Martha Aguinaga Ezqueda
Expediente 206/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 206/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Martha Aguinaga Ezqueda
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA DETERMINACIÓN EN QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONCLUYÓ EL TÉRMINO DE IMPUGNACIÓN DEL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. SE ORDENA DESTRUIR LA PRESENTE PIEZA DE ACTUACIONES. ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE SU GUARDA.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 28 DE FEBRERO DE 2017, QUE REZA; I. PARTE QUEJOSA CUMPLE CON REQUERIMIENTO. AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL ESCRITO SIGNADO POR LA QUEJOSA MARTHA AGUINAGA EZQUEDA, MEDIANTE EL CUAL CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO FORMULADO EN PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. II. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. VISTA NUEVAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO Y ESCRITO ACLARATORIO PRESENTADOS POR LA PARTE QUEJOSA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EMITIDA POR EL JUEZ SEGUNDO PENAL DE PARTIDO DE ESTA CIUDAD, DENTRO DEL EXPEDIENTE 31/2016, QUE RESOLVIÓ LO CORRESPONDIENTE AL RECURSO DE IMPUGNACIÓN EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, LA CUAL REVOCÓ DICHA DETERMINACIÓN Y ORDENÓ LA REAPERTURA DE LA INDAGATORIA 6926/2016. AHORA BIEN, LA SUSCRITA ADVIERTE QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL 6°, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, QUE ESTABLECE LO SIGUIENTE: "ARTÍCULO 61. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE: [.] XXIII. EN LOS DEMÁS CASOS EN QUE LA IMPROCEDENCIA RESULTE DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, O DE ESTA LEY." POR SU PARTE EL ARTÍCULO 6° DE LA LEY DE AMPARO, TEXTUALMENTE ESTABLECE LO SIGUIENTE: "ARTÍCULO 6°. EL JUICIO DE AMPARO PUEDE PROMOVERSE POR LA PERSONA FÍSICA O MORAL A QUIEN AFECTE LA NORMA GENERAL O EL ACTO RECLAMADO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 5° DE ESTA LEY. EL QUEJOSO PODRÁ HACERLO POR SÍ, POR SU REPRESENTANTE LEGAL O POR SU APODERADO, O POR CUALQUIER PERSONA EN LOS CASOS PREVISTOS EN ESTA LEY. CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO PENAL, PODRÁ PROMOVERLO, ADEMÁS, POR CONDUCTO DE SU DEFENSOR O DE CUALQUIER PERSONA EN LOS CASOS EN QUE ESTA LEY LO PERMITA." DEL PRECEPTO TRANSCRITO SE ADVIERTE QUE EL JUICIO DE AMPARO PODRÁ PROMOVERSE ÚNICAMENTE POR LA PARTE A QUIEN PERJUDIQUE EL ACTO QUE SE RECLAMA, ADEMÁS, DISPONE QUIÉNES PUEDEN PROMOVERLO EN SU REPRESENTACIÓN, PRECISANDO QUE SÓLO PODRÁ SEGUIRSE POR EL AGRAVIADO, POR SU REPRESENTANTE LEGAL O POR SU DEFENSOR; EN RELACIÓN CON EL AGRAVIO Y PERJUICIO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA ESTABLECIDO QUE EL AGRAVIO DEBE SER ACTUAL PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO Y POR PERJUICIO LA AFECTACIÓN POR LA ACTUACIÓN DE UNA AUTORIDAD; O POR LA LEY, DE UN DERECHO SUSTANTIVO LEGÍTIMAMENTE TUTELADO. CASO EN EL CUAL NO ACONTECE, PUESTO QUE EL RECLAMO DE LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EMITIDA POR EL JUEZ SEGUNDO PENAL DE PARTIDO DE ESTA CIUDAD, DENTRO DEL EXPEDIENTE 31/2016, QUE RESOLVIÓ LO CORRESPONDIENTE AL RECURSO DE IMPUGNACIÓN EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, LA CUAL REVOCÓ DICHA DETERMINACIÓN Y ORDENÓ LA REAPERTURA DE LA INDAGATORIA 6926/2016, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR ENDE NO LESIONA INTERÉS JURÍDICO ALGUNO, PORQUE NO SE ACTUALIZA UN PERJUICIO ACTUAL. EN EFECTO, PARA DETERMINAR LO ANTERIOR, SE TOMA EN CUENTA LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE TEXTUALMENTE DISPONE LO SIGUIENTE: "ARTÍCULO 21. LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO Y A LAS POLICÍAS, LAS CUALES ACTUARÁN BAJO LA CONDUCCIÓN Y MANDO DE AQUÉL EN EL EJERCICIO DE ESTA FUNCIÓN. