Martha Agustina Beltrán Cázarez
Expediente 1145/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1145/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Martha Agustina Beltrán Cázarez
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto de veintiséis de junio del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b), se notifica por lista de estrados a la parte quejosa, el auto de dos de febrero de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios de los Integrantes y Actuario adscrito de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, mediante los cuales rinden informe justificado; asimismo, remiten copia certificada del proveído de once de noviembre de dos mil veinte dictado en autos del expediente 3-596/2020, donde se admitió la demanda laboral, señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como ordenó emplazar a la demandada y notificar a la parte actora. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte, la documental que se remite con el oficio de cuenta, la cual por ser pública en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. Omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 3-596/2020; Las omisiones subsecuentes que se generen el juicio señalado y; La omisión de practicar las notificaciones a las partes en los términos de ley. Por lo que respecta al primer acto señalado, las autoridades responsables remitieron copia certificada del proveído de once de noviembre de dos mil veinte, en el que proveyó lo relativo para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el sumario en comento. En ese sentido, si el reclamo que dio origen al presente sumario consistió en la omisión de señalar fecha para la audiencia de ley en el juicio de origen y, de las documentales allegadas por la responsable se advierte que se proveyó al respecto, esto, previo a la presentación de la demanda de amparo (catorce de diciembre del año próximo pasado), es evidente que el acto reclamado es inexistente. Por lo anterior es que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por ende, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la jurisprudencia 1a/J 49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 49, diciembre de 2017, tomo I, página 386, establece: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese sentido, el criterio de jurisprudencia invocado no resulta aplicable al caso concreto porque si bien estableció que por regla general la negativa del acto reclamado no constituye causa notoria, manifiesta e indudable para decretar sobreseimiento fuera de audiencia, se refiere a los actos en que la negativa le arroja la carga procesal a la parte quejosa para comprobar la existencia del acto reclamado. Sin embargo, en el caso la autoridad responsable acreditó a través de acto positivo que sí emitió las actuaciones en fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo respecto de las cuales se reclamaba su omisión, de ahí que sea innecesario esperar a la celebración de la audiencia porque es patente la causa de sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que hace al primer acto reclamado. Por lo que respecta a los diversos actos reclamados consistentes en las dilaciones subsecuentes atribuido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la omisión del Actuario adcrito de Cuidar los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo. De la interpretación gramatical mediante argumentación en sentido contrario de ambos preceptos se puede advertir que cuando la sentencia concesoria de amparo no pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, a fin de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, entonces debe considerarse que el juicio de garantías es improcedente, pues el juicio de amparo debe tener siempre finalidad práctica y no ser medio para realizar actividad meramente especulativa. Es ilustrativa la Jurisprudencia P./J. 90/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, página nueve, registro 197245 cuyo rubro es: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. El motivo de improcedencia antes destacado se actualiza en el caso concreto en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a. 45/2007 y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral, deben delimitarse en función de la acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. Esa tesis está publicada en la página 732, libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2005150, de rubro: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Por tanto, los efectos restitutorios de la eventual sentencia concesoria del amparo, en términos del artículo 77, fracción ll, de la ley de la materia, serían obligar a la responsable a que, por un lado, realice las actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. Empero, toda vez que, conforme lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional deben delimitarse en función de determinado acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, y no a las etapas subsecuentes del mismo; por lo cual no sería posible obligar a las responsables, de forma genérica, que lleven a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. En ese contexto, las consideraciones antes apuntadas evidencian la actualización de imposibilidad material y jurídica de cristalizar los efectos restitutorios del juicio de amparo, toda vez que a la responsable no se le puede vincular de manera genérica a que prosiga con la substanciación de juicio laboral, según lo expuesto en línea precedentes; por tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia antes apuntada. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIlI y 77, fracción ll, de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento, procede a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por cuanto hace a los referidos actos reclamados. Sin que sea obstáculo para decretar el sobreseimiento, el que sea fuera de la audiencia constitucional, pues son claras y evidentes las actualizaciones de las causales de improcedencia que conducen al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar ésta, la conclusión sería la misma, por lo que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las nueve horas con cincuenta minutos del nueve de diciembre del año en curso. Notifíquese personalmente.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos se advierte que está programada para este día la audiencia constitucional en este juicio. No obstante, lo anterior, de la certificación de cuenta se desprende que conforme la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se regresó al esquema de trabajo implementado en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que suspendió labores, por lo que no corrieron plazos procesales, salvo para los juicios en línea y los casos urgentes. Sin embargo, mediante la diversa circular SECNO/1/2021 de ocho de enero actual se hace del conocimiento, entre otros aspectos, que el circuito judicial en el que se encuentra este juzgado tendrá aplicación para la actividad jurisdiccional el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se reanudan los plazos en los términos y condiciones que establece. En la inteligencia que los plazos concedidos para cumplir con los requerimientos efectuados continuarán computándose a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. De la propia manera, de autos se advierte que trascurre el término de quince días otorgado a las autoridades responsables para que estén en aptitud de rendir informe justificado, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DE UNO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO para su celebración. Notifíquese.
