propio código establece que las resoluciones que no fueren apelables, pueden ser revocadas por el mismo Juez o tribunal que las haya pronunciado, por lo que conforme al método inductivo de interpretación legal, debe estimarse en tal supuesto, que aquellas resoluciones no apelables son combatibles por medio de la revocación." Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios siguientes: "DEMANDA DE GARANTIAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo" "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVIII en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo procede desechar de plano la demanda de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la norma citada. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso. i. Martha Alejandra Chávez Castellanos, por propio derecho. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tienen como su autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a Cruz Junior Martínez Fonseca y Sergio Manuel Plascencia Guerrero, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. c. Autorización consulta expediente electrónico. con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como del 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza la consulta vía electrónica de este juicio de amparo, quien tiene como nombre de usuario Hexaius1 V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley.
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