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO. LA LEY DETERMINARÁ LOS CASOS EN QUE LOS PARTICULARES PODRÁN EJERCER LA ACCIÓN PENAL ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. LA IMPOSICIÓN DE LAS PENAS, SU MODIFICACIÓN Y DURACIÓN SON PROPIAS Y EXCLUSIVAS DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. COMPETE A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA LA APLICACIÓN DE SANCIONES POR LAS INFRACCIONES DE LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS Y DE POLICÍA, LAS QUE ÚNICAMENTE CONSISTIRÁN EN MULTA, ARRESTO HASTA POR TREINTA Y SEIS HORAS O EN TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD; PERO SI EL INFRACTOR NO PAGARE LA MULTA QUE SE LE HUBIESE IMPUESTO, SE PERMUTARÁ ESTA POR EL ARRESTO CORRESPONDIENTE, QUE NO EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO DE TREINTA Y SEIS HORAS. SI EL INFRACTOR DE LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS Y DE POLICÍA FUESE JORNALERO, OBRERO O TRABAJADOR, NO PODRÁ SER SANCIONADO CON MULTA MAYOR DEL IMPORTE DE SU JORNAL O SALARIO DE UN DÍA. TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES NO ASALARIADOS, LA MULTA QUE SE IMPONGA POR INFRACCIÓN DE LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS Y DE POLICÍA, NO EXCEDERÁ DEL EQUIVALENTE A UN DÍA DE SU INGRESO. EL MINISTERIO PÚBLICO PODRÁ CONSIDERAR CRITERIOS DE OPORTUNIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, EN LOS SUPUESTOS Y CONDICIONES QUE FIJE LA LEY. EL EJECUTIVO FEDERAL PODRÁ, CON LA APROBACIÓN DEL SENADO EN CADA CASO, RECONOCER LA JURISDICCIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. LA SEGURIDAD PÚBLICA ES UNA FUNCIÓN A CARGO DE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, QUE COMPRENDE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS; LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN PARA HACERLA EFECTIVA, ASÍ COMO LA SANCIÓN DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY, EN LAS RESPECTIVAS COMPETENCIAS QUE ESTA CONSTITUCIÓN SEÑALA. LA ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA SE REGIRÁ POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO, HONRADEZ Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN ESTA CONSTITUCIÓN. LA SEGURIDAD PÚBLICA ES UNA FUNCIÓN A CARGO DE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, QUE COMPRENDE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS; LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN PARA HACERLA EFECTIVA, ASÍ COMO LA SANCIÓN DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY, EN LAS RESPECTIVAS COMPETENCIAS QUE ESTA CONSTITUCIÓN SEÑALA. LA ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA SE REGIRÁ POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO, HONRADEZ Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN ESTA CONSTITUCIÓN. LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA SERÁN DE CARÁCTER CIVIL, DISCIPLINADO Y PROFESIONAL. EL MINISTERIO PÚBLICO Y LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO DEBERÁN COORDINARSE ENTRE SÍ PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y CONFORMARÁN EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE ESTARÁ SUJETO A LAS SIGUIENTES BASES MÍNIMAS: A) LA REGULACIÓN DE LA SELECCIÓN, INGRESO, FORMACIÓN, PERMANENCIA, EVALUACIÓN, RECONOCIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DE ESTAS ACCIONES SERÁ COMPETENCIA DE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES. B) EL ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS CRIMINALÍSTICOS Y DE PERSONAL PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. NINGUNA PERSONA PODRÁ INGRESAR A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA SI NO HA SIDO DEBIDAMENTE CERTIFICADO Y