- Principal
En diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se da cuenta al Juez con las certificaciones que anteceden y con el escrito de la demanda de amparo. Conste. 11244Culiacán, Sinaloa, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. I. Quejosa. Martha Agustina Beltrán Cázarez. II. Admisión y formación del expediente. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente; sin aperturar incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. IV. Audiencia constitucional. Se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DE VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. V. Informes y constancias. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente en que reciba el oficio en que se les solicita, para lo cual, en su caso deberá remitir copia certificada completa y legible de las constancias del expediente fuente de los actos reclamados, incluidas las que no se hayan incorporado al expediente y estén a su disposición; apercibidas que de no rendir su informe justificado, con sustento en el segundo de los anteriores preceptos legales se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. También apercibidas que de no rendir el informe solicitado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para la solución de este juicio constitucional o las remita incompletas o ilegibles total o parcialmente, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Apercibidas que de no rendir el informe solicitado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para la solución de este juicio constitucional o las remitan incompletas o ilegibles total o parcialmente, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. VI. Formalidades de constancias requeridas. Se indica a la autoridades responsables que las constancias que remitan en apoyo a su informe justificado deberán contener en original folio, rubrica y entre sello así como la certificación correspondiente, en términos del artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia. VII. Envío electrónico de constancias adjuntas a informes de autoridades o escritos. Se hace del conocimiento de las partes de este juicio, incluyendo a las autoridades responsables, que el Acuerdo general Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, señala en el capítulo cuarto, relativo al expediente electrónico artículo 12 inciso f) dispone: Los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por la vía electrónica, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterable del documento impreso. Por tanto, se les requiere para que al momento de hacer uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y enviar a través de éste, constancias adjuntas a los informes que rindan o escritos que presenten, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que éstos, son copia íntegra e inalterada del documento impreso. Apercibidos que de no cumplir con lo anterior, se aplicará multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. VIII. Denominación de las autoridades responsables. De conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo las autoridades señaladas como responsables o, en su caso, el encargado de la oficina de recibir su correspondencia, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le remitan, por lo que en caso de negativa injustificada se tendrá hecha la notificación así como los apercibimientos respectivos y, de ser así, será responsable del incumplimiento del acuerdo o resolución en cuestión; lo anterior, aun cuando no sea del todo correcta la denominación realizada por la parte quejosa, pues de no ser sustancial la imprecisión de su denominación que no impida su identificación y no exista duda o resulte evidente que sea esa la autoridad responsable deberá recibir los oficios enviados; en el entendido que podrán y deberán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su informe; por tanto, de no recibir el oficio respectivo el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. No obstante, dado que el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece la obligación de señalar con precisión a las autoridades responsables, se apercibe a la parte quejosa que si incurrió en imprecisión sustancial en la denominación de la autoridad responsable que impida su identificación, sin mayor trámite se tendrá como inexistente y se suspenderá la comunicación con ella, lo cual está acorde con el principio de celeridad procesal, sustentado en el precepto 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; salvo que antes de la celebración de la audiencia constitucional de las constancias se advierta o el quejoso proporcione su denominación correcta. Asimismo, se le informa a las autoridades responsables y autoridades con carácter de tercero interesado, que sólo se les notificará por oficio los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, esto en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253, registro 2002576, la cual establece: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. IX. Causas de improcedencia. En observancia del artículo 64 de la Ley de Amparo, las partes deberán comunicar a este Juzgado cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, con apoyo en el numeral 251 de referida legislación en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. XI. Tercero interesado. Se reserva proveer lo conducente a la parte tercero interesada, hasta en tanto se cuente con los informes justificados de las autoridades responsables, o en su caso, las constancias del juicio de origen. XI. Domicilio y autorizados. Se tienen como domicilio procesal y autorizados para efecto de oír y recibir notificaciones, los que indica en la demanda. XII. Transparencia y acceso a la información. Cabe precisar que cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos, conforme a la ley de la materia. XIII. Copias. A efecto que las partes puedan obtener copias certificadas o simples de las constancias que integran el presente sumario y estén en aptitud de preparar la defensa de sus intereses, se autoriza desde este momento la expedición de las mismas a su costa, de conformidad con en artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; siempre y cuando no se trate de documentos que a consideración de este órgano jurisdiccional contengan datos sensibles o bien sobre los cuales deba guardarse determinado sigilo; previa firma que por su recibo se asiente en autos. XIV. Asimismo, en virtud de la contingencia sanitaria decretada y con el fin de evitar en lo posible el traslado, así como contacto físico del personal, con fundamento en lo establecido en las fracciones XII, XIV Y XIX del artículo 2 del Acuerdo general 13/2020 del Plano del Consejo de la Judicatura Federal, se indica a las autoridades responsables que el informe requerido podrán remitirlo a través de su correo institucional al correo electrónico 2jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, o bien a través del portal electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 2° fracción XIX del acuerdo general 13/2020 del Plano del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe, proporcionen una dirección de correo electrónico institucional, en la que puedan recibir notificaciones por parte de este juzgado, así como un número de teléfono móvil a fin de establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios en el presente juicio. Notifíquese.
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