REGISTRADO EN EL SISTEMA. C) LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS TENDIENTES A PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS. D) SE DETERMINARÁ LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE COADYUVARÁ, ENTRE OTROS, EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO ASÍ COMO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. E) LOS FONDOS DE AYUDA FEDERAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, A NIVEL NACIONAL SERÁN APORTADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA SER DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A ESTOS FINES." LA NORMA TRANSCRITA, HACE REFERENCIA A LAS FACULTADES DE INVESTIGACIÓN QUE CONSTITUCIONALMENTE SE OTORGAN AL MINISTERIO PÚBLICO EN LA FASE DE LA INVESTIGACIÓN, ADEMÁS DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDIENTES; EN ESENCIA, DICHO PRECEPTO CONSTITUCIONAL, ESTABLECE LAS OBLIGACIONES Y PRERROGATIVAS QUE DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCESO PENAL LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN A ESTA INSTITUCIÓN PÚBLICA. ESE PRECEPTO CONSAGRA EL PRINCIPIO ACUSATORIO EN EL QUE DESCANSA EL SISTEMA PENAL MEXICANO, QUE CONSISTE EN LA OBLIGACIÓN QUE CONSTITUCIONALMENTE SE IMPONE AL MINISTERIO PÚBLICO DE ACREDITAR, DENTRO DE LA FASE DEL PROCESO PENAL, DENOMINADA AVERIGUACIÓN, LOS ELEMENTOS DEL DELITO Y LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL IMPUTADO Y, EN CASO DE ENCONTRAR ELEMENTOS SUFICIENTES QUE ACREDITEN TALES EXTREMOS, CONSIGNAR LA INDAGATORIA A LOS TRIBUNALES CORRESPONDIENTES. ASÍ PUES, EN CUALQUIER CASO, DENTRO DEL PROCESO PENAL Y EN LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN, EL REPRESENTANTE SOCIAL DEBE ACREDITAR DETERMINADOS HECHOS PARA DEMOSTRAR LOS ELEMENTOS DEL DELITO QUE SE IMPUTAN AL INDICIADO, QUE, CONCATENADOS ENTRE SÍ, DEN COMO RESULTADO UNA PRESUNCIÓN IURIS TANTUM QUE DEMUESTRE LOS ELEMENTOS DEL ILÍCITO EN CUESTIÓN Y LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DE ESTE. EN SÍNTESIS, LA AVERIGUACIÓN CONSTITUYE MEDULARMENTE UNA INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE LA CUAL LA FISCALÍA TRATA DE HACERSE DEL MATERIAL PROBATORIO NECESARIO PARA SUSTENTAR UN CASO, QUE PRESENTARÁ ANTE EL JUEZ, CON EL FIN DE QUE ÉSTE TENGA BUENAS POSIBILIDADES DE ÉXITO; ES DECIR, DICHO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO-PENAL CONSTITUYE EL INSTRUMENTO CON EL QUE CUENTA EN EXCLUSIVA EL ÓRGANO ACUSADOR PARA CONSTRUIR, ADECUADAMENTE, CASOS PENALES, POR TAL RAZÓN, TRADICIONALMENTE SE HA CONSIDERADO QUE UNO DE LOS PRINCIPIOS QUE DE MANERA MEDULAR RIGE DICHO PROCEDIMIENTO ES EL DE SIGILO. APUNTADO LO ANTERIOR, SE DEBE SEÑALAR, QUE EN RELACIÓN A LOS PROCESOS PENALES, LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS SE DA A TRAVÉS DE DOS ETAPAS SUCESIVAS: 1. MEDIANTE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA, QUE ESTÁ INTEGRADA POR LAS INVESTIGACIONES QUE REALIZA EL MINISTERIO PÚBLICO PARA REUNIR DATOS NECESARIOS QUE ACREDITEN LOS ELEMENTOS DEL DELITO Y HAGAN PROBABLE LA RESPONSABILIDAD DEL INDICIADO; 2. AL EJERCER LA ACCIÓN PENAL, CONCEPTO QUE HA SIDO DEFINIDO COMO EL PODER DE QUE ESTÁ DOTADO EL MINISTERIO PÚBLICO PARA SOLICITAR LA ACTUACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Y LA INSTAURACIÓN DEL PROCESO PENAL EN CONTRA DE PERSONA DETERMINADA CON EL PROPÓSITO DE QUE SE APLIQUE LA PENA O MEDIDA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE. EN RELACIÓN A LA ACCIÓN PENAL, SU NO EJERCICIO Y EL DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA ESTABLECIDO LO QUE DEBE ENTENDERSE POR AQUÉLLA; Y QUE CONTRA ESTOS SUPUESTOS, SI PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, POR PARTE DEL OFENDIDO. EN ESA LÓGICA, SE ESTIMA QUE EL ACTO RECLAMADO, EL CUAL EN LA ESPECIE CONSISTE EN LA RESOLUCIÓN QUE REVOCÓ LA DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y QUE ORDENÓ LA REAPERTURA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 6926/2016, NO LE CAUSA PERJUICIO ALGUNO A LA INCONFORME Y MENOS AÚN A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, PUES SU ÚNICA CONSECUENCIA SERÁ QUE EL MINISTERIO PÚBLICO CONTINÚE INTEGRANDO LA AVERIGUACIÓN PREVIA INSTAURADA EN SU CONTRA, LUEGO, SI COMO SE DIJO, EL MINISTERIO PÚBLICO, COMO ÓRGANO INVESTIGADOR DE DELITOS, CONFORME A LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES CONFERIDAS POR LOS NUMERALES 21 Y 102 CONSTITUCIONALES, ESTÁ FACULTADO PARA LLEVAR A CABO AQUELLAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA ESTABLECER POSIBLES HECHOS DELICTUOSOS, INTEGRAR LA CORRESPONDIENTE INDAGATORIA Y EJERCER LA ACCIÓN PENAL; POR TANTO, EL ACTO RECLAMADO POR LA QUEJOSA, NO AFECTA SU ESFERA JURÍDICA, YA QUE CON ELLA NO SE ORDENA LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD, POSESIONES O DERECHOS, PUES ES AL JUEZ DEL PROCESO A QUIEN LE CORRESPONDE RESOLVER SOBRE EL PEDIMENTO DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL Y LA DETERMINACIÓN QUE SE EMITIERA AL RESPECTO ES LA QUE, DE SER EL CASO, PODRÍA AFECTAR TALES DERECHOS. ENCUENTRA APLICACIÓN A LO ANTERIOR, LA TESIS AISLADA 1A.CXXXV/2004, DICTADA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, VISIBLE A FOJA 351, TOMO XX, DICIEMBRE DE DOS MIL CUATRO, MATERIA PENAL, NOVENA ÉPOCA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA QUE INDICAN: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS IMPONE AL MINISTERIO PÚBLICO LA FACULTAD Y OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS, LO CUAL SE DA A TRAVÉS DE LAS ETAPAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA Y DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. EN ESTE SENTIDO, ES INDUDABLE QUE NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, YA QUE EN DICHA FASE PROCEDIMENTAL NO LE IRROGAN AL QUEJOSO PERJUICIO ALGUNO PUES ÉSTE SE MATERIALIZARÍA HASTA QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL QUE CONOZCA DE LA CAUSA PENAL DETERMINE SI RESULTA PROCEDENTE O NO LIBRAR LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE APREHENSIÓN; ESTIMAR LO CONTRARIO, SERÍA TANTO COMO ENTORPECER DICHAS FACULTADES Y OBLIGACIONES CONFERIDAS AL MINISTERIO PÚBLICO, ANTEPONIENDO EL INTERÉS PARTICULAR AL DE LA SOCIEDAD." DE IGUAL FORMA, SIRVE DE APOYO A LO ANTES SEÑALADO, LA JURISPRUDENCIA I.2º.P.J/11, DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, TOMO II, PÁGINA 338, QUE A LA LETRA DICE: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION DE UNA AVERIGUACION PREVIA. AUN CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO AL INTEGRAR UNA AVERIGUACIÓN PREVIA, ACTÚA COMO AUTORIDAD, SIN EMBARGO, EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS PARA TAL FIN, NO CAUSA UN DAÑO O PERJUICIO AL GOBERNADO CONTRA EL CUAL SE HAYAN INICIADO LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES, A MENOS QUE EN ELLAS SE ORDENARA QUE SE LE PRIVARA DE LA LIBERTAD, DE SUS POSESIONES O DERECHOS; LO MISMO ACONTECE CUANDO ACUERDA SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN Y EJERCITA LA ACCIÓN PENAL, PUES ES EL JUEZ DEL PROCESO A QUIEN LE CORRESPONDE RESOLVER SOBRE EL PEDIMENTO DEL REPRESENTANTE SOCIAL, CUYA DETERMINACIÓN, EN TODO CASO, SERÍA LA QUE VENDRÍA A AFECTAR LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO." EN TALES CONDICIONES, COMO SE ANTICIPÓ, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA A QUE SE REFIERE LA ALUDIDA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 6° DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR LO QUE DEBE DESECHARSE DE LA PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